El fallo anunciado esperó 16 horas

en Las 9 crónicas de Roberto Aguilar por

En la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador no siempre un ciudadano es igual a otro ciudadano. No lo es este miércoles, día en que los jueces Wilson Merino, Jorge Blum y Paúl Íñiguez permiten a una de las partes enfrentadas en un juicio ejercer de facto y con exclusividad el control policial de la sala de sesiones. Los guardias de la Función Judicial reciben órdenes de los guardaespaldas del querellante y éstos determinan quién puede entrar y quién no, quién puede filmar y quién no, quién puede fotografiar y quién no. Así funcionan las cosas en la maratónica audiencia de casación dentro del juicio por injuria calumniosa que el ciudadano Rafael Correa sigue a diario El Universo y sus directivos.

Claramente Merino, presidente del tribunal, reconoce la autoridad del querellante. En algún momento éste hasta se da el lujo de pararse con no muy buenos modos e irse a la sala de al lado para improvisar una rueda de prensa y meter bulla, tanta bulla que el abogado que tiene el uso de la palabra no puede continuar. Solo un tabique de madera separa los dos espacios y la amplificación es estridente. Entonces el juez propone, en lugar de llamar al orden al ciudadano Correa, abrir un receso indefinido hasta que este se digne a guardar silencio. Así se haría si los abogados de la defensa no se lo impidieran, desorbitando los ojos.

Que está prohibido filmar la sesión, dice solemne el juez al instalarla. De inmediato la guardia de seguridad del querellante somete a estricta vigilancia todos los teléfonos y gadgets electrónicos. Sin embargo hay tres cámaras fijas (dos enfocando la mesa de los acusadores, una dirigida a los acusados) que permanecen encendidas todo el tiempo: pertenecen a dependencias públicas y tienen autorización expresa para romper las reglas. Autorización concedida por el mismo guardaespaldas presidencial que ahora riñe al periodista de Teleamazonas Fredy Paredes por hacer una foto, y lo obliga a guardar su cámara mientras permite al fotógrafo de Carondelet Santiago Armas usar la suya a su antojo.

Hasta el derecho de los acusados a tener siempre la última palabra (una regla indiscutible del procedimiento penal) se confisca en beneficio del ciudadano Correa. Al cierre de la etapa deliberativa, forcejean verbalmente los abogados de ambas partes para quedarse con la intervención final y, como la palabra regresa siempre al querellante, los querellados insisten en su derecho y vuelven a hablar. Así durante un buen rato, hasta que toma la palabra el ciudadano Rafael Correa, dice lo que quiere y ahí para la cosa el juez Merino.

¿Quién, entonces, manda en la sala? El público, que desde temprano colma las ochenta butacas, tiene su opinión formada a ese respecto. 08:53: entra el querellante y todos se ponen de pie, respetuosos, reverentes. 08:56: entran los jueces Merino, Blum e Íñiguez y nadie se da cuenta, es como si entrara cualquiera. Se paran solemnemente junto a sus butacas, con la ventana desde donde se divisa el bosque de Bellavista a sus espaldas, y nada. Sólo después de un rato alguien advierte su presencia: el ciudadano Correa. Hernán Salgado Pesantes, defensor de Carlos Pérez, describe la situación con exactitud y en dos palabras. En algún momento de su intervención este abogado habla mirando a Correa y el juez Merino lo amonesta: “Sírvase dirigirse al tribunal”, le dice. Y él: “Imposible, ¿no?”.

Imposible. Correa no entiende la indirecta. Al contrario, la toma por halago, sonríe complacido y agradece con un gesto. Sus adversarios, en cambio, ríen con guasa: se saben en desventaja, han previsto su derrota y parecen dispuestos a gozar sin tapujos cada uno de los breves momentos de íntima e inolvidable revancha moral que les depara la jornada. Por ejemplo, cuando ponen en evidencia -y lo hacen varias veces- que el juez desconoce la documentación básica del proceso. Si impaciente por alguna alambicada argumentación de la defensa Merino pregunta “¿Qué tiene que ver esto con el caso?”, le responden: “Hay que conocer la sentencia, señor juez”. Él baja la cabeza, poniéndose en evidencia, y los otros se echan a reír.

Por lo demás, el presidente del tribunal se expresa a martillazos, hilvanando muy precariamente las palabras y confundiendo sus significados con preocupante regularidad. Dice “introducir elementos inocuos” por “introducir elementos extraños”; “conservar la prosapia” por “guardar la compostura”; “hemos observado una conducta en términos contemplativos” por “hemos sido indulgentes”. Los otros dos jueces no pronuncian palabra en todo día.

El abogado a quien Correa hace el desplante de dejar con la palabra en la boca cuando se va a la sala contigua a armar bullicio es el mismo Hernán Salgado, y acaba de lanzarle un doloroso puyazo: compararlo implícitamente con Alberto Fujimori: “Fui presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -dice- cuando Fujimori quiso desestabilizar el sistema interamericano”. Eso basta. Correa, que ha vuelto del segundo receso con el estrés pintado en el rostro (fruncida la frente, apretadas las muelas), quizá se siente aludido. El caso es que se levanta y se va. No quiere oír más.

En las cortes, donde lo fundamental es el uso de la palabra y la discrepancia de opiniones, Correa representa el papel del que se niega a escuchar. Lo ha hecho con apasionada constancia a lo largo de todo el juicio y también ahora, durante 14 de las 16 horas que dura la audiencia.

Correa se niega a oír. Abandona la sala cada vez que algo le fastidia. Cuando Joffre Campaña, abogado de El Universo, se apresta a tomar la palabra, él sale haciendo aspavientos: “Perdón, yo me retiro, es insoportable”, dice con fingida sonrisa y se despide con señas. En la etapa final de la audiencia, la de las réplicas, se la pasa entrando y saliendo, haciendo ostensible el hecho de que se va para no escuchar a la otra parte.

Y cuando se queda, tampoco es para escuchar. Al menos así parece. Dicen los medios gubernamentales, con mal disimulado tono de justificación, que ha pasado el día entregado a labores de despacho, para que no se piense que las querellas particulares del ciudadano restan tiempo de trabajo al presidente. En efecto, luce concentradísimo en su tableta electrónica. Al mirarlo, sin embargo, surge una pregunta: ¿trabaja o se refugia?

Se habla del caso Otegui, aquel diputado vasco que llamó “jefe de torturadores” al rey de España y fue absuelto del cargo de injurias e indemnizado. Y Correa, concentradísimo en el Ipad. Se compara la indemnización de 40 millones que está a punto de embolsarse con aquellas (todas inferiores al millón de dólares) que concedió la CIDH en casos horrendos de crímenes de Estado (en el genocidio guatemalteco, en la guerra sucia colombiana). Y Correa, muerto de risa en el Twitter. La tableta le permite no escuchar lo que no le conviene. O aparentarlo.

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Arriba: el juez Víctor Merino, a las órdenes del querellante. Abajo, el abogado del presidente, Alembert Vera, en la cresta de la ola. Fotos: Presidencia de la República.

Su ejemplo es norma de conducta. Mientras en la calle se prende fuego a ejemplares de diario El Universo, en la sala de audiencias sus partidarios más beligerantes hacen lo que él: negarse a escuchar. Más aún: expresan su descontento mascullando palabrotas en voz baja. ¿Qué les molesta? Que los abogados de El Universo hablen. Como estos lo hacen durante 14 horas, los beligerantes tienen tiempo suficiente para desesperarse: “Mamarrachos”, “Ya cállense”, “Ahí mismo y ahí mismo”, “¿Hasta cuándo?”, “Prepotentes”, “Malcriados”. Eso y algunas voces impublicables. Es un susurro constante.

Muchas de estas personas, de instrucción básica y odio irreductible, parecen no explicarse por qué alguien concedió a estos abogados el derecho a hablar. En cuanto a los altos funcionarios, que van llegando poco a poco a lo largo del día y caen en masa al final de la tarde, para acompañar al amigo, pueden reconocer ese derecho pero no le hallan objeto.

“Cada vez que hago uso de la palabra la gente se desinfla”, se queja Joffre Campaña. En efecto, cuando pasa al podio desde donde habla la defensa, la sala de audiencias hace “Fff…”. Amenaza el juez Merino con desalojar a todos si vuelve a oír ese sonido y, tres minutos después, tal es su autoridad, otra vez “Fff…”. Sentado en la cuarta fila, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se lamenta en un suspiro: “Aaah, para qué tienen que hablar”.

En la cresta de la ola, Alembert Vera, joven abogado del presidente, encarna el mismo desdén. Tiene al frente a varias autoridades del derecho guayaquileño, un ex presidente de la CIDH, un jurista con cincuenta años de experiencia capaz de argumentar durante cinco horas y algún antiguo profesor suyo. Aun así se expresa con aires de superioridad de todo cuanto ellos dicen, como si pudiera replicarlo todo. Ni siquiera parece importarle que destrocen con tanta facilidad sus argumentos, al fin y al cabo ellos van a perder.

Van a perder, no se gasten. En la sala, las más insignes figuras de la revolución ciudadana (Doris, Betty, Ricardo, María Fernanda, Érika, Galo, Vinicio, Fernando, Paco, Irina, Rosana, Virgilio… ¿Falta alguien?) comparten la misma convicción. Nuestros argumentos son muy fuertes, escribe en el Twitter Correa. Tanto, que se negó a oír los argumentos de los otros: no podemos perder.

La tropa del subsecretario de Comunicación Fernando Alvarado (gente de cadenas nacionales y medios oficiales) se prepara para transmitir al mundo la gran noticia. Por teléfono y por interpuesta persona, el secretario de Comunicación distribuye contenidos varios entre los medios que él insiste en llamar públicos. “Averíguame si Ecuador TV ya tiene ese material”, llega y ordena, y el subsecretario Marco Antonio Bravo hace la llamada. “¿Aló? ¿Sí? Bueno. Sí, ya lo tienen”.

Un funcionario de tercer nivel, desde el teléfono del subsecretario, termina siendo el encargado de llamar al director de El Telégrafo, Orlando Pérez, para pasarle los mensajes de Alvarado. Pérez no contesta y el funcionario devuelve el celular a su dueño: “Si llama dile que es para que saque pasado mañana ese asunto con la captura de página (imagen) de El Universo”.

“Dale, Correa”, grita uno de los camarógrafos de Carondelet cuando el juez Merino lee la confirmación de la sentencia. Esta es la máxima corte de la justicia ecuatoriana, la que solía llamarse Suprema. Y es una sala llena a reventar de ministros, subsecretarios y asambleístas la que sisea y silba como en chacota colegial cada vez que toma la palabra el abogado defensor: “Fff, fff…”. Esta es la revolución de la comunicación, la revolución de la justicia. Y este día el Ecuador ha dado un paso irreversible: ha hecho su primera hoguera con ideas impresas en papel.

Publicado el 19 de febrero de 2012 en diario Expreso

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