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aparicio caicedo

Quitar el sorbete al chivo

en Columnistas/Las Ideas por

La caricatura de Bonil sobre la afición sorbetera del Gobierno grafica la visión fiscalista del régimen: nuestro bolsillo es su bebida favorito. Cualquier motivo vale para chuparle recursos: redistribución de la riqueza, matriz productiva, sobriedad, mucho azúcar, poca leche, demasiado lujo, etc—. Es casi como un movimiento reflejo. Subir o crear impuestos como respuesta a todo. Y al vuelo: con leyes aprobadas por el trámite urgente en materia económica, subidas súbitas de aranceles, impuestos al éxito empresarial, o malabares interpretativos del SRI que ponen tributos donde antes no los había. Necesitamos, en todo caso, una reforma que nos proteja contra estos arrebatos obsesivos-compulsivos del poderoso de turno.

Nuestro esquema institucional permite al Presidente meter su sorbete en nuestros bolsillos así, de sopetón, sin mayores complicaciones. Y lo estimula a perpetuar el chupeteo una vez que empieza. Cuando hay urgencias fiscales, una mayoría en la Asamblea basta para subir impuestos al apuro. Pero cuando pasa el temporal financiero, rara vez se da marcha atrás: para qué pasar nuevamente por un engorroso trámite legislativo o bajar aranceles, con lo jugosos que resultan esos ingresos extras para un erario público siempre con antojo.

¿Qué tal si cambiamos las reglas estableciendo incentivos para que los político no sufran el síndrome del chivo ciruelero y no se prendan de nuestros bolsillos? Eso lo podríamos lograr mediante un sistema rígido para subir o crear impuestos, y a la vez flexible para bajarlos o eliminarlos—esto último además sería muy novedoso.

Un sistema rígido para subir o crear impuestos debe comenzar por no permitir atajos en el trámite de aprobación legislativa. Como propuse más detalladamente aquí: se debería prohibir que se creen o se aumenten cargas fiscal por la vía urgente de proyectos de ley en materia económica que prevé el artículo 140 de la Constitución, así como debería impedirse también que se creen “tributos encubiertos”.

¿Y cómo establecemos un sistema flexible para bajar o eliminar cargas? Aquí viene lo novedoso y controversial: le damos al Presidente la prerrogativa, enteramente discrecional, de bajar la tarifa impositiva de todos los impuestos que alimenten el Presupuesto General del Estado. Ello requeriría un cambio constitucional, claro. Porque nuestra carta magna, como la mayoría de su tipo, estipula el principio de “reserva de ley en materia tributaria” (art. 301). Los impuestos solo pueden ser creados, modificados, o extinguidos “mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional”. Ese es un mecanismo institucional que ha servido históricamente para evitar que reyes y Gobiernos aumenten o impongan nuevas cargas tributarias de forma arbitraria, sin pasar por la aprobación de los representantes del pueblo que las sufre. De hecho, las revoluciones más importantes de la historia occidental se han peleado por esa noble causa. No tax without representation era el reclamo inicial de los artífices de la independencia estadounidense—entonces ciudadanos ingleses—frente a la Corona británica.

Y si el principio de reserva de ley en materia tributaria nació específicamente para evitar que suban ilegítimamente la carga fiscal, resulta compatible que se haga una excepción cuando se trate bajar el peso de esa carga. Ningún ciudadano pediría que lo protejan de la misma forma contra una medida que le deja más dinero en su bolsillo que contra otra que se lo quita.

¿Y quién mejor para ejercer esta prerrogativa que la persona responsable de diseñar y ejecutar la agenda de gasto público? Qué político no quisiera ganarse el agrado de la ciudadanía reduciendo el peso de su mochila tributaria impuesto por los legisladores. Ello lo impulsaría a buscar el ahorro y eficiencia necesaria para lograrlo. Pero sin excederse, desde luego. Porque si es demagogo, bajando impuestos más allá de lo que aconseja el libro contable, se quedará chiro y no podrá cumplir lo prometido. Pagaría él en esa caso la factura política. Deberá por ello encontrar un equilibrio entre la presión pública para bajar la carga y la necesidad financiera de mantenerla.

Puede que suene demasiado osado. Pero existen antecedentes muy importantes. En muchos países se delega al presidente la capacidad de hacer exoneraciones fiscales y establecer de zonas francas. Y hoy es práctica común que el Ejecutivo establezca directamente los aranceles. Pero no siempre fue así. En Estados Unidos, por ejemplo, los import tariffs fueron regulados por el legislativo, hasta que una reforma de 1934 llevó la política comercial a manos del Presidente. Ello permitió una agenda de liberalización comercial antes entorpecida por influencia de poderosos lobbys proteccionistas en el Congreso. Quizá un paso igual de audaz necesitamos nosotros para encaminarnos por el sendero de la prosperidad, una vez acabado este Gobierno.

En todo caso, hay que quitarle el sorbete al chivo.

6 Commentarios

  1. Muy oportuno su anàlisis, hay que neutralizar tanto atropello tributario. Deberíamos todos los ciudadanos bajarles a los burócratas su salario en un 50 por ciento, sin opción a reclamo o que renuncien

  2. Caro Aparicio, me parece muy interesante la propuesta de flexibilizar los procedimientos para rebajar impuestos. Sin embargo, creo que llegar al extremo de hacer aquello por simple decreto no es tan razonable. Tengo dos argumentos al respecto.

    El primer argumento: Desde el punto de vista del equilibrio entre los poderes, dicha medida supone algo así como lo opuesto al principio de deferencia al legislador; aquello que se ha realizado mediante un proceso formativo complejo (una ley), se estaría deshaciendo mediante un sólo acto normativo simple (un decreto), y a espaldas de los representantes políticos de la población encargados precisamente de la agenda legislativa. Utilizo, por cierto, el término “representantes” únicamente en la clásica acepción empleada de manera común en la teoría política y constitucional para hacer referencia a los legisladores, esto es, a los funcionarios encargados de promulgar, reformar y derogar las leyes por delegación popular (actividad que realizan “representando” a la población). Por supuesto que una reforma constitucional podría alterar este diseño; lo que digo es que el diseño actual (que obviamente no lo inventamos nosotros, ni fue inventado hace poco) responde a un intento de equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, normalmente encargado de funciones administrativas, reglamentarias y, a lo sumo, de partícipe como co-legislador. Alterar eso, me parece, tendría sus consecuencias en la inter-relación de poderes y en la gobernabilidad: como quiera que un presidente no goce de adhesión mayoritaria en el parlamento, el legislativo puede responder fácilmente a la rebaja “ejecutiva” de impuestos mediante la expedición de una nueva ley que contradiga el decreto (que, por supuesto, quedaría desplazado por simple jerarquía normativa).

    El segundo argumento: Desde el punto de vista de la argumentación para producir nuevas regulaciones (y más aún si son de carácter tributario), es más recomendable que exista un proceso de discusión pública en una sede donde, en teoría, confluyen las distintas perspectivas políticas (e incluso la comunicación entre poderes), antes que un escenario donde no hay proceso (porque todo se reduce a un acto); no hay discusión (porque los decretos no necesitan consensuarse); y no hay confluencia de distintos enfoques (porque los decretos dependen de un solo criterio: el que tenga el presidente de turno). Podrá alguien decir que no hay mucho que discutir tratándose de la rebaja de impuestos; yo diría que sí, pues hay razones de orden económico, de prudencia fiscal, de factibilidad presupuestaria, de impacto social, etc., que deben ser balanceadas para determinar ese resultado a todas luces atractivo para la población, pero no por ello tan simple de conseguir.

    En conclusión: Sí que estaría de acuerdo con la flexibilidad para rebajar impuestos como idea general, pero sin que ello signifique saltarse el procedimiento legislativo. Una propuesta más matizada podría ir por el camino de flexibilizar el propio procedimiento legislativo (que puede llegar a ser engorroso) para lograr una vía más expedita de cara a alcanzar el cometido propuesto. Así se lograría lo mismo, pero sin perder el equilbrio de poderes y la discusión pública de razones entre distintos actores.

    Un gran abrazo.

    Jorge Baquerizo Minuche

    • Gran George,

      Esos mismos argumentos se sostuvieron en la década de los 30, en EEUU, cuando el Congreso prácticamente delegó la posibilidad de reducir aranceles (es decir, de impuestos al comercio exterior) en manos del Presidente durante negociación de TLCs. Y hoy la mayoría de países siguen el mismo modelo (aunque creo que deberían quitarle la competencia para subir los aranceles–que debería mantenerse en el legislativo–y mantener solo la posibilidad de bajarlos). Todo salió muy bien, porque a. La reserva de ley en materia tributaria tiene un desarrollo histórico que viene desde la Inglaterra del siglo XIII. Pero siempre ha sido para evitar que el Rey/Presidente/Parlamento meta las mano en los bolsillos del ciudadano abusivamente. Nunca para evitar que le quite la mano del bolsillo súbitamente. Y si metemos la demagogia parlamentaria en ello, ya mejor es dejar las cosas como están. Y como dije, si el presidente es el responsable de ejecutar la agenda presupuestaria, no va a ser tan torpe de quedarse sin recursos por su propia decisión. De ahí que existe un gran incentivo para la prudencia contable. Mucho mayor que el que tienen los asambleístas, quienes no son responsables de ejecutar el presupuesto y cobrar impuestos. El Presidente se llevaría la soga al coello si se queda sin ingresos para cumplir sus obligaciones. La certificación democrática, vía parlamento, en el proceso se torna indispensable si le vas a quitar al ciudadano, no si le vas a aliviar la carga. De ahí que en muchos países como Perú, Chile, Argentina, etc, se dé la figura del Decreto con fuerza de ley, que en algunos casos permite regular tributos. Esta sería una delegación de caracter general, concedida por la Constitución, solo para aligerar la carga del ciudadano, expandir su libertad económica, no para oprimirla o limitarla que es donde la reserva de ley cobra tanta importancia

      • Comprendo perfectamente lo que dices, mi amigo. Pero con la rebaja de impuestos también pueden provocarse consecuencias gravosas: conceptualmente, es perfectamente posible aliviar la carga tributaria a cambio de perjudicar los medios para alcanzar otros bienes o intereses constitucionalmente valiosos. No es un asunto que deje de ser delicado, pese a su aparente simplicidad. Por ello es que la propia prudencia que pueda tener el representante del ejecutivo, al menos a mí, me parecería un control insuficiente. Aquello de que el presidente “no va a ser tan torpe”, no lo sé: nuestra historia política está empedrada con decisiones políticas y económicas absolutamente torpes por parte del poder ejecutivo, donde la sensatez no fue precisamente el ingrediente empleado. De hecho, los ejemplos -que pueden brotar por montones- demuestran que la “soga al cuello” estuvo bastante flojita, o incluso que ni siquiera fue colocada pese a tales imprudencias.

        Claro está que el procedimiento legislativo puede llegar a contaminarse de altas dosis de demagogia, como bien dices; pero lo mismo puede suceder con una simple decisión de cualquier presidente que llegue a ocupar esa posición (y hemos de admitir que presidentes demogogos no nos han faltado). En ese contexto, que haya la necesidad de una ley formal de por medio para rebajar impuestos, no es que sea un procedimiento exento de vicios (y en la política esto es imposible de evitar), pero al menos es un procedimiento de discusión que involucra a varios sujetos y no sólo a un sujeto. Y yo como ciudadano prefiero depender de un concurso de voluntades políticas antes que de una sola voluntad política no consensuada (ni con la necesidad de ser argumentada). Es el mal menor, según veo.

        • Adicionalmente, el quitar impuestos a un sector y mantenerlos en otro, favoreceria al primero en detrimento del segundo. Y esto se presta para corrupcion.
          Estoy de acuerdo con la opinion de Jorge.

  3. Gran George,

    Esos mismos argumentos se sostuvieron en la década de los 30, en EEUU, cuando el Congreso prácticamente delegó la posibilidad de reducir aranceles (es decir, de impuestos al comercio exterior) en manos del Presidente durante negociación de TLCs. Y hoy la mayoría de países siguen el mismo modelo (aunque creo que deberían quitarle la competencia para subir los aranceles–que debería mantenerse en el legislativo–y mantener solo la posibilidad de bajarlos). Todo salió muy bien, porque a. La reserva de ley en materia tributaria tiene un desarrollo histórico que viene desde la Inglaterra del siglo XIII. Pero siempre ha sido para evitar que el Rey/Presidente/Parlamento meta las mano en los bolsillos del ciudadano abusivamente. Nunca para evitar que le quite la mano del bolsillo súbitamente. Y si metemos la demagogia parlamentaria en ello, ya mejor es dejar las cosas como están. Y como dije, si el presidente es el responsable de ejecutar la agenda presupuestaria, no va a ser tan torpe de quedarse sin recursos por su propia decisión. De ahí que existe un gran incentivo para la prudencia contable. Mucho mayor que el que tienen los asambleístas, quienes no son responsables de ejecutar el presupuesto y cobrar impuestos. El Presidente se llevaría la soga al coello si se queda sin ingresos para cumplir sus obligaciones. La certificación democrática, vía parlamento, en el proceso se torna indispensable si le vas a quitar al ciudadano, no si le vas a aliviar la carga. De ahí que en muchos países como Perú, Chile, Argentina, etc, se dé la figura del Decreto con fuerza de ley, que en algunos casos permite regular tributos. Esta sería una delegación de caracter general, concedida por la Constitución, solo para aligerar la carga del ciudadano, expandir su libertad económica, no para oprimirla o limitarla que es donde la reserva de ley cobra tanta importancia
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