Chespirito Style

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No se necesitaba ser muy entendido en leyes para darse cuenta del desatino jurídico que implicaba poner tasas a las diligencias judiciales. Primero, porque la Constitución claramente garantiza la gratuidad de la justicia; segundo, porque varios órganos internacionales de derechos humanos han advertido ya sobre las violaciones al debido proceso que pueden generarse por medidas de esa naturaleza. En la práctica, las tasas impuestas por el CNJ hubieran impedido que muchas personas accedan a los medios adecuados para su defensa por carecer de recursos económicos para ello, afectando además el principio básico de no discriminación e igualdad ante la Ley. Y es que, en época de crisis, para cualquier persona de clase media desembolsar cincuenta dólares por un peritaje hubiera representado un platal; para muchos otros, simplemente impagable.  Una medida bastante indolente con el ya afectado bolsillo del ecuatoriano promedio.

Menos mal, a los pocos días el CNJ derogó las dos resoluciones. Eso sí, ni de casualidad se les ocurrió mencionar el carácter inconstitucional que ambas tenían. Enfatizaron más bien en las potestades reglamentarias de ese organismo, como para que nadie dudara que estuvo plenamente facultado para hacer lo que hizo. Así, las tasas judiciales desaparecieron de la misma forma como llegaron: sin explicación ni justificación legal alguna.

Desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Algo similar ocurrió hace poco con respecto al funcionamiento de los bares y restaurantes. En menos de 24 horas, los dos ministerios a cargo del asunto dieron información contradictoria con respecto a si se iba a permitir que esos establecimientos abran hasta las 04h00 o no. Finalmente, el asunto se subsanó alegando que había sido un “malentendido” y todo quedó como antes. Lo mismo con el anuncio del Ministro de Defensa Patiño acerca del retiro de las agregadurías militares del exterior, por “austeridad”, figúrense. No habían pasado ni cuatro días de esto cuando volvió a salir, negándolo todo. Que se trataba de una “propuesta de la Secretaría de la Administración” nomás y no de una decisión firme. Ello fue relatado extendidamente en este espacio por el coronel en retiro Alfredo Molina.

No es que moleste que tales disparates jurídicos tengan vida corta en el ordenamiento ecuatoriano. Pero sí preocupa que el funcionamiento estatal y el alcance de nuestros derechos estén condicionados por el vaivén de los arrebatos de ciertos funcionarios públicos, que últimamente parecen desempeñarse con visceralidad y urgencia, y no según la constitucionalidad y la observancia a los principios básicos de una democracia.

Posiblemente, la desesperación provocada por la crisis económica les obliga a desatender las formas y procedimientos al momento de decidir sobre cuestiones fundamentales para el país. O quizás, esta política de parches y remiendos responde a un generalizado desconocimiento de las leyes por parte de quienes están llamados a cumplirlas. Sea cual sea el caso, nos coloca a todos en una situación de inseguridad jurídica e inestabilidad permanentes. ¿Cómo podemos desarrollar nuestras actividades y tomar decisiones cotidianas cuando no hay certeza del alcance de nuestros derechos? ¿Cómo se puede tener un mínimo de previsibilidad cuando las decisiones del poder público cambian, literalmente, de un día para el otro? ¿Cómo pueden las instituciones estatales funcionar eficazmente cuando ni ellas mismas saben lo que tienen que hacer?

El Estado de Derechos supone, entre otras cosas, la existencia de un ordenamiento jurídico previamente establecido, donde tanto la administración como los ciudadanos saben de antemano las reglas del juego. Donde existe certeza de cuáles conductas nos son o no permitidas.   Donde las decisiones de los órganos del poder público que afectan el ejercicio de derechos u otorgan competencias, cuentan con una mínima justificación legal o constitucional y, además, responden a necesidades reales y comprobadas. La novelería y el atolondramiento no pueden ser jamás las bases sobre las cuales se hacen y deshacen las cosas en un país.

Si los derechos humanos y los principios básicos del Estado son tales, no pueden sacrificarse en aras de parchar una economía que se desinfla día a día. El proceder arrebatado de algunos funcionarios no puede reducirse a un simple “error de buena fe” o un mero “malentendido”; son actos contrarios a la Constitución y la Ley que deben ser debidamente sancionados.   Ello es especialmente cierto para este gobierno, que con mano de hierro castiga las supuestas equivocaciones de la prensa y la oposición. Esa misma obligación de rectificar, de reconocer desaciertos, de pedir disculpas y de enmendar, debería ser aplicada también a los funcionarios públicos. Sería un mínimo gesto de respeto a la ciudadanía que, a pretexto del terremoto, ha venido soportando una política estatal al estilo Chespirito, donde el gobierno como dice una cosa dice otra, porque simplemente a alguien por ahí se le chispoteó.

9 Comments

  1. Excelente artículo, María Dolores, definitivamente usted es una persona muy preparada, porque sus artículos señalan que las acciones de los funcionarios de este gobierno no observan las disposiciones legales y los principios democráticos, nada más cierto, el “desconocimiento de la Ley no exime a nadie de su cumplimiento”, esta es la razón por la que quienes un día lanzan disposiciones sin el debido análisis y sustento jurídico, al siguiente dia la tildan de “malentendidos” como señala un comentarista “para ver si cuajan”.

    La sociedad civil ecuatoriana, es víctima también de esa ignorancia, torpeza y como dice usted por el atolondramiento, es que al momento el tiempo apremia.

    El programa del Chavo del 8, siempre concluía con una lección y una de ellas era reconocer sus errores con la frase “es que se me chispoteó”, cuando usted lo señala no es desmerecer al personaje, al contrario es asimilar a los habituales “chispoteos” de los Altos funcionarios del Gobierno, que constituyen una verguenza para nuestro pais.

  2. Hago una pregunta, todos estos funcionarios podrán pagar con cárcel los “errores de buena fe” o “los malentendidos” que hacen? O simplemente cuando se acabe este gobierno se van a sus casas (o casotas) y bien gracias. Y el pueblo ecuatoriano fregado…..

  3. El chavo y chespirito nos devuelven alegría y sonrisas cuantas veces veamos sus rostros.
    A diferencia de éstos ap que nos revuelven los intestinos cuando los oímos y francamente vomitamos cuando los vemos.
    Por favor María Dolores no compares personajes sencillos y alegres con deformes productos del averno.
    Con ésta salvedad, tu artículo es excelente.

  4. En mi opinión creo que todos estos “deslices” responden a una estrategia de lanzar globos de ensayo para ver si cuajan las medidas…si no hubiera la respuesta amplia de la ciudadanía, en especial a través de las redes sociales, censurando las decisiones torpes e ilegales, tenga la seguridad que les implementarían, porque les importa un bledo la constitucionalidad y legalidad de las mismas. Por ello es importante contar con opiniones independientes, críticas que motiven a las ciudadanos de a pie a opinar usando la poderosa herramienta de las redes sociales, para que los verdeflex entiendan que estamos atentos para oponernos a sus medidas fiscalistas,persecutorias entre otras.

  5. Eso ya venía pasando antes, pero hoy es más visible, ya que la gente se ha puesto más vigilante de la acción gubernamental, recordarán por ejemplo hace varios años atrás nos anularon automáticamente las licencias a todos los conductores, luego de que hubo lamentablemente accidentes de tránsito que cegaron muchas vidas, la directora nacional de tránsito en un arrebato se le ocurrió eso y que deberíamos obtener nuevamente la licencia con evaluaciones más rigurosas, y todo eso si iba a realizar en seis meses. Luego vieron que era improcedente y se retractaron. Con el correismo se ha vivido la política del susto, muchas veces no han cambiado porque nadie ha dicho ni pío.

  6. Excelente análisis, realizado por una persona que pone en evidencia su conocimiento jurídico y a su vez el desconocimiento de los funcionarios que toman a la ligera decisiones que repercuten a nivel general. Lo peor es que los llamados a poner el ejemplo de legalidad y respeto a la constitución son los primeros en hacer lo contrario. Será que actúan así por desconocimiento o con dolo ?

  7. Buenas tardes leí en una publicación
    la cuán ya compartí sobre la nueva arbitraredad del SRI de pedir informes a los bancos de los movimientos de tarjetas créditos débitos de los clientes violando así la privacidad y sigilio bancario ..se se pese hacer los bancos podrán o deberan hacerlo quien nos protege.

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