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rafael oyarte

El dinero sin confianza

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El establecimiento de la moneda se cuenta entre los asuntos más delicados que debe regular el Derecho, lo que se deriva de las tres funciones clásicas del dinero: medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, lo que no solo tiene que ver con la facilitación de las transacciones sino con derechos fundamentales de las personas, como es la propiedad y las posibilidades de desarrollo de la nación.

Ahora bien, el establecimiento y permanencia de una moneda dependen de la confianza que el público tenga en aquélla, pues hemos pasado de una que tenía valor intrínseco, por ser fabricada con metales nobles como el oro o la plata, o al menos por contenerla, a una que no se respalda en esa clase de bienes tangibles, al llegarse al papel moneda inconvertible o moneda fiduciaria, hasta el dinero que no se manifiesta de forma física.

Si bien la determinación de la moneda fue, desde la Constitución de 1835, facultad del Congreso, que era quien debía determinar su ley, peso, valor, tipo y denominación, durante el siglo XIX y parte del XX no existió un instituto emisor estatal de billetes de banco, lo que quedó en manos de los bancos privados.

Una de las causas para la venida al Ecuador de la llamada Misión Kemmerer fue la entonces señalada crisis monetaria de principios del siglo pasado. Sobre esta, Luis Napoleón Dillon recordaba que a fines de siglo XIX la caída del precio de la plata, que produjo un alza en el precio de las divisas, obligó a la publicación de una ley de monedas que derogaba el sistema bimetálico, estableciendo el patrón oro, entrando en una aparente normalidad cambiaria que fue sacudida por el estallido de la Primera Guerra Mundial, acusándose “la existencia de crecidas emisiones clandestinas” por parte del emisor, el privado Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, con la complicidad de los Gobiernos de la época que recibían parte de ese dinero sin respaldo en calidad de préstamos. Ello llevó al célebre estudioso quiteño a hablar de “los peligros del billete”, por tener un “valor puramente representativo”, promoviendo a que sea el Estado quien lo emita “respaldándolo con la enorme autoridad de su prestigio y con su garantía excepcional en materias económicas y financieras”, como ocurre en otros países, a través de un banco de la nación.

Esa unificación de la emisión monetaria fue defendida por otros célebres ciudadanos, como Víctor Emilio Estrada, con la finalidad de estabilizar su valor, coincidiendo en la necesidad de establecer un banco central en Ecuador, aunque sin considerarlo como un “remedio único”. Por ello, en la Constitución de 1929 se reconoce, como derecho de las personas, el crédito público, estableciéndose que no “puede haber en la República papel moneda emitido por el Gobierno, ni moneda metálica o fiduciaria de forzosa aceptación, en sumas que excedan a la tasa fijada por la Ley”. Ya en la Constitución de 1967 se entregó constitucionalmente al Banco Central la emisión monetaria, aunque, insisto, su valor y denominación quedó en manos del Congreso.

El Banco Central incurrió en el mismo vicio que la banca privada emisora: un exceso de producción monetaria que nos llevó, en 1996, a que el entonces presidente Abdalá Bucarám proponga la convertibilidad, esto es, a que nuestra moneda se ancle al valor del dólar estadounidense, lo que no prosperó. A fines de 1999 y principios de 2000, llegamos a las puertas de la hiperinflación, lo que obligó a abandonar el signo nacional y adoptar una moneda extranjera en procura de la estabilidad que no se logró, pese al señalado deber constitucional que en esta materia tenía el instituto emisor.

La denominación de nuestra moneda quedó, tradicionalmente, como ocurre en otras naciones, en manos de la Legislatura, recibiendo el nombre de sucre a partir de 1884, en remplazo del llamado peso, nombre muy común en las monedas de las naciones iberoamericanas a partir del peso español. Pero la estabilidad monetaria, pese a los sobresaltos económicos de nuestra historia, hicieron que el constituyente ecuatoriano determine su denominación en el texto constitucional: la moneda nacional es el sucre, se dijo en la Constitución de 1978-79, cosa que se mantuvo en la de 1998. El resultado de ese señalamiento fue que, a la hora de dolarizar, se tuvo que sobrepasar esa circunstancias, lo que fue justificado de modo harto deficiente por el entonces Tribunal Constitucional. La Constitución de 2008 deja la determinación de la moneda en manos de la ley, la que establece que es el dólar estadounidense en el Código Monetario y Financiero.

Los peligros de la inestabilidad monetaria en muchas de las naciones iberoamericanas, tan comunes en décadas pasadas, hacen que no sean los textos constitucionales sino las leyes las que fijen el signo monetario. Son muy pocas las que, como ocurría en Ecuador en el pasado, se atreven a hacerlo en la propia Constitución, como en Haití y República Dominicana, habiendo algún caso en que la realidad sobrepasa el deseo de permanencia, como pasa en Venezuela en que la Carta Fundamental de 1999 señala que es el bolívar, pese a que ya en 2007 se le tuvo que restar tres ceros y agregarle al nombre el adjetivo “fuerte”, nueva moneda que, al poco tiempo, entró en franco deterioro.

El establecimiento de una moneda en la que la gente no confía solo puede imponerse por la fuerza. Ya ocurrió en el pasado con la emisión de papel moneda de curso forzoso, que debía ser recibido por el público como verdadera moneda metálica, pero cuya desmedida emisión ocasionó inflación y pobreza, generando descontento y rechazo.

Hoy los ecuatorianos confían en una moneda fiduciaria: el dólar, que es tan papel y tan inconvertible al oro como lo era el sucre. ¿Confían en la moneda electrónica en las condiciones que se proponen? Si lo hacen, no habrá problema en su establecimiento, como hoy ocurre con las transacciones con tarjetas de débito y crédito, y las transferencias bancarias en las que el cliente solo ve números en su cuenta, pues confía en que su banco le entregará billetes cuando lo requiera.

Si no confía, pese a su imposición forzosa, los problemas se podrían repetir, especialmente si se produce un manejo irresponsable consistente, básicamente, en que ese dinero electrónico sea artificial, por más que quiera usarse el eufemismo de “efectivo electrónico”.

Que no se repita en el siglo XXI con el dinero electrónico lo que ya pasó hace noventa años con el papel moneda y, a fines de siglo pasado, con nuestro sucre.

1 Comentario

  1. Dificil cada dia mas dificil confiar en algo sin ningun respaldo moral ni fisico. Lo fisico sobra explicar pero lo moral resumidamente se puede evidenciar en muchas almas vendidas al sistema monetario y bancario privado como tal.
    por lo demas tanto entes privados como publicos pecan en emitir en demasia lo que causa inflacion. la diferencia es que si el ente es publico no hay interes que usualmente se causa pidiendo prestado a la banca privada. lo que endeuda progresivamente al estado usuario del circulante y a sus gentes minando su derecho a la propiedad y demas derechos.
    ahora el sistema segun admiten publicamente brokers y afines esta arreglado amarrado pactado etc. la etica del sistema no existe y el fin ultimo es el planeado. mas deuda mas esclavitud. menos libertad. todo esto en beneficio de los intereses.
    actualmente la emision infinita y secreta de circulante por parte de la banca privada (entiendase Federal Reserve Bank of New York) a donde nos lleva seguramente no es al destino que cada persona desea en su libertad.
    hasta cuando? o seguimos nomas agrandando la deuda sin ningun reparo ya que a la final todo estallara o sanamente dejamos este atraco en el pasado y sin esclavitud nos dedicamos a vivir positivamente en libertad y cumpliendo la mision que nos corresponda?

    gracias por la leccion de historia aunque por los vacios no le digo muchas gracias. es importante tomar una posicion de ese modo tal vez nos podria contar la historia en su plenitud con ese talento para relatar que podria llegar hasta a ser no solo disfrutable sino iluminandor.

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