aparicio caicedo

¿Por qué entregar Posorja a dedo?

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No dudo de que DP World Investment sea una empresa con mucho prestigio en el sector portuario a escala mundial. Tampoco dudo de que sea competente para construir y gestionar el puerto de Posorja. Quizá lo es, como muchas otras. Lo que sí me plantea enormes dudas es que la concesión se haya hecho a dedo, sin concurso público, y sin dar una sola razón para ello. El Código de la Producción brinda esa alternativa al Presidente cuando se trate de compañías extranjeras de capital estatal como DB World, pero no lo obliga a hacerlo. Por tanto, si decide ir por esa vía debe presentar detalladas razones. El Decreto Ejecutivo 1060, que autoriza la delegación a la gigante dubaití, no menciona una sola palabra al respecto.

De entrada suena raro que se dé esa clase de privilegios en la ley a empresas extranjeras por el solo hecho de ser de propiedad estatal. ¿Qué hace a una empresa pública tan confiable que ni siquiera necesite competir con las privadas para obtener concesiones? Esa disposición solo se explica por los profundos prejuicios ideológicos de los legisladores oficialistas. En todo caso, la realidad es que el artículo 100 del Código de la Producción, vigente desde 2010, brinda la posibilidad del dedazo en esos casos, de obviar el concurso público cuando se trate de inversores estatales de otro país. Su último inciso señala:

La modalidad de delegación podrá ser la de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos de concurso público que determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa”.

Ojo con las palabras. Dice que cuando se trate de “empresas de propiedad estatal” extranjeras, la delegación “podrá” hacerse de forma directa. No dice “deberá…”, tampoco “se hará…”, ni “estará obligado a…”, sino “podrá”. Es decir, lo deja a discreción de la autoridad que decide. Una alternativa disponible, no una vía de acción necesaria.

Y aquí viene lo más curioso. El Decreto Ejecutivo 1060 ni siquiera menciona el tema de la delegación directa. Lo da por supuesto, parece. Y en consecuencia no esgrime el más mínimo argumento para justificar la decisión de saltarse el concurso público para la concesión del puerto de Posorja. Y más curioso aún resulta que en los considerandos se cite el Decreto Ejecutivo 810, de 2011, que dispone claramente que en materia de infraestructura portuaria “…todas las modalidades de delegación que realice el Estado o sus instituciones para ello competentes, sin excepción alguna, deberán utilizar procedimientos de concurso público”. Vale aquí tener en cuenta que el Decreto 810 se dictó con el Código de la Producción vigente ya.

Lo cierto es que el Presidente, como toda autoridad pública, se encuentra en la obligación de motivar sus decisiones. Y más aún cuando se trata de temas tan trascendentes económicamente como lo es la construcción y operación de un puerto como ese. ¿Qué razones los llevaron a optar por la vía menos transparente de todas?, ¿qué diferencias hay entre DB World y otros potenciales oferentes privados que justifique ese trato preferencial?, ¿dónde están los estudios que respaldan esa determinación? Estas son algunas de la preguntas que debería responder el Gobierno antes de entregar Posorja a dedo.

Aparicio Caicedo es político, militante de Creo.

4 Commentarios

  1. Si en política, por algo se caracterizaron los nazis, fue por el uso espléndido que hicieron del ‘estado propaganda’, por su espectacular capacidad retórica y por su gran habilidad a la hora de elaborar eufemismos que ocultaran sus más execrables crímenes; así, a la deportación masiva de judíos, la llamaban ‘traslado’ y a los campos de concentración y exterminio a donde iban estos (que acabaron con millones de vidas sistemáticamente) no eran tal (inventos de la ‘prensa corrupta’ aliada) sino ‘campos de trabajo’. Para todas las atrocidades que cometían los nazis, tenían un ‘eufemismo’ sacado del sombrero. De la misma forma este ominoso Gobierno (del que ahora, la gran beneficiaria Isabel Noboa se hace eco): al instrumento para permitir el ‘lleve descarado’ e institucionalizar los más grandes latrocinos se lo conoce como ‘código de la promoción de las inversiones’, a las privatizaciones espontáneas (sin ninguna planificación) se las llama ‘alianzas público-privadas’ y a la concesión directa para que tome el control por 50 años un privado del puerto más grande del país, ahora se lo conoce como ‘modalidad de delegación’, finalmente otorgar una concesión multimillonaria a dedo (imposible en ‘la larga noche neoliberal’) se lo conoce como ‘contratación directa’ y su justificación es porque “en estos tres años, nunca hubo una expresión formal de otro interesado en el puerto” de marras. Jajaja se pasan de descarados. Cada quien ya hace uso (como sacándose un as bajo la manga) de los recursos eufemísticos heredados por los nazis y de su mejor cara ‘fiscal Chiriboga’™ (más dura que el nitrato de boro, más dura incluso que el ‘mítico adamantio’).

  2. ¿Qué razones los llevaron a optar por la vía menos transparente de todas? 1)el lleve 2) se le acaba el tiempo y la transparencia la necesita 3)tratar de que el electorado de gye se olvide que primero quería manta y al ver el rechazo de la población guayaquileña , fue chanduy y nunca posorja como era lo logico

  3. Muy bien citadas las referencias y cálculos del gobierno, felicitaciones pero me gustaría analizara y contraste si algunas de las facilitaciones y prácticas en éste contrato, si se asemejan y son utilizadas en los paraísos fiscales (liberación de imp. a la renta durante 10 años, cobro tasas, etc.) que tanto sarcásticamente contradicen y menosprecian, con embustes los alias “los revolucionarios”?

  4. ¿De qué nos admiramos, si en este gobierno casi todas las grandes y medianas obras se han ejecutado mediante adjudicación directa? Ojala a partir de mayo del 2017 se pueda realmente ver el monto de sobreprecios y contratos dolosos que se han realizado.

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