Los candidatos, la revolución y las ciudades

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Las ciudades, en 2016, son más poderosas que los Estados que las contienen. La productividad, innovación y construcción de capacidades se concentran en zonas metropolitanas. Dentro de los límites de estas regiones se encuentran los laboratorios, universidades, empresas o garajes de donde sale la mayor cantidad de respuestas a problemáticas actuales.

En el futuro, las ciudades van a tener que adaptarse a situaciones cambiantes, lo cual les pone en condición de problema y de solución al mismo tiempo. A medida que se acerca la campaña electoral, se vuelve necesario que los candidatos dediquen tiempo a hablar del asunto urbano, a riesgo de que si no lo hacen, se perpetúe lo primero y se retrase lo segundo.

Según un estudio del Instituto Global McKinsey realizado en 2011, las 600 ciudades más importantes del mundo generan un 70% del PIB global y para 2025 impulsarán un 60% del crecimiento mundial. Se espera que de esas seiscientas al menos un tercio ya no estén en la lista para 2025 y de las nuevas, al menos cien serán ciudades chinas. El ritmo del cambio es vertiginoso, como lo es la importancia que cobran las ciudades en el concierto económico global, incluso por encima de sus economías nacionales.

En el Ecuador nos hemos descuidado de dar a las ciudades el valor que tienen.

Por otro lado, hay algunas que no merecerían serlo. Casi trescientos cantones en el país de los cuales pocos tienen suficiente capacidad instalada para plantear políticas públicas sobre temas estratégicos como el mercado del suelo o la protección de áreas naturales y para atender apropiadamente otros muy sensibles como la Cultura o el manejo de desechos peligrosos.

De esas pocas ciudades donde sí existen los recursos humanos para gestionar los económicos y las competencias que concede el gobierno central, menos aún son las que han implementado estrategias para que sus proyectos sean sostenibles. Es demasiado común ver a alcaldes de cantones chicos mendigar recursos al gobierno central y sentarse junto a algún ministro –o al presidente, si tienen suerte– en la inauguración. Pero de hacer proyectos que superen una evaluación de impacto, calidad y replicabilidad o que no requieran un flujo constante de recursos estatales para funcionar, ni hablar.

En la campaña de 2013, cuando Correa aún arrastraba masas, planteó una discusión a tono con la tendencia mundial de mirar a las ciudades como motores del desarrollo. La “revolución urbana” era una plataforma para invertir en las ciudades, nivelar sus avances y las oportunidades de sus ciudadanos. Años después de esa promesa, constatamos que no hubo más que de clientelismo y algunos megaproyectos hechos por encima de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de impacto marginal en la calidad de vida.

En estos meses preelectorales se ha antepuesto la componenda a la conversación sobre las posturas de los candidatos frente al rol de las ciudades en el desarrollo y a cuerpos legales de dudosa buena fe como la Ley de Ordenamiento Territorial, en apariencia muy técnica pero tan concentradora y controladora como las de Educación Superior y Comunicación. Sería interesante, también, conocer el criterio de quienes aspiran a suceder al presidente Correa sobre las intromisiones del gobierno central en la competencia de los municipios en planificación urbana, uso del suelo y gestión del patrimonio, sobre los proyectos gubernamentales que se erigen sin molestarse en obtener permisos municipales y sobre la exención de impuestos a los edificios públicos en detrimento de las finanzas edilicias.

La campaña 2017 está aún a tiempo de incorporar propuestas de colaboración entre niveles de gobierno y de definir herramientas de intervención que pongan límites claros al alcance y responsabilidades de cada uno.

La planificación urbana es responsabilidad de los gobiernos locales pero éstos no cuentan con las instrumentos necesarios para hacer frente al ritmo impuesto por ciudades como Shanghai, Seúl o Londres. Nuestra legislación no es compatible con la capacidad instalada y ésta no se crea por decreto. De ahí que el gobierno central intervenga con una autoridad que no tiene y como única respuesta posible. La necesidad de priorizar lo político sobre lo técnico impone el tribalismo, la creencia como único fundamento para emprender proyectos y la lógica de los tiempos políticos.

Las ciudades pueden ser al mismo tiempo problema y solución. Su crecimiento descontrolado, la falta de recursos, la pobreza y el acceso a servicios no se han resuelto en décadas y las presiones ambientales, económicas, demográficas y migratorias que experimentarán en el futuro no tendrán precedente. Sin embargo, la innovación, el desarrollo económico y las soluciones vendrán precisamente de la aglomeración que se da en los centros urbanos.

Para esto, debemos hacer una pausa y constatar si los niveles de gobierno, la asignación de competencias y recursos y la organización política del Estado establecidos por ley son compatibles con la capacidad instalada y proyectada. Conviene saber si no estamos profundizando una grieta imposible de remontar entre las leyes que norman lo urbano y las reales necesidades del desarrollo.

Conversación e inquietudes necesarias para los candidatos a la presidencia.

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