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Colombia: un acuerdo sin acuerdo

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Santos olvidó que la contraparte del acuerdo para que la narcoguerrilla acepte dejar de matar colombianos, era el país y no solamente el gobierno. Desde el inicio del proceso despreció un consenso en el frente interno y priorizó apoyos internacionales y, en especial, de dictaduras y gobiernos severamente cuestionados por sus abusos y autoritarismo. Como estrategia de comunicación usó la estigmatización a los que cuestionaban el acuerdo y los calificó de “guerreristas”, de “fascistas”. Los buenos eran los que buscaban la paz y los otros, los malos, según él, buscaban la perennización de la guerra. Llevó el escenario de las discusiones a Cuba, nada menos que al reducto de la más longeva dictadura latinoamericana y convirtió a los Castro, quienes han reprimido toda forma de disidencia, en priostes de un acuerdo que pretende reivindicar no la disidencia democrática, sino la sedición delincuencial.

El enfrentamiento político y personal de Santos y Uribe debió volverse secundario cuando, en la escena de los críticos, se sumaron otros expresidentes e intelectuales colombianos. Fue una irresponsabilidad reducir la controversia con alteraciones de la verdad a los amigos y los enemigos de la paz. Recién ahora, luego del fracaso electoral, Santos reconoce que todos buscan la paz, lo que es apenas una obviedad que no lo fue durante el proceso de diálogo.

Deben haber sectores ultristas que se mantienen en una salida militar del conflicto. Pero los voceros del No, han ratificado la salida negociada. El propósito debe ser lograr una que garantice el equilibrio. Esto es, que todas las partes sientan que han cedido lo necesario hasta el punto en que puedan convivir en el largo plazo con aquellas cesiones. Un acuerdo, de las dimensiones y efectos de los que se procura Santos, no tiene solamente efectos en el corto plazo sino que marcará la vida de los colombianos por generaciones. Eso demanda el compromiso de la mayor parte de la sociedad.

Uno de los temas de mayor sensibilidad es la llamada justicia transicional, que se explica por la necesidad de procesos breves para sanear el daño a las víctimas. En el Acuerdo se previó una Jurisdicción especial para la paz; un régimen de tribunales especiales integrados por jueces temporales, que también podrían ser extranjeros. Su tarea es juzgar y penalizar las acciones no solo de la guerrilla pues se incluyó a “los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto es, militares y policías que irán a la par que la guerrilla a ser juzgados. Los primeros por reprimir la violencia y los segundos por causarla. No obstante se prevé que no habrá amnistía por delitos atroces, las penas que se impondrían son ridículas (máximo de 8 años). Es verdad que la afirmación de impunidad no es acertada, pero es bastante próximo el concepto si se tiene en cuenta esa mínima pena.

Entregar 10 curules legislativas durante dos períodos, si es que los guerrilleros no tienen suficientes votos, aparte de reproducir el corporativismo fascista, muestra que los votos de los ciudadanos son secundarios al momento de integrar un organismo con el Congreso al que llegan representantes con soberanía delegada en las urnas.

Santos debe dedicar tiempo a construir una base de apoyo interno que recoja las opiniones de los críticos. Reconocer que el acuerdo sin esa validación es endeble, lo que también lo deberá tener el alto mando de las FARC, salvo que el resultado del plebiscito los empuje al monte. Las prebendas que han logrado son insostenibles en el largo plazo si social y políticamente no son asumidas. Igualmente un acuerdo sostenible pasa por la validación internacional en la que no sea protagonista el castro-chavismo que carece de autoridad moral para añadir credibilidad a un acuerdo trascendental.

Diego Ordóñez es político

3 Commentarios

  1. En el debate en que participo Ud y un ciudadano español, al parecer en Radio Quito, el mencionado Sr. tuvo la audacia de decir que los 10 puestos que se otorgaban graciosamente, a los terroristas de las FARC se justificaban por la aplicación de la “discrimanación positiva”; es decir, la que se aplica a grupos vulnerables, como minorias étnicas, religiosas, homosexuales, mujeres, etc. Lo que no se, es en cual de estos grupos encajarían los sanguinarios asesinos de las FARC.

  2. Las concesiones que hace el acuerdo suscrito por el gobierno colombiano con las farc son inaceptables, ponen a la justicia de rodillas frente al crimen. deberán revisarse para lograr un acuerdo racional.
    El dictadorzuelo correa amigo de las farc y otros reprobados, también hizo un acuerdo con las farc para desmantelar el servicio de inteligencia de las FFAA ecuatorianas y debilitarlas, y para deshacer el control del narcotráfico que ejercía el gobierno de los EEUU desde la Base de Manta, todo a cambio de apoyo económico para su primera campaña electoral. Entiendo que el ex presidente Uribe lo desenmascaró con pruebas irrefutables, que sumadas a las frecuentes manifestaciones de simpatía del dictadorzuelo hacia este grupo criminal, bastarían para condenarlo por traición a la patria, cuando se restablezca la justicia.

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