Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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¿Saben quién es el ojo derecho de la Justicia?

en Caricaturas/El Humor/La Info por
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Galo Chiriboga se confiesa: en el país no importa quién es Fiscal o Presidente de la judicatura: el patrón, como en esas ligas de oscuros intereses, siempre es el mismo. Por eso importa poco si el Fiscal es él o Carlos Baca Macheno… En el fondo, el ojo derecho de la Justicia siempre es el mismo. El innombrable. Chamorro lo sabe que se limitó a colocar por ahí su fotografía. En un lugar donde todo lo tiene al ojo…

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¿Y ahora el país depende del dedo de Moreno?

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Rafael Correa se muestra favorable a la sanción de la Supercom contra siete medios; Lenín Moreno pide al impresentable Carlos Ochoa que la deje insubsistente. 4Pelagatos ya evocó la posibilidad de un tongo entre Correa y Moreno: resucitar la estratagema del policía malo y el policía bueno que tan buenos resultados les dio durante los siete años que estuvieron juntos en Carondelet. Esto permite a Moreno ganar puntos por su magnanimidad en la opinión. Y esa popularidad le ayuda a que muchos olviden las condiciones ilegítimas en que llega a Carondelet.

Dos intervenciones suyas, en dos días, ante evidentes escándalos propiciados por el Contralor y el inquisidor Ochoa, tienden a probar que el tongo es una realidad. Los tongos tienen problemas: no solo se notan; tienen consecuencias de imagen y políticas para sus protagonistas.

  1. Moreno se legitima con arbitrariedades. Este es el mecanismo: Correa y sus esbirros (en la fiscalía, en la judicatura, en los organismos del Estado…) incrementan las tropelías, Moreno deja que sigan su curso y cuando se judicializan, él interviene. No las impide; no las denuncia desde que aparecen como evidentes desafueros. Las deja insubsistentes. Esto le sirve para hacer gala de su poder. Para probar ante una opinión harta de atropellos –e incluso ante poderes supuestamente independientes del Ejecutivo– que él es el nuevo emperador. En los hechos, el poder saliente legitima con arbitrariedades al poder entrante.
  2. La justicia depende del dedo de Moreno: la sociedad asiste a un espectáculo deprimente. Mientras Correa, como desaforado, aplaude, por ejemplo, los desmanes del inquisidor Ochoa, Moreno le pide que se retracte. En los dos casos, los afectados dependen de la voluntad del que más poder exhibe. Correa y los suyos hicieron una Ley de Comunicación tan discrecional que ha dado lugar a que el impresentable Ochoa y sus secuaces la usen a su libre arbitrio hasta casi desaparecer el periodismo en el país. Ahora Moreno juzga que la voluntad persecutoria es demasiado obvia. El referente, en su caso y en el de Correa, no es una ley justa: es su voluntad, su parecer, su capacidad para perseguir o perdonar. Ecuador no es una República: es un reino en el cual los súbditos dependen de la dirección del pulgar del monarca.
  3. ¿Moreno cree en la democracia o en su aire bonachón? Los siete años pasados en Carondelet, el tiempo pasado en Ginebra sin cargo y pagado con dineros públicos, el uso del Estado en su campaña, los fraudes cometidos a su favor por el CNE, dan fuerza a la pregunta que Moreno nunca ha respondido: ¿quién es usted realmente?
    Ahora, cuando se quiere legitimar a los ojos de la opinión, vuelve a la misma ambigüedad en la que navega como si esa fuera su naturaleza profunda. Moreno no puede pedir a Ochoa que deje insubsistente una arbitrariedad: debería decir que miserables como él no estarán en su gobierno porque son adictos a las arbitrariedades. Debería decir que un tipo como Ochoa irá ante jueces probos (no como Karen Matamoros) a responder por tanta ignominia perpetrada desde sus cargo. Debería decir que una persona de la calaña de Carlos Polit no puede ser contralor de la República.
    El país no requiere un buenoide en el poder tras el reino de un maloide. El país no necesita un bonachón en la Presidencia; requiere un demócrata. Alguien que destruya las ficciones creadas por el correísmo y que en vez de buena voluntad, instaure una verdadera división de poderes; jueces dignos –no alfombras del poder–; funcionarios que sirvan a los ciudadanos no esperpentos como Ochoa, Fernando Alvarado, Patricio Barriga, y otros troles formados por Correa, que lastiman la más paupérrima idea de decencia pública.
  1. Las señales dadas por Moreno deben ser institucionales: es obvio que los mensajes emitidos por Lenín Moreno son alentadores. Pero este país, tras diez años de autoritarismo y miedo, debe instalarse en un ambiente de confianza, de decencia, de transparencia, de predictibilidad. No puede depender más del humor o los trastornos ciclotímicos del gobernante y sus círculos de poder.
    Es evidente –si se sigue la lógica de Moreno– que adefesios como Ochoa y Alvarado ya no estarán en su gobierno. Se entiende, por lo que dice, que el ejército de insultadores, como los troles, también desaparecerán. Se entiende que mercenarios, como Patricio Mery Bell, importados para perseguir, insultar y acabar con honras personales, se quedarán sin trabajo. Lo mismo que Jorge Gestoso, un lameculos sin igual.
    Más allá de todo esto, Moreno requiere devolver la respectabilidad que su cargo tiene y que Correa destrozó. Y eso no lo logrará convirtiendo la Presidencia en una sucursal del Santuario de Las Lajas. El país necesita un Presidente, no un milagrero.

Pólit y Matamoros encarnan la mugre correísta

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El correísmo tiene una cualidad poco común: permite saber quién es quién. En estos días, por ejemplo, puso en vitrina a dos fichas del régimen que hacen su trabajo disciplinadamente y, en muchos casos, en forma discreta. Uno es el contralor, Carlos Pólit. La otra es la jueza Karen Matamoros. Pólit quiso hacer un escarmiento y mostrar su poder a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Matamoros dio pruebas fehacientes de lo que es un juez servil al régimen: una vergüenza que puede ser escondida bajo las alfombras. Pólit y Matamoros no solo hicieron equipo. Se aprovecharon del mecanismo corrupto que ha establecido el correísmo para ser inmune e impune.

¿Cómo funciona? Basta repasar la forma cómo actuó ante una denuncia que hizo la Comisión Nacional Anticorrupción, en febrero de 2016, ante la Fiscalía: le pidió investigar un supuesto delito de cohecho y un presunto sobreprecio en la compra del terreno de la Refinería del Pacífico. El Fiscal archivó el caso porque consideró que no había pruebas. Basándose en aquello, la Corte Nacional de Justicia calificó la medida de maliciosa y temeraria. Basándose en aquello, el Contralor denunció a los comisionados. Y hoy, basándose en lo que dijo la Corte, la jueza Matamoros sentenció a los nueve integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Su argumento muestra este sistema de engranajes que permite a fiscales y jueces evadir las denuncias, cubrir a los culpables y convertir a los denunciantes en delincuentes. ¿Qué dijo la jueza? Que la falsa imputación del delito quedó verificada cuando la denuncia fue declarada maliciosa y temeraria. Ese sistema le permitió a Pólit acariciar la idea de enviar dos años a la cárcel a ilustres ciudadanos y sacar de sus bolsillos cien mil dólares por cabeza. La jueza, que adquirió la notoriedad que ya merecía por lo que ha hecho por el correísmo, dio gusto al demandante aunque –ante tamaño escándalo– revisó a la baja las expectativas del Contralor. Les impuso un año de cárcel por calumnia, pedir excusas públicas a Pólit y entregarle el equivalente de un mes de su sueldo.

Esta señora, procedió así a pesar de que la causa había prescrito, no es legítimo usar la vía penal para proteger el derecho a la honra de un funcionario y Pólit no puede decirse afectado sicológica o moralmente por las denuncias. Quedó claro hoy –de nuevo– que el correísmo, como dijo Ramiro García, en lugar de investigar la corrupción, se absttiene y procesa por calumnia a los denunciantes.

Pero el correísmo es un sistema que faculta a sus funcionarios a creerse monarcas y que, por ese mismo motivo, los exhibe de cuerpo entero ante la sociedad. Pólit está retratado en las redes sociales como un tipo de la peor especie. La jueza ayudó a la pedagogía social sobre el gran cambio que ha habido en la justicia desde que Correa, Gustavo Jalkh y los suyos metieron allí las manos: un juez correísta es una vergüenza ambulante. Es imposible medir, en toda su dimensión, el efecto que tuvo un tuit de Lenín Moreno en el cual llamó las dos partes a reconsiderar sus posiciones. Moreno cree que los ciudadanos pueden ser medidos con la misma vara que mide al Estado. Por eso esgrime un falso concepto salomónico que le permite no encarar el autoritarismo y el cinismo que caracterizan al correísmo.

El hecho cierto es que el abogado de Pólit desistió de la querella. Extinta la acción, desaparece la pena. Pero los miembros de la Comisión anticorrucion no lo entienden de la misma forma. No emprendieron una demanda para merecer el perdón de un funcionario como Carlos Pólit que, en este juicio, ratificó con creces las razones por las cuales debe renunciar. No controla nada, no disuade a los corruptos,  ahora persigue a los ciudadanos y quiere enriquecerse metiéndoles la mano al bolsillo. Pólit es cómplice por omisión de los corruptos y un peligro para los ciudadanos. Lo es tanto como la jueza Matamoros cuyos fallos no solo son predecibles: son obscenos.

Lo que el correísmo acaba de mostrar al país crea de nuevo una alerta para Lenín Moreno que, esta vez, la procesó a tiempo: hay mucha mugre, mucha desfachatez, mucho cinismo, mucha corrupción a su alrededor. Es hora de barrer puertas adentro.

Foto: aparecen algunos de los nueve miembros perseguidos que son: Isabel Robalino, María de Lourdes Arboleda, Simón Espinosa, Byron Patricio Celi, Julio César Trujillo, Germán Alfredo Rodas, Ramiro Román, Juan Fernando Vega y Jorge Rodríguez.

Villavicencio pide asilo: una derrota política y ética para Correa

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Emilio Palacio ya no está solo. Fernando Villavicencio acaba de pedir asilo político en Perú y en Plan V está la historia que toca leer. Rafael Correa comentará esto con alguna frase destemplada, pero hay un hecho cierto e imposible de ocultar para él: dos periodistas han tenido que expatriarse tras haber sido perseguidos en su gobierno. Una pésima carta de presentación para alguien que, en calidad de ex presidente, pretende pasar algún tiempo en el continente donde la libertad de expresión es un valor histórico.

Decir, como se está diciendo, que Villavicencio se asila porque desde 2016 enfrenta una demanda por haber publicado correos electrónicos privados de Correa y del Procurador, Diego García, es cometer una injusticia. Este gobierno ha perseguido a Villavicencio desde hace años por haber denunciado, en la prensa tradicional primero, y, luego, en sus escritos publicados en Focus Ecuador –que ha sido frecuentemente atacado– los mayores negocios y negociados hechos durante la revolución ciudadana.

Escándalos del mundo petrolero -del cual es un especialista- que incluyó un nuevo actor en esta década, más corrupto que los otros: China. Villavicencio desentrañó ficciones (petróleo entregado a Petrochina y revendido en la Costa Este de Estados Unidos); intermediaciones (en las cuales el país pierde 3-4 dólares por barril); ventas anticipadas contra préstamos (totalmente lesivas al interés nacional); negocios que fueron francos asaltos (refinería del Pacífico); negociados monumentales (como el de la refinería de Esmeraldas)…

El gobierno lo persiguió (usando todo el poder del Estado) porque conocía la seriedad de sus investigaciones, siempre basadas en documentos oficiales. Y las conocía porque Villavicencio hizo, en muchos casos, las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de la Nación. Lo persiguió en vez de agradecerle que hiciera el trabajo que no han hecho los organismos de control. Lo persiguió porque, a la larga, había altos funcionarios del gobierno absolutamente involucrados en esas corruptelas que él denunciaba.

La persecución contra Villavicencio es una derrota política y ética para el régimen correísta. Política porque muestra la irracionalidad de un régimen que Osvaldo Hurtado, el ex presidente, resumió en una fórmula: “cárcel para los honestos; impunidad para los corruptos”. Perseguir a un periodista cuyo trabajo ha sido cuidar el manejo de los recursos naturales y del erario público, desnuda la catadura antidemocrática de este gobierno. Pero también su déficit ético y la desfachatez con que desmontó todos los mecanismos institucionales y legales destinados a fiscalizar su gestión. Villavicencio hizo el trabajo que no hizo el Contralor de la República y se lo dijo la Comisión Anticorrupción. Y por hacerlo, Carlos Pólit demandó y pidió cárcel para sus nueve miembros e indemnización económica. Una vergüenza. Las investigaciones de Villavicencio son tan fidedignas, que hasta Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia terminó por darle la razón.

La noticia de este pedido de asilo llega en un pésimo momento para Rafael Correa y también para Lenín Moreno. La opinión internacional conoce que un ciudadano no pide asilo político si no tiene, bajo el brazo, una carpeta con documentos que sustenten sus razones. Sabe, además, que los gobiernos requeridos son celosos en sopesar sus decisiones. Que Estados Unidos haya dado asilo político a Emilio Palacio, en agosto de 2012, habla de que, ya entonces, corría peligro en lo personal y no gozaba de condiciones favorables para ejercer su oficio en Ecuador. En el caso de Villavicencio, la persecución judicial fue evidente y permanente y Correa hizo gala de una inquina personal manifiesta en sabatinas y otras declaraciones. Que la familia de Villavicencio haya tenido que endeudarse para entregar, por orden de un juez, 47 mil dólares a Correa, podría resumir tristemente esa persecución oficial en el cual colaboraron la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.

Villavicencio está a salvo: ese es hoy su mayor triunfo y el de su familia. Para Correa este caso es otra pesadilla. Como lo fue el 30-S, que él avivó. Para Lenín Moreno es un termómetro que marcará si en su gestión surgen señales objetivas de retorno a la democracia: entonces Villavicencio y Emilio Palacio encontrarán motivos para volver.

Foto Plan V: Fernando Villavicencio con Roberto Pereira, su abogado, en la Cancillería peruana en Lima

¿Correa armó un tongo con Moreno o atenta contra él?

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De dos, una: o es un tongo o es un intento de asesinato político. Tongo de Lenín Moreno con Rafael Correa. O atentado de Correa y su grupo de fanáticos contra el licenciado que aspira a ser reconocido como presidente.
El escenario es el mismo en los dos casos: Moreno es el candidato oficialista, la ilegitimidad del triunfo lo persigue, si es ratificado descubrirá la magnitud de la economía falsa que promociona Correa y en su campaña distribuyó promesas de cambio, mano tendida, diálogo y tolerancia.

En esas circunstancias, ese candidato requiere un ambiente de distensión y de página virada para lidiar con la impopularidad que le acarrea saber que su contrincante (y sus electores) lo consideran –dice Lasso– “un mandatario sin auténtico mandato”. Pues bien: el gobierno hace exactamente lo contrario. Familias shuar denuncian haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales para favorecer los trabajos de una minera china. Dirigentes indígenas han sido detenidos. El gobierno persigue a Fernando Villavicencio hasta forzarlo a pedir asilo político en Perú. El impresentable Carlos Ochoa persigue siete medios por no haber hecho eco a un pasquín elaborado por una militante kirchnerista. Carlos Polit, otra ficha del gobierno, demanda a los 9 miembros de la Comisión Anticorrupción y pretende meterlos presos y sacarles plata. La Fiscalía abre un proceso de indagación contra Polibio Córdova, Alfonso Espinosa de los Monteros, Guillermo Lasso y Andrés Páez, ratificando que el nuevo fiscal está presto a Venezuelizar por completo la política en el país. Prisca Bustamante y Nikki Mackliff denuncian que no pueden trabajar en un canal incautado por pensar diferente… Esta retahíla podría alargarse.

¿A quien le sirve este ambiente de persecución y cacería de brujas desatado por el gobierno? Cercanos a Moreno dicen que no hay tongo. Que Correa gobernará hasta el 24 de mayo y que Moreno es consciente de que estos actos de persecución representan enormes costos para él. Pero que él no se entromete porque si respeta lo que hace Correa, podrá exigir que él haga lo mismo con su posible gobierno.

Por supuesto, este ambiente perfila una etapa totalmente contraria a la prometida por Moreno. Y permite pensar -en el mejor de los escenarios- que se trata de un tongo: Correa tensiona la cuerda para que Moreno pueda –una vez ratificado– retomar el papel de policía bueno que tanta popularidad le dio en la vicepresidencia. En ese ejercicio de distensión, Moreno podría aspirar a poner a competir ilegitimidad con popularidad… Algo tiene que hacer el correísmo para tratar de revertir esta ola de ilegitimidad que levanta el proceso electoral plagado de fraudes.

Si no hay tongo, ¿qué busca el correísmo al profundizar este clima de persecución, cacería de brujas y autoritarismo? Ahí caben dos escenarios.
Uno: el aparato crea hechos de fuerza que aspira a que Moreno refrende y asuma como parte de su posible mandato. Esta es la respuesta del ala dura del correísmo que, ante los resultados y el avance de las fuerzas democráticas en el país, cree que la estrategia no es tender la mano sino cerrar la tenaza.
Dos: esto terminaría de vaciar la sustancia política que Moreno reclamó como suya al hablar de inaugurar una nueva etapa. La represión constituiría, en alguna forma, su prematuro suicidio político y consagraría la calle como único escenario posible de la política en los próximos meses. Esto pondría, además, el acento en la política cuando es lo que menos conviene estratégicamente al correísmo. Su afán político consiste en sentar a Moreno en Carondelet y, en aras de encarar la crisis, hablar de economía y echar a correr la idea de consensos y de unidad nacional.

El correísmo es hoy un nudo de contradicciones. Y hacen falta 35 días para que Rafael Correa entregue el poder: es mucho tiempo para Moreno si este estado de persecución y cacería de brujas se mantiene porque al callar, por la razón que sea, se agrava su estado de debilidad política. Es mucho tiempo para una sociedad que ya mandó, incluso con juez de bolsillo, los mensajes de hartazgo y de cansancio de diez años de autoritarismo y arbitrariedades. Los correístas creen que el reloj corre a su favor. Ya no.
Si Correa no tiene un tongo con Moreno, está minando el terreno que tendrá que transitar su sucesor, si lo posesionan a pesar de todo.

¡Qué hambre la suya, señor Pólit!

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Resulta muy difícil imaginar los motivos por los que el contralor Carlos Pólit decidió pasar de ser un oscuro funcionario, con fama de haber garantizado la impunidad y socapado la corrupción, a convertirse ante los ojos de la opinión pública en un miserable y ambicioso ser humano, capaz de pedir la prisión y el pago de 900 mil dólares a un grupo de ilustres ecuatorianos entre los que hay al menos tres que son mayores de 85 años.

La explicación de la defensa de Pólit es que estas personas, agrupadas en una comisión que investiga actos de corrupción, afectaron su honra al haber señalado que, durante el proceso de contratación y construcción de la Refinería del Pacífico, se produjeron actos de corrupción que él no detectó. Pero ese argumento resulta insostenible a la luz del sentido común, la ética pública e incluso la lógica del cuidado de su honra e imagen.

 ¿Cómo puede un funcionario público demandar a ciudadanos por decir que no ha hecho bien su trabajo? ¿Cómo concebir que un empleado del Estado pretenda embolsicarse 900 mil dólares bajo el supuesto de que su honra fue manchada por personas que criticaron su trabajo? Es posible que no existan leyes que lo prohiban, pero resulta insólito pensar que alguien que trabaja para el Estado y que debe estar sujeto al escrutinio público pueda considerar, como atentado a su honra, un cuestionamiento a su gestión. De ser eso posible, se estaría echando por tierra todos los fundamentos posibles del servicio y la ética pública.

Pero si la pretensión de Pólit resulta impresentable desde la lógica de la ética del servicio público, es mucho más grave si se observa desde la mirada del humanismo y la calidad humana. Pretender que una anciana de 99 años, como Isabel Robalino, pague no solo con prisión de dos años sino desembolsando una cantidad de dinero que seguramente ella jamás habrá visto en su vida, luce miserable. Se trata sin duda de una mujer excepcional que ha entregado incluso la fortuna que heredó de su familia al sindicalismo obrero en los años 40 y 50 del siglo pasado.  Lo mismo se puede decir sobre la calidad humana de Simón Espinosa de 88 años y de Julio César Trujillo de 85 años.

¿De dónde piensa Pólit que estas personas van a sacar 100 mil dólares cada uno que es lo que les correspondería pagar si el juez le da la razón? Puede ser que Pólit se haya acostumbrado en la Contraloría a manejar cifras con esa cantidad de ceros, pero es evidente que ni Robalino ni Espinosa ni Trujillo, y ni siquiera los otros miembros de la comisión, habrán tenido todo ese dinero junto en su vida entera.  La única explicación que una persona podría tener, a primera vista, de esta demanda, es que Pólit es movido por la maldad y la sevicia. De hecho, si se observa lo que en redes oficiales se ha dicho de Pólit es fácil concluir que el contralor dejó de ser visto solamente como un funcionario con mala reputación: hoy es un ser inconmovible capaz de perseguir ancianos y hurgar en sus bolsillos. Capaz de atacar a ecuatorianos que, como muy pocos, tienen un prestigio y una reputación de honestidad y patriotismo.

Por todo esto resulta inevitable intentar explicar los motivos por los cuales Pólit persigue a los miembros de la Comisión Anticorrupción. La posibilidad más plausible es la que dice que el actual Contralor no busca ni la cárcel ni el dinero de estas personas, sino sentar un precedente para que nadie se atreva, en los próximo años, a poner en tela de juicio su trabajo de Contralor. Pólit quiere generar un escarmiento, tan apetecido en este gobierno, porque para él es capital mantener el monopolio indiscutible de la fiscalización a los organismos del Estado.

Esto tiene su fundamento. Que haya logrado estar 10 años como contralor, con el apoyo del correísmo, demuestra que fue un actor que indudablemente produjo confianza en el Gobierno. Y si fue reelegido por cinco años más es evidente que se trata de la persona que garantiza, como nadie, la ecuación que ha permitido que durante todo este tiempo no se haya logrado desvanecer la sensación de corrupción e impunidad que despierta el gobierno de Rafael Correa.

Por eso, es fundamental, tanto para Pólit como para el Gobierno que supuestamente fiscalizará, que nadie amenace ni siquiera de lejos su monopolio de (supuesto) control. Enviar a la cárcel a un grupo de ilustres ecuatorianos, muchos de ellos ancianos y sacarles 900 mil dólares en total, solo podría justificarse si a cambio hay algo muy pero muy grande. Vistas las cosas así, no sería extraño que, tras obtener la condenada de los miembros de la Comisión, aparezca Pólit con aires de piedad infinita y los perdone. Pero, claro ¿alguien de la sociedad civil se atreverá en el futuro a poner en duda que Polit haga bien su trabajo? Imposible.

Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que la demanda de Pólit es insólita. Primero porque llama la atención que un Contralor que ha sido identificado con el estado de impunidad de los más altos funcionarios del Gobierno, pretenda hundir a personas que tienen mucha mejor reputación y hoja de vida que él. Segundo, porque ha sido incapaz de explicar cómo luego de que el Gobierno ha gastado más de mil millones de dólares en una refinería que no existe, como la del Pacífico, no hay ningún funcionario acusado de peculado u otro delito. Polit se lavó las manos durante estos años acusando a Chiriboga de no emprender acción penal alguna en contra de las personas que él dice haber glosado.
Si Carlos Pólit pretendía ir por lana, lo que le pasó con esta demanda es que salió trasquilado.

Cuenca y Latacunga pagan la bancarrota de TAME

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Durante diez años han dicho que las empresas del Estado son viables y rentables si es que se las maneja con manos limpias y corazones ardientes. Y quebraron a TAME. La bancarrota de TAME, aunque cantada ya desde hace muchos meses o quizá años, se puso en evidencia con el anuncio formal de que se han cancelado los vuelos Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Latacunga.

La noticia no solo confirma la catastrófica situación de la aerolínea estatal, cosa ya conocida, sino dos hechos adicionales que no son menos graves: el mayor aislamiento de Cuenca, que venía sufriendo de una importante merma de frecuencias aéreas, y la comprobación de que el aeropuerto de Latacunga fue otro elefante blanco construido por la revolución ciudadana durante el boom petrolero.

La merma de vuelos a Cuenca ya estaba produciendo consecuencias en la cantidad de viajeros que llegaban a esa ciudad. En una entrevista en la revista Líderes, el director de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Antonio Vázquez, daba estas cifras: en el 2012 viajaron 588 000 pasajeros, en el 2013 bajaron a 510 000, en el 2014 a 493 000 y en el primer trimestre del 2016 hubo una disminución de 10 000 pasajeros en comparación al mismo período del 2015. Vázquez señalaba que la baja en las visitas era consecuencia directa de la disminución de vuelos.

El anuncio también pone en evidencia otro elefante blanco de la revolución ciudadana: el aeropuerto de Latacunga, que fue rehabilitado en 2011 con un costo de 35’458.411 dólares. Sin la ruta de TAME, ese aeropuerto se queda únicamente con la operación, tres veces a la semana, de la aerolínea Cargolux que ha pedido, según se sabe, que se le permita volar desde Quito porque no es rentable su operación en esa ciudad. 4Pelagatos supo que el permiso no se le extiende porque el gobierno no quiere que el aeropuerto de Latacunga se quede inactivo. Eso levantaría críticas dada la alta inversión que hizo ahí, a pesar de todas las advertencias de algunos que anticiparon que la construcción del nuevo aeropuerto de Quito iba a quitar sentido al de Latacunga.

Este reciente anuncio de TAME se suma a otros hechos que permiten concluir que la inversión hecha en Latacunga fue, si no inútil, sí excesivamente costosa. En enero del 2016 se anunció que TAME dejaba de volar entre esa ciudad y el Coca, en la Amazonía. También habría que agregar el caso del aeropuerto de Santa Rosa en la provincia de El Oro y Tena en Napo, que están prácticamente abandonados a pesar del alto costo que tuvieron. 43,6 millones en el de Tena y 47 millones en el de Santa Rosa. Si se suman los tres aeropuertos se tiene que se invirtieron unos 126 millones que a la postre resultaron inútiles.

En otras palabras, a las pérdidas de una empresa pública como la TAME, que sus propias autoridades calcularon en el 2016 en 58 millones, habría que sumar estos tres aeropuertos que, según los hechos, no eran necesarios. “Recuerda, el gasto público eres tú: tus carreteras, tu educación, tu salud, tus becas”, puso alguna vez el presidente Correa en su cuenta de Twitter para responder por las críticas que se hacen al excesivo gasto público.

La cancelación de los vuelos de Guayaquil a Cuenca y de Guayaquil a Latacunga se produce básicamente por la severa e insalvable crisis económica por la que atraviesa TAME. Según expertos consultados, 4Pelagatos supo que la situación es tan grave que esa empresa no puede pagar el mantenimiento de los aviones y, por eso, trata de reducir las horas de vuelo para que el intervalo entre los chequeos técnico de las aeronaves sean más grande. TAME tiene importantes deudas con sus proveedores, especialmente con los que le venden repuestos y los que le arriendan los aviones. Además, el gobierno ecuatoriano no ha podido cobrar a su par venezolano aproximadamente 15 millones de dólares, que debe a la empresa, sin contar con cerca de 50 millones que se perdieron por el tipo de cambio de la moneda venezolana.

Ante la crisis, el gobierno hizo una convocatoria para encontrar un socio estratégico y pedía 60 millones por la mayoría de acciones. Sin embargo, solo se presentaron dos oferentes: uno fue el grupo chino que había comprado el Hotel Quito pero no tenía el mínimo de 5 años de experiencia en el sector que se exigía en los pliegos de la convocatoria. La otra es una pequeña empresa boliviana, Amaszonas, que, aparentemente, tiene la experiencia requerida pero no el currículo necesario para acerse cargo de una operación mediana como la de TAME.

Lea aquí TAME: un informe destapa el desvío de 18 millones y otras ‘cositas‘ más

En la quiebra de TAME confluyeron varios motivos. Entre esos está el manejo político de la aerolínea que se evidencia en al menos dos cosas. Por un lado, el aumento de personal: TAME fue convertida en un botín clientelar por el gobierno y llegó a tener 1700 empleados, lo cual para los expertos es inmanejable para una aerolínea si quiere ser rentable. Actualmente tiene 1343 empleados luego de una serie de recortes en los últimos meses.Por otro lado, la creación de frecuencias políticas que no eran rentables. Las frecuencias a Sao Paolo, Buenos Aires, Lima o Caracas no produjeron réditos pero fueron mantenidas por consideraciones políticas. El presidente Rafael Correa fue el más entusiasta de estos vuelos y el responsable de que se los haya creado.

Pero la política no solo influyó de esa forma. TAME ha sido utilizada por la Presidencia de la República para los viajes de Rafael Correa.  En un documento que 4Pelagatos logró conseguir en junio del 2016, la cifra del costo de los charter de la comitiva presidencial superaba tres millones de dólares. Un desplazamientos que significó un gasto importante, por ejemplo, por el alquiler del avión de TAME fue el que hizo a China en enero del 2015: llevó una comitiva de 29 invitados. La factura alcanzó 905 365 dólares. Estos vuelos no solo significan pérdida en lo económico, pues muchas veces la Presidencia demora en hacer los pagos que, dicho sea de paso, vienen del presupuesto del Estado sino que implica el desplazamiento de aviones que, inevitablemente, produce problemas en otras frecuencias.

Lea aquí Los charters del Presidente otro hueco en TAME

También influyó en el derrumbe de la aerolínea la eliminación del subsidio al combustible y la competenciade otros grupos como LAN y Avianca, manejadas con criterios de empresa privada.

El anuncio del fin de los vuelos entre Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Latacunga es un episodio más en la trágica saga sobre el desastroso y honeroso manejo de TAME hecho por el gobierno de la revolución ciudadana.

Foto: diario El Universo

Pozo cuenta votos frente a su espejo

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se mira y actúa ante un espejo. Eso hizo ayer en el Coliseo Ruminahui donde sus funcionarios contaron votos ante ellos mismos… y los delegados oficialistas. Juan Pablo Pozo, vanidoso y servil juez del correísmo, nunca se planteó realmente su responsabilidad de entregar al país un presidente que gozara de plena legitimidad.  Le basta con que Correa le aplauda y Alianza País le agradezca. Por eso declaró irreversible el resultado cuando el conteo de votos había alcanzado 94%. Por eso legitimó a Lenín Moreno sin tener en cuenta que el proceso electoral, del cual él es supuestamente el máximo garante, por ser el presidente del CNE, incluye la posibilidad de impugnar por parte de los contendores.

Fausto Camacho y Solanda Goyes, entre otros, han mostrado sistemáticamente, en sus cuentas sociales, el volumen de irregularidades que cometió el CNE desde bien antes de que comience este proceso electoral. Ha habido foros sobre el fraude. Ana Mercedes Díaz también lo denunció. Es abrumador ver hasta qué punto Pozo y los miembros de su consejo adecuaron todos los mecanismos para ser funcionales a la voluntad del partido que los puso en esos cargos. Es impresionante ver cómo se condujo con los observadores internacionales. Sacó del escenario a la Unión Europea pues la invitó en la modalidad conducida cuando sabe que no envía misiones de observación en ese modo. Los europeos sí analizan concienzudamente los factores de la elección y no como los de Unasur que nada ven o los de la OEA que hacen turismo diplomático. Pozo hizo, además, un programa costosísimo con muchos de esos observadores en la Mitad del Mundo: video mapping, carpas, luces, estaciones de comida y bebida, música… Un espectáculo privado y familiar que muestra la independencia que tienen ciertas misiones de observación con respecto al organismo que vienen a observar…

Que haya habido apagón informático, que la tendencia y los resultados hayan cambiado cuando volvió el sistema, que haya habido un conteo rápido chimbo y mentiroso, que Pozo haya violado principios básicos de la ley para anunciar los resultados, que haya prevaricado, que se haya instalado en un hotel quiteño con técnicos suyos y salas privadas donde solo él y un puñado podían entrar, que haya entregado la comunicación de la segunda vuelta al gobierno, que el CNE haya contrato ex funcionarios de esa institución para hablar bien del CNE y negar el fraude… muestra que este organismo correísta no se preocupa en lo más mínimo por cumplir la ley.

Pozo es un tan todopoderoso como obsecuente en el CNE. Fanático de los actos sociales, ama ser maestro de ceremonias en mesas bien servidas, con mantel largo y, todas las veces que puede, sobrepoblación de cámaras. Habitado por una ambición desmesurada, tiene los ojos más grandes que el estómago: es un vanidoso impenitente. Un ser convencido de que tiene un futuro político radioso que encarará tras un tiempo pasado en el exterior, en algún organismo internacional. Para eso ha trabajado su imagen con una obstinación que conjuga impecablemente con el verbo parecer. Por algo se hizo amigo de algunos de los gurúes del mercadeo político que vinieron a Quito, el año pasado, a la Cumbre Mundial de Comunicación Política.

Con Pozo el correísmo juntó el hambre con las ganas de comer. Por razones parecidas, aparentan ser transparentes y cumplir con la ley. En ese contexto, se explica el reconteo de 3 865 paquetes de votos en el Coliseo Ruminahui. Podían ser más o menos, nada de esto se hizo con el acuerdo de la oposición. A Pozo no le interesa que el presidente que salga de la elección del 2 de abril sea realmente legítimo. Su interlocutor no es Guillermo Lasso y medio país de electores que votó por él: Pozo actúa ante él mismo y ante su patrón, Rafael Correa. Prisionero del croquis de narciso irremediable que se fabricó, Pozo es funcional a un gobierno que no dialoga con la realidad: monta ficciones para autojustificarse. Por eso es capaz de movilizar cien militares, 700 funcionarios alrededor de 250 mesas en un rito que solo sirve para que Correa crea –y diga a sus fanáticos– que ya hubo reconteo de votos. Y que si CREO no estuvo, pues eso prueba que ellos tenían la razón.

El hecho cierto es que ayer Pozo no resolvió ningún problema: Lasso y sus electores siguen creyendo que la elección fue fraudulenta. Moreno sigue padeciendo de ilegitimidad. Pozo se mira en un espejo. Y Correa gira en el círculo vicioso de siempre.

Una miseria más de Carlos Ochoa y sus esbirros

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Nada es tan fuerte para describir a la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Quizá ignominia. Quizá abyección. ¿Hay algo más ruin que esta dependencia correísta que ahora hace un proceso contra siete medios de comunicación por no haber publicado una línea de una nota del diario argentino Página 12?

Este caso, que tiene ocupados a los abogados de Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Universo, El Comercio, Diario La Hora y Diario Expreso, solo podía producirse en una república bananera. Aquí están los hechos. El 15 de marzo, ese diario que fundó Jorge Lanata en Argentina y ahora es un pasquín kirchnerista, publicó una supuesta investigación titulada: “Lasso, el magnate de las offshore”. La autora, Cynthia García, es una militante que en su cuenta de twitter luce una camiseta con la imagen de la virgen. Pero en lugar de virgen está el rostro de la corrupta Cristina de Kirchner.

Lo que Cynthia García presenta como una investigación es una pieza de lo que el correísmo considera gran periodismo. No hay pruebas, es un rosario de inferencias y no hay contrastación alguna. Pues bien: no solo Correa retuiteó el pasquín y los medios del sistema de propaganda lo promocionaron. Usaron un programa argentino de un periodista uruguayo, Víctor Hugo Morales, también kirchnerista, en el cual García aparece formulando la misma denuncia: lo hicieron la noche del 26 de marzo cuando Guillermo Lasso participaba en el programa de Andrés Carrión. Y a la misma hora. Correa recibió a la militante el 10 de abril y elogió lo que él llamó gran trabajo. Con anterioridad había emprendido una campaña contra los medios que no reprodujeron al pasquín argentino. Esto originó una denuncia ante la Supercom hecha por un desconocido Observatorio ciudadano por una Comunicación de Calidad, claramente alineado con el correísmo.

Este caso resume lo que el correísmo entiende por periodistas: empleados que observan con devoción la acción presidencial y de gobierno, la exaltan y la defienden con pasión mercenaria. Es una concepción sórdida que seguramente sus periodistas apreciarán. Pero más allá de eso, lo que resulta surrealista en este caso es ver cómo Correa y sus inquisidores creen que pueden usar el poder para decidir qué deben leer las audiencias que siguen o compran esos siete medios. Por supuesto sus inquisidores se escudan tras una coartada que incluyeron en su ley de comunicación: el interés público. Los ilusos que defendieron esa ley habrán entendido lo que el correísmo entiende por interés público: aquello que requiere, necesita, le es útil o saca rédito.

El correísmo no solo encarna la república bananera que Correa describió en su libro. Es peor: es pueblerino, es roñoso, es vengativo y es chabacano. Es infame que pretenda otorgarse el papel de juez de lo que los ciudadanos deben leer. Es abominable que crea que puede someter a los medios, los pocos que no controla, a sus caprichos y desvaríos arbitrarios. Es execrable que pretenda hacer pasar por gran periodismo las ficciones de militantes que creen, entre sus miserias, que deben poner este oficio al servicio de un gobierno. La indigencia política de Correa y los suyos está perfectamente resumida en este caso en el cual siete medios pueden ser multados por no reproducir los embustes de un panfleto kirchnerista.

¿Interés público? Si ese fuera su preocupación real (e incluso así el poder nada puede imponer) ¿por qué nada dijo Correa –un ejemplo entre millones– de las criticas profundas de Noam Chomsky a los gobiernos que antes aplaudió? Chomsky es un lingüista y uno de los intelectuales prestantes de los Estados Unidos que defendió, años atrás, a Chávez y los gobiernos entre los cuales se encuentra el suyo. Pues ahora, Chomsky (tan usado por estos gobiernos) dice que Venezuela es un desastre y que si bien hubo logros –también citó a Argentina y Brasil– el balance no es alentador. “Para colmo –dijo en un programa de Democracy Now– la corrupción ha sido enorme. En Brasil, por ejemplo, es penoso ver que el Partido de los Trabajadores no ha podido mantener sus manos fuera de la caja. Llevó adelante medidas significativas, pero se sumó a la élite más corrupta”. Estos gobiernos no instauraron, según Chomsky, un sistema de desarrollo sostenible.

Es lamentable pero hay que decirlo: más intervienen Carlos Ochoa y sus esbirros, más delatan la miseria humana que los caracteriza y que perfila perfectamente al Presidente y su sistema.

Tres pescadores hunden aún más a Juan Pablo Pozo

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Durante diez años el correísmo se ha especializado en recurrir a la propaganda como fuente de legitimidad. Para los publicistas y las agencias de publicidad, que a más de forjar inmensas fortunas han manejado el Estado durante los últimos 10 años, la legitimidad democrática no se la construye sobre la base de instituciones independientes sino a través de imágenes y mensajes emotivos. 

Esta lógica ha sido puesta ahora al servicio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Para sacarlo del bache de credibilidad en el que se halla sumergido, el CNE, donde nada se hace sin la aprobación del mismo Pozo, ha puesto en circulación un video en el que tres humildes pescadores de la provincia de El Oro aparecen santificando a Pozo y su trabajo al frente del CNE. Los tres pescadores, que no tuvieron nada que ver con la transparencia del escrutinio, salen en lancha dando fe de que el trabajo en el escrutinio fue transparente y confiable. ¡Cómo saben estos humildes pescadores de procesos electorales!

El primer pescador en aparecer en el video se llama Julio Yorela y es presidente de la Caleta Pesquera de Bajo Alto. “Juan Pablo Pozo ha demostrado delante de nosotros una gran legalidad”, dice en tono solemne mientras la lancha avanza y los otros dos personajes están a sus espaldas. “Hemos sido testigos de la transparencia y la participación de las organizaciones políticas  del proceso electoral de la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2017″, dice luego Fulton Jaén, presidente de la Comuna Bajo Alto. Por último aparece Fabricio Carriel, presidente de la Red de Pescadores de El Oro. “Doctor Juan Pablo Pozo siga adelante con ese liderazgo, que usted acaba de inscribir un hito en la historia de la democracia de la República del Ecuador”.

Los tres protagonistas del video recitan unas líneas que, evidentemente, memorizaron o alguien les hizo leer mientras eran filmados en la lancha. Los tres lo hacen de forma solemne y casi mecánica, como si estuvieran dando un discurso de incorporación a una academia de la lengua o algo por estilo. Todos intervienen en una forma en que cualquier vestigio de naturalidad o espontaneidad queda anulada.

El video, que lleva el sello del Consejo Nacional Electoral, es la invención de alguna agencia de relaciones públicas o de algún asesor de imagen para rescatar del abismo de credibilidad en el que está Juan Pablo Pozo. Quienes lo produjeron e idearon, lo hacen con la misma mentalidad con la que durante todos estos años se ha mantenido inflada la imagen de decenas de funcionarios y organismos estatales. Se escogió a tres hombres humildes, y no de clase media, porque en el relato correísta solo los pobres pueden legitimar la política.

Uno de ellos lleva un smartphone en la mano que cumple la doble tarea de aparentar ser la cámara que filma la escena y ser una suerte de símbolo del progreso y superación de la #décadaganada. El recurso raya en lo ridículo. ¿Cómo le demostró Pozo a Julio Yoreda la legalidad con la que actuó “delante de nosotros” como dice? ¿De qué transparencia y participación de las organizaciones políticas del proceso electoral habla Fulton Jaén? 

Es inverosímil que a alguien se le haya ocurrido que tres pescadores puedan aparecer ante la opinión pública como autoridades de un tema en el que hay poquísimos expertos en el Ecuador.   Quien tuvo esa idea, definitivamente, le hizo flaco favor a Pozo.  El video es ostensiblemente postizo, falso y muy poco convincente. La gente se da cuenta fácilmente que tres pescadores no tienen por qué entender cómo funciona un proceso tan complicado como el electoral y que lo que ellos dicen sobre ese tema no es convincente.  Se trata, sin duda, de un recurso fallido para sacar a Pozo del bache. Por el contrario, lo vuelve a hundir y más profundo.

Pozo también puso de su parte en este fallido operativo de rescate. Como el video fue puesto en redes por el CNE de la provincia de El Oro, Juan Pablo Pozo escribió en su cuenta de Twitter un mensaje pretendiendo aparecer como si él no hubiera sabido nada del tema. “Gracias queridos amigos, por sus mensajes de apoyo y afecto”, dijo Pozo en Twitter en tono de político en campaña.

El video no solo hace quedar mal a Pozo por ser postizo y forzado. También confirma que quienes idearon el sistema político vigente en el Ecuador, donde la independencia de poderes es una ficción, son víctimas de su propio invento. Hoy nadie cree en el CNE y su Presidente. Mañana nadie creerá en la Fiscalía en el Fiscal. Y así.

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