Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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Jiménez lleva atada a su tobillo la miseria de Correa

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Un brazalete electrónico en su tobillo a cambio de poder abrazar de nuevo a sus hijos: es el canje que hizo Cléver Jiménez, condenado, con Fernando Villavicencio, por haber supuestamente divulgado correos electrónicos de Rafael Correa sobre el caso Chevron. Ese brazalete reemplaza una orden de prisión preventiva.

El canje lo hizo un padre, un ser humano perseguido, hostigado, sitiado. Pero ese canje, mirado desde el lado de la Justicia que los condenó obedeciendo órdenes políticas, es una infamia.

Tras tres días, apenas tres días de llevar ese brazalete y Cléver Jiménez ya siente sus estragos: ‘Además de humillante, dijo a 4Pelagatos, es terriblemente incómodo. Molesta para caminar. Lo llevo siempre y tengo que cargarlo cuatro horas por día. Esto implica que debo quedarme ese tiempo con la pierna extendida al lado de un tomacorriente. Cada día me llaman para que no olvide cargarlo. A veces ni oigo las llamadas. Todo esto es muy estresante’.

Humillante y estresante: ese brazalete en la pierna de Cléver Jiménez será recordado como el símbolo de la mayor infamia tecno de Rafael Correa. Primero porque Correa y Alexis Mera sabían que Jiménez y Villavicencio son inocentes: sabían que ellos ni son hackers ni espiaron sus correos electrónico. Y sabían quiénes fueron los autores. Y, segundo, porque tras haberlos perseguido y logrado que su justicia los condenara, esa misma justicia les propuso una medida sustitutiva que encierra una tremenda violencia simbólica y real.

¿Qué significa ese brazalete en el tobillo de Cléver Jiménez? Que desde hace tres días se ha vuelto carcelero de sí mismo. Por amor a sus hijos, hizo un acuerdo para vigilarse a sí mismo, liberando al Estado de la tarea de averiguar dónde está y qué hace. Es un prisionero que tiene su casa y un perímetro geográfico fijado por una jueza, como cárcel. Esto no solo es físico. Es mental. Se construye en ese diálogo sordo, a medio camino entre la ira y la impotencia, que se da entre ese aditamento que se adhirió a su cuerpo por la fuerza y su mente. Cléver Jiménez arrancó, hace tres días, una nueva carrera por la libertad; una carrera tan intrincada como la que enfrentó con Villavicencio durante un año, escondidos en tierras de los Sarayaku. Ahora tiene que ser libre, a pesar de su cuerpo vigilado. Tiene que mantener su lucidez, a pesar del brazalete que lo agobia.

Hay que leer las experiencias que ha sacado el sistema penal de algunos países del uso de estos brazaletes. Las confesiones de sus usuarios (delincuentes reales, no como Jiménez) son inquietantes: laceraciones de la piel, enfermedades de la piel, estrés por el uso veloz de la pila, alarmas que se disparan, daños del aparato, invasión de la intimidad, afectación de las personas cercanas, pérdida de autonomía, sensación de estar 24 horas sobre 24 vigilados… El brazalete, mirado con los ojos de un inocente, no solo es incómodo y humillante: es un castigo y un atentado contra la dignidad y la integridad personal. En este caso, es una infamia cometida contra un político que, con Villavicencio, denunció la corrupción en el gobierno de Correa.

Fernando Villavicencio, quien tramita un pedido de asilo político en Perú, dijo que no aceptará esa medida sustitutiva a la prisión preventiva. Para Jiménez ese tormento no tiene fecha de caducidad. El ex asambleísta espera una nueva audiencia con la expectativa de que al fin los jueces fallen en derecho; no con los ojos puestos en Carondelet (como ocurrió en todos sus juicios). Jiménez no tiene fechas y tampoco sabe si el juicio será dividido en caso de que Villavicencio no se presente. Hasta entonces, todo tendrá que hacerlo con ese aparato encima. ‘Y cuando digo todo, es todo. De día y de noche. Me puedo bañar con él, pero no puede sumergirme en una piscina. Y si se daña tengo que pagarlo’.

Rafael Correa podrá decir –porque nadie duda de que sigue con frenesí el destino de sus víctimas– que aún hoy su justicia hace su obra: Fernando Villavicencio pide asilo en Perú y Cléver Jiménez carga en su tobillo una prisión virtual. Infamia: no hay otra palabra.

¿Los aviones presidenciales son charters políticos?

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María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en dos acontecimientos de alto contenido político: el 38 aniversario de la Revolución Sandinista y el Foro de Sao Paulo que representa el músculo ideológico de la izquierda decrépita latinoamericana. En el viaje estuvo acompañada, de lo que se sabe, por Paola Pabón, secretaria nacional de gestión de la Política y Ricardo Patiño, consejero presidencial y todo un emblema del gobierno de Rafael Correa.

Para el viaje, Espinosa y su comitiva utilizaron uno de los aviones de la Presidencia de la República: el Legassy.  Se trata del primer avión, un Embraer hecho en Brasil, que adquirió Rafael Correa antes de que decidiera comprar el Falcon 7X, de fabricación francesa, mucho más lujoso y rápido que su antecesor. El Falcon, además, tienen la capacidad de viajar entre Quito y Europa sin necesidad de abastecerse en el trayecto.

¿Por qué Espinosa usa el avión presidencial en un viaje cuyo propósito poco o nada corresponde a los intereses internacionales del Ecuador? ¿Es lícito que gaste en un viaje que francamente es inútil para las prioridades diplomáticas y económicas del país? Si el foro de Sao Paulo es un foro de partidos, ¿por qué todos los ecuatorianos tienen que sufragar con ese gasto? Habrá quien salga a decir que la celebración sandinista fue una invitación oficial al gobierno del Ecuador o que, como estaba previsto que Lenín Moreno viaje a la reunión del foro de Sao Paolo, era perfectamente lícito que se utilice ese avión. Habrá quienes, en cambio, piensen que haber usado ese avión es un acto de abuso de poder porque el avión presidencial no está para llevar y traer funcionarios a acontecimientos inútiles y que lo que se ha hecho es pagar con fondos públicos un gasto partidista, irrelevante para el Ecuador. 

El problema está en que todas estas preguntas y muchas otras, que son perfectamente posibles sobre el uso de los aviones de la Presidencia, son plenamente legítimas porque no existe norma legal ni institución alguna que regule su uso. Es decir, los ecuatorianos no tienen ningún instrumento legal que los defienda del uso inescrupuloso que el gobernante de turno pueda dar a uno de los aviones que, en verdad, pertenece a todos.

Durante casi 10 años, Rafael Correa utilizó a estos aviones como si fueran un aviones privados, Desde que tuvo el Falcon, por ejemplo, viajó en él no solo en sus viajes oficiales sino también a recibir doctorados honoris causa en decenas de países o en viajes que no tenían absolutamente nada de oficial como la canonización de monseñor Arnulfo Romero en El Salvador. Durante el gobierno de Correa jamás hubo fiscalización alguna ni regulación al uso de los dos aviones presidenciales que fue completamente discrecional. Lo único que se conoce sobre los itinerarios que se hicieron en el Legassy o en el Falcon es porque se trataba de viajes que tenían cierta cobertura mediática. Pero nada se sabe sobre otros posibles usos. En abril del 2016, por ejemplo, el Falcon hizo un vuelo directo entre Quito y Seattle, en los EEUU sin que nunca se haya informado oficialmente sobre ese viaje.

Existen, además, fotografías  en sitios digitales especializados en imágenes de aviones donde aparece el Falcon en lugares donde ha aterrizado ya sea porque había llegado a su destino o porque se hallaba en tránsito. Es llamativa, por ejemplo, una foto del Falcon en Bruselas, ciudad en Bélgica donde vive la familia de la esposa de Rafael Correa, sin que nunca se hubiere informado oficialmente de las razones por las que la aeronave estaba en en el aeropuerto de esa ciudad. Hay otras imágenes donde aparece, asimismo, en el aeropuerto de Tenerife, España o de Viena, Austria.

 

 

El nada transparente uso del avión hizo que muchos usuarios de redes sociales recurran a aplicaciones digitales para ubicar el lugar donde se hallaba el artefacto. Incluso, el periodista radicado en Miami, Emilio Palacio, utilizó una de estas herramientas para hacer un programa en el que reveló que el Falcon de Correa había se hallaba en un viaje a Dubai sin que el Presidente estuviera en ese lugar.

En algunas ocasiones hubo ministros y funcionarios, como por ejemplo los del Frente Económico, que usaron los aviones para asistir a actos oficiales en otros países sin que se justifique la necesidad de usar aparatos cuyos costos de operación siempre son más altos que comprar pasajes en aviones comerciales.

Lo que ocurre con los aviones presidenciales ecuatorianos es que no existe ninguna normativa que obligue a la Presidencia a transparentar los detalles de cada uno de los viajes que se han hecho en ellos. ¿Qué se ha transportado en los aviones de la Presidencia? ¿Existe algún registro sobre quiénes han sido pasajeros en ellos o qué carga han llevado en cada uno de los viajes?  El tema es especialmente delicado si se toma en cuenta que esos aviones, al ser propiedad del Estado y en especial de la Presidencia, pone en juego al prestigio del país.

La forma en que se usa los aviones presidencial es una evidente prueba de abuso de poder, muy parecido al que se ha ejercido con empresas públicas como, por ejemplo, los medios de comunicación que administra el gobierno. Se trata de un forma de privatizar lo que es público, porque se convierte un bien público en algo que sirve para los intereses privados de los funcionarios que están en el poder.

El viaje de María Fernanda Espinosa a Nicaragua demuestra que esta falta de sensibilidad en el uso de los bienes públicos no ha terminado con la salida del gobierno de Rafael Correa. El Legassy y el Falcon han sido, desde hace muchos años, aviones de bolsillo para el turismo y la promoción política de Alianza País. No del Ecuador.

Foto: María Fernanda Espinosa a su llegada a Managua. La recibe el canciller nicaragüense Denise Moncada y la embajadora del Ecuador Aminta Buenaño.

Ma. Fernanda Espinosa: la fogosa defensora de tiranos

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¿Por qué María Fernanda Espinosa salva, cada vez que se antoja el tema, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?

¿Por qué está en Nicaragua visitando, cual turista política, a Daniel Ortega, el Nuevo Somoza de ese país?

En Quito, en las filas de Lenín Moreno, se dan las más curiosas explicaciones de lo que hace la señora Espinosa, a nombre de todos los ecuatorianos, en la Cancillería. ¿Qué hace ella, canciller de la República, en la celebración del 38 aniversario de una revolución que desembocó en la dictadura de Ortega y de su esposa?

En Quito se dice que hay divergencias en Alianza País, que Espinosa goza de la confianza de Moreno pero no de entero acuerdo sobre la línea que impulsa en la Cancillería… Pero el hecho cierto es que la Canciller –y con ella la política exterior del Ecuador– está alineada con las dictaduras del continente. A condición, por supuesto, de que se digan de izquierda. Lo de Espinosa no parece concurso de circunstancias: ella es jurásica y administra un mamertismo similar al de Guillaume Long y al de su marido, Eduardo Mangas, ex sandinista y ex colaborador de Ortega y hoy Secretario General de la Presidencia en Ecuador. De lo contrario, no defendería al asesino Nicolás Maduro. De lo contrario no habría pronunciado un discurso vergonzoso en Nicaragua (totalmente edulcorado en los boletines de la Cancillería), en el cual miente en forma despiadada sobre la tiranía que vive Nicaragua.

¿Cómo puede decir la señora Espinosa que Ortega es la continuación de lo que hizo el Frente Sandinista desde 1979, hace 38 años, sacando del poder al dictador Somoza, cuando él hoy reemplaza a Somoza con creces?

¿Cómo puede convertir en ejemplo de participación política de las mujeres a Rosario Murillo, la esposa de Ortega, cuando ella es, precisamente, el peor ejemplo de nepotismo al haberse convertido en vicepresidenta de su marido?

¿Cómo puede decir que el dictador de Nicaragua rompió el círculo de la injusticia; cómo puede decir al tirano de Managua que “ha sabido conducir a su pueblo hacia el bienestar y la justicia social”, cuando se sabe que, bajo su gobierno, ese país es el segundo más pobre de esa zona?

¿Cómo puede incluir a Ortega entre los defensores de los principios del progresismo cuando para ganar la tercera presidencia consecutiva (de las cuatro que ha ocupado), y a pesar de ser el dueño de todos los poderes, recurrió a triquiñuelas judiciales para quedar como único candidato en la papeleta?

¿Cómo puede invocar a los nicaragüenses a que el pasado no regrese cuando Ortega ha superado, en todos los campos, al pasado macabro de Somoza? ¿Hasta cuándo esta señora mantendrá, en el discurso de la Cancillería, las falacias que estos regímenes han inventado para ocultar la realidad?

Si la canciller no conoce la desvergüenza con la que roba la dinastía-Ortega, desde que regresó al poder en 2007, podría preguntar a su marido: dueños de tierras, del emporio distribuidor de petróleo, del sector eléctrico, de cuatro canales de TV. (los otros son del dueño de El Comercio de Quito), de radios, de sitios Web… Eduardo Mangas le podría explicar, además, lo que fue La Piñata: el reparto entre los comandantes de la revolución, que ella tanto alaba, de fincas, casas, fortunas, cuentas bancarias, autos… antes de ceder el poder en 1990.

Es inaudito oír a la canciller del Ecuador hacer una oda de un régimen tiránico que solo puede habitar, como lo ha hecho entender Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente de Ortega al inicio de la revolución sandinista, en las páginas más aciagas de las dictaduras latinoamericanas. Es inaudito que ella haya evitado citar en su discurso, en el cual habló de los poetas de Nicaragua, a Ernesto Cardenal. Un ícono de ese país que fue sandinista y que hoy, viejo de 92 años y reducido a una silla de ruedas, sigue siendo perseguido por el compañero Daniel Ortega, como dice la canciller del Ecuador. La supuesta poeta erótica da paso a la política mamerta y cínica que no tiene miramiento alguno por esos seres humanos triturados por las maquinarias dictatoriales que ella tanto defiende.

Cardenal: “Soy un perseguido político de Ortega y su mujer”

El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, quien enfrenta una multa de 800 mil dólares impuesta por la justicia de Nicaragua, se declara un "perseguido político" y califica de "dictadura" el gobierno del comandante Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Geplaatst door Confidencial op woensdag 15 februari 2017

 

Esa es la política exterior del Ecuador, en manos de María Fernanda Espinosa. Y mientras el Presidente dice que se acercará a Estados Unidos, su canciller echa vivas, en los micrófonos que se le ofrecen, a los nuevos dictadores del continente (¡pero son de izquierda!), a la ALBA y a los revolucionarios trasnochados de todo pelambre. Este es el cambio, en el mejor estilo gatopardista, en política exterior.

El Telégrafo: una aberración que no se elimina con Larenas

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Si en algo fue inmensamente exitoso el correísmo es en haber logrado que la sociedad asuma como normal las anomalías más aberrantes que puede sufrir un sistema democrático. Diez años parecen ser suficientes, por ejemplo, para que los ecuatorianos se pongan a discutir sobre cuál debería ser la nueva línea editorial de El Telégrafo como si la existencia de ese diario de propiedad del gobierno no fuera, en sí, una anomalía.

En esta discusión participa un sector que sostiene que nombrar como director de El Telégrafo a alguien como Fernando Larenas que no ha sido parte del Gobierno y que, más bien, ha tenido una posición crítica del correísmo es una traición a la revolución ciudadana y al proyecto político de Alianza País. Por el otro lado están quienes sostienen, pletóricos de esperanza y optimismo, que con el nombramiento del nuevo director finalmente se tendrá un diario público que no responda a los intereses de un partido.

Lo unos y los otros discuten, sin embargo, sobre un absurdo. El Telégrafo es una aberración salida de la mente de Vinicio Alvarado y el debate sobre si el nombramiento del nuevo director es una traición o la reivindicación de lo público es asumir como normal y legítima la existencia de esa aberración.

Veamos. En la lógica de quienes están indignados con el nombramiento de Larenas, Lenín Moreno ha traicionado a su proyecto político.  Se trata de una visión que asume como normal y correcto que El Telégrafo pertenezca al partido de gobierno. Lo más insólito de esta argumentación, sin embargo, no es ya la distorsión brutal del concepto de lo público que existe en parte de la sociedad ecuatoriana, sino que se la asuma como algo tan normal que no hay problema en sostenerla públicamente sin ruborizarse siquiera.  En efecto, Marcela Aguiñaga dijo en declaraciones a Ecaudorinmediato que la prueba del error del nombramiento está en que ésta ha sido saludada por Guillermo Lasso.  Aguiñaga está convencida de que El Telégrafo, como órgano de propaganda de un movimiento político, es parte de la institucionalidad del país. “Si algo, en estos diez años, me parece que el gobierno de Rafael Correa quiso crear en este país fue institucionalidad, y las institucionalidades deben respetarse”, dijo Aguiñaga en Ecuadorinmediato. ¿Un diario que se financia con dineros públicos para servir a un movimiento político puede ser parte de la institucionalidad? Conceptualmente esa posibilidad es un contrasentido, pero en la práctica parece eso se lo está asumiendo como parte de la realidad.

Del otro lado están quienes celebran el nombramiento de Larenas asegurando que, con él, finalmente El Telégrafo será un medio público. En esta corriente está el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que ha felicitado a Lenín Moreno por su decisión. Según el ex candidato, El Telégrafo “finalmente será manejado como un medio público”.  Creer y decir que con la llegada de un periodista independiente a El Telégrafo ese diario va a pasar a ser un medio público no solo que es iluso sino que no aporta, en absolutamente nada, a un verdadero debate sobre la construcción de medios auténticamente públicos. El Telégrafo no tiene ningún paraguas jurídico ni institucional que garantice que este gobierno, o cualquier otro, pueda influir en la política editorial. Y mientras no se articule esa institucionalidad jurídica, El Telégrafo no será, ni por asomo, un medio público.

Para comenzar, el simple hecho de que Larenas sea nombrado por el presidente Moreno hace de ese cargo un cargo político. Por más méritos y buenas intenciones que tenga el nuevo director, que sí los tiene y de sobra, siempre llegará el día en que sus decisiones terminen siendo influenciadas por el poder o terminará renunciando en pocas semanas. Y así no hay independencia posible y el medio terminará inexorablemente siendo portavoz del gobierno.

Los medios realmente públicos, que existen en las democracias maduras, tienen estructuras institucionales que aislan, de la mayor manera posible, al gobierno sobre el manejo editorial de los medios. El ejemplo por antonomasia de esto es la BBC de Londres que es manejada por un board o consejo integrado por personas perfectamente independientes del gobierno. Es famosa la historia de cómo ese medio se resistió a los intentos de Margaret Thatcher a que tome una posición pro británica durante la guerra de Las Malvinas, por ejemplo. De hecho, Thatcher murió convencida de que la BBC había estado del lado del “enemigo” durante la guerra y nunca perdonó a ese medio que no se haya referido a los soldados británicos como “nuestros soldados” sino en tercera persona como los “soldados británicos”. 
En el mundo entero son contadísimos los casos de diarios que son propiedad del Estado o del partido en el gobierno. Éstos se limitan a países donde hay dictaduras como Cuba o democracias precarias como Kenya. De hecho, en ninguna democracia europea hay diarios públicos, aunque sí hay radio y televisión pública por el simple hecho de que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado.

El correísmo lesionó la idea que la sociedad ecuatoriana tiene sobre lo que significa la esfera pública. El Telégrafo no va a ser un diario público aunque se nombre como director a alguien que ha sido independiente del poder. Para que pueda ser público, si es que un diario puede llegar a serlo, tiene que construirse primero una institucionalidad que lo aísle de Moreno o cualquier otra persona que ocupe la Presidencia o cualquier otra función del Estado. No es un tema de buenas intenciones.

Si Alianza País quiere tener un diario propio, como parece que es la aspiración de Marcela Aguiñaga, debería financiarlo con sus fondos partidistas. Pretender que lo paguen los ecuatorianos que no tienen nada que ver con ese movimiento político es pretender que el peculado ya no sea delito.

El gobierno de Lenín Moreno ha dado sin duda un paso interesante con el nombramiento de Larenas y es perfectamente entendible que en las redes sociales se hayan encendido los enhorabuenas. Pero de una y otra forma, quienes han apoyado al gobierno por el nombramiento, están colaborando en la legitimización de la aberrante existencia de El Telégrafo. El problema no está en Larenas, sino en los orígenes mismos del diario.

Lenín Moreno debería pensar en encontrar una fórmula legal e institucional para que El Telégrafo y todos los medios administrados por el gobierno dejen de ser una parcela de poder de Alianza País. Se trata de devolverle a la sociedad algo que le ha sido ilegal e inmoralmente expropiado. Y junto a eso debería también presentar las cuentas de cuánto ha representado al erario nacional su funcionamiento. ¿Cuánto costó el funcionamiento de El Telégrafo desde que fue absorbido por el Gobierno de Rafael Correa? ¿Cuánto cuesta que siga funcionando ese diario?

Devolver a la sociedad lo que le fue arrebatado sin su consentimiento ni información, es la única forma de construir una auténtica esfera pública.  El resto solo sirve para la anécdota.

Si Jorge Glas no es ratero es inepto

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Robos hubo en los sectores estratégicos. En las hidroeléctricas, en la refinería de Esmeraldas y la del Pacífico que Jorge Glas es el único en ver, allí donde todo el mundo ve un terreno baldío.
Jorge Glas fue el responsable de todos los sectores estratégicos. Responsable del control y la supervisión de todo lo que allí ocurriese.

Un señor, Ricardo Rivera, recibió $13 millones de dólares de la empresa Odebrecht, especializada en repartir coimas a funcionarios de Gobierno. Rivera, que está preso en su domicilio, no es funcionario pero es pariente de un alto funcionario del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué funcionario? El único conocido es Jorge Glas.

Pero Jorge Glas tiene un partido, Alianza País, que ayer, en la Asamblea Nacional, reiteró lo que es su prioridad: protegerlo. Esconderlo. Facilitarle todas las coartadas –inventándose minucias formales o prevaricando– para que no tenga que responder por aquello que no hizo (cuidar la plata del erario público) y dejó hacer (que se la robaran).

Salvarlo sin que tenga que explicar cómo pudo su tío, con quien está atado desde siempre, que es como su segundo padre, que él metió a la función pública apenas llegó al poder; cómo pudo ese tío recibir tantos millones de una empresa que solo paga por favores recibidos sin que él –único pariente situado en un alto cargo del Estado– esté, de cerca o de lejos, involucrado.

Alianza País es una empresa política hoy dedicada a tapar. Diez años sin fiscalización, produjeron secretos, realidades impronunciables, carpetas que no conviene abrir. Ese partido parece sellado por el mismo código, no escrito pero real, que rige el comportamiento de la mafia italiana: la omertà. La ley del silencio. Si cae uno, caen todos. Luego, todos se protegen. Los cadáveres en los armarios garantizan el hermetismo leal y férreo de la hermandad.

Alianza País ya no sabe lo que es el bien público. Ni la responsabilidad política. Ni la rendición de cuentas. Ni la fiscalización. Ni el poder con pesos y contrapesos. En ese mundo unívoco y hegemónico, hecho de lealtades y complicidades compartidas, ese partido creó una institucionalidad –redes de poderes concatenados, obedientes y cómplices– para ser impunes.

Todo esto es lo que se activó de nuevo en el caso de Glas. El Vicepresidente ni siquiera tiene que explicar lo que ocurrió en sus áreas donde se ha robado a manos llenas. En su defensa, el aparato ni siquiera usa el sentido común: si Glas no robó, pero dejó robar, no es responsable por acción, pero lo es por omisión. Bueno, y si no es responsable por acción ni omisión –lo que se antoja imposible– pero si así lo quieren ver, tienen que concluir: el vicepresidente es un inepto. Un peligro en la función pública. No deben confiarle ni la administración de una tienda rural. Debe renunciar.

No hay lógica política en Alianza País, preocupado por salvar a Glas como sea. Como si su movida se jugara en el mismo tablero de ajedrez del apogeo correísta. Como si no hubiera una opinión que ve sus coartadas miserables por ocultar la mugre bajo las alfombras. Y como si Moreno, que los amigos de Glas tratan abiertamente de traidor, no fuera beneficiario de un hecho político coyuntural que, con alrededor de 70% de popularidad, recompone la relación de fuerzas políticas a su favor. En ese esquema, sobra Glas. La reacción del aparato de Alianza País, al cerrar la posibilidad del juicio político, es tan ciega que, más que una muestra de fuerza, prueba su insoslayable desesperación.

Glas dio por cerrado este capítulo. Irrisoria conclusión. La opinión no lo olvidará. Y Moreno, aunque quisiera protegerlo, tendrá que seguir la dinámica de una sociedad que ahora ve el juego miserable de un colectivo que, hipnotizado por la ilusión del partido único capaz de controlarlo todo, confunde sociedad con militancia, triquiñuelas con institucionalidad y transparencia con ley del silencio.

Alianza País cree que Ecuador es un país de ciegos.

Foto: Vicepresidencia de la República

Ajuste en el mejor estilo revolucionario: devaluar las gasolinas

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Una de las muletillas que ha usado la Revolución Ciudadana para diferenciarse de la llamada partidocracia y de la larga noche neoliberal es la de no haber adoptado ninguna medida económica de ajuste o ningún paquetezo económico.

Pero resulta que todo ha sido cuestión de formas y eufemismos. Si en la tal larga noche neoliberal cada cierto tiempo se elevaba el precio de la gasolina para cerrar el hueco fiscal, ahora se hace lo mismo pero con sutileza: se baja la calidad de la gasolina y no se reduce su precio. Es como la hamburguesa que sigue costando 5 dólares pero que de 120 gramos de carne pasa a tener 100 gramos.

Es lo que acaba de hacer el gobierno de Lenín Moreno al ratificar una decisión tomada por el gobierno de Rafael Correa en diciembre del 2015: quitar dos octanos a la gasolina Extra y dos a la Súper que se venden en el Ecuador. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero informó, según una nota de diario El Comercio, que se ha tomado la decisión de mantener el actual octanaje de las gasolinas hasta fines del 2018 cuando se suponía que en el 2017 se tenía que volver a tener una Extra de 85 y una Súper de 92. Según esa agencia, el Ministerio de Industrias y Productividad autorizó la venta de gasolina con hasta menos de dos octanos de lo que establece la norma INEN.

La historia del nivel de octanos en la gasolina ecuatoriana se remonta a abril del 2012 cuando el gobierno, de ese entonces, anunció que la gasolina extra de 81 octanos pasaba a tener 87 y la súper de 90 a 92. Esos niveles apenas duraron tres años pues en abril del 2015 la decisión fue restar, a cada una de las gasolinas, dos octanos de lo que se había aumentado. En el 2015 se decidió que la disminución del octanaje debía durar hasta el 2016 pero el 2016 se prorrogó la medida hasta el 2017. Ahora resulta que se hará una nueva prórroga de la medida: hasta por lo menos 2018.

La medida tiene varios significados. Uno de ellos es que, hablando morocho como se dice, el gobierno de Rafael Correa, que tanto se jactó de nunca haber tomado medidas económicas de ajuste, sí lo hizo pero a través de una decisión con la que que se bajaba el costo de la gasolina, dejando su precio en el mismo nivel. Así, el Estado se ahorraba además la nada despreciable cifra de al menos 162 millones al año, que es lo que en el 2012 costó el aumento del octanaje, pues las naftas usadas son importadas. 4Pelagatos no logró identificar el monto exacto ni el volumen actual que representaría la importación de las naftas que se necesitan para devolver a la gasolina el octanaje que tenía desde el 2012 hasta inicios del 2015. Es evidente, en todo caso, que bajo las actuales circuntancias fiscales cualquier ahorro es importante para un gobierno con recursos muy limitados. 

El otro significado de la medida del gobierno de Lenín Moreno es que se confirma que la inversión hecha en las obras de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas no sirvieron, al menos, para que el país tenga gasolinas de mejor calidad como se había dicho. Uno de los argumentos que se usó en el 2015 para bajar el octanaje de las gasolinas fue que se suspendía la venta de la gasolina de 87 y 92 octanos hasta que se concluya la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Sin embargo, ese trabajo concluyó con escándalos de sobreprecio de por medio y se seguirá usando gasolina de bajo octanaje en el Ecuador. Los $2.200 millones de dólares que terminó costando esa repotenciación no sirvieron siquiera para que el consumidor ecuatoriano pueda tener una gasolina más o menos decente.

Otro efecto de la medida tiene que ver con los derechos de los consumidores. Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, dijo a El Comercio que la resolución va en contra de requerimientos que el mismo gobierno había fijado para los carros que se venden en el Ecuador. Por ejemplo, que los vehículos importados deben contar con tecnología Euro III que exige que se use combustible de al menos 95 octanos. Según ese diario, los derivados del petróleo que se consumen en el Ecuador ocupan el último lugar con relación a los combustibles que se venden en países de América del Sur.

El aumento de los precios de los servicios no solo operan bajo el clásico modelo de pagar más por algo, sino de pagar lo mismo por menos. Pero el resultado es peor.

¿Qué hacer con Uber?

en Columnistas/La Info/Las Ideas por

En el año 2004 llegué a Pamplona, para comenzar un posgrado en la Universidad de Navarra. Al poco tiempo, los taxistas de la ciudad iniciaron una huelga. Durante un mes la ciudad estuvo sin taxis. Fue desastroso. Era un invierno muy frío, con mucha nieve, y sin movilidad. Los agremiados protestaban porque la autoridad municipal osaba tocar sus privilegios: pretendía otorgar más permisos y atender así la creciente demanda insatisfecha por la escasez de oferta. Al final, ganaron los huelguistas: el Municipio cedió. Siguió la situación de monopolio para unos cuantos en desmedro de la mayoría.

Con ese episodio comprendí por primera vez los incentivos perversos que generan los monopolios regulatorios. Cuando la oferta está limitada por elevadas barreras de entrada —trámites burocráticos, requerimientos técnicos y costosas tasas— esto supone una situación de ventaja para quienes tienen tiempo y recursos para superarlas. Lógicamente, cuando ingresas en ese círculo de privilegios, tu mayor preocupación será que las cosas no cambien, que los precios no bajen y que entre la menor cantidad posible de competidores. Ello conlleva que estés más pendientes de llevarte bien con la autoridad responsable de mantener el status quo —presta además a lucrar políticamente del apoyo gremial— que de satisfacer a tus clientes: total, a esos pobres diablos no les quedaba más que contratar tus servicios al precio establecido, porque no había opciones. Y eso fue así por mucho tiempo en Pamplona como en Guayaquil, en Londres o en Shanghái. Cuestión de naturaleza humana.

Pero todo ese modelo monopólico se resquebrajó a nivel mundial con la llegada de plataformas online como Uber, Lyft o Cabify. Se brindó una opción más segura, barata y práctica para millones de usuarios, que con solo una tarjeta de crédito y un smartphone se liberaron de las cadenas de los taxis tradicionales. Y ello generó además una oportunidad para millones de choferes que prestan servicios ahí, de convertir su auto en una fuente de ingresos.

Como era de esperar, los miembros del círculo de privilegios pusieron el grito en el cielo ahí donde irrumpió el progreso, y en todas las ciudades ha pasado más o menos lo mismo: protestas exigiendo la excomunión de la amenaza competitiva a la autoridad encargada, en medio del vacío regulatorio de una legislación que súbitamente quedó arcaica, incompleta e inaplicable. Tal es el caso de nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en 2008, que simplemente no contempla esta nueva realidad.

¿Qué debe hacer la autoridad local? En primer lugar, debe comenzar por reconocer la realidad: estas nuevas plataformas generan mucho valor a millones de usuarios y detener su funcionamiento es prácticamente imposible, como se demuestra en cientos de ciudades alrededor del mundo. El atractivo de estos servicios precisamente radica en que no se encuentran sujetos a las regulaciones tradicionales y, por tanto, no adolecen de los vicios que de ellas se derivan. No pueden pretender exigirnos que volvamos a emplear servicios de transporte con unidades en mal estado, con tarifas poco transparentes y, además, inseguras cuando tenemos una opción que nos libra de todos esos males. Eso no va a ocurrir  nunca.

En segundo lugar, la experiencia de otras ciudades y países tiene lecciones muy claras. ¿Qué jurisdicciones han superado con éxito el problema? Aquellas que lo han cortado de raíz: eliminado las barreras de entrada para que se equipare el juego. Es compresible que aquellos taxistas que han pagados altas sumas y son sometidos a costosos estándares regulatorios para poder obtener un permiso se quejen de sus desventaja cuando surge una opción que no tiene que soportar ese coste para competir. Pero la solución de esto no es tratar de imponer esos parámetros regulatorios a todos. Por el contrario, se debe poner en igualdad de condiciones liberalizando el servicio, eliminando esas barreras burocráticas para todos aquellos que quieran participar en el mercado lo puedan hacer con facilidad. Eso es lo que han hecho ciudades como San Francisco o Miami, con buenos resultados, a pesar de la presión en contra de los gremios de taxistas.

Para todo ello no hace falta esperar una reforma de la legislación de tránsito antes citada, porque estos nuevos servicios no encuadran dentro de las categoría tradicionales que ella contempla. Por tanto no deberían estar sujetos a su regulación. Existe en este caso lo que se conoce como “vacío regulatorio”. Y el razonamiento seguido por un juez español ante un caso análogo nos sirve para iluminar la respuesta ante esta situación: “la realidad va muy por delante de la legislación… Pero desde luego, la falta de regulación no puede llevar a su prohibición, pues como debe ser las cuestiones prohibitivas deben ser siempre interpretadas con ánimo restrictivo”.

Desde luego, existe otra opción para el regulador: negar la realidad, desgastar su imagen e insistir en imponer un modelo regulatorio caduco y nocivo, por necedad u oportunismo político. Lastimosamente, en esa deriva salimos perdiendo todos al final.

Aparicio Caicedo es profesor de Derecho y asesor político 

Presidente: ¿todos los que actuaron como delincuentes serán premiados?

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Presidente,

Usted no padeció los diez años de correísmo. En su posición de vicepresidente de Correa, durante seis años y cuatro meses, se construyó un andén paralelo, mantuvo silencio y, luego, desde Ginebra, observó la tarea infame de la Revolución Ciudadana.

La sociedad no es para usted la víctima del modelo autoritario de su partido. Los militantes son para usted ex funcionarios de Correa o funcionarios suyos. Nada más. No son los actores o promotores de ese ambiente tiránico, de esa arrogancia asfixiante, de esa superioridad opresiva, de ese cinismo impúdico e impune que, a lo largo de los años les otorgó, con sobradas razones, el estatus de verdaderos vomitivos.

Usted estuvo allí, en palco de honor. No sabe lo que es haberlos visto regodearse en el poder, usar y despilfarrar el dinero público, perseguir, dar lecciones de ética y moral, robar o socapar a los que roban, humillar… Diez años en los cuales ustedes fueron los dueños de las instituciones, de los medios, de los fiscales, de los jueces, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Asamblea, de las superintendencias… del país. Diez años, largos años, durante los cuales fueron gerentes propietarios de la palabra, de la esfera pública, de la verdad. Años de troles, de insultos, de inquisidores abyectos, de miseria humana con poder.

Para usted, presidente, la sociedad no es víctima de ese modelo: solo es el instrumento para legitimar su poder; sobre todo en sus propias filas. Usted no entiende –quizá por eso– que algunas cosas de su gobierno –que recién empieza– causen repugnancia. No solo riñen con la idea de cambio que usted propuso. Muestran que para usted la verdad y la justicia están sujetas a transacciones. Las que usted necesita para renegociar lealtades entre los suyos. Esto deja sin piso a la sociedad, invitada –otra vez– a observar cómo el Ejecutivo transa. Cómo comercia con aquellos valores que dice querer restablecer en la esfera pública.

¿Hubo desafueros? Usted dice que sí. ¿Quién contribuyó a darles forma legal? Alexis Mera. Él es responsable de todo aquello que pareció legal y que, en realidad, fue arbitrario. Mera es lo más parecido a un delincuente jurídico: violaciones abiertas a la Constitución, atentados a los DD.HH., declaratorias de emergencia, gestiones secretas en Brasil en el caso Oderebecht… ¿Cuántos abusos del Ejecutivo no contaron con su interpretación antojadiza del marco jurídico? Y sin embargo, usted lo premia –veamos si esa rueda de  molino se tragan los republicanos– designándolo como su embajador en Washington. ¿Cuál es, Presidente, el mensaje para la sociedad?

¿Cuál es en el caso de Guillaume Long? ¿Premia usted su mamertismo al nombrarlo embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra? ¿Acaso su defensa lacerante, a nombre de todo el país, de las dictaduras cubana y venezolana? ¿Su trabajo indigno, al lado de su Canciller, en Ginebra para defender los atentados a los DD.HH. en el gobierno de Correa? El caso de Long es, en su gobierno, una alerta. Porque él ni siquiera tiene capital político. Nada obligaba a premiarlo. A menos que él represente la forma de ver, de su Canciller y suya, la realidad internacional. Solo esa posibilidad causa pavor y es imposible no tenerla en cuenta cuando se juntan las posiciones que ha tomado su gobierno sobre el dictador Maduro.

¿También va usted, Presidente, a premiar a Carlos Ochoa con una embajada, como se oye en su entorno? ¿Terminará haciendo creer a la nación que todos aquellos que actuaron como delincuentes en el gobierno de Correa se harán acreedores a embajadas y otras canonjías? ¿Esa es la pedagogía política de su gobierno? Amigos suyos dirán que es exagerado hablar de delitos y delincuentes. Pero ahí están los hechos, Presidente. Patricio Rivera, miembro de su equipo económico, sostiene hoy, por lo que usted anunció, exactamente lo contrario de lo que dijo durante el gobierno anterior. Si hubo falsificación o adulteración de documentos públicos –y eso ocurrió con las cifras de la economía–, él y otros funcionarios que se prestaron para ello, con Correa a la cabeza, cometieron un delito estipulado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Dilma Roussef, ex presidenta de Brasil, fue acusada y destituida, precisamente, por alterar cifras fiscales. ¿Sirve el ejemplo para vislumbrar la pedagogía que, también en este punto, se está creando en su gobierno? El mensaje vuelve a ser claro: aquellos que ayer engañaron al país, hoy pueden seguir siendo altos funcionarios.

Todo esto puede ser conveniente para usted y la renegociación que hace de lealtades en su partido. Pero es terriblemente nocivo –y ultrajante– en la relación que usted establece con la sociedad. No se sabe dónde están las líneas rojas en la definición de valores democráticos y éticos. Ni en qué las basa usted. Parece que es lo mismo respetar las cifras y ofrecerlas al país que adulterarlas y esconderlas. Parece que es lo mismo ser un defensor de la democracia y los DD.HH. que desconocerlos y aplaudir a sus violadores.

No haber vivido los abusos del correísmo, puede nutrir esta ilusión de cambio en el cual es factible que una cosa sea igual a su contrario. Quizá por eso, en vez de agradecer a Fernando Villavicencio por sus investigaciones, piden brazaletes electrónicos para monitorearlo porque debe ser lo mismo denunciar a los corruptos que serlo.
Usted, al margen todo, parece inaugurar una nueva moda: la ambivalencia de valores. Es penoso tras diez años en los cuales su predecesor trató de cambiar hasta el significado de las palabras. Con usted, por ahora, todo parece ser más simple: lo uno es lo otro y todo lo contrario.

Atentamente,

Foto: Presidencia de la República

Moreno, hasta ahora puro blá blá

en Columnistas/La Info/Las Ideas por

Parece ser que, expatriado el energúmeno insultador de los sábados, todo cambió. Parece ser que todo lo que se hizo, mal hizo y deshizo durante el correísmo, se minimizó, se olvidó, solo por que ya no se avientan agresiones, improperios u órdenes de persecución. Sin duda, es mejor que el origen de esa contaminación verbal, intelectual, ética, que representó personalmente Correa, no tenga sino sus tuits. Es verdad que su ausencia y de ese estilo envenenado, despeja el aire, pero…

Moreno ha sido prolífico en gestos. Le ayuda su condición física, su lenguaje trastrabillado y su aparente incompetencia para el insulto (aunque mostró tal habilidad durante la campaña). Solo con gestos y su popularidad se ha elevado y con ello la anuencia de políticos que saben de aprovechar oportunidades. Como muestra sirve la adhesión de los alcaldes. Basta leer lo que los adherentes de Nebot y Rodas dejan saber en redes sociales, o lo que dicen sus asambleístas para reconocer que Moreno los tiene ya a su lado. Le ha servido que Correa apretó tanto el nudo, que un leve aflojamiento parece suficiente. Muchos opinadores, periodistas, así como sucedió en 2007, que cerraron filas en torno a Correa, negándose a ver la realidad, hoy diez años más tarde, aplauden los gestos, como si ya hubieren hechos, realidades, cambios que aplaudir.

Moreno ha convocado al diálogo. Y para la foto se prestan excandidatos presidenciales. Incluso se ha hecho un acuerdo de reparto de puestos. ¿Y de qué hablaron? ¿Del combate a la corrupción y la urgencia de que el gobierno baje las murallas de protección a Glas? No. ¿De cómo resolverá la abrumadora crisis económica que hereda de Correa, que engañó con el cuento del milagro? No. ¿De cómo recuperar la independencia de funciones eliminando tanto correísta devoto en los puestos claves de control? No. ¿De derogar la Ley de Comunicación, eliminar la comisaría de información? No. ¿De desarmar la estructura, legal, reglamentaria, burocrática que ahoga el emprendimiento? No. ¿De la política internacional chavista que lleva a defender los abusos infames de Maduro en Venezuela? No.

El diálogo parece ser una coartada. Una forma de hacer un cambio, para que nada cambie. Así como los cruces sensacionalistas de tuits entre Moreno y Correa y los tuits que desde los laterales avientan las sumisas a Correa, que ya no son sumisas a Moreno porque solo son sumisas con el jefe del clan. Solo alimentan el natural y humano sentido de retaliación de la población que durante diez años padeció o rechazo el abuso.

En el mediano y largo plazo, que Moreno y Correa se aruñen con trinos es irrelevante si no hay decisiones que apunten a atacar estructuralmente las causas del desmadre político y económico del correísmo. Pero Moreno, va dando muestras de que más allá de los gestos, no incursionará en mayores riesgos. Y es obvio porque se ha ratificado militante de la revolución.

Sobre Glas ha dicho que ha desvanecido las acusaciones. ¿Cuáles ha desvanecido, según Moreno? No lo ha dicho, pero si se entiende que le ha conferido ya una declaración de inocencia. Lo que no extraña, pues, mientras tuitea provocaciones contra Correa, Moreno ha permitido una profusa campaña publicitaria en la que se presenta a Glas como el gran hacedor de todo.

Moreno ha dicho que la mesa no estaba servida, como cínicamente afirmó su predecesor. ¿Y los co-responsables de las decisiones mal tomadas, los operadores del fraude en las cifras y los mentirosos de propaganda? Bien gracias. O son parte del gabinete, o serán embajadores. Al tiempo de denunciar que si hemos estado en crisis, lo que resulta increíble lo diga hoy cuándo en campaña se sumó al coro del engaño; Moreno no ha develado los contratos secretos de deuda, no ha anunciado las medidas de ajuste fiscal urgente, no ha propuesto un plan de renegociación de deuda o de investigación sobre ella. No ha ratificado ni explicado como devolverá el dinero de la reserva de libre disposición, entre los que está dinero de depositantes de la banca privada, cuyo uso (abuso) fue conocido por el actual ministro de Finanzas. No ha dicho mayor cosa, salvo lo dicho para satisfacer la revancha de una parte del electorado y así sostener su popularidad.

Moreno y sus gestos, no van mas allá de eso. Mientras en Venezuela un obtuso gorila y su camarilla arremete a bala contra la población, se arma ilegítimos atajos como es convocar una Asamblea Constituyente y persiste en sostener las condiciones de desastre económico, consistente con la alineación de Correa, el gobierno de Moreno, a través de su canciller, que ocupó igual puesto durante el gobierno de Correa, se suman a otros gobiernos chavistas para negar lo evidente y apoyar a Maduro.

Empecé por reconocer los gestos. Por algunas acciones que reducen presión. De allí falta mucho para concluir que se ha producido un cambio que vaya más allá de un conflicto de liderazgo o de una bronca por ocupar el trono. Falta mucho para sumarse a los aplaudidores tempranos.

Diego Ordóñez es abogado y político 

Glas es un hombre atrapado y sin salida

en La Info por

La bancada oficialista en la Asamblea Nacional está como carne sobre la parrilla. Terriblemente incómoda. Visiblemente disgregada. Consciente de que ahí se juega, en estas horas, un capítulo excepcional del postcorreísmo: la protección a Jorge Glas. O la posibilidad de que vaya a un juicio político que lo pone al borde de la destitución.

Glas fue convertido en piedra de toque por Rafael Correa y sus seguidores. Defenderlo a ojo cerrado es para ellos muestra de lealtad al líder y de fidelidad a su mal llamada Revolución Ciudadana. Paradójicamente con Lenín Moreno ocurre exactamente lo contrario: Glas se convirtió en divisor de aguas. Su presencia en el gobierno lo afecta y apartarlo se volvió, políticamente, una necesidad apremiante. Moreno no ha dado pasos decisivos en esa dirección, pero tampoco ha salido en su defensa. Y por su puesto sus operadores en la Asamblea no están sumando votos para evitar el juicio político que le plantea la oposición y cuyo interpelante es Roberto Gómez de CREO.

Hasta ahora Glas ha sido protegido por los asambleístas de la 35. Ya votaron para que no comparezca. La Comisión de Fiscalización le tendió alfombra roja para que, en vez de ser obligado a dar explicaciones, concurriera en calidad de invitado y se hiciera un monumento en una suerte de show-sabatino. Y ahora, cuando hay un pedido de la oposición con 60 firmas para llamarlo a juicio político, el oficialismo juega a ganar tiempo para seguirlo protegiendo: en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), cinco miembros de Alianza País, de los siete que lo componen, interpretaron a favor de Glas la ley y no dieron paso al pedido de juicio político. Otorgaron tres días más a sus interpelantes para supuestamente completar los requisitos exigidos. En realidad, multiplicaron los formalismos para estirar los tiempos; una prueba fehaciente de que Glas ha perdido terreno entre los asambleístas de su propia bancada que no saben qué hacer con la papa caliente que tienen en sus manos. Es obvio que están divididos como lo muestra la posición de Jorge Yunda, entre las presiones de Correa y Glas –que transmiten voces como la de Marcela Aguiñaga– y el nuevo momento político que expresa Moreno, cuya popularidad –alrededor del 70%– es un sensor de altísima sensibilidad para cualquier político.

El caso de Glas no solo mide la lealtad hacia Correa. Se convierte en una antena a tierra para los asambleístas de la 35 impelidos hoy a tener en cuenta los nuevos factores del momento político: una opinión que clama y pide responsables de la corrupción. La defensa impresentable que ha hecho de su caso Jorge Glas. El peso específico que representa tener un tío preso por haber recibido $13 millones en coimas; y haberlas recibido por su relación con “un alto funcionario” del gobierno anterior que no puede ser otro que Glas. El costo político que significa protegerlo y, a través suyo proteger políticamente a aquellos que hicieron negocios non-sanctos en el gobierno de Correa.

El escenario, como se ve, se ha tornado disuasivo para muchos asambleístas de la 35 que, más que disciplina partidista, obedecen, como piensa Luis Fernando Torres, a sus realidades locales. Y esas realidades las tienen que administrar con el gobierno de Moreno; ya no con Correa. Todos saben –también los defensores de Glas– que el tiempo, por más que enreden el juicio político, juega contra ellos. El Vicepresidente es un hombre atrapado y sin salida. Y su caso puede demorarse en reventar, pero lo hará en cualquier momento. Basta con que hable su tío, el Fiscal reciba nuevos documentos o los jueces metan mano en el caso Caminosca. Glas puede subirse a la tarima con Correa o hacer almuerzos populares. Su realidad no cambia: ante sí tiene dos abismos y le será imposible evitarlos: uno político, otro penal.

Por supuesto hay mecanismos, todos controlados por el aparato que montó Rafael Correa, que pueden sacar a Glas provisionalmente del atolladero político: si el CAL da paso a la demanda de juicio, ese expediente irá a la Corte Constitucional y de allí –si la Corte califica la admisibilidad de la demanda– a la Comisión de Fiscalización que, con María José Carrión a la cabeza– ya mostró lo que es capaz de hacer…

Glas, ya se dijo, es el gran divisor de aguas. Los electores están invitados a ver de qué lado se ponen estos días sus asambleístas. Y Moreno podrá de nuevo evaluar cómo va su mano a mano con Rafael Correa. Porque si se cae Glas, la estantería que se derrumba estropeará sin duda al nuevo habitante de Bruselas.

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