Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Tag archive

Alexis Mera

Presidente: ¿todos los que actuaron como delincuentes serán premiados?

en La Info por

Presidente,

Usted no padeció los diez años de correísmo. En su posición de vicepresidente de Correa, durante seis años y cuatro meses, se construyó un andén paralelo, mantuvo silencio y, luego, desde Ginebra, observó la tarea infame de la Revolución Ciudadana.

La sociedad no es para usted la víctima del modelo autoritario de su partido. Los militantes son para usted ex funcionarios de Correa o funcionarios suyos. Nada más. No son los actores o promotores de ese ambiente tiránico, de esa arrogancia asfixiante, de esa superioridad opresiva, de ese cinismo impúdico e impune que, a lo largo de los años les otorgó, con sobradas razones, el estatus de verdaderos vomitivos.

Usted estuvo allí, en palco de honor. No sabe lo que es haberlos visto regodearse en el poder, usar y despilfarrar el dinero público, perseguir, dar lecciones de ética y moral, robar o socapar a los que roban, humillar… Diez años en los cuales ustedes fueron los dueños de las instituciones, de los medios, de los fiscales, de los jueces, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Asamblea, de las superintendencias… del país. Diez años, largos años, durante los cuales fueron gerentes propietarios de la palabra, de la esfera pública, de la verdad. Años de troles, de insultos, de inquisidores abyectos, de miseria humana con poder.

Para usted, presidente, la sociedad no es víctima de ese modelo: solo es el instrumento para legitimar su poder; sobre todo en sus propias filas. Usted no entiende –quizá por eso– que algunas cosas de su gobierno –que recién empieza– causen repugnancia. No solo riñen con la idea de cambio que usted propuso. Muestran que para usted la verdad y la justicia están sujetas a transacciones. Las que usted necesita para renegociar lealtades entre los suyos. Esto deja sin piso a la sociedad, invitada –otra vez– a observar cómo el Ejecutivo transa. Cómo comercia con aquellos valores que dice querer restablecer en la esfera pública.

¿Hubo desafueros? Usted dice que sí. ¿Quién contribuyó a darles forma legal? Alexis Mera. Él es responsable de todo aquello que pareció legal y que, en realidad, fue arbitrario. Mera es lo más parecido a un delincuente jurídico: violaciones abiertas a la Constitución, atentados a los DD.HH., declaratorias de emergencia, gestiones secretas en Brasil en el caso Oderebecht… ¿Cuántos abusos del Ejecutivo no contaron con su interpretación antojadiza del marco jurídico? Y sin embargo, usted lo premia –veamos si esa rueda de  molino se tragan los republicanos– designándolo como su embajador en Washington. ¿Cuál es, Presidente, el mensaje para la sociedad?

¿Cuál es en el caso de Guillaume Long? ¿Premia usted su mamertismo al nombrarlo embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra? ¿Acaso su defensa lacerante, a nombre de todo el país, de las dictaduras cubana y venezolana? ¿Su trabajo indigno, al lado de su Canciller, en Ginebra para defender los atentados a los DD.HH. en el gobierno de Correa? El caso de Long es, en su gobierno, una alerta. Porque él ni siquiera tiene capital político. Nada obligaba a premiarlo. A menos que él represente la forma de ver, de su Canciller y suya, la realidad internacional. Solo esa posibilidad causa pavor y es imposible no tenerla en cuenta cuando se juntan las posiciones que ha tomado su gobierno sobre el dictador Maduro.

¿También va usted, Presidente, a premiar a Carlos Ochoa con una embajada, como se oye en su entorno? ¿Terminará haciendo creer a la nación que todos aquellos que actuaron como delincuentes en el gobierno de Correa se harán acreedores a embajadas y otras canonjías? ¿Esa es la pedagogía política de su gobierno? Amigos suyos dirán que es exagerado hablar de delitos y delincuentes. Pero ahí están los hechos, Presidente. Patricio Rivera, miembro de su equipo económico, sostiene hoy, por lo que usted anunció, exactamente lo contrario de lo que dijo durante el gobierno anterior. Si hubo falsificación o adulteración de documentos públicos –y eso ocurrió con las cifras de la economía–, él y otros funcionarios que se prestaron para ello, con Correa a la cabeza, cometieron un delito estipulado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Dilma Roussef, ex presidenta de Brasil, fue acusada y destituida, precisamente, por alterar cifras fiscales. ¿Sirve el ejemplo para vislumbrar la pedagogía que, también en este punto, se está creando en su gobierno? El mensaje vuelve a ser claro: aquellos que ayer engañaron al país, hoy pueden seguir siendo altos funcionarios.

Todo esto puede ser conveniente para usted y la renegociación que hace de lealtades en su partido. Pero es terriblemente nocivo –y ultrajante– en la relación que usted establece con la sociedad. No se sabe dónde están las líneas rojas en la definición de valores democráticos y éticos. Ni en qué las basa usted. Parece que es lo mismo respetar las cifras y ofrecerlas al país que adulterarlas y esconderlas. Parece que es lo mismo ser un defensor de la democracia y los DD.HH. que desconocerlos y aplaudir a sus violadores.

No haber vivido los abusos del correísmo, puede nutrir esta ilusión de cambio en el cual es factible que una cosa sea igual a su contrario. Quizá por eso, en vez de agradecer a Fernando Villavicencio por sus investigaciones, piden brazaletes electrónicos para monitorearlo porque debe ser lo mismo denunciar a los corruptos que serlo.
Usted, al margen todo, parece inaugurar una nueva moda: la ambivalencia de valores. Es penoso tras diez años en los cuales su predecesor trató de cambiar hasta el significado de las palabras. Con usted, por ahora, todo parece ser más simple: lo uno es lo otro y todo lo contrario.

Atentamente,

Foto: Presidencia de la República

Mera contrató abogados en Brasil y se quedó calladito

en La Info por

El viaje de Alexis Mera al Brasil trajo dudas por la escasísima información que dio el gobierno. Su declaración al regreso, afirmando que no había recibido ninguna revelación sobre los ecuatorianos involucrados en el tema de Odebrecht, produjo aún más interrogantes. Pero la reciente noticia de que contrató un estudio jurídico de Sao Paolo convierte al tema en un saco de incertidumbres. Y  las incertidumbres, en casos como éstos, ocasionan las peores sospechas.

Mera, según la periodista Monica Bergano de Band News y del diario Folha de Sao Paulo, fue hasta el Ministerio Público Federal de ese país acompañado de abogados de la firma TozziniFreire: fue a pedir que se le entreguen los nombres de los ecuatorianos que estarían en la lista de personas que recibieron coimas a cambio de facilitar contratos a la empresa. Es decir, que para que los ecuatorianos se enteren de las gestiones que hacen altos funcionarios, como Mera, en el exterior tienen que esperar a las publicaciones que se hacen en otros países.

La noticia produce inevitablemente un interrogante: ¿qué razones tiene Mera para no informar al país sobre la contratación de uno de los estudios jurídicos más conocidos de Sao Paulo y que, además, ha tenido clientes relacionados con el caso Lava Jato, que es parte del escándalo de Odebrecht?

Mera viajó a Brasil la semana anterior por encargo del presidente Correa y a su regreso, el 27 de enero, señaló que en Brasil hay 77 funcionarios que han solicitado acogerse a la figura de cooperación eficaz (delación) y que, a cambio de una posible reducción de la pena, están contando casos y dando los nombres de los involucrados. Una información de perogrullo. Afirmó, además, que no se le facilitaron los nombres; lo cual era obvio que ocurriera.

En cambio, la noticia sobre la contratación del estudio jurídico es un dato más que aumenta la opacidad con que el gobierno y su administración de Justicia han actuado en el caso Odebrecht. Mientras que en casi todos los países donde Odebrecht confesó haber entregado coimas ya hay detenidos y procesados, aquí no existe absolutamente nada. Además, resulta sorprendente que el Ecuador no haya acordado con la empresa, como en el caso de República Dominicana o Panamá, el pago de cierto monto de dinero para resarcir los daños que la corrupción de la empresa hubiere causado al país.

Desde que se supo de la decisión de Odebrecht de confesar todos sus crímenes en Brasil y en otros países, ni el gobierno ni la Fiscalía han dicho nada sobre si se ha pensado presentar una demanda o querella en contra de la empresa constructora. ¿Por qué? Ese hecho tiene una explicación: mientras en Colombia, Panamá, Perú y otros países, ha habido cambio de gobierno, aquí el gobierno incriminado en la delación voluntaria de Odebrecht (habló del período 2007-2016) es el mismo que supuestamente dice querer esclarecer los sobornos entregados por esa empresa. De ahí las dudas. Por eso cuando se presentan noticias como esta que dio la periodista Bergano, es inevitable que surja, entre tantas interrogantes, por ejemplo esta: ¿Mera y ese estudio pueden estar negociando con Odebrecht la no presentación de una querella a cambio, por ejemplo, de silencio?

Un par de abogados consultados por 4Pelagatos no descartaron que la decisión de contratar una oficina de abogados en el Brasil puede responder también a la necesidad de “radicar casillero judicial”; es decir, tener la posibilidad recibir la información del juicio antes que la prensa. La periodista Monica Bergano también informó que Odebrecht ya envió una carta a las autoridades ecuatorianas en la cual dice que va a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Ninguna institución oficial ha informado nada sobre esa supuesta carta.

Si Mera contrató un estudio jurídico en el Brasil, como dice la versión de la periodista Bergano, lo normal hubiera sido que lo informe al país, pues es de suponer que esa contratación se hace con dineros públicos. Es imposible que esto no sume a la opacidad con que maneja el gobierno este tema.

Foto El Telégrafo

Acuerdo obliga a Odebrecht a descifrar sus archivos secretos

en La Info por

Motivos para arruinarle el sueño a quienes recibieron coimas de Odebrecht o estuvieron involucrados en el tema siguen reventando aquí y allá.  Ahora resulta que, de acuerdo a publicaciones en el Brasil, se sabe que existe un compromiso de esa empresa constructora con la justicia del Brasil para entregar todas las claves y contraseñas para acceder a un sistema de comunicación ultra secreto que está en un servidor en Suiza y que tiene absolutamente todo los datos sobre el escándalo.

Es decir, tarde o temprano la justicia del Brasil tendrá acceso a algo así como una sofisticadísima caja fuerte digital donde reposan hasta los últimos detalles del operativo de corrupción de Odebrecht en el Brasil y en los países donde entregó coimas a cambio de contratos. Como el Ecuador, por ejemplo.

Estadao

La información la reveló el diario Estadao de Brasil y la reproduce la revista Veja. Según la nota el voluminoso acuerdo de colaboración entre la justicia brasileña y la empresa constructora incluye una cláusula según la cual Odebrecht se compromete a entregar todas las seguridades para acceder al servidor donde están las órdenes de pago a los políticos, las cuentas secretas en las empresas offshore, los pedidos de coimas de funcionarios públicos, las planillas de balance del flujo financiero y otras pruebas cometidas en Brasil y fuera. Se trata, en resumen, de una inmensa caja de pandora en la que se podría decidir el futuro de decenas o cientos de políticos y funcionarios brasileños y de todo el continente. Entre esos, obviamente, el Ecuador.

Aquí se puede leer todo el acuerdo entre Odebrecht y la justicia del Brasil (en portugués)

Odebrecht se ha comprometido, dice el acuerdo que cita Estadao, a entregar todos los accesos a este servidor donde está el registro de un sistema de comunicación llamado Drousys, que es una especie de intranet que utilizaban los funcionarios de la empresa que estaban encargados del “departamento de coimas” de Odebrecht. Estos archivos, dice Estadao, hacen parte de las pruebas que Odebrecht promete entregar para homologar con la declaración que harán en unas semanas 77 ejecutivos de la empresa. Este sistema de comunicación interno y encriptado, sin acceso a terceros, era una garantía de comunicación segura y secreta para la empresa, dice Estadao.

El acuerdo dice, además, que la empresa debe entregar a las autoridades los registros detallados de todos los ilícitos con los nombres de las personas involucradas, inclusive de los operadores políticos, directores y funcionarios de otras empresas involucradas.

El FBI de los EEUU sostiene que sin la ayuda de Odebrecht,  decodificar y acceder a este servidor ubicado en Suiza tomaría 103 años. La entrega de las claves es una de las 22 cosas a las que Odebrecht se ha comprometido en el documento de 26 páginas.

Mientras más elementos hacen pensar que tarde o temprano se sabrá con exactitud todos los nombres de las personas que se beneficiaron de la corrupción de Odebrecht, los esfuerzos que hacen o dicen hacer los funcionarios ecuatorianos para tener los datos parecen no tener mayor éxito.  El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue a Brasil para conseguir más datos y regresó un par de días más tarde admitiendo que no obtuvo nada. ¿Buscan donde no es o más que buscar tratan de tapar? Mientras tanto el tiempo corre…

 

La Justicia Correa-Jalkh es un fiasco

en La Info por

Nadie conoce mejor el sistema de justicia que quienes tratan con él todos los días: los abogados. Y en el Ecuador, lo que ellos han visto no les gusta nada. Una encuesta realizada por la facultad de Matemáticas y Física de la Universidad Central para el Colegio de Abogados de Pichincha arroja resultados desalentadores. Revela que la mayoría de profesionales del Derecho, al menos en Quito, desconfía del sistema y de los jueces; deplora el bajo nivel jurídico de sus decisiones; duda abiertamente de su independencia. Mientras el gobierno proclama que su reforma judicial es un “referente para el mundo”, los abogados y la realidad dicen que es nefasta.

El 69 por ciento de los encuestados por la facultad de Matemáticas piensa que el estado de la administración de justicia en el país se sitúa entre malo (40 por ciento) o pésimo (29 por ciento). Mientras tanto, Rafael Correa luce la medalla que le dieron nomás hace un mes y que lleva el ostentoso nombre de Gran Cruz de la Orden de la Justicia. El secretario general de la Confederación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, Arkel Benítez, impuso la condecoración y dijo que gracias a las políticas del presidente se podía hablar en el Ecuador de una “Justicia con mayúsculas”. Claro que un discurso como el suyo, en una ocasión como ésa, que el presidente encontró “histórica”, no tiene porqué guardar relación alguna con la realidad.

encuesta abogados 2 ed 1
¿Cómo definiría usted el estado actual de la administración de la justicia?

Los abogados de Pichincha saben de casos que Arkel Benítez ignora pues él no se ocupa de detalles. Han leído la carta dirigida por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Provincial de Justicia de Manabí en febrero de 2014, con amenaza de sanción a los jueces constitucionales que insistieran en tramitar las demandas contra el Estado interpuestas por un grupo de docentes que reclamaba sus liquidaciones. Se enteraron también los abogados de las presiones ejercidas sobre el juez Wilfrido Erazo para evitar que falle a favor de los representantes de los casinos en otra demanda contra el Estado. Circularon la carta de renuncia de Miguel Antonio Arias, juez de Garantías Penales de Cuenca, que incluía esta acusación: “el poder político de turno ha impuesto su propia agenda en la administración de justicia, función que dirige y controla a través del Consejo de la Judicatura”. Y entendieron perfectamente el mensaje que el presidente Correa lanzó a los jueces de la Corte Nacional en la misma ceremonia de su investidura (enero de 2012, Teatro Sucre de Quito), cuando les contó cómo era el fallo que esperaba en el juicio que él, a título personal, seguía a diario El Universo.

Por no hablar de todas las demás cosas que los abogados en libre ejercicio ven a diario. Cosas que hacen saltar las alarmas en Ginebra cuando llega el turno del examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la abrumadora cantidad de jueces destituidos de sus cargos: 110 en un año. Gustavo Jalkh se enorgullece de ello. En cualquier país del mundo con instituciones que se respeten, esa cifra es un escándalo.

No es extraño que, ante la pregunta “¿Considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente del gobierno?”, una abrumadora mayoría responda que poco (25,5 por ciento) o nada (45,9 por ciento). Su percepción confirma también los argumentos del denominado Informe Pásara sobre independencia judicial en el Ecuador, con el aval de la Fundación para el Debido Proceso. Luis Pásara, su autor, analizó doce casos relacionados con los procesos por el 30-S, la protesta social, el ejercicio periodístico y la disidencia política y concluyó que en todos ellos hubo interferencias del gobierno. La realidad es tan evidente y está tan bien documentada que sólo la propaganda correísta puede repetir la cantaleta de la justicia independiente. También en este asunto Rafael Correa miente en forma deliberada. Y Gustavo Jalkh le hace el coro.

encuesta abogados 1 ed
¿Considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente del gobierno?

El resultado es un sistema de justicia en el que no se puede confiar. Y el 70 por ciento de los abogados de Pichincha lo hace poco o nada.

encuesta abogados 2 ed 2
¿Considera usted que los ciudadanos podemos confiar en el sistema de justicia que tenemos en el Ecuador?

Finalmente está el tema de la calidad de los jueces, es decir, el nivel jurídico de sus decisiones. Porque el pilar fundamental de la reforma judicial “referente para el mundo” es el proceso de selección de los jueces. Se supone que sean los más calificados. Pero los abogados no lo creen así. El 70 por ciento de ellos califica el nivel jurídico de las decisiones judiciales como poco o nada confiable.

encuesta abogados 3 ed.
¿Cómo considera usted el nivel jurídico de las decisiones judiciales en el Ecuador?

El presidente Rafael Correa seguirá proclamando que el sistema de justicia que creó a la medida de sus intereses políticos es un “referente para el mundo”. Seguirá sacando pecho por la medalla recibida de quienes no se dieron el trabajo de analizar la realidad antes de condecorarlo. La verdad es que la justicia en el país, la que se practica y se sufre en los tribunales, es un quebradero de cabeza para quienes la viven a diario. No es de calidad, no es independiente, no es confiable, no ofrece garantías. En suma, no es justicia.

Foto: diario La Hora

Corrupción: Correa usa la estrategia del infiel

en La Info por

Ante las denuncias de corrupción, el gobierno de Rafael Correa ha vuelto a poner en marcha la estrategia utilizada en esta década:

  1. Negar el caso: es la actitud del infiel descubierto. Niega una y otra vez. Y lo hace por la misma razón que teme el infiel: evitar las consecuencias. Negar la corrupción, es la forma de rehuir el único resultado ineludible de la discrecionalidad e impunidad que se forjó este gobierno. En vez de corrupción, el estado de propaganda ha hecho creer que un sistema sin control y contrapesos produce seres impolutos. La naturaleza profunda del correísmo lo lleva siempre a negar que sus jerarcas y funcionarios estén involucrados en casos de corrupción. Ahora reitera esa actitud ante la revelación de que Odebrecht pagó, entre 2007 y 2016, 33,5 millones de dólares a funcionarios suyos para obtener contratos de obras públicas.
  2. Desprestigiar al denunciante: los sobornos de Odebrecht fueron revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rafael Correa y Alexis Mera su secretario jurídico, salieron a sembrar dudas sobre el crédito que se le debe otorgar al denunciante. ¿Cómo lo hicieron? Afirmando que Odebrecht se declaró culpable de actos de corrupción y que para atenuar el castigo negoció con la justicia estadounidense. Sobreentendido: Odebrecht puede decir cualquier cosa. El mismo mecanismo ha sido utilizado con periodistas o políticos en casos anteriores presentados ante la opinión pública como odiadores, desinformados, gente de mala fe o agentes de intereses oscuros. Las únicas denuncias que valen son obviamente las que el propio régimen hace. A ese extremo ha llegado.
  3. Intensificar el estado de propaganda: el correísmo también usa toda su maquinaria política y mediática para desligarse del caso. Su objetivo es desligarse como sea del escándalo. La intervención de Alexis Mera es sintomática: el más cínico personaje de este gobierno, el socialcristiano más conspicuo que puede decirse socialista, utiliza el arsenal jurídico (siempre enmarañado para el ciudadano de a pie) para dar al discurso un aire sobrio, técnico, formal, riguroso y distante. Así, además de la opacidad administrativa y la ausencia de controles, el gobierno usa su tercera ventaja: su enorme aparato mediático que, sumado a la ley de comunicación (que lleva a los medios tradicionales a sobrevolar los casos), abona el terreno para que su estrategia de comunicación cale.
  4. Mezclar las pistas, enturbiar las aguas: el caso Odebrecht es una pieza de exhibición en esta materia. Mera, como gran sacerdote, suma premisas que, puestas una al lado de las otras no hacen sentido, pero cumplen su cometido: generan impresiones. De perplejidad: “Decir que en el año 2008 se corrompió a un funcionario público para beneficiar a Odebrecht (…) es absolutamente incomprensible (…)”. De transparencia: “No vamos a sacar el cuerpo a esta investigación”. De honradez: “No vamos a desmentir lo que no nos corresponde desmentir porque tenemos la conciencia tranquila”. De responsabilidad: “No podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción”. De dignidad: el gobierno rechaza la versión sin pruebas ni beneficio de inventario de Odebrecht. Dicho de otra manera: es incomprensible que nos acusen, pero vamos a investigar aunque desmentimos todo, pero no descartamos que el caso sea real y lo rechazamos porque no hay pruebas… Tal cual. La astucia de Mera y el gobierno es confundir las pistas. En el mismo plano entra este argumento: es insensato que seamos responsables porque nosotros expulsamos a Odebrecht en esos años… ¿Y acaso no volvió esa empresa que, ahora se sabe, estaba acostumbrada a obtener a mantener los contratos con coimas?
  5. Endosar la culpa al vecino: El correísmo tiene un sentido nato de sobrevivencia. Defiende a los suyos hasta el punto de que el caso denunciado no pueda ser vinculado a un sistema generalizado. Y cuando esos individuos no son defendibles (Pedro Delgado o Pareja Yannuzzelli), los abandona (aparentemente) a su suerte. Los trata como chivos expiatorios. Los presenta como casos aislados, gente que se pervirtió y que traicionó la confianza de los seres impolutos, de manos limpias y corazones ardientes. En el caso de los sobornos de Odebrecht, el gobierno ensayó otra estrategia: poner nuevos actores a circular. Gustavo Noboa (en cuya administración se contrató la Central Hidroeléctrica San Francisco) o Quito… Cualquiera sabe si hay que mirar hacia Augusto Barrera (quien desligó toda responsabilidad) o hacia Mauricio Rodas. Decir que Quito es el contratante mayor que tiene la Odebrecht en Ecuador… es, a la luz de la denuncia, una forma de patear el balón a cancha ajena.
  6. Retar a mostrar las pruebas: el desafío no es nuevo pero en este caso logra un nivel de hilaridad impresionante. El gobierno, como se vio en las redes sociales, pide literalmente que corruptores y corruptos muestran el contrato notarizado de su delito. La argucia no está dirigida a los jueces del caso sino a los electores: el gobierno busca anclar la idea de que Odebrecht, que está frente a multas por $3.500 millones de dólares, se inventó una acusación específica para Ecuador por $33.5 millones… con el único fin de hacer daño al correísmo. Increíble pero cierto.
  7. Ponerse en manos de la justicia: el gobierno, es obvio, no puede lavarse del todo las manos: desacredita al denunciante pero afirma –en el caso Odebrecht, en el de Duzac, en el de Pedro Delgado, en el de la Refinería… en todos los casos denunciados– que ha pedido una exhaustiva investigación a la Fiscalía. Ese organismo intervienen siempre después, siempre tarde. Por supuesto, el gobierno también se pone en manos de la Contraloría que, ¡oh sorpresa!, auditó los contratos y no encontró nada, según dijo el Presidente.
    Ante tanta acuciosidad e independencia de esos entes, Alexis Mera entra en escena y se muestra desafiante: si se descubren personas involucradas, que sean detenga de forma inmediata –dijo–. “No vamos a proteger ni encubrir a nadie (…) Vamos a pedir y respaldar toda la investigación, caiga quien caiga”. Con todas las coartadas creadas, él y Correa saben que su sistema ha estado blindado durante diez años. Casi blindado. Por eso están exigiendo que se muestren los contratos de coimas… Entretanto, Jorge Glas vuelve a pasar de agache a pesar de ser -solo políticamente por ahora- el responsable de esta ola de corrupción que se da en los sectores que estaban y están bajo su responsabilidad. Glas sigue, increíblemente, atornillado a su cargo. Y a la candidatura con Lenín Moreno. Se entiende: Correa niega y niega… cual infiel pescado en cama ajena.

La ruta de la impunidad ya está trazada

en Columnistas/La Info/Las Ideas por

Sin duda, no soy el único que siente que esto de la Refinería de Esmeraldas es apenas la punta de un iceberg de sapos y culebras, muchos de cuyos detalles tal vez no conozcamos nunca. Y cuando hablo del iceberg no me refiero solo a este caso, sino a todos los negocios, grandes y pequeños, hechos a la sombra del mayor flujo de recursos económicos recibidos por el Estado en estos casi doscientos años de historia republicana.

Porque, si hemos de creer a Rafael Correa, Pareja Yannuzzelli era un hombre “totalmente honesto”, que acabó sucumbiendo “ante la tentación”. Cuando alguien que ha pasado su vida en el mundo petrolero se corrompe en el gobierno de la revolución ciudadana, parece claro de qué lado vinieron las malas influencias.

Si recordamos el refrán sobre el fuego y el rabo de paja, nos podremos explicar varias decisiones gubernamentales que, sin duda, son pensadas para alejar la candela de las posaderas de varias personas.

Rafael Oyarte escribió hace poco en este blog sobre la estrategia de asegurar el poder aunque se pierdan las elecciones: el presidente y su entorno inmediato podrán irse, pero ahí quedará un buen número de allegados, que actuarán como guardaespaldas desde instituciones clave, entre ellas la Contraloría General del Estado.

Pero ésta es solo una parte del operativo; hay también un cerrojo legal que se construyó calladamente, en enero de 2014, sin que hasta ahora llame la atención de nadie: el último párrafo del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal.

Para entender bien de qué se trata, recordemos que el peculado y el enriquecimiento ilícito son los delitos más graves alrededor de los cuales gira la corrupción en el sector público. El primero tiene que ver con el uso de recursos públicos en beneficio propio; el otro, con las ganancias ilegales que se pueden obtener haciendo o dejando de hacer cosas desde un cargo público.

La Constitución considera que estos delitos son particularmente graves y, por eso, les da un tratamiento especial. En la generalidad de los casos, la posibilidad de condenar a alguien por un delito prescribe, esto es: pasado el tiempo que fija la ley ya no es posible enjuiciamiento alguno. Pero cuando se trata de peculado o enriquecimiento ilícito no hay prescripción y los responsables pueden ser perseguido de por vida.

Para quienes quieran guardarse las espaldas éste no deja de ser un problema, pero les tenemos la buena noticia de que las mentes jurídicas del gobierno han encontrado una solución.

Lo que dice el último párrafo del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal es que no podrá empezar ningún juicio por peculado o enriquecimiento ilícito, si el Contralor General del Estado no ha establecido previamente, informe escrito de por medio, que esos delitos pueden haberse cometido.

¿Por qué esto es importante? Porque el Contralor General solo puede presentar su informe, por mandato de la Ley, dentro de los siete años siguiente a producido el hecho. En otras palabras, si cometido un peculado el Contralor no habla durante los siete años siguientes, o por esas cosas de la vida demora el trámite, ningún juez puede hacer absolutamente nada.

¿De dónde salió esta perversa pieza de ingeniería legal? Piensen mal y acertarán.

Efectivamente, el último párrafo del artículo 581 no estaba en la versión del Código que aprobó la Asamblea, sino que fue introducido en la objeción parcial que le hizo el presidente de la República el 16 de enero de 2014. Esto es, hay un 99% de probabilidades de que haya salido del escritorio de Alexis Mera, el mismo que se dice será el nuevo Contralor General, lo que de ser cierto le convertirá en el único capaz de decidir el enjuiciamiento de sus compañeros de gobierno que, en palabras presidenciales, haya sucumbido ante la tentación.

Presentada la objeción, 97 manos se levantaron obedientemente en la Asamblea y el texto fue aprobado. Viendo la lista de los votantes uno se pregunta cuántos sabían exactamente lo que hacían, quiénes se alegraron de la buena idea y quiénes simplemente obedecieron.

Pero con el texto aprobado, solo queda hacer números. Elegido a inicios de 2017, el nuevo Contralor se mantendrá en funciones hasta los primeros meses de 2022; quien le suceda tendrá unos pocos meses para ver si puede hacer algo sobre lo que pueda haber ocurrido en 2015, y un poco más para lo que aparezca en 2016.

Resumen en una palabra: bingo.

Refinería Esmeraldas: al parecer hay más de 40 ladrones

en La Info por

El gobierno dice que la repotenciación de la Refinería Esmeraldas costó 1.200 millones de dólares. La cifra es bastante subida para un proyecto cuya cotización inicial fue de 180 millones. Sin embargo se queda corta. Si se cuentan todos los contratos (Fernando Villavicencio ha logrado desenterrar 180 hasta el momento) el total de lo gastado asciende a 2.200 millones. ¿Cómo se pasa de 180 millones (aunque ahora el presidente dice que ese valor inicial era para un simple mantenimiento) a 2.200? Como se explicó en la primera parte de este informe, el sistema bautizado como “giro específico del negocio” permitió a los administradores del proyecto contratar y subcontratar sin límite, derivar un contrato de otro hasta el infinito. Como las empresas contratadas no siempre estaban calificadas para cumplir la tarea que se les encomendaba, no tenían más remedio que seguir subcontratando. Cuando el gobierno dice 1.200 millones habla de los grandes contratos originales (aquellos que se firmaron con la surcoreana SK, con KBC, con  la fiscalizador Worley Parsons) pero no incluye en su cuenta los otros, los que a partir de ahí fueron apareciendo.

2.200 millones. Construir una refinería nueva y más eficiente habría costado poco más o menos. ¿Quién es el responsable de este derroche? ¿Quiénes se beneficiaron de este desangre de la cuentas del Estado? La lista de los involucrados (ya sea porque negociaron contratos tan jugosos como improductivos, ya sea porque los autorizaron, ya sea porque no los fiscalizaron, porque los justificaron legalmento o porque tienen responsabilidad política en el caso), es bastante larga y va desde los empresarios vinculados al círculo de poder hasta la vicepresidencia de la República. Fernando Villavicencio no se cansa de repetir los nombres a quien quiera escucharlo. Pretender que la corrupción se agota en las figuras de Carlos Pareja Yanuzzelli y de Álex Bravo, como asegura el secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, es, simplemente, encubrir lo que no puede ser sino una corrupción sistémica.

fernando villavicencio 2
Fernando Villavicencio es el autor de la investigación más exhaustiva sobre la corrupción en refinería Esmeraldas. Aquí, durante la entrevista que concedió a 4pelagatos.

El siguiente es un recuento sumario de las personas que, de acuerdo con los documentos que aporta Villavicencio, tuvieron vela en este entierro. No significa que sean culpables, pero cualquier intento serio por establecer la verdad en este caso debe pasar por investigarlos. Para empezar por el nivel más bajo, los empresarios.

Ahí están los primos Jaime y Juan Baquerizo. Jaime es el propietario de la empresa Oil Services and Solutions (OSS) que fue contratada, con autorización de Worley Parsons, para construir una planta de sosa gastada, tarea que enfrentó sin ninguna calificación técnica. Monto del contrato: 13,8 millones, para empezar. Luego vinieron al menos 15 contratos más por un total que supera los 30 millones. ¿Desde cuándo Jaime Baquerizo es dueño de OSS? Según la documentación de Villavicencio, desde apenas dos semanas antes de firmar el contrato. Con una experiencia de 15 días en esto de construir plantas de sosa gastada, es obvio que Baquerizo tenía que encomendarle el trabajo a otro. Ahí entra Armengol Cevallos, un viejo trabajador de la refinería Esmeraldas, con una serie de empresas tercerizadoras. ¿Y qué hacen? Importan los equipos, que son de la más alta tecnología. Ocurre que este tipo de plantas, que no se fabrican en el país, vienen hechas, se entregan en módulos y nomás hay que montarlas. Pues bien: en lugar de contratar con una empresa extranjera, directamente, la instalación de la planta, se decidió comprar los equipos y armarla en casa, lo cual salió costando casi el doble de lo que debería.

Ahí está Jorge Vivar, contratado por 27 millones para la construcción e instalación de las plantas Merox y Amina, cuyo cometido es reducir el nivel de azufre en los combustibles refinados. Se dirá que Jorge Vivar sí tenía experiencia en refinación pues llevaba años trabajando para la refinería Esmeraldas. Sí, pero como proveedor de personal. El resultado: refinería Esmeraldas produce hoy combustibles con mayor contenido de azufre que antes de la repotenciación (pero de esto ya se habló en la primera entrega de este informe).

Los nombres de las empresas que aparecen en los documentos de Villavicencio siguen y siguen y no paran de sumar.

Ramiro Luque cobró 38,1 millones para eliminar desechos tóxicos de la antiguas piscinas de la refinería. Tesca se adjudicó contratos por 163 millones, incluido uno para la construcción de tres tanques de almacenamiento cuyo valor se ha incrementado hasta el momento en 116 por ciento de lo presupuestado inicialmente, sin embargo de lo cual los tanques (y de esto van 4 años) no han sido construidos. No limit, relacionada con Álex Bravo, 130 millones; MMR Group facturó 110,4 millones para rehabilitar el sistema eléctrico de la refinería (cosa que no hizo cabalmente) y 67,5 millones para el sistema contra incendios; esta empresa fue contratada a pesar de que el colombiano Arturo Pinzón Domador, su representante regional, es tan angelito que está inhabilitado para hacer negocios con el Estado ¡en Venezuela! KBC fue seleccionada para implantar el “plan de mejores prácticas para el personal” que probablemente sea el más caro del mundo: 48,6 millones; entre ese y otros trabajitos, la empresa lleva facturando ya 149,3 millones. Hernández-Mancheno firmó por 52,5 millones para realizar los trabajos en el sistema eléctrico (sí, también) y no cumplió los términos del contrato. Geinco firmó por 4,9 millones de dólares para construir un laboratorio de control de calidad por el que terminó cobrando 48,7 millones. La lista sigue y sigue: Ditimaq, Veolia/Galileo, Sesmo, Sulzer, ICSSE… Contratos dentro contratos, montos que el gobierno no considera en su pálida cifra de 1.200 millones de dólares y que Fernando Villavicencio escruta con lupa.

Aquí es donde entra el grupo Azul, uno de los que más se ha beneficiado de esta feria de millones. El grupo Azul es de propiedad de los esposos William Philips y Mónica Hernández, la asesora presidencial que predica la abstención sexual entre los jóvenes. Philips pasó de pagar un impuesto a la renta de 5 mil dólares en 2005 a casi un millón en 2015. Según Fernando Villavicencio, Azul tiene con la fiscalizadora australiana Worley Parsons un acuerdo que le permite usar su imagen y firmar grandes contratos con Petroecuador. A los 135,1 millones que lleva facturados en refinería Esmeraldas hay que sumar los 205 millones que ganó en la refinería del Pacífico, también por trabajos de fiscalización y una cantidad no determinada en los proyectos Monteverde y Bajo Alto. El caso es que el grupo Azul no sólo fiscaliza el proyecto de repotenciación de la refinería sino que es el gran subcontratista de esta orgía de subcontrataciones.

Como fiscalizadora, el tándem Azul/Worley Parsons parece muy propenso a mirar para otro lado. Varios informes de Contraloría los acusan de graves omisiones en esta tarea. Fue esa dupla la que recomendó adjudicar el contrato de repotenciación de la refinería a la surcoreana SK a pesar de que, según la misma Contraloría, su oferta no cumplía algunos requisitos.

¿Quién es el responsable directo de todos estos contratos por parte del Estado? La mayoría los firmó Carlos Pareja Yanuzzelli, primero como gerente de refinación de Petroecuador y luego como gerente de la estatal petrolera. Según los cálculos de Villavicencio él firmó contratos por 1.300 millones de dólares. Él puso a Álex Bravo, hoy preso, al frente de la repotenciación de refinería Esmeraldas y en ese momento empezaron a multiplicarse en Panamá las empresas de papel como conejos. En esa época (año 2013) se constituyó Capaya. Pero esa es la parte conocida de la historia. Más aún: es la única parte de la historia que Alexis Mera quiere que conozcamos. Hay muchas otras cosas más que no se dicen.

No se dice, por ejemplo, que quien autorizó a su gerente de refinación Carlos Pareja a firmar contratos por montos superiores a los 100 millones sin ningún proceso licitatorio ni previa calificación de empresas fue el antiguo gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña. Él y el directorio de Petroecuador: ahí estaban Wilson Pástor, Jorge Glas, René Ramírez y Andrés Donoso.

¿Cuál es el proceso? Fernando Villavicencio lo entiende al dedillo. Primero, Álex Bravo generaba un proyecto que precisaba de un contrato. Los términos de referencia de ese proyecto los validaba Worley Parsons/Azul. Luego se constituía una comisión integrada por los amigos de Pareja y Bravo: Christian Cevallos, Hugo Holguín, Augusto Baca, Édgar Ibarra… En sus manos quedaba la calificación de las empresas, es decir, decidían cuáles empresas entraban a concursar en petición de ofertas y cuáles no. Y claro, estaban también las autoridades del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop). Ellas validaban la aplicación del sistema de giro específico del negocio y autorizaban la contratación.

Villavicencio cree que a esos responsables hay que sumar a quienes armaron el entramado jurídico que hizo posible todo esto. Alexis Mera a la cabeza. En segundo lugar, el procurador de Petroecuador, Mauricio Jaramillo Velasteguí, que fue asesor de Mera en la Presidencia y ya manejó, con idéntica modalidad, todos los contratos del Consejo de la Judicatura de transición: 478 millones en construcciones. Y otro de los abogados de Mera: Diego Racines, que según fuentes que Villavicencio mantiene en reserva intercedió por Álex Bravo cuando cayó preso en Tababela.

Y desde ahí a lo más alto: Jorge Glas. En todo este período él ha estado al frente de los sectores estratégicos. Si algún responsable político y administrativo tiene un proyecto tan descomunal como la repotenciación de la refinería Esmeraldas (nada menos que la empresa más grande del país) ese responsable es él. ¿Nunca se preguntó por qué un contrato de 4 millones terminaba costando 40? ¿O le parecía normal?

También están los que callaron: el contralor, Carlos Pólit, que pese a haber detectado irregularidades a lo largo de todo el proceso nunca quiso emprender una auditoría general. Y el fiscal Galo Chiriboga, que como ex ministro de Hidrocarburos estaba muy al tanto de las cifras que ahí se manejaban y ahora se abstiene de pedir la extradición de Jaime Baquerizo, indagado por cohecho y fugado del país. Si Baquerizo hablara, ¿qué tendría que decir? “El verdadero fiscal en este país –concluye Villavicencio– es Alexis Mera.

No, la corrupción en Petroecuador no es un caso aislado que se olvide con el sacrificio de dos chivos expiatorios. Basta revisar los 180 contratos descubiertos por Villavicencio hasta el momento para entender que esto es un problema estructural que involucra a decenas de personas. Basta observar la mansión que Marcelo Reyes, apenas un asesor de Carlos Pareja, pudo comprar en Cumbayá con su salario de funcionario público de tercera categoría para darse cuenta de que aquí se repartió plata a manos llenas y fue repartida entre muchos. Esto está por comenzar. Refinería Esmeraldas puede convertirse en el lava-jato de Rafael Correa.

Arriba, de izquierda a derecha: Rafael Poveda, Jorge Glas y Carlos Pareja Yanuzzelli durante la inauguración de la refinería Esmeraldas, el 17 de diciembre de 2015. Foto: Vicepresidencia de la República.

Primera entrega: Refinería de Esmeraldas, la cueva de Alí Babá

La jueza Wolf, una más de la justicia de bolsillo

en La Info por

Como discípulo y alumno aplicado de León Febres Cordero, Alexis Mera sabe perfectamente que para consolidar al poder en el Ecuador lo que se necesita son jueces.

Lo mismo sabe el principal cliente de Mera, el presidente Rafael Correa. Por eso cualquier espacio donde su poder esté de una u otra manera cuestionado, termina siendo resuelto por un juez. Todo a su favor, claro está, como en el caso de la juez Vanessa Wolf quien en apenas 4 minutos redactó una sentencia en la que le otorgó un gracioso recurso de protección en el que, interpretando la Constitución (cosa que únicamente puede hacer la Corte Constitucional), le concedió su más ferviente deseo: ser reconocido como el militar de mayor jerarquía en el país.

Wolf -como todos los jueces que usa el poder- es una simple pieza en el tablero que Correa y su defensor Mera han dibujado para que no haya espacio que no esté bajo su control. Esos jueces no se azoran siquiera por ser identificados políticamente con Correa ni por resolver casos como el del miércoles cuando en su pasado aparecieron felices en actos proselitistas de su movimiento. Por eso no es de sorprenderse que en una fotografía, que circula en redes sociales, la jueza Vanessa Wolf aparezca en un acto proselitista de Alianza País, en el 2014, abrazada a Viviana Bonilla, cuando la ex gobernadora del Guayas era candidata a la Alcaldía de Guayaquil. En esa misma foto aparecen, como lo hizo notar Juan Vizueta y para que no quede duda de cómo los jueces conocen el axioma de que no solo hay que ser leales al movimiento sino que hay que dar muestras de serlo, los jueces Carlos Ferrín y Fernando Andrade. Wolf no solo que aparece feliz en la foto junto a Bonilla sino que porta, toda orgullosa, un pin verdeflex en su pecho. En cualquier democracia sólida, un antecedente de compromiso político así hubiera bastado para un juez se excuse de conocer un caso como el que Wolf resolvió el miércoles.

Correa ha demostrado que sabía perfectamente lo que decía en el 2011 cuando admitió, abiertamente, que su determinación de reformar la justicia a través de una consulta era con el fin de “meter la mano” en ella.

Todas las controversias donde se juegan espacios de poder las ha zanjado mediante decisiones judiciales. Ocurrió en el caso El Universo y Emilio Palacio, donde incluso un juez que pasó a la historia como Chuky Seven asumió como suya una sentencia redactada por los abogados de Correa. Tras el 30S, los jueces se encargaron del coronel César Carrión, el mayor Fidel Araujo y los jóvenes que irrumpieron en Ecuador TV. En ese mismo caso, la activista Mary Zamora también fue perseguida por otro juez. Ocurrió incluso antes cuando Correa consiguió, en su calidad de Presidente, que un banco le indemnice por un mal entendido con 600 mil dólares. Su abogado, Galo Chiriboga, fue luego embajador en España y es el actual  Fiscal de la Nación.

La misma lógica, del poder consolidado a punta de sentencias, operó en los casos de Fernando Villavicencio y Kléber Jiménez. Si Manuela Piq quiso obtener una acción de protección, luego de ser expulsada por una decisión política, una jueza se lo negó. Y qué decir de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita quienes fueron condenados, asimismo, por un juez que le dio la razón a Correa en el caso del Gran Hermano.

Los jueces que han actuado de acuerdo al gusto de Correa y Mera también han sido premiados. No en vano los jueces que resolvieron casos clave para la lógica del poder correísta obtuvieron sospechosamente puntos extras en su aspiración a llegar a la Corte Nacional. Wilson Merino dictó la sentencia que condenó al diario El Universo. Lucy Blacio dictó las sentencias del caso Palo Azul y la de Cléver Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Ximena Veintimilla tuvo el caso de Jamil Mahuad y otros casos.  Wilson Andino trabajó el expediente de Chevrón y Mariana Yumbay ha participado en casi todos los líos delicados para Correa.

Los jueces, han sido, los grandes aliados y chupamedias de Correa en estos casi 10 años de correísmo. Lo vio el experto peruano Luis Pásara cuando, en un informe que elaboró junto a tres organismos internacionales, dijo que “el papel de la judicatura empezó a seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo”.

Vanessa Wolf, por lo que se ve en la fotografía, solo es un caso más de la justicia chupamedia.

Correa quiere consulta para lavarse la cara

en La Info por

Dos movidas tácticas ha hecho el Presidente en los últimos meses: recoger firmas para derogar la enmienda que prohíbe su reelección (gracias a Ay Pame y sus otros fans). Y presentar ante la Corte Constitucional el texto de la pregunta para una consulta popular que se haría en las próximas elecciones: literalmente quiere prohibir a candidatos y servidores públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Las dos movidas son estrictamente políticas y muestran que, ante la sequía de ideas y de propuestas, Rafael Correa quedó reducido a grandes golpes de efecto:

Recoger firmas para supuestamente correr en la elección tiene un doble propósito: puertas adentro es una arma disuasiva para negociar, en mejores condiciones, con el candidato de Alianza País que quiere sucederlo porque él cree que le está cediendo el poder. Se trata de un verdadero chantaje.

Puertas afuera, usa la posibilidad de correr como poción mágica para mantener unidos, a su alrededor, facciones y electores que, en su ausencia, amenazan con disgregarse. Ese es su mayor activo como caudillo y su peor debilidad como el político: se hace indispensable hasta el último momento.

Lanzar una consulta cumple igualmente con muchas tareas: Alfredo Pinargote hizo notar ayer en Ecuavisa las triquiñuelas que rodean el referendo: hacer depender una causal de destitución de un presidente de una ley secundaria; no con un texto constitucional. La lista de paraísos fiscales puede ser manipulada por un gobierno o por un Congreso, convirtiendo así el contenido de lo que supuestamente votará el país (si la consulta llegase a ser aprobada) en letra manipulable políticamente.

Más allá de esto, ¿cuáles son las razones que invoca el correísmo para querer hacer esta consulta? Las explicaciones que dio Alexis Mera en la entrevista con Pinargote son de colección. Con una seguridad de experto que no cabe rebatirle, el Secretario jurídico de la Presidencia, dijo que los funcionarios tienen tres maneras de robar en el país: los que tienen los billetes en casa, los que ponen lo que roban a nombre de un primo o familiar y los que tienen sus bienes en un paraíso fiscal. Orondo, Mera dijo que la consulta propuesta elimina una de esas tres causales de robo.

Diez años en el poder, lo han convencido de que los dichos populares son sabios. La consulta –dijo Mera con esa seguridad que solo da la experiencia– es para eliminar la tentación que se recoge en ese refrán que dice: “en arca abierta hasta el justo peca”. Y remató esa faena diciendo que algunos funcionarios de este gobierno van a empezar a cumplir con el espíritu de la consulta. Se refirió a Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, y a Galo Chiriboga, Fiscal General, que aparecen en los Panama Papers. Ellos van a traer lo que habían puesto en Panamá… porque “algún nivel de coherencia debemos tener”.

Por ahí empieza el servicio político que hace la consulta propuesta al correísmo. Primero, le lava la cara. Correa y los suyos han gobernado una década sin fiscalización de ningún tipo, con fiscalía y contraloría de alquiler, con Justicia subyugada y sometida, con funcionarios que, en algunos casos, se han hecho ricos ante los ojos de la comunidad y, ahora, pretenden ser los paladines de la ética nacional. En el caso de Chiriboga no solo no renunció sino que, ahora, dicho por Mera, será un funcionario vanguardista: estará entre los primeros que incluirán en su patrimonio un bien que durante años ocultó. No es el Fiscal un ser indelicado con la cosa pública e indigno del cargo que ocupa: es un ser desfasado que ya mismo –y en primer lugar– se pondrá al día con sus obligaciones.
El cinismo que profesa Alexis Mera le alcanza para seguir diciendo que no hay funcionarios de este gobierno en los Panama Papers y que Guillermo Lasso, quien tiene oficialmente un banco en Panamá, es más culpable que los dos funcionarios del gobierno al cual pertenece que ocultaron bienes.

Es obvio que Correa ha encontrado en la consulta un motivo para convertirse en lo que no ha sido durante una década: un paladín de la ética. Es mejor retirarse del cargo haciendo discursos de arcángel que respondiendo por la administración más opaca que ha tenido el país. Y es obvio igualmente, y Pinagorte se lo hizo notar, que usará la consulta para meterse en la campaña electoral. Por supuesto Alexis Mera no solo lo negó: lo hizo con argumentos dignos de figurar en el manual del cinismo correísta: el Presidente –dijo– es delicado y respetuoso de las reglas. Y no usará fondos públicos. Se dedicará (a promocionar la consulta) por fuera del horario de trabajo que es, según él, de 08:00 a 17:00. Se entiende que antes y después de ese horario, Correa es un ciudadano de a pie. Claro, usará la seguridad presidencial… pero viajará en carros particulares. ¡Qué desprendido resultó el Presidente al final de su mandato! Tanto, que según Mera, no hará propaganda y será susceptible a todo tipo de revisión y control.

Ayer Mera impuso un récord: ser el funcionario que, por fuera del Presidente, ha dicho el mayor número de mentiras en tan pocos minutos. No dijo, por supuesto, que Correa quiere alzarse con un triunfo al final de su mandato para poder disfrazar las cifras de impopularidad que la tendencia indica que tendrá. Eso también explica por qué quiere preguntar obviedades.

Foto: Presidencia de la República 

Ir Arriba