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Capayaleaks

La pesadilla de los Odebrechtleaks comienza para el gobierno

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Este va a ser un fin de semana largo y tortuoso para Rafael Correa y Lenín Moreno. Si Carlos Pareja Yanuzzelli, prófugo por estar procesado en el caso de corrupción en Petroecuador, con sus #Capayaleaks habían acorralado al alto gobierno con sus apariciones en videos-pastillas en los que lanza acusaciones e insinuaciones de casos de corrupción, ahora el frente de ataque se abre con los #Odebrechtleaks. El primero se publicó hoy viernes 10, en la cuenta de Twitter @odebrechtleaks. Pero se anuncian más hasta el domingo.

En este primer video aparecen las fotos de Rafael Correa y su hermano Fabricio cuya voz se escucha claramente. Se trata de un relato, grabado a Fabricio Correa, en el que cuenta cómo su hermano Rafael recibió dinero de la constructora brasileña. “Desde que mi ñaño fue ministro se hizo pana de los manes. Ellos nos ayudaron en la campaña y el que llevaba la relación era yo que soy contratista de ellos desde el año 96”. Enseguida explica cómo se produce una oferta de coima de $15 millones a cambio de arreglar algunos contratos que estaban vigentes desde el gobierno anterior. También se habla de una coima recibida, supuestamente, por el ex diputado socialcristiano Simón Bustamante durante gobiernos anteriores.

Este video, que tiene un minutos 52 segundos, termina con el anuncio de que el próximo odebrechtleak aparecerá el sábado 11 de febrero. En la Presidencia se hallaban preparados para este anuncio. En su cuenta de Twitter se había colocado, unas horas antes, un mensaje que decía: “la bomba mediática mentirosa sobre #Odebrecht, desarmada”. En una entrevista que Rafael Correa dio en Durán, donde se hallaba, aparece anticipándose al hecho. Que prueben que nos dieron plata para la campaña, dice el mandatario. Y hace una revelación con una información que tiene cerca de diez años. Según él, Antonio Ricaurte, el guagua alcalde, lo despidió cuando él, como ministro de Finanzas fue a Brasil a reunirse con Lula da Silva. Y, sorpresa, Ricaurte lo recibió en Brasil. Viajó, según Correa, en un avión de Odebrecht… ¿Por qué nada ha dicho el Presidente sobre el particular? Correa dice haber sido muy cuidadoso con esas cosas. 

En realidad, desde el 21 de diciembre pasado cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht, una constructora brasileña, pagó $33,5 millones a funcionarios del Gobierno de Ecuador entre 2007 y 2016 para obtener contratos de obras públicas, el Presidente ha negado que su gobierno esté involucrado.

Lo ha dicho desde que explotó el escándalo Correa. Entonces exhibieron, como prueba, el hecho que esa empresa había sido expulsado en 2007 y cerraron filas alrededor de una estrategia política: la acusación hace parte de un complot internacional contra el gobierno pues se produce en plena campaña electoral (el gobierno soslayó el hecho que esta revelación concernía doce países en Latinoamérica y en África). Dos piezas aparecieron enseguida en esa estrategia: decir que Odebrecht hizo el contrato mayor con la Alcaldía de Quito y desafiar al Departamento de Justicia a que revelara los nombres. Una forma evidente de patear el balón para el campo vecino y comprar tiempo ante una opinión perpleja.

Ante el avance palpable de las investigaciones en los países vecinos, el gobierno matizó su desafío al departamento de Justicia de Estados Unidos o ante la fiscalía brasileña que también conoce los pormenores del caso: dijo que no estaban dispuestos a aceptar, “sin pruebas” lo que confiesen los funcionarios de Odebrecht que colaboran con la justicia en esos dos países. De esa manera quiso poner en tela de duda la palabra de los delatores acusados de poder decir cualquier cosa con tal de obtener rebaja de penas. Incomprensible argumento. También quiso sembrar la idea en los electores de que su gobierno era perseguido pues el periodo aludido (2007-2016) coincidía con el de su gobierno. Era claro que Correa quería involucrar otros gobiernos con dos claras intenciones: mostrar que en los otros gobiernos (León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio) hubo corruptos y ganar tiempo para evitar que la lista de corruptos de su gobierno salga a la luz pública.

En esas dos direcciones ha trabajado el gobierno. Por eso dio total credibilidad a una lista que apareció del año 1987 con nombres de políticos socialcristianos, Heinz Moeller y Jaime Nebot, en particular. Y envió a su secretario jurídico, Alexis Mera, a Brasil supuestamente a buscar información: en realidad fue a contratar abogados cuya misión no ha sido esclarecida oficialmente. Por supuesto no es encontrar la lista que, como era de esperarse, incluye funcionarios de este gobierno. El Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, acompaña la estrategia del gobierno que es ganar tiempo por lo menos hasta que se realicen las elecciones del 19 de febrero. De hecho, esa fue la propuesta que hizo Rafael Correa a los ciudadanos en el enlace ciudadano del sábado 4 de febrero.

Ganar tiempo y negar cualquier vinculación: este fin de semana se verá si esa estrategia resiste ante las revelaciones prometidas por los Odebrechleaks, cuyos autores se desconocen.

Un asesor de Correa trabajó para salvar a Capaya

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Carlos Baca Mancheno es asesor del presidente Rafael Correa y uno de sus hombres más incondicionales y cercanos. Desde el jueves 12 de enero es, además, el candidato del Gobierno para ser el próximo fiscal general de la Nación en reemplazo de Galo Chiriboga.

Entre las tareas que tuvo Baca Mancheno como asesor presidencial hubo una muy importante: interceder ante los asambleístas de gobierno para proteger a Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, en la Asamblea Nacional. A Capaya, ahora prófugo, un grupo de asambleístas de Gobierno lo habían sometido, el 8 de junio, a un intenso interrogatorio durante una comparecencia a la Comisión de Justicia. Capaya había salido de ella muy mal parado porque no había sido capaz de justificar su patrimonio; en especial una casa suya en Samborondón. Además fue puesto en evidencia mintiendo sobre su participación en los actos de corrupción en Petroecuador, motivo por el cual había sido convocado a esa sesión.

Baca Mancheno, según información a la que tuvo acceso 4Pelagatos, estuvo encargado de tratar de bajar las aguas en la Asamblea para que Pareja no saliera aún más perjudicado y perseguido. Durante al menos una reunión y a través de mensajes enviados por distintos medios, Baca Mancheno pidió a los asambleístas que bajen el tono en las investigaciones en contra de Pareja por el caso de los Panama Papers y Petroecuador.  El asesor, además, sostuvo que era más conveniente para los intereses del gobierno que las investigaciones sobre los Panama Papers que se desarrollaban en la Asamblea se enfoquen más en los casos de personas independientes que en los casos de funcionarios públicos. Una joya.

Esta versión encaja con lo que el diputado Cristhian Viteri, recientemente expulsado de Alianza País, dijo a El Universo  el 4 de enero en una entrevista. Ahí, Viteri aseguró que un asesor de la Presidencia, que en ese entonces iba a candidatizarse para ser el nuevo Fiscal, había intercedido por Capaya pidiendo a los asambleístas que bajen el tono en las investigaciones. Viteri se encuentra, según se ve en su cuenta de Twitter, de viaje en Brasil.

“Hubo un asesor de la Presidencia que en el bloque nos pidió que no hagamos público el tema de los servidores públicos, que nos enfoquemos en el tema de los Panama Papers en los privados”, dijo Viteri a El Universo. Él había  ofrecido identificar con nombres y apellidos al asesor de marras una vez que haya inscrito su candidatura para ser el próximo fiscal.  “Yo voy a revelar el nombre el día en que se inscriba para candidato a fiscal general”. Viteri no lo ha hecho aún a pesar de que Baca Mancheno inscribió su candidatura el 12 de enero.

Cristhian Viteri fue expulsado de Alianza País por pedido de Rafael Correa quien lo acusó de traidor por no haber votado a favor de la Ley de Plusvalía. El asambleísta nunca creyó que su expulsión se debiera a la Ley de Plusvalía sino a su negativa de dejar de investigar a Petroecuador y Capaya como le había pedido el enviado del Presidente. “Yo creo que eso ha sido por haber destapado la gravísima corrupción de Petroecuador -dijo en la misma entrevista- la verdadera razón de mi expulsión”.

La versión sobre la intervención de Baca Mancheno para que los asambleístas de País bajen el tono de la investigación a Petroecuador encaja, además, en lo que se dice en uno de los correos que intercambiaron Capaya y el presidente Rafael Correa el 13 de junio y que fueron publicados la tarde del miércoles 8 de febrero por el propio Correa. Los publicó en su cuenta de Twitter para luego borrarlo una vez y volverlos a colocar cuando se percató del escándalo que se estaba armando en esa red social cuando desapareció su tuit.

Leer aquí la nota sobre la metedura de pata de Correa

En los correos del 13 de junio (validados por Correa el momento en que los puso en su cuenta) se ve que Pareja pide al Presidente que le ayude en la Asamblea porque teme que lo vayan a meter preso; un hecho que daba por seguro  luego del mal momento que pasó en la Comisión de Justicia. “La Asamblea no te puede meter preso, y no veo por qué. En eso tienes todo mi respaldo”, le responde Correa ante su tono suplicante: “te suplico que me ayudes, mi familia ya no da más. Me van a llamar otra vez a la Asamblea. Todos dicen que ya no tengo tu respaldo”. Y agrega: “el asambleísta Cristian Viteri es quien maneja todos estos hilos. Si es así, es cuestión de días para que me metan preso”.

Tras la traumática presentación en la Asamblea el 8 de junio, Capaya no fue llamado a comparecer de nuevo. Aparentemente la intervención de Baca Mancheno rindió frutos. ¿Será que su postulación a la Fiscalía está vinculada con todos estos hechos? Además, el pedido de Capaya a Correa para que le ayude a que interceda para que la Asamblea no lo llame nuevamente porque iría preso tiene sentido.  Él necesitaba de un operador político. No hay que olvidar que en una entrevista que el asambleísta Viteri dio a Focus, contó que en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, quedó claro que había mentido y cometido irregularidades y que esos asambleístas decidieron pedir a las autoridades que lo metan preso. “Luego de esto, los de la Comisión de Justicia entramos a la oficina del presidente de la Comisión, Mauro Andino y le dijimos: ‘este señor debe ser detenido en este momento. Se habló con las autoridades”, recuerda Viteri.

Es evidente que a pesar de que los asambleístas consideraban que había motivos suficientes para que Pareja sea involucrado en el caso por la Fiscalía y detenido, no se hizo nada para evitar que saliera del país como, en efecto, lo hizo el 28 de septiembre. El fiscal Galo Chiriboga recién el 6 de octubre reconoció que Pareja había salido a España el 28 de septiembre. Es decir, cinco días antes de que la Fiscalía pidiera que sea vinculado al caso de los sobreprecios en Petroecuador. Según Chiriboga, hasta ese día no había los elementos suficientes que determinaran su participación en este caso.

Todo esto permite pensar que hubo todo un operativo articulado en el alto gobierno para evitar que Capaya sea detenido antes de que pusiera sus pies en polvorosa. Se neutralizaron los intentos de los asambleístas por hacerlo detener. Se evitó que se lo volviera a llamar a la Asamblea, como pidió Capaya a Correa con la gestión de Baca Mancheno. La Fiscalía tomó su tiempo para iniciar el proceso en su contra a pesar de que los asambleístas de Alianza País lo habían pedido. Habría que añadir que el propio Capaya, en uno de sus #Capayaleaks, ha dicho que su decisión de salir del país la tomó luego de haber recibido una llamada de Chiriboga el 26 de septiembre. La Fiscalía lo ha negado y ha dicho que existe un reporte de Movistar en el que se señala que ese día el celular de Capaya no registró ni una sola llamada entrante. Capaya se mofó diciendo que que era imposible que en todo el día no hubiera recibido llamada alguna: “hasta el Llanero Solitario tiene a su Indio Toro”.

Las revelaciones hechas durante los últimos días, todas aparecidas en filtraciones o por la metedura de pata de Rafael Correa, hacen pensar que si Carlos Pareja Yannuzzelli logró mantenerse a salvo hasta que pudo salir del país, fue gracias a una confluencia de factores inducidos por la Fiscalía, la Asamblea y Carondelet. En ese operativo tuvo una destacadísima actuación el asesor presidencial Carlos Baca Mancheno, quien hace méritos, como se ve, para ser el nuevo Fiscal.

El prófugo pone a Chiriboga contra la pared

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Galo Chiriboga está inhabilitado para ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Su obligación ética es renunciar y someterse a las investigaciones que, de oficio, la propia Fiscalía debería iniciar con el fin de aclarar su participación en los escándalos de corrupción que sacuden el país y su relación con Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, quien acaba de lanzar graves acusaciones en su contra. En lugar de hacer eso, la Fiscalía ha puesto a su departamento de relaciones públicas a trabajar en redes sociales para defender la honra y la imagen de su jefe. Es el mundo al revés.

Ocurre que hoy, 8 de febrero, Galo Chiriboga recibió dos golpes desde la cuenta de Twitter de Capaya. En uno de ellos el prófugo sugiere que Chiriboga recibió un maletín lleno de billetes en el Swishotel de Quito. Lo emplaza, de hecho, a responder ante el polígrafo si lo hizo o no. En otro, cuenta que fue el fiscal, a través de una llamada telefónica, quien lo alertó sobre cierta información que había recibido en Panamá. Eso ocurrió, dice el denunciante, el 26 de septiembre de 2016. Gracias a esa alerta y por recomendación de Jorge Glas (siempre según Capaya) decidió salir del país.

Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, la acusación de Carlos Pareja no puede ser tomada en serio porque existe un informe de Movistar que dice que el 26 de septiembre del 2016 el teléfono de Pareja no registra llamadas entrantes ni salientes durante todo el día. “Según el reporte de Movistar, el número de Carlos P.Y. no registra llamadas entrantes ni salientes el lunes 26 de septiembre de 2016”. En otro tuit la cuenta insiste en el mensaje y deja sentado, como para que no queden dudas sobre una posible complicidad con el ahora prófugo, que Pareja “hoy enfrenta 4 procesos penales sobre #CasoPetroecuador”.

Lo insólito del mensaje de la Fiscalía no es únicamente que exhiba el argumento, por demás pueril, de que si el teléfono de Movistar de Capaya no registró llamadas ese día, entonces Chiriboga queda libre de sospechas. La llamada perfectamente pudo haberse hecho a través de un teléfono de Claro, a través de Whatsapp o del teléfono fijo de la Fiscalía. No, eso no es lo verdaderamente insólito. Lo increíble es que la Fiscalía haya salido a defender la inocencia de Chiriboga. Una Fiscalía de verdad no defiende: acusa. Es el mundo al revés. En un escenario normal, la Fiscalía debía haber llamado a declarar o iniciado una investigación a quien recibió la llamada de un procesado como Pareja Yannuzzelli o buscar más precisiones del denunciante, pero nunca a sostener que no se puede dudar del Fiscal.

Este sin sentido o absurdo institucional se produce por una simple razón: Chiriboga no tiene ningún tipo de legitimidad para ser Fiscal. No la tuvo desde que asumió el cargo por la serie de vínculos profesionales, familiares y hasta afectivos que tenía con el presidente Rafael Correa. Y porque, tan pronto saltó el escándalo de los Panamá Papers, perdió cualquier autoridad para investigar ese entuerto que, a la postre, destapó el tema de la refinería de Esmeraldas en el que están embarrados Capaya y compañía. Es precisamente por todo esto que Chiriboga, que se supone debería investigar, se encuentra ahora bajo sospecha de ocultar información. 4Pelagatos ya pidió, en un editorial el 5 de abril, la renuncia de Chiriboga, pues en el caso de los Panama Papers aparecía involucrado en un oscuro episodio que lo convertía en un sujeto investigación y, por tanto, lo  anulaba como investigador.

Los dos mensaje de Capaya son, en ese sentido, una prueba o una evidencia más de que Chiriboga no puede ser el Fiscal. Si se ha llegado a este estado vicioso es, precisamente, porque quien debe ser investigado está ejerciendo el papel de investigador.

Los dos tuits que la Fiscalía colocó en su cuenta para librar al Fiscal de cualquier sospecha son una aberración producto de la presencia de Chiriboga al frente de la Fiscalía. Se trata de una distorsión absoluta de la institucionalidad. Una distorsión que se inició cuando el proyecto correísta se planteó la cooptación de todos los poderes como una fórmula para garantizar no solo el poder total sino también la impunidad absoluta.

Chiriboga desde hace tiempo está inhabilitado para seguir siendo el fiscal de la Nación. No ha investigado el caso ni puesto una querella judicial contra Odebrecht por sus actos dolosos en Ecuador. Más aún, hoy existe la certeza de que, con él, nunca se sabrá la verdad por dos razones en particular. Una: porque protege a sus amigos del gobierno. Y la más importante: sobre él pesan acusaciones que es necesario esclarecer. No puede hacerlo él, a la cabeza del Ministerio Público. De investigador encubridor, Galo Chiriboga pasa a ser sujeto de investigación. El mundo al revés.

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