Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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Caupolicán Ochoa

En este juicio ganamos todos

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Para escribir este texto voy a recurrir a la primera persona. Nunca lo había hecho en 4Pelagatos pero esta vez las circunstancias me imponen un tono personal. Resulta imposible despersonalizar esto: han sido casi diez años de angustias y zozobras cuyo feliz colofón, al menos aparentemente, ha llegado el lunes 3 de julio.

Cuando la mañana siguiente al juicio, en el que fui declarado inocente de haber afectado la honra del ex presidente Correa, un periodista me llamó y me pidió que dijera al aire cómo arrancaría una crónica sobre lo ocurrido, lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de mis colegas acercándose para entrevistarme luego de la audiencia. Venían por la calle, casi corriendo, hasta la puerta por donde los funcionarios de la judicatura me habían pedido que salga para no exponerme a las enfurecidas turbas correístas. Fue el ánimo con el que llegaron lo que me impactó.  Aunque venían casi corriendo y jadeantes era claro que estaban tranquilos y ciertamente contentos. Cuando arrancaron las preguntas fue evidente que una alegría sosegada los acompañaba; algo que no había visto entre mis colegas durante muchos años. Ese momento sentí que algo muy poderoso me unía a esa tropa de reporteros y ahí tuve verdadera conciencia de que había ganado una pelea. Una pelea que había valido la pena dar.

Esa imagen me llevó a recordar uno de los momentos más siniestros que me ha tocado cubrir como periodista. Ocurrió ya hace 6 años y fue la audiencia final del juicio que Correa le siguió a diario El Universo. Ese día, el Presidente estaba montado en la cresta del más absoluto poder y había convertido a la Corte Nacional en un espacio donde todo, absolutamente todo, estaba dispuesto en función suya. Aunque había presentado su demanda a título de un ciudadano cualquiera, cosa que de por sí es absurda que lo haga quien ejerce un cargo público, había ordenado que se acondicione en el lugar una suit para su uso personal, de tal forma que si quería ir al baño no tenía que cruzarse con nadie que no fuera de su agrado. Lo acompañaba un séquito de funcionarios públicos, incluidos los de más alto rango, que no tuvieron empacho en abandonar sus sitios de trabajo para lambisconear al jefe y en las afueras flotas de vehículos de Estado los esperaban para llevarlos a festejar. Ese día, el mismo Rafael Correa, que el 5 de junio del 2017 pidió que me encarcelen por 30 días porque disque había afectado su honra, pidió a los esbirros de la Corte que me saquen de la sala. No había ningún respaldo legal para que me expulsaran, solo el capricho de Correa que no quería sentirse incómodo en aquella sesión donde, sabía, se iba a condenar a El Universo y a Emilio Palacio. Nada debía perturbar su goce y disfrute de ese ajuste de cuentas y mi presencia, seguramente, le resultaba perturbadora. Para entonces, Correa ya no me toleraba.  Ya se había aprovechado de sus sabatinas para insultarme y desacreditarme. Incluso había proyectado una fotografía mía en uno de esos espectáculos como para asegurarse, tan valiente y macanudo él, que sus seguidores me identifiquen y me agredan si se cruzaban conmigo en la calle.

La antipatía que Correa sentía por mi y que lo llevó a insultarme y a descalificarme nació en julio del 2009. Luego de que escribí un pequeño comentario sobre su presencia en un desfile de conmemoración por los 200 años de la batalla de Carabobo, en Venezuela, y al que lo  acompañé como miembro de una delegación de periodistas ecuatorianos. En aquellos tiempos la prensa, que no pertenecía al aparato de propaganda y adoctrinamiento del gobierno, aún tenía cabida en los viajes presidenciales. 

En el comentario aquel me preguntaba cómo es que un joven político, supuestamente educado y de ideas modernas, podía haber lucido radiante de felicidad junto a Hugo Chávez durante una ceremonia militar en la que el tono de los larguísimos discursos eran de un nacionalista y de una exaltación militarista dignos de una película sobre la Italia de Benito Mussolini. ¿Quién conoce realmente a Rafael Correa?, preguntaba en la columna. Me parecía inexplicable que alguien que se llenaba la boca sobre modernización y sociedad civil podía haber estado tan a gusto y a sus anchas en un tétrico espectáculo lleno de discursos e imágenes cargados de nacionalismo fascista. Para alguien formado con una educación humanista, como pretendo serlo, un espectáculo así no podía ser sino abismalmente deprimente. Pero Correa estuvo, durante esas cinco o seis horas de apabullante despliegue de militarismo y nacionalismo ramplón, dicharachero y festivo. Pocas veces se lo había visto en público tan alegre como ese día, sentado junto a Chávez.

El sábado que siguió a la publicación de mi columna, Correa se burló diciendo que yo era un bobo que seguramente esperaba que en un desfile militar aparezcan cheerleaders y cosas por el estilo. Tuvo el descaro de insinuar que yo había actuado como traidor por haberlo criticado luego de haber volado en un avión del Estado. Desde entonces ya se evidenciaba que, como político y funcionario en el poder, Correa asumiría que los bienes públicos eran suyos. El avión, por ejemplo. Cada día me convenzo más de que mi pregunta sobre ¿quién conoce realmente a Rafael Correa? era perfectamente pertinente.

Vinieron otros episodios. Para agosto del 2013, Fundamedios había contabilizado al menos diez ocasiones en las que Correa se aprovechó de las sabatinas, espectáculo pagado con fondos públicos, para insultarme y descalificarme. El inventario hecho por Fundamedios incluye los apelativos de “enfermo”, “sicario de tinta”, “chiflado”, “inmoral”, “falto de ética”, “cobarde”, “desquiciado”, “pobre hombre” y “malcriado”. Luego vino una serie de ocasiones en las que, obsesivamente, dijo que yo estaba enfermo o enfermito, como si tener una enfermedad fuera motivo de descrédito. Fueron tantas las ocasiones en que me dijo “enfermo” que llegué a pensar que lo hacía perfectamente consciente de la condición que sufro, y que trató de humillarme con eso. Muy humano y valiente el señor Correa.

Correa jamás perdonó que se le cuestione su verdad. Si era dueño de los bienes públicos lo normal era que sea dueño, también, de la verdad. El sistema político que él montó, con la anuencia de una inmensa mayoría de ecuatorianos y de ideólogos de ocasión, necesitaba de un poder absoluto para funcionar. Convertir a las funciones del Estado como secretarías o brazos del ejecutivo, cosa que logró con la constitución de Montecristo, no bastaba. Era necesario también eliminar, como se elimina a los piojos, a cualquier forma de disenso. Por eso construyó, desde el principio, un sistema mediante el cual la amenaza y el insulto servían para mantener reprimida y acobardada a cualquier forma de crítica. Hubo algunos, entre los que me incluyo, que nos atrevimos a desafiar ese sistema y decir lo que el poder no quería escuchar. Muchas veces lo hicimos por un profundo miedo a callar, que es el más tenebroso de los miedos.

Hubo un período, que no fue corto, en el que quienes nos lanzamos al vacío diciendo las cosas que el poder no quería que se digan, fuimos abominados por un inmenso sector de la opinión pública. Resistirse a las reglas del jefe, durante los primeros cinco o seis años del correato,  no fue bien visto ni fue popular. No era fácil ejercer la libertad de expresión, no solo por las agresiones que venían desde el poder sino por el desprecio y el repudio de un importante sector de la sociedad que alcahueteó, unas veces con gran entusiasmo y otras por simple desidia, la instalación de un régimen autoritario. Un autoritarismo que, con el tiempo, la mayoría ha llegado a aborrecer.

El acoso se prolongó con el aparecimiento de 4Pelagatos. Correa no solo que utilizó todos los recursos del Estado para demandar que se baje la página usando fraudulentamente leyes de autoría intelectual o mediante ataques cibernéticos.  Se nos advirtió con un juicio por un artículo sobre los aviones militares donados por Hugo Chávez y se nos amenazó de muerte por un artículo en el que se criticaba que se haya utilizado al diario estatal El Telégrafo para que la hija de Correa publique una columna de opinión.

La demanda que me puso Correa por un artículo en el que utilizo el mismo razonamiento que él usó para proteger a Alecksey Mosquera, por haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, no es sino la culminación de un viejo y metódico acoso en mi contra que incluye la presión que se ejerció desde el poder para que me dejaran en el desempleo. Un acoso que no fue exclusivamente en mi contra pero que llegó a ser mucho más perverso y violento contra colegas míos como Jorge Ortiz, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita o Fernando Villavicencio, entre otros.

¿Pero por qué Correa pidió mi prisión por el artículo en el que expongo, haciendo un símil, su lógica para defender a Mosquera y no por otros mucho más duros? Creo que mi colega Cristian Zurita tuvo la mejor respuesta a esta pregunta. “Correa al defender a Mosquera se está defendiendo él mismo”, me dijo en una conversación. Es por eso que estoy convencido de que la demanda que presentó en mi contra es parte del caso Odebrecht. Si lograban encarcelarme o hacerme pagar una multa por lo que escribí, entonces no era difícil imaginarse el temor que cualquier periodista o ciudadano hubiera sentido al redactar una nota sobre ese tema. Uno de mis abogados Juan Pablo Albán, en su extraordinaria argumentación a mi favor, lo hizo notar y estoy convencido de que esa fue una de las argumentaciones que más impactó en el juez.

En el proceso que se siguió en mi contra, la idea era que yo llevara un mensaje a todos quienes pueden opinar sobre el tema de Odebrecht: o se callan o les pasa algo parecido. Por todo esto pienso que los beneficiarios más inmediatos de la decisión del juez fuimos muchos periodistas y personas que están haciendo opinión en el tema Odebrecht.

A diferencia de lo que ocurrió durante el juicio en contra de El Universo en el 2011, en esta audiencia fue visible el deterioro del poder de Correa.  Su abogado, acostumbrado a ganar con solo presentarse en los juzgados respaldado en el poder de su defendido, hizo un argumentación tan pobre que a momentos producía lástima. Su asistente llegó atrasado y de los tres testigos que llevaron solo testificó una. Es más, su testimonio fue más útil para mi causa que para la de Correa. Hubo un perito informático llevado por Ochoa y su equipo que a todas luces lo único que sabía era googlear. Ni siquiera sabía qué es una IP ni el “back office” de una página web. Ni siquiera  pudo sostener la tesis Caupolicán Ochoa de que habían sido 80 mil personas las que habían leído la nota que, supuestamente, acabó con la autoestima de Correa. Nada tenía que ver lo que ocurrió este pasado 3 de julio, con aquel despliegue de poder y control que hubo en el juicio contra El Universo.

Cuando sentí que los colegas que me entrevistaban estaban tranquilos y hasta alegres, supe que todo esto ha valido la pena. Quizá por eso, fue su imagen la que primero se me vino a la mente cuando desde una radio me pidieron que les contará cómo comenzaría una crónica.

Espero que todo lo ocurrido signifique que ya no será necesario recurrir, otra vez, a la primera persona. Es de esperar que, como periodista, ya no tenga otro tema personal que contar.

Foto cortesía El Universo

Así perdió Correa el juicio contra un pelagato

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Lunes 3 de julio, 9:45: Caupolican Ochoa está solo en la parte izquierda de esta sala, la 401 del complejo Judicial Norte, reservada a los abogados. A su lado derecho, las tres sillas de cuero negro están copadas por Juan Pablo Albán, Farith Simon y Juan Pablo Aguilar. Una silla para Xavier Andrade, el cuarto abogado de Martín Pallares, aparece de pronto. Pero ya no cabe: lo sientan por fuera de la barrera de madera maciza que separa a los protagonistas del juicio del público.

La sala, diminuta para la ocasión, tiene tres sillones más, con tres puestos cada uno para el público. Es todo y nadie puede estar de pie. Finalmente, 13 personas, de las cuales diez amigos de Pallares que ocuparon los puestos desde la audiencia anterior, asistirán al juicio que interpuso Rafael Correa y que será transmitido en circuito cerrado. La madre de Pallares, Pepé, de 86 años, pelo blanco coquetamente alilado, está sentada detrás de sus abogados. Luce tranquila, las dos manos apoyadas sobre la empuñadura de su bastón. Manuela, la esposa de Martín, se acomodó tras el abogado de Correa. Correístas, manabitas por el acento, llegados a última hora, exigen ruidosamente sillas arguyendo que ellos sí son pueblo. Los dos policías destinados a la vigilancia de la sala logran convencerlos, tras largos intentos, de que abandonen la sala. Para unos asistentes de Ochoa, sí habrá sillas extras.

En su reducto, el abogado del ex presidente luce solo. Es un hombre rollizo, de mirada esquiva y lentes rectangulares. Sus gestos son adustos y le dan un aire insondable y taciturno. Pero hay que desconfiar de esa luz blanca e intensa, de esta sala judicial sin ventanas, que baña su rostro y que no permite saber, a ciencia cierta, si está nervioso o si esconde sus emociones bajo una máscara inexpresiva.

Lo cierto es que el abogado de Correa ya empezó a actuar y procede con parsimonia. Sobre su mesa extiende algunos documentos; sobresalen un ejemplar del código penal y la copia de la demanda que él mismo debió redactar contra el pelagato Pallares. La usará sin descanso a lo largo de este juicio que que empieza con una sorpresa: estaba anunciada una jueza y, de pie, la sala recibe a un juez: Fabricio Carrasco. Un cuarentón con chiva y bigote.

En la sala, la tensión es visible. Se lee en las miradas, en gestos contenidos, en esos intentos, vanos a veces, de entender la intensidad de los golpes que se asestan los abogados. O de adivinar la postura del juez.
– ¿Han hablado de alguna conciliación?, pregunta su señoría.
– No, responde el abogado del Presidente. Pero dice estar dispuesto a oír propuestas. Las ilustra. En resumidas cuentas, está hablando de cómo cree él que el acusado debe pedir perdón al ex presidente. Un sueño de perro: aquí nadie vino a pedir permiso para escribir; peor a pedir perdón.
– ¿Conciliar?, responden los abogados de la Universidad San Francisco. ¿Con quién? Si el supuesto ofendido no está presente y debería estar ahí sentado como ellos pidieron al juez en un escrito precedente.

El señor abogado Caupolicán Ochoa, dice el juez, tiene una procuración para representar a Rafael Correa. Esa procuración –responden los abogados de Pallares– carece de valor legal. Nunca les fue notificada. No la conocen. Y leen los artículos y los numerales que les otorgan la razón. El juez los ignora. Acepta la procuración y Ochoa, que anota el punto, ya está fundamentando la denuncia. Habla de infundio, de afrenta contra su representado, de escrito difamatorio, de deshonra. Este territorio de epítetos, parece ser el suyo. Habla de atentado al honor, a la dignidad personal de Correa… Habla de Pallares como un ser malicioso que quiso afectar a su defendido.

Las hordas correístas que están tras la puerta de la sala y siguen el juicio en las pantallas, gritan. Vociferan. Dan alaridos contra los pelucones, contra la prensa corrupta. Reclaman que se haga Justicia. El juez da muestras de perplejidad. Ordena (al coordinador del juzgado que puede usar un micrófono para ser oído por esas hordas) que pida silencio. Nada. Pide a los policías que los hagan callar o desalojen el recinto. Ni lo uno ni lo otro. Silencio sepulcral en la sala. Desconcertado e impotente ante la algarabía ensordecedora, el juez ordena proseguir la audiencia. En la sala se entiende que es así que los correístas exigen justicia: con hordas traídas en buses para presionar a los jueces, en las salas mismas donde se realizan los juicios.

La impotencia del juez ante esa violencia, incrementa la tensión en la sala donde ya surge otro motivo para que los abogados midan fuerzas. Ochoa anuncia al experto informático que constató, entre otras cosas, según dice, que más de 80 000 personas leyeron la nota de Pallares contra Correa. La sala se entera de que ese experto hizo un informe de 50 páginas y que los abogados del acusado tampoco conocen. Debió, por ley, ser notificado y puesto a su consideración diez días antes para ser leído, analizado e incluido en su defensa. Los abogados lo objetan. Recuerdan al juez que esto deja en la indefensión a su defendido y que él es, precisamente, un juez de garantías. ¿Cómo podían preparar el interrogatorio en esas circunstancias? ¿Cómo pueden pedir aclaraciones si ese rato les están entregando un informe de 50 folios y les dan un minuto para conocerlo? El juez no los sigue y dispone que se presente el perito. Otro punto para Ochoa.

El perito informático mira al juez a los ojos como es clásico y obligatorio en la corte. Es un agente de policía, de 25 años, que sabe googlear y debe ser técnico informático. Solo eso. Por las preguntas de los jueces del acusado queda claro que no sabe lo que es un back office, confunde la dirección IP con el web hosting y no puede explicar por qué el lema del logo de 4Pelagatos, que él presentó, está en inglés cuando, en la realidad, está en español.

Este técnico servirá poco y mal la estrategia de Caupolicán Ochoa que ahora, gracias a su comparecencia, puede ser comparada con una carambola a tres bandas. La primera: probar que 4Pelagatos existe, que Pallares fue el autor del escrito y que este fue leído en Ecuador por personas comunes y corrientes. La segunda: probar que ese texto desacreditó y atentó contra el honor y la dignidad de Correa. La tercera: llevar al juez a condenar a Pallares a 30 días de cárcel, obligarlo a pedir perdón públicamente y a 4Pelagatos a bajar de su sitio la nota demandada. ¿Indemnización económica? El abogado anuncia que Correa no aspira, contrariamente a lo que se lee en la demanda, a sacar plata de los bolsillos del acusado.

El interrogatorio del supuesto perito, corre por cuenta de un abogado, asistente de Ochoa, un doctor Argudo, que solo ahora se une al juicio. Una, dos, tres, cuatro veces pregunta lo mismo: ¿qué examinó? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo se titula la nota? ¿Quién es el autor? ¿En qué fecha se publicó?…
– Objeción su señoría! Se oye una, dos, tres, cinco veces por parte de los abogados de Pallares, cansados de oír preguntar lo mismo. Y responder lo mismo.
– Ha lugar, responde el juez.
El abogado trata, entonces, de convertir al perito en testigo. Le pide hablar del contenido de la nota. Llueven las objeciones. El juez pide al abogado acusador, a quien visiblemente se le acabó la cuerda, que se sujete a lo técnico: que no haga preguntas especulativas. Sorpresa: el policía informático no refrenda la afirmación, hecha por Ochoa, según la cual 80 000 personas leyeron el artículo. Se limita a decir que cuando analizó la nota, encontró 45 comentarios…

Lo que sigue ratifica la estrategia previsible de la parte acusadora. Ochoa pide al juez que permita comparecer a sus testigos. Dos horas antes había quedado claro que no los tenía a la mano. No aparecieron. Y cuando lo hizo una de ellos, una mujer de 35 años, el juez, convencido por el código penal y presionado por los abogados de Pallares, reconoció que ya era tarde. La audiencia estaba instalada y pidió que señora fuera retirada de la sala.

Pero ahora, tras la escuálida presentación del experto informático, los abogados de Correa vuelven a la carga. Primero piden que se suspenda la audiencia y prometen que en la siguiente estarán esos testigos que son –dicen– trascendentales. La objeción de los abogados de la San Francisco no puede ser mayor. La diligencia debe continuar y el juez, tras un cruce de argumentos entre abogados, acepta. Ochoa cambia, entonces, de registro: con voz suplicante, dice al juez que lo que allí ocurre se explica por un malentendido. Que cuando usted señor juez me preguntó si tenía mis testigos, entendí que si estaban aquí en la sala y por eso respondí negativamente. Pero mis testigos estaban ahí, del otro lado de la puerta. Y usted señor juez debe aceptar su testimonio.
Por supuesto, se adorna con la Constitución, los derechos inalienables de su defendido y los suyos, pues él tiene derecho a presentar testimonios trascendentales para la causa de su cliente. Aunque sea uno; el de señora que se había colado furtivamente durante unos minutos en la sala hasta que un policía advirtió al secretario de su presencia.

– Objeción su Señoría, claman los abogados de Pallares. Y recuerdan al juez sus palabras cuando declaró precluida la etapa de la prueba. Le dicen que sus palabras están grabadas. Que él fue explícito. Que esto es ilegal. Le dicen que la señora que él mandó a retirar ya no puede ingresar porque está contaminada por todo lo que oyó y vio en las pantallas… El juez permanece impertérrito. Dice que la señora testigo había sido aislada, que nada ha oído ni visto del juicio y permite que ingrese. Ochoa anota otro punto.

La señora de 35 años es llamada a pesar de que el abogado le robó el show anunciando lo que va a decir. Y eso dijo: que ella leyó la nota. Que lo hizo el 28 de abril de este año. Que la nota se publicó tres días antes, el 25 de abril. Que recuerda el título, y lo dice; y al autor, y lo cita. ¡Qué memoria tiene la señora! Ella dice que leyó dos veces el artículo en su celular y que lo hizo porque el título llamó su atención; al igual que su contenido porque allí se decía que…

El abogado de Correa es previsible. Demasiado. Se ratifica que primero quiso certificar que el sitio 4Pelagatos existe y que Pallares escribió la nota. Y que ahora trae a una ciudadana para decir que leyó el artículo en su celular y que eso afectó el honor, la credibilidad, la dignidad… de Correa.
Los abogados de Pallares debieron decirse que de eso tan bueno no dan tanto y no dejaron pasar la oportunidad. Tras algunas preguntas sin tono ni gracia, Juan Pablo Albán hizo la pregunta capital.
– ¿Su percepción sobre el ex presidente ha cambiado tras haber leído la nota?
– No, dijo la señora.
– Objeción señor juez, gritaron los dos abogados de Correa en forma tan precipitada que casi ahogan el No de la testigo.
Lo mismo hacen con ellos los abogados de Correa: hacen notar al juez que aquello está grabado. Que ese NO fue claro y rotundo. Que la señora traída por la parte acusadora para servir su causa reconoce que, tras leer la nota, no cambió su percepción sobre Correa. Es evidente –concluyen– que la afectación de la cual habla Ochoa no existe.
– ¿Más preguntas?, indaga el juez?
– No más preguntas, su señoría, responde Juan Pablo Albán.

El alegato final no trae sorpresas por parte de Caupolicán Ochoa. Dice y se repite. Resume lo que dijeron el experto y la señora. Ratifica que 4pelagatos existe y que Pallares escribió la nota; evidencias que sus abogados nunca negaron. Se ahoga en un río de palabras. Se declara partidario de la libertad de expresión, pero claro, sin esas “parodias literarias” que permiten ofender a una persona pública de la talla de Rafael Correa. Usted no puede permitir, señor juez –dice en sustancia y con facundia– que alguien pueda imaginar a un Presidente como Rafael Correa, como lo hizo Pallares: imaginar que entra a una casa a regar las plantas… Y lee otra vez su demanda. Y cita por enésima vez el artículo pelagato.

Afuera las hordas suben los decibeles. Pero esta vez, Ochoa se queja. Se lo dice al juez que pide de nuevo al coordinador que pida silencio. Lo hace con calma una vez y otra. Lo pide por favor. Algo logra. No lo suficiente para tranquilizar a Ochoa que esta vez se delata: si su propia barra lo exaspera es porque siente que el viento no sopla a su favor. Pero retoma su papel estelar con voz trémula, mirada fija y gesto decidido.

Hace el show con los mismos argumentos que ha usado en otros juicios. Recita ese credo fascista que penaliza la libertad de pensar, de imaginar, de escribir libremente, de criticar al Príncipe. Ochoa no es la inquisición. Es un simple sacerdote, un servidor fiel, el baluarte ante los jueces del Príncipe. Pero esta vez se le nota exasperado. Sabe que está perdiendo, que su causa es indefendible y que en este juicio no le resultó jugar al emisario de un ser supremo que manda a decir al juez que se siente ofendido y que proceda contra el calumniador… Porque eso es lo único que está haciendo, sin prueba alguna. Sabe que los abogados de la contraparte han trabajado como un equipo que rastrea lo que dice, que conoce los códigos y los cita, que usó incluso en su contra a sus propios testigos. En definitiva, sus pares del otro lado, los cuatro abogados de los cuatro pelagatos, destruyeron su estrategia.

Y quedaba la cereza del pastel: el alegato final que hizo Juan Pablo Albán. 43 minutos durante los cuales cualquier cineasta hubiera pagado por poner una cámara en el rostro de Caupolicán Ochoa. Lo hubiera visto escudriñando los ojos del juez que miraba al abogado de la defensa sin descanso. Es evidente que el defensor de Correa, viejo zorro en estas lides y terror en muchos juzgados, sabía que, en derecho, había perdido esta partida. Y de largo. Juan Pablo Albán no le dio cuartel en su intervención plagada de conocimiento, doctrina nacional e internacional, precedentes jurídicos y valores democráticos. Una intervención magistral que empezó y cerró aludiendo a Antonio Machado cuando escribió cómo en una república democrática conviene otorgar al demonio carta de ciudadanía. “El demonio, a última hora, –escribe el poeta sevillano– no tiene razón; pero tiene razones. Hay que escucharlas todas”.

El juez, Fabricio Carrasco, que otorgó puntos en el juicio a los abogados de Correa, resumió en su veredicto lo que ocurrió ante sus ojos en esas cuatro horas que duró el juicio: se determinó –dijo– la existencia material del artículo de Pallares. Pero no la responsabilidad y, por ende, la existencia de la infracción.
Vivas y abrazos en la sala. Alaridos en las hordas correístas que no lo pueden creer. Caupolicán Ochoa mira sorprendido a su alrededor. Empaca las cosas y abandona solo la sala de la función judicial por la parte de atrás. Luce, a pesar de la máscara, confundido y atribulado. Este 3 de julio de 2017 será una fecha aciaga en su racha de triunfos previsibles, cuando Correa era presidente.

El abogado del ex Presidente, Caupolicán Ochoa 

La esposa de Correa apoya a un acusado de violación

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Insólito: la esposa de Rafael Correa apareció hoy en los bajos de una Corte para apoyar a un condenado, en primera instancia, a 22 años de cárcel por abuso sexual a un niño de 5 años.

Anne Malherbe Gosseline: ¿alguien la conoce, realmente, tras diez años de correísmo? Pues no. La esposa del Presidente declinó asumir las tareas atribuidas tradicionalmente a la primera dama. No ha aparecido al lado de su marido sino de forma absolutamente esporádica. Se ha confinado en La Condamine donde es profesora. No se esconde de los medios; sencillamente no existe para los medios. Es motivo de rumores sobre el tobogán emocional que caracterizaría su relación con Rafael Correa. Pero, a ciencia cierta, hay un velo de silencio que la pone al abrigo de la esfera pública en la cual su marido quisiera controlarlo todo.

Pocos conocen lo que piensa sobre la forma cómo su marido ha manejado al país. Se ignora qué la afecta o le agrada de lo que ha vivido el país en estos diez años. ¿Es sensible al dolor de los perseguidos por su marido? ¿Fue sensible al dolor de la familia del coronel Carrión? ¿Qué pensó cuando oyó a Alexis Mera decir que el llanto de la hija del coronel, preso en ese momento, era puro teatro? ¿Llegó hasta ella el grito de angustia de Verónica, la esposa de Fernando Villavicencio, cuando entregó el cheque de $47.306, que un juez lo obligó a pagar a Rafael Correa, su esposo?
¿Cómo maestra, se inquietó en algún momento de los 10 chicos de Luluncoto presos, de sus madres, de sus padres y hermanos? ¿Cómo mujer, se interesó en la suerte de Mery Zamora, perseguida por el gobierno de su esposo y arrastrada hasta la ignominia por el equipo de inteligencia del gobierno de su esposo? ¿Se conmovió con el robo de los correos personales de Martha Roldós publicados por El Telégrafo, ese diario incalificable del régimen, que, además, da lecciones de ética y periodismo? ¿Qué pensó del cambio de biografía de Diego Cornejo que hizo el aparato de propaganda al servicio de su esposo? ¿Le pareció bien que un hombre honesto y un humanista consumado fuera convertido, en segundos, en pana de torturadores?
¿Es ecologista la señora Anne Malherbe? ¿Alguna vez tuvo algún parpadeo a favor del Yasuní? ¿Qué pensó del Plan Familia que su marido implementó en contra de la sexualidad y del sentido común? ¿Es ella tan conservadora como su marido, tan enemiga de los gays, tan distante de las reivindicaciones de género? ¿Qué piensa de haber comprado un apartamento en su país con dinero dado por un banco en un juicio que su esposo ganó gracias al poder ejercido desde la Presidencia de la República? ¿Los damnificados del terremoto, sobre todo en Esmeraldas y Manabí, le quitaron un minuto de sueño? La opinión pública no lo sabe. Con la señora del Presidente hay diez años de preguntas sin respuestas.

Nada sabe el país de la esposa del Presidente. Pero hoy, tras casi diez años de discreción, de silencio y de reserva, ella apareció en público: apareció ante la Corte Provincial de Justicia para defender a un condenado, en primera instancia por violación, cuyo abogado pretende re-victimizar al niño en nuevas pericias para salvar a su cliente.

La imagen de Anne Malherbe ante la Corte es poderosa. Dolorosa. Se le ve hierática y fría, mirada altiva y distante, rostro cerrado, actitud desafiante e impertérrita ante la sorpresa que causa. Retrata de cuerpo entero el cinismo del gobierno de su marido. Porque el profesor acusado de abuso sexual a un niño ya fue condenado y ella lo está exculpando.

Anne Malherbe no puede –bajo ninguna excusa– decir que es una maestra más que fue a la Corte Provincial a hacer bulto al lado de los defensores del procesado. Es la esposa del Presidente, la mujer que ha guardado silencio durante diez años y que hoy caminó frente a una de las cortes que su marido controla y que Gustavo Jalkh administra, para presionar a los jueces para que revisen la sentencia. Es una grosera injerencia política.

Con su presencia y la del abogado del Presidente defendiendo al acusado, ya falta poco para que la Corte, que hoy postergó la audiencia como pedía el abogado, pliegue ante el peso del Ejecutivo que controla todos los poderes. Correa saldrá a decir que su esposa tiene derechos. Que es maestra de la Condamine. Que tenía derecho de llegar con guardaespaldas, un bus de policías y un helicóptero que sobrevoló la Corte. Que conoce al condenado. Que tiene derecho a meter la mano al fuego por él. Pues no: ella no tiene derecho porque, lo quiera o no, es parte del poder, parte de los círculos de influencia, parte de los que quieren influir para amedrentar a los jueces y desconocer la garantía de justicia de una familia que se enfrenta a un poder cínico, protector de amigos y militantes.

¡Qué impudor, qué imagen tan dolorosa para la familia de Lucas, qué insensibilidad! Correa tuvo razón cuando dijo que este país era una república bananera: él y ahora su esposa, la han perfeccionado.

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Una de las fotos que circularon en redes sociales y que dan cuenta de la presencia de la esposa de Correa.

 

 

Al correísmo no parece preocuparle los delitos sexuales

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Hasta los más crueles y pervertidos asesinos tienen derecho a la defensa. Ese es un principio fundamental de cualquier sociedad donde impere la ley y donde se acepten los principios básicos de una convivencia civilizada. Incluso José Valdivieso Larco, el profesor del colegio La Condamine que fue condenado a 22 de años por haber abusado de Lucas, un niño de 5 años, tiene derecho a contratar a un abogado para apelar su condena. Y Caupolicán Ochoa tiene, también, pleno derecho a ser su abogado.

Pero que el abogado defensor del abusador sea precisamente el abogado personal del Presidente de la República tiene un significado muy particular y ese es el mensaje que el poder, consciente o inconscientemente, está enviando a la sociedad.

Más allá de una supuesta protección que el gobierno podría estar otorgando al abusador (lo que mientras no sea algo probado es solo una sospecha que por muy bien fundamentada no deja de ser una sospecha) está el hecho de que con la participación de Ochoa como abogado defensor se está dejando en evidencia, una vez más, la indiferencia o quien sabe si hasta la complacencia con el que el gobierno de Rafael Correa ha tratado y procesado estos crímenes abominables.

Si se observa el silencio oficial y la serie de obstáculos que hubo, por ejemplo, para capturar y sancionar a Jorge Glas Viejó por haber violado y dejar embarazada a una niña en Guayaquil, o la forma en que se procuró, con bastante éxito por cierto, de invisibilizar y minimizar la sentencia a cinco años (por violación a una empleada doméstica) en Costa Rica a José Luis Álava Alvarado, nieto de la ex Embajadora del Ecuador en ese país y sobrino de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, se observa la posición laxa o incluso hasta complaciente que el gobierno ha tenido frente a estos crímenes abominables. Si esta falta de posición y este actuar sinuoso y opaco en casos como los citados se compara con la energía y el vigor que se invirtió en otros casos judiciales como los de los 10 de Luluncoto o los de Galo Lara y Fernando Balda, o incluso de los acusados en el caso del 30S, se puede concluir que para el gobierno de Correa los crímenes como el cometido con el niño del colegio La Condamine tienen muy poca importancia o incluso ninguna.

Caupolicán Ochoa ha sido abogado particular del presidente Correa en casos demasiado emblemáticos como para pensar que su participación como abogado defensor del profesor abusador, no va a influir en los jueces. Ochoa fue abogado en el caso de Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa. También fue el abogado que empujó la sentencia de 15 días de prisión al vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, por haber ofendido la honra de Correa en unas declaraciones. Ochoa, además, fue el abogado de René Ramírez y su esposa Analía Minteguiaga en la denuncia que ambos pusieron en contra del candidato Guillermo Lasso por haber dicho que ella tenía doble sueldo en el Estado.

Cuando son temas de importancia para el gobierno, Rafael Correa se encarga de hacérselo saber a los jueces.  Pero en el caso del niño abusado no ha dicho nada. Tampoco dijo nada sobre el papá de Glas o el sobrino de los Alvarado en Costa Rica. No se pretende que el Presidente intervenga para presionar a los jueces en este caso, como sí lo hizo en cambio en el caso del coronel Carrión y del diario El Universo, pero sí ayudaría que muestre al menos cierta sensibilidad sobre lo ocurrido.  No hay que olvidar que hay otros temas que lo relacionan con la tragedia de Lucas. Sus hijos han sido alumnos de La Condamine, su esposa trabaja como profesora en ese colegio y la rectora, a más de ser su amiga, es suegra de Omar Simon, su antiguo secretario particular. Que no haya marcado distancia públicamente con Caupolicán Ochoa y que no haya dicho nada sobre el tema deja en entredicho su interés en buscar que se esclarezcan y sancionen temas como éste.

Pero hay más. Existen evidencias de que las relaciones del correísmo no se limitan al abogado del Presidente ni a los nexos de Correa con el colegio. Cristina Burneo relata en una columna publicada en Plan V que existen otros vínculos del gobierno con el profesor de La Condamine  y con  otros casos que hacen sospechar que el gobierno ha preferido ignorarlos o hasta socaparlos. “Al rastrear al agresor de Lucas, la familia de Paulina (la madre) encuentra el año pasado fotos públicas en su perfil de Facebook. El sentenciado por abuso sexual aparece en una celebración de fin de año junto a las asambleístas Gabriela Rivadeneira y María José Carrión. Son relaciones que no se pueden obviar porque son relaciones de poder. Al mismo tiempo, hay que recordar el certificado de honorabilidad que Rivadeneira emitió contra un acusado de violación en Otavalo, y no olvidamos el caso Glas Viejó”, recuerda Burneo en su columna donde va más lejos aún: “no se puede dejar de mirar que este gobierno se ha convertido en protector del abuso sexual”, dice Burneo.

Si Correa tuviera un interés sincero en que los jueces no se sientan influenciados por la presencia de su abogado particular, entonces podía haber persuadido a Ochoa para que se retire del caso. Por lo que hasta ahora se ha visto, Correa no ha tenido ni mostrado ningún interés en esto. ¿Quiere en efecto que los jueces se sientan presionados? Si no quiere que pida entonces a Ochoa que se aleje del caso.

El drama de Lucas se suma al de la niña que fue violada por Jorge Glas Viejó y al de la mujer violada por Álava Alvarado. Y al correísmo no parece haberle importando mucho el tema.

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