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La Mofle gritó ¡Fraude! y la censuraron en Gama TV

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Los medios de comunicación administrados por el Gobierno, ya sean los llamados públicos o los incautados, se han convertido en una inmensa maquinaria electoral al servicio incondicional de la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glas. Basta ver el material que publica diario El Telégrafo o el canal incautado TC Televisión para comprender que son herramientas de proselitismo a favor de los candidatos del Gobierno, pagadas con dineros públicos.

En ese contexto se produce la reciente censura que sufrió la comediante Flor María Palomeque, cuya participación en un programa de humor político en Gama TV no salió al aire porque el humor de ella no hizo reír a los administradores del canal. Solo los hace reír lo que descuartiza a Guillermo Lasso.

Palomeque que hace el personaje de La Mofle, uno de los personajes más populares en redes sociales, fue invitada a participar en el programa Los Amigazos de los actores Francisco Pinoargotti y David Reinoso. Sin embargo, el domingo 19 de marzo cuando debía  salir el programa al aire, éste no salió. ¿El motivo? Una orden superior.

Según la versión que Palomeque dio a los 4Pelagatos, durante el programa, al que fue invitada, había un juego en el que había que inflar unos globos y ella, cuando vio que uno de los anfitriones le hacía trampa, exclamó ¡fraude! ¡fraude! e hizo alguna alusión a la necesidad de ir hacia un cambio. Es la única explicación que ella encuentra para que no se haya emitido el programa. Hasta media hora antes todo estaba listo y no había inconvenientes. “Esto ya es demasiado”, dice ella. Su intervención en Los Amigazos se limitaba a un juego con alusiones al tema de las elecciones en un programa que dizque tiene un claro contenido de humor político.

Lo ocurrido es revelador porque muestra que quienes prohibieron que el programa salga al aire, asumen que la alusión al fraude perjudica los intereses del Gobierno. Es tal la susceptibilidad frente a la palabra “fraude” que, al oírla en un canal gobiernista, se veta un programa.

Lo que ha ocurrido a Palomeque con los Amigazos es un episodio más de los atropellos que la actriz ha sufrido durante los últimos años debido a su actitud independiente y muchas veces crítica frente al gobierno. Durante los últimos tres años, ella, conocida por su programa “La pareja feliz” o “Vivos”, no ha podido trabajar en televisión. Los canales incautados no la han querido contratar y, además, aquellos que no están controlados directamente por el Gobierno, como Teleamazonas, han preferido prescindir de sus servicios porque les acarrea problemas con la Supercom. De hecho, ese tribunal inquisitorial multó con 115 mil dólares a Teleamazonas porque consideró que “La pareja feliz” había violado el artículo 62 de la Ley de Comunicación que prohibe la difusión de contenidos discriminatorios, en este caso de la mujer. Luego de esa y otra multa, La Mofle ya no apareció más en ese canal.

Palomeque, a diferencia de la gran mayoría de artistas de televisión, guardó siempre distancias con el poder y eso le llevó luego a un enfrentamiento personal con Rafael Correa. Ocurrió en diciembre del 2016 cuando su personaje, La Mofle, puso en redes un video en que criticaba de forma humorística la Ley de Plusvalía: se convirtió en todo un suceso en redes. Correa la refutó, en su cuenta de Twitter, diciendo que su visión no se ajustaba a la verdad y el diario de gobierno El Telégrafo le dedicó una nota para afirmar que ese personaje de sátira política estaba equivocado. “#Fail: ‘La Mofle’ ‘explica’ la Ley de Plusvalía con un pésimo ejemplo”, tituló el diario.

El programa de La Mofle, que ahora está limitado a las redes sociales y se emite a través de su canal en Youtube, tiene una importante audiencia y se ha convertido en un dolor de cabeza para los trolls del gobierno que siempre la atacan en Twitter. Esa  cuenta y el muro de Facebook de La Mofle son auténticos campos de batalla donde el personaje se bate con trolls y simpatizantes del Gobierno.

El problema con Flor María Palomeque es que es una artista que hace humor político. Y una humorista que hace sátira política es, en cualquier lugar del mundo, un crítica del poder.  “Llevo 19 años haciendo sátira política y le doy al que sea”, dice ella que, luego de su frustrada intervención en Amigazos, recibió una amenaza de secuestro a sus hijos a través de redes sociales, como se ve en su post colocado en Facebook.  Imaginar a un humorista político que no se burle e incomode a quienes están en el poder parece ser lo único que cabe en la mente de Correa y de sus los organismos inquisitoriales.

Gama TV, con su decisión, reafirma un hecho evidente: aquellos que administran los medios en manos del poder no tienen el más mínimo pudor para ponerlos al servicio de la candidatura del binomio Moreno-Glas y lo hacen con dineros públicos. En otras palabras es peculado. Un delito que no prescribe.

El colmo de un payaso

en Columnistas/Las Ideas por

Su misión es garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información y a una comunicación libre, diversa y participativa en todos los ámbitos. Es el Superintendente de la Información y Comunicación y ha decidido bloquear el acceso a su cuenta de Twitter. Un gesto que demuestra su limitada comprensión sobre el alcance del derecho a recibir información, sobre las implicaciones de la libertad de comunicación y sobre la importancia de la participación ciudadana en todos los ámbitos. No entendió nada.

Recientemente, el Superintendente Carlos Ochoa ha sido duramente criticado por su decisión de modificar un inciso de la Ley Orgánica de Comunicación y aplicar ese inciso modificado para sancionar a varios medios. Su respuesta inicial ante los cuestionamientos recibidos en redes sociales fue proteger su cuenta de Twitter, de forma tal que sólo ciertos seguidores que él confirme podían acceder a la información que él difunde a través de su cuenta.

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Probablemente empezó a extrañar a sus 20.000 seguidores, por lo que cambió de opinión y en vez de proteger su cuenta por completo se ha dado el trabajo de bloquear a los tuiteros que le resultan incómodos.

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Independientemente de si los bloqueados son todos o solo algunos de sus seguidores, esta acción evidencia su intención de obstruir deliberadamente el acceso a la información que desde esa cuenta se difunde. El Superintendente de la Información bloquea el acceso a la información que él mismo difunde. ¿No es el colmo?

En su defensa, debo decir que Ochoa no está solo en esta práctica. Son varios los funcionarios públicos del gobierno de la revolución ciudadana que han optado por bloquear el acceso de los ciudadanos a las cuentas a través de las cuales difunden informaciones y opiniones. Por ejemplo, no puedo enterarme de lo que la Segunda Vicepresidenta de la Asamblea publique en su cuenta de Twitter:

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Algunos dirán que se trata de sus cuentas personales y que están en plena facultad de decidir a quiénes permiten acceder a sus tuits. Discrepo. El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas. Mientras sean funcionarios públicos, se presenten como tales en sus cuentas y las utilicen para difundir información oficial u opiniones emitidas en su capacidad oficial, están obligados a garantizar su acceso a todos los ciudadanos, sin discriminación por opinión política. Están obligados también a recibir críticas y cuestionamientos por parte de sus mandantes y a ser tolerantes frente a las expresiones de todos los ciudadanos, aunque les choquen.

De todas maneras, el argumento de que se trata de cuentas personales se desvanece pues no sólo son funcionarios los que bloquean a los ciudadanos el acceso a sus cuentas oficiales, sino que ese mismo ejemplo han seguido quienes manejan las cuentas institucionales del gobierno.  Por ejemplo, estoy impedida de acceder a cualquier información que se difunda a través de la cuenta institucional de la Presidencia de la República:

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Toda la información que se difunde a través de esa cuenta se produce con mis impuestos, pero no puedo acceder a ella. ¿No es el colmo?

No entendieron que el derecho de acceso a la información pública es una dimensión del derecho a la libertad de expresión que protege nuestro derecho a acceder a toda la información en poder del Estado. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que toda información que posean las instituciones, organismos y entidades del Estado es pública, y por pública debemos entender que es nuestra, no del gobierno. La misma Ley afirma que “el ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones”. Así, quienes ejercen la función pública deben aplicar el principio de máxima divulgación en todas sus actuaciones, lo que hoy en día también incluye sus expresiones en redes sociales.

No entendieron que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, y este principio sólo está sujeto a un régimen limitado de excepciones. El derecho de acceso a la información garantiza que los ciudadanos podamos obtener toda la información que esté bajo custodia del Estado, toda la información que el Estado produce, aquella que está obligado a producir e incluso aquella que está bajo poder de quienes ejerzan funciones públicas. En virtud de este derecho no sólo estamos facultados a solicitar esa información sino que el Estado debe garantizar la posibilidad de acceder libremente a información completa y actualizada sin esperar una solicitud o un reclamo judicial. Es lo que se conoce como un gobierno abierto.

Pero el gobierno no está cumpliendo con su obligación de transparencia activa. El Banco Central, depositario de nuestro dinero, no ha publicado aún las cuentas anuales relativas a 2015, boletín que debió publicar hasta el 29 de julio. Tampoco hemos podido acceder libremente a información que nos permita conocer en qué están gastando las contribuciones “solidarias” que por ley estamos obligados a realizar a partir del terremoto. Cancillería no ha publicado las cifras de refugiados reconocidos desde febrero de 2013. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que ha aprobado un Protocolo para la Atención a Población LGBTI y detalla que el protocolo tiene once artículos, pero no publica el protocolo ni responde a quienes solicitamos esta información. Y así sucesivamente, hasta el infinito. ¿No es el colmo?

Seguramente me dirán que no se aplican los mismos principios de gobierno abierto por los que deberían regirse los portales de internet del Estado a las cuentas de Twitter de sus funcionarios o instituciones. Discrepo nuevamente. Las redes sociales son una herramienta para la apertura y rendición de cuentas por parte del gobierno. Las nuevas tecnologías no sólo permiten la difusión de información sino que facilitan su intercambio, pues fomentan la participación del público y la interacción con los funcionarios. El gobierno debería aprovechar estas tecnologías para publicar cada vez más información a través de redes con el fin de permitir a los ciudadanos conocer lo que su gobierno hace e influir en las decisiones gubernamentales. La transparencia, el libre acceso a la información y la rendición de cuentas son principios que deben guiar el actuar de los funcionarios en todos los espacios, incluyendo las redes sociales.

Este gobierno que tanto habla de participación ciudadana no entendió que el acceso a la información es un derecho instrumental que permite a los ciudadanos participar de los asuntos de interés público. Estar informados sobre lo que el gobierno hace o deja de hacer es esencial para que los ciudadanos podamos formarnos una opinión y exigir que las autoridades rindan cuentas sobre sus actos. Conocer más sobre sus acciones y sobre sus opiniones e intercambios en redes sociales, nos permitirá también ejercer a conciencia nuestro voto en las próximas elecciones.

Pero la intolerancia frente a la crítica es tal que si nos atrevemos a cuestionar alguna información publicada en sus cuentas de redes sociales, somos bloqueados. No entendieron que la libertad de comunicación implica también la libertad de vigilar y criticar las acciones del gobierno y sus funcionarios. Este gobierno, que ha defendido los millonarios costos de la preparación y difusión de enlaces ciudadanos bajo el argumento de que “es el derecho y el deber del Presidente informar al pueblo ecuatoriano”, impide que los ciudadanos accedamos libremente a la información que publica a través de sus cuentas oficiales, sean estas institucionales o de funcionarios públicos.  ¿No es el colmo?

La cultura del secretismo que caracteriza a este gobierno sólo tiene una explicación posible: no quieren que sepamos la verdad para que no podamos formarnos una opinión.  En una democracia, el acceso a la información es la regla y el secreto es la excepción. En Ecuador sucede lo contrario.

Los farsantes de la moral oficial

en La Info por

El aparato de censura y control de la información del correísmo y la Ley de Comunicación –que este sábado cumplirá tres años de vigencia– no sólo sirven para hostigar a los disidentes del correísmo y a quienes piensan diferente.

O para mantener políticamente disciplinados a los medios y disuadirlos de meter las narices donde no les conviene.

O para imponer la verdad oficial de los hechos noticiosos con remitidos de publicación obligatoria como los que diario El Universo recibió el último fin de semana (tres en un día), con títulos tan jocosos como “Incremento temporal del IVA en Ecuador no es una razón para que ecuatorianos compren en Ipiales”.

No. La Supercom y el Cordicom, con la ley en la mano, con todo su engranaje de intendencias regionales y su jauría de sabuesos, su policía semiológica y sus direcciones “de monitoreo y análisis”, “de vigilancia y control”, “de procesos y sanciones”, “de gestión preventiva e intervención jurídica”, sirven sobre todo para mantener la moral y las buenas costumbres en la esfera pública. Para castigar a quienes las vulneran. Para enderezar a los obscenos, a los impúdicos, a los malhablados, a los procaces, a los políticamente incorrectos. A los que nos hacen pecar. A los que dicen presos en lugar de decir PPLs. A los que dan mal ejemplo.

No es extraño que, para presidir un aparato semejante, se eligiera a un ciudadano de moral intachable y costumbres ejemplares. Un ser casto, abstemio, virtuoso, carente de todo vicio: el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. La mayoría de resoluciones que ha firmado, desde el nacimiento de su organismo en 2014 hasta la fecha, tiene que ver con la moral y las buenas costumbres. Esa jurisprudencia es su doctrina, su legado a la posteridad. En ella se expresa como un auténtico árbitro nacional de la decencia y el buen gusto.

Ochoa es el hombre en quien parece haber estado pensando Joan Manuel Serrat cuando escribió su canción Los macarras de la moral: maestro para pescar en el río turbio del pecado y la virtud, experto en fabricar platos rotos que acaban pagando otros (periodistas y medios de comunicación), reparte sanciones económicas a diestra y siniestra.

¿Algún medio de comunicación, en cualquier rincón del país, observa lo que él llama “un comportamiento negativo para el desarrollo cognitivo de los menores de edad”? Diez salarios mínimos de multa.

¿Alguien se expresa con lenguaje que, según él, “no observa las reglas mínimas para la convivencia en el marco del respeto a los derechos de otras personas”. Diez salarios mínimos de multa.

¿Hay quien se atreva a “irrespetar los derechos del Estado intercultural” (“los derechos del Estado”, así discurre la mente de Ochoa)? Diez por ciento de los ingresos del trimestre de multa.

Por pronunciar la palabra “moza”… ¡Multa! Por poner en duda los valores de la moral cristiana… ¡Multa! Por mostrar demasiada piel o demasiada sangre… ¡Multa, multa, multa!

La semana pasada, 4pelagatos contó el caso de dos periodistas deportivos: Luis Baldeón y Aurelio Dávila, los conocidos Barman y Droguin de Radio Fútbol. La Supercom se ha enseñado con ellos por su incorrección política con tan sistemática aplicación que da motivos para sospechar de sus intenciones: les ha seguido once procesos en 18 meses. Algunas de las resoluciones emitidas por Ochoa contra ellos son dignas de figurar en cualquier antología el curuchupismo y la mojigatería criollas.

Por ejemplo, aquella que dice que el sentido fundamental del matrimonio es la procreación y que el adulterio se opone al orden sobre el cual descansa la República, para concluir castigando a Dávila y Baldeón por haber hecho el elogio de la infidelidad.

O esa otra en la que el superintendente expresa su preocupación por el “ejemplo negativo y errado” que reciben los niños cuando escuchan a Dávila y Baldeón pronunciar malas palabras. Palabras que, más tarde “pueden ser replicadas en contra de un compañero de escuela”.

Todo esto arropado en un lenguaje seudojurídico salpicado con citas de Cabanellas, o intercalado de argumentaciones semiológicas tan precarias como incomprensibles, que no consiguen ocultar el proverbial moralismo que se encuentra en el fondo.

En una ocasión se sancionó a diario Extra por combinar, en un montaje gráfico sobre un accidente aéreo en Ucrania, la foto del lugar donde cayó el avión con la imagen una mujer depositando flores en homenaje a las víctimas. El vuelo semiológico, del cual hay que responsabilizar a los semiólogos de intendencia del Cordicom, era delirante.

La “violencia simbólica” de este montaje gráfico, según los expertos refrendados por el superintendente, “se manifestaría en el quiebre del código de la cotidianidad (rituales de interacción): de un lado, las imágenes de cuerpos muertos y fragmentados; de otro, la imagen de una mujer con vestido corto, floreado intentando significar el ‘luto en Ucrania’, por tanto, se violentaría la cotidianidad”. Es decir que a “la morbosa exhibición de la muerte”, de la foto de arriba, sigue una “gratificación y reificación a partir de la representación de la vida”, en la foto de abajo, operación que sigue “un orden de discurso que va de masculino a femenino” y que “termina en sesgo de impacto que permite un reciclaje o circularidad de la lectura”. ¿Quedó claro? ¡Pero si hasta Carlos Ochoa lo entiende! Lo firma, de hecho.

supercom, extra, imagen muerte vida,

Un caso más reciente fue el de diario La Hora de Santo Domingo, al que la Supercom sancionó por publicar una nota titulada “Quemada por su madrastra”. Es la historia de una niña de tres años, cuya identidad el diario no revela, que ha sido víctima de brutales maltratos. Según el informe de Ochoa, “La publicación alimenta en los lectores la atracción por lo desagradable. Se expone a la supuesta víctima de maltrato en condiciones que afectan su dignidad, su derecho de imagen y privacidad, lo que denota la forma utilizada por el medio para dar a conocer una información que se supone privada, íntima, que al exponerla al público se convierte en algo obsceno”. Se refiere a la fotografía de una niña de tres años que fue quemada por su madrastra y que el documento firmado por Ochoa describe con estas palabras: “Una imagen en escala de grises parcialmente difuminada en la que claramente se observa la espalda y parte de los glúteos con ampollas de la menor”. Esa fotografía “parcialmente difuminada” pero tan clara, tan morbosa, tan atentatoria del derecho a la intimidad de una niña, por favor, cúbranse los ojos, es ésta:

supercom-imagen parcialmente difuminada

¿Qué tiene en la cabeza el superintendente Ochoa? Hay que ser francamente retorcido para que la borrosa, indeterminada exhibición de una minúscula fracción de nalga infantil le altere los nervios a uno.

También el canal 5 de televisión, Televicentro, fue sancionado por mostrar las imágenes “parcialmente difuminadas” de una decapitación perpetrada por los terroristas de ISIS. “Desde una perspectiva semiótica”, explica Ochoa en la resolución respectiva, el crimen del noticiero consiste en haber aplicado (por favor, tomen asiento) “un lenguaje específico, con una serie de elementos determinados entre (signos) y una serie de relaciones entre ellos, de manera que por su uso se produzcan significados. Y el significado fue la entrega de un producto informativo de alto impacto emocional y violento en franja horaria no permitida”. La cita (incluida esa inescrutable palabra signos entre paréntesis) es textual.

Si un juez se expresa a través de sus providencias, las resoluciones de Ochoa lo retratan de cuerpo entero. A él y al organismo que preside. Gente retorcida, ávida de sangre. Resentidos que ejercen su metro cuadrado de poder con todo el rigor que les dictan las tripas. Y las hormonas. Ellos son los guardianes de la decencia y el buen gusto del régimen correísta. Son la mecha de la sospecha, el meollo del mal rollo. Son los macarras de la moral.

Foto: diario La Hora

El “país” según Quinteros y la Copa América

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La eliminación inapelable de Ecuador frente a Estados Unidos  fue el cierre de una Copa América Centenario donde la Tricolor cumplió la mejor participación de los últimos 19 años. Llegar a cuartos de final, de todas maneras, no configura un mapa exitoso. Las instancias realmente consagratorias, el protagonismo continental de verdad, todavía siguen lejos del alcance de la Selección Nacional.

 El arranque de Ecuador, frente a Brasil en Los Ángeles, creó expectativas positivas por el resultado. El 0-0, pese a que la verdeamarilla naufraga en medio de la peor crisis de su historia. Sin embargo, los intentos ofensivos de la Tri fueron apenas perceptibles. Cuando Ecuador se esmeró y prendió motores, este rival tan decadente y triste lo frenó en seco. A tal punto se ejecutó el dominio de Brasil, que Esteban Dreer (arquero), Arturo Mina, Gabriel Achillier (defensas) y Cristhian Noboa (volante de equilibrio) fueron las figuras.

 Antes de jugar con Perú el partido decisivo, un hecho fuera de las canchas alteró el trayecto de la Selección en Estados Unidos. En unas inesperadas declaraciones a El Universo, el director técnico Gustavo Quinteros se despachó tachando como “ignorantes que no saben nada de fútbol” e “idiotas” a quienes se atrevían a preguntar por qué el equipo no repite el nivel futbolístico mostrado en el primer tramo de la Eliminatoria, donde Ecuador ganó sus cuatro primeros partidos.

 En esa misma entrevista, aseguró que tampoco hace caso a nadie “porque hay poca gente que entiende y hay muchos detractores de su propio país”. Tal aseveración no se compadece con los hechos, pues cada que hace una convocatoria, el técnico se explaya ante la prensa explicando por qué la ausencia de X o Y jugador.

 Dentro de toda esta oleada descalificadora, la alusión que el técnico hace al “país” no es gratis. Con su experiencia de jugador mundialista y técnico con cierto recorrido, Quinteros ya debería saber que el concepto de “país” va más allá de la representación futbolística. Sin embargo, su intención es clara y trata de vincular como “detractores de su propio país” a quienes tienen una opinión distinta a la suya en cuanto al manejo de la Selección.

 El coro perfecto a este discurso es un sector de la prensa que desde la asunción de Quinteros, en marzo del año pasado, se ha encargado de promocionar su presencia, situándolo más allá del bien y del mal, obviando sus errores y convirtiéndose en una suerte de guardia pretoriana del DT.  Inmunizado con esta supuesta superioridad moral  y respaldado por sus guardaespaldas mediáticos, Quinteros se sitúa como un defensor gratuito de la ecuatorianidad que él entiende, esa que se desarrolla dentro de un campo de juego, la menos importante de todas.

 La noche anterior del partido frente a Perú, en Phoenix, el técnico estaba obligado a dar una conferencia de prensa. Las preguntas que no podían faltar versaban sobre sus frases en El Universo. Sin embargo, el jefe de prensa advirtió que no se permitiría ningún cuestionamiento sobre la cuestión, por indicación expresa de Quinteros. En ese clima de censura e imposición, el encuentro con el protagonista de la noticia transcurrió sin novedades, tan aburrido como siempre.

 El partido contra Perú dejó ver dos rostros del equipo. En el primer tiempo, su faceta anodina, incapaz, inofensiva y extraviada hasta el extremo. Luego, en el complemento, con empuje y decisión, Ecuador superó futbolísticamente a su rival. Sin embargo, la escasa capacidad de definición, impidió la victoria. Segundo partido y segundo empate, a esperar una victoria frente a Haití para clasificar.

 En New Jersey, la precariedad caribeña acompañó una victoria ecuatoriana tan irrebatible como insuficiente. El 4-0 ocultó fallas defensivas y, sobre todo, la poca puntería y nula elaboración del equipo. Sin embargo, la rueda de prensa posterior a ese encuentro fue un carnaval: una fila de periodistas esperando el micrófono para agradecer por el “momento histórico” de la clasificación, ponderar el triunfo sobre un “difícil rival” y quedar bien ante los ojos de la autoridad de Quinteros, quien viendo todo habrá quedado convencido que él representa al ‘país’.

 La siguiente parada, en Seattle, parecía un trámite directo a la final. La superioridad de Ecuador sobre Estados Unidos estaba proclamada por el círculo aúlico mediático del técnico. Sin embargo, la realidad volvió a golpear fuerte en el rostro. El favoritismo y las opciones ciertas de victoria se esfumaron ante un rival más capacitado, con un notorio trabajo técnico y de observación previa. La derrota 1-2 determinó la eliminación, más allá de la olvidable expulsión de Antonio Valencia y el cierre emocionante que tuvo el cotejo, merced al frenesí y ritmo endemoniado de Jefferson Montero.

El DT Quinteros fue expulsado, por excesos verbales contra el árbitro. No pudo haber un final más gráfico para el ciclo de Ecuador en la Copa América Centenario. La soberbia del timonel, capaz de deslumbrar al grupo prosélito que lo apuntala, no alcanza para enfrentar los verdaderos problemas del fútbol ecuatoriano. Problemas que, de hecho, no dependen de quién sea el técnico. Son problemas de base, de estructura y trabajo de la Federación. Problemas guardados bajo la alfombra de los resultados. Problemas que, en definitiva, mantienen al fútbol del Ecuador sumido en el estancamiento.

Las retorcidas mentes de los supercomitos

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Segunda entrega de la nota titulada “¿Por qué el correísmo se ensaña con Barman y Droguin?”.

Aurelio Dávila y Luis Baldeón, conductores de los programas de opinión deportiva Hablando Jugadas y Mira quién habla, de Radio Redonda, han sido once veces procesados por la Supercom. Las razones son desopilantes y retratan al curuchupismo correísta de cuerpo entero. A continuación, una lista de los casos. Las fechas corresponden a la presentación de las denuncias o de los reportes internos del organismo.

  1. 11 de febrero de 2015. – Por no identificar, en la emisión del 27 de enero, el tipo de contenido del programa, es decir: ese día se olvidaron de especificar que Mira quién habla es un programa deportivo de opinión. Multa: 1.770 dólares.
  2. 23 de febrero de 2015. – Por teorizar sobre la diferencia entre amante y moza. Según la Supercom, se trata de un “contenido que menoscaba la dignidad de la mujer”. Multa: 3.540 dólares.
  3. 4 de mayo de 2015. – Por repetir el insulto que un jugador le dijo a otro después de cometerle falta: “Te cagué hijueputa”. Multa: 3.540 dólares.
  4. 30 de julio de 2015. – Por decir que los hijos del también comentarista deportivo Roberto Omar Machado son malos periodistas y tienen trabajo gracias a que la radio es de su papá. Amonestación escrita.
  5. 13 de agosto de 2015. – Por hablar a favor de la infidelidad. Vale la pena reproducir sus palabras para que se entienda el contexto humorístico del asunto: “No estamos en contra de la infidelidad, en la cara lo decimos, en la cara y en los oídos de quienes quieran escuchar: estamos a favor de la infidelidad, pero eso sí, tienes que ser un profesional (…). Eso sí, pedimos alto rendimiento, inteligencia emocional, un desdoblamiento milimétrico sin que note tu cónyuge. Eso es complicado, tener doble cara (…). Nosotros estamos a favor de la doble cara, de la doble vida. ¿Por qué? Porque es un placer; te da una sensación de poder indescriptible, te da una sensación adrenalínica. ¿Si me hago entender? Señoras y señores, nosotros estamos a favor del profesionalismo del amante”. Para sancionar esta declaración el superintendente Carlos Ochoa, cuya fidelidad seguramente es ejemplar, cita el artículo 67 de la Constitución (“El Estado protegerá la familia como núcleo fundamental de la sociedad”) y concluye que se trata de un “contenido inadecuado”. Multa: 3.540 dólares.
  6. 29 de octubre de 2015. – Por llamar mamarrachos, payasos y bufones a periodistas de otra radio deportiva que los amenazaron con pegarles: “En qué país vivimos carajo, ¿esto es de patadas, de cuchillo, de revólver? Vamos a ver si responden como hombres ante la justicia”. Aunque se trata, obviamente, de una declaración de rechazo a la violencia de los otros, la Supercom la sancionó por “no observar reglas mínimas para la convivencia en el marco del respeto y la tolerancia hacia los demás”. En esta misma resolución se sanciona también una declaración de Luis Baldeón pronunciada en otra fecha: “que nos sancione por algo el Ochoa y toda su people. No hay cómo hablar en contra del gobierno, Aurelio. Gracias, me voy. Qué paisito éste ¿no?”. Según el propio Ochoa esas palabras incurren en “desconocimiento de la autoridad”. Multa: 3.540 dólares.
  7. 16 de noviembre de 2015. – Por exactamente las mismas causas que la demanda anterior. Aunque parezca increíble, Dávila y Baldeón vuelven a ser procesados por llamar mamarrachos, payasos y bufones a periodistas de otra radio deportiva que los amenazaron con pegarles. Y por decir: “En qué país vivimos carajo, ¿esto es de patadas, de cuchillo, de revolver?”. Y también (otra vez) por desconocer a la autoridad y llamar al incumplimiento de la ley a raíz de conocerse la sanción anterior: “La Supercom procedió nuevamente a notificarnos por 3 mil dólares, yo no voy a pagar un centavo”, había dicho Baldeón. Multa (otra vez): 3.540 dólares.
  8. 26 de enero de 2016. – Por organizar una encuesta telefónica con sus oyentes. Las preguntas eran: ¿con quién le gustaría acostarse? ¿Con quién se pegaría un grifo? ¿Con quién un trago? Según la Supercom, esta encuesta irrespeta los derechos de los grupos de atención prioritaria. Multa: 3.660 dólares.
  9. 28 de enero de 2016. – Por maltratar a un oyente que los maltrató primero. Había llamado a la radio a decirles: “Lo que usted tiene es diarrea mental y el otro señor que está al lado suyo es un pobre aprendiz de matemático, que nunca ha ido a una universidad”. Baldeón respondió: “Váyase al diablo, a mí no me interesa que usted sea físico cuántico, me resbala. Además, padezco de derrame cacal. Qué te pasa a vos que estás hecho el vivo, conmigo no te metas, que soy boca de verdulera”. Otra vez: irrespeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria. Multa: 3.660 dólares.
  10. 1 de marzo de 2016. – Por confesar pecados de juventud: “Una época me dio por robarles dinero a los taxistas (…) A mi papá le robé un día, cinco sucres del pantalón”. A pesar de que los periodistas pronunciaron literalmente la frase “eso no se debe hacer”, la Secom decidió sancionarlos por justificar la práctica de un acto ilícito. Multa: 3.660 dólares.
  11. 15 de abril de 2016. – Por hacer la apología del chisme: “La razón de ser de este programa es el chisme, el rumor, el meterse en la vida privada de la gente”. Y también: “No somos un programa cualquiera que habla de moderación, de cariño, de respeto, nooo. Nosotros hemos venido a traer la espada”. Y también: “Yo no quiero fama, quiero plata, por Dios, entiéndanme. Yo soy una prostituta del periodismo”. Además, por hacerse llamar “Barman y Droguin”, en alusión al alcohol y las drogas. Todo lo cual, según la Supercom, “podría influir e incluso modificar (para mal, se entiende) el comportamiento de la audiencia”. Multa: 3.660 dólares.

En casi todos estos casos Dávila y Baldeón han sido acusados de violar el horario de protección al menor. Un pretexto improcedente, pues la misma ley del aparato de censura correísta, en este caso el reglamento de audiencias del Cordicom, establece que las franjas horarias no se aplican para los contenidos de opinión. Y tanto Hablando Jugadas como Mira quién habla están catalogados como tales.

Es evidente que lo de la Supercom con Luis Baldeón y Aurelio Dávila es una obsesión persecutoria. El sistema de control y censura de la libre expresión montado por el correísmo, con su marco legal y su aparato institucional, permite que cosas así ocurran con total impunidad, eso no es nuevo para nadie. La pregunta es por qué. Por qué dos exitosos periodistas deportivos que no se meten en política salvo por excepción, que gozan del favor de un público masivo, ciertamente escandalosos e incorrectos, posiblemente de mal gusto y hasta amorales, se convierten de pronto en las víctimas sistemáticas de la persecución del Estado. Parece claro que la Supercom quiere escarmentar con ellos. Usarlos como ejemplo para imponer su propio concepto de moral y buenas costumbres. Su curuchupismo y su mojigatería social como modelos de comportamiento. Son sus propias mentes enfermas y retorcidas, las de Carlos Ochoa y sus intendentes, las que hacen pasar por censurable el estilo de Dávila y Baldeón, cabezas de turco de un proceso que intenta ponernos en vereda y disciplinarnos a todos.

Personajes como estos periodistas, con sus dobles alusiones, sus inclinaciones perversas, sus tendencias (reales o figuradas) hacia el alcoholismo y la drogadicción, su incontinencia verbal y esa falta de elegancia de la que hacen alarde, difícilmente van a ser defendidos por alguien en una sociedad mojigata. Y (con la excepción de Fundamedios, que ha documentado su persecución entre tantas otras) no lo han sido. ¿Hasta qué punto la Supercom se levanta sobre la propia vocación silenciadora de los ecuatorianos, vocación que se ceba en gente como Dávila y Baldeón? La censura, escribió el escritor sudafricano John Coetzee, proviene de la capacidad de la gente para ofenderse por lo que lee o escucha. Y como esa capacidad es infinita (siempre habrá en la sociedad alguien que se sienta ofendido por algo), una vez que el espíritu de la censura se instala en el poder y se promueve desde el Estado, su posibilidad de persecución no tiene límites.

Uno de los ciudadanos rusos que ofreció su testimonio a Svetlana Alexiévich para su libro El fin del homo soviéticus dice, con bastante perspicacia, que la democracia no se puede instaurar por decreto, no se puede importar, no se puede improvisar. Porque la democracia precisa de hombres y mujeres libres. Y que en Rusia escasean. ¿Acaso abundan en el Ecuador? ¿Existe en el país una verdadera tolerancia hacia la opinión ajena o más bien tienden los ecuatorianos a creer que la libertad de expresión termina donde empieza el derecho de las personas a sentirse ofendidas? ¿Admitimos la libertad de los otros a hablar siempre y cuando no digan cosas que nos disgustan? ¿Es eso? La existencia de personajes como Luis Baldeón y Aurelio Dávila es saludable para la esfera pública porque el respeto de su libertad garantiza el respeto de la libertad de todos. El hecho de que hayan sido, durante un año y medio, acosados por el Estado y privados de sus derechos sin que esto se convierta en un escándalo público, pone en duda la capacidad de los ecuatorianos de vivir en democracia.

¿Por qué el correísmo se ensaña con Barman y Droguin?

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Esta es la historia de una persecución. En poco más de un año, exactamente desde febrero de 2015, Luis Baldeón y Aurelio Dávila, periodistas que conducen los programas de opinión deportiva titulados Hablando jugadas y Mira quién habla, en Radio Redonda, han sido procesados once veces por la Supercom debido a cosas que han dicho ante los micrófonos. En todos los casos han sido hallados culpables. La sanción, casi siempre una multa equivalente a diez salarios básicos, impuesta a su radio, ha sido generalmente asumida por ellos. Hasta el momento han pagado 34.110 dólares. Han sido tratados casi como delincuentes contumaces. Han sido públicamente desacreditados e infamados. No han tenido descanso: han debido afrontar hasta dos o tres procesos simultáneos. Todo esto ha puesto su estabilidad laboral en riesgo. Pero hasta el momento no se ha probado que Luis Baldeón y Aurelio Dávila hayan calumniado a nadie. Tampoco han incitado a la violencia. No han difundido información que produjera conmoción social (y no es por falta de audiencia) o impidiera el normal desenvolvimiento de la vida institucional de la República. No han desestabilizado el orden constituido. No han lesionado derechos de terceros aunque sus acusadores aseguren lo contrario. ¿Qué es, entonces, lo que hace de ellos unos sujetos tan peligrosos que los agentes de la ley no dejan de seguirles los pasos?

Conociendo a los juzgadores, la primera pregunta que surge en la mente de cualquiera es si se trata de un caso de retaliación política. Cierto es que Aurelio Dávila no se ahorra las críticas al gobierno, que se mete con la Supercom y ha llegado a exclamar “Abajo la Revolución Ciudadana” con todas sus letras.  Si se les pregunta a ellos, no descartan que el acoso al que se encuentran sometidos tenga que ver con esta postura. Pero los motivos de las denuncias en su contra, al menos formalmente, son otros.

Ocurre que Luis Baldeón y Aurelio Dávila son humoristas. ¿Significa eso que el fútbol, en sus programas, es un pretexto para ejercer la sátira? No exactamente. Ellos analizan y critican el fútbol y lo hacen en serio. Más aún: su opinión es tenida en cuenta. Hablando jugadas y Mira quién habla son los programas de mayor audiencia de la radio en su género. Ellos son periodistas influyentes. Pero el contexto que rodea a sus comentarios deportivos, su tono general, su estilo, los temas que tratan, la manera como se representan a sí mismos y a los demás, los personajes que se atribuyen, todo configura una comedia. Y no de cualquier tipo: una farsa. Un hilo continuo de humor, a ratos ácido, a ratos perverso, a ratos subido de tono, tiñe todo lo que dicen. Un humor no apto para biempensantes. Un humor que se nutre de todo lo indebido, de todo lo prohibido, de todo lo vedado; que echa mano de temas canallas: el sexo ilícito, el alcohol, las drogas (de hecho ellos se presentan como Barman y Droguin). Un humor extraído directamente del habla de la calle, comprensible para todos pero no del gusto de todos.

Se podría decir que Dávila y Baldeón son desenfadados, políticamente incorrectos, irreverentes hasta el desenfreno, iconoclastas. Todo eso es cierto pero es insuficiente para describirlos. Para complicar las cosas aún más, ellos creen (y en eso coinciden con millones) que el fútbol es una de esas raras puertas ubicuas que se abren hacia lo totalidad de la vida y que, por tanto, es fácil empezar hablando de fútbol y terminar hablando de amor, de política, de gastronomía, de erotismo, de lo que sea. La verdad es que son, simplemente, inclasificables. Y eso es algo que la Supercom no puede soportar. Funcionarios de intendencia al fin y al cabo, los de la Supercom lo tienen todo etiquetado y viven, en su ignorancia, con la vana convicción de que las infinitas posibilidades de la comunicación humana caben en su ley de a perro. No entienden nada.

La mayoría de las denuncias contra Dávila y Baldeón provienen de la propia Supercom, a través de reportes internos firmados por los sabuesos de la inquisición que monitorean los medios y particularmente ése. En otras palabras: acusador, juez y beneficiario final de la multa impuesta son tres personas distintas y un solo dios verdadero. Es lo que el correísmo llama “debido proceso”. Ellos tienen, además, un enemigo que los ha demandado tres veces. Óscar Emilio Armas de la Bastida es un ciudadano de profundas convicciones morales y nulo sentido del humor que se ha impuesto una cruzada en su vida: pretende que a Dávila y Baldeón se les prohíba hablar definitivamente, que se los expulse de su radio y de todas las radios. Las siguientes palabras, pronunciadas por él en una audiencia del pasado 27 de abril en la Supercom, retratan bastante bien su personalidad y sus intenciones: “Tenía que llamarse –dice refiriéndose al programa matutino de Dávila y Baldeón– Hablando huevadas, no sé porque se llama Hablando Jugadas. De jugadas no hablan nada, sino de jugadas de inmoralidad, de drogas, de homosexualismo, de traiciones, de esas cosas, esas jugadas son las que se ventilan en esta emisora”.

Armas de la Bastida vive en Quito. Es o fue taxista. Sin embargo tiene la capacidad económica o la influencia necesaria para contratar, contra Dávila y Baldeón, nada menos que al estudio jurídico de Gutemberh y Alembert Vera, los abogados del presidente de la República cuya oficina funciona en Guayaquil. Al parecer se entiende perfectamente con la Supercom porque, cuando quiere iniciar proceso contra sus enemigos, no se molesta en señalar el motivo de la denuncia, la naturaleza de la infracción cometida o la dimensión de la afectación causada. Simplemente escribe largos manifiestos en favor de la moral y las buenas costumbres y en contra de estos “supuestos periodistas” que “se meten y arremeten con todo y todos”, “convirtiéndose en los referentes y prototipos de la irreverencia, irrespeto, grosería, desafío, violencia verbal, incoherencia, abuso de opinión, impertinencia”, etc., todo lo cual, según él, debería estar prohibido. Como prohibidos debieran estar también los vulgarismos que enumera y traduce: “a mí me gusta tragar” por “a mí me gusta comer”; “no me jodan” por “no me molesten”; “estoy cabreado” por “estoy enojado”; “te voy a chilpir el hocico” por “te voy a romper la boca”. Dicho lo cual recomienda a la autoridad respectiva escuchar el audio del programa de la fecha tal.

¿Qué ocurre luego de que Armas de la Bastida presenta ante la Supercom este tipo de argumentos? Algo delirante: Mauricio Cáceres Oleas, director nacional jurídico de Reclamos y Denuncias, luego del “análisis del relato de los hechos”, acepta a trámite la denuncia por considerar que las presuntas infracciones descritas son las que se encuentran contenidas en los artículos tales y cuales de la Ley Orgánica de Comunicación. En alguna ocasión ni siquiera consta el análisis de las grabaciones, circunstancia que el superintendente Carlos Ochoa justifica plenamente con el argumento de que “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. En casi todos los procesos Dávila y Baldeón han sido acusados de violar el horario de protección al menor, una infracción que sólo puede ser cometida por un medio, no por un periodista, y que, por añadidura, no se aplica en ningún caso a un contenido de opinión, según establece el propio reglamento técnico para la definición de audiencias y franjas horarias dictado por el Cordicom (artículo 9).

Luis Baldeón y Aurelio Dávila han sido víctimas de falsas acusaciones desde hace un año y medio; han sido despojados de las garantías del debido proceso; han sido sistemáticamente perseguidos por el aparato del Estado; en su contra se han movilizado sospechosas asociaciones que incluyen a los abogados del presidente de la República. Todo por el delito de practicar un estilo de humor que no gusta a todo el mundo. ¿O hay algo más? ¿Es su caso una cruzada de moralización de la sociedad o hay otra razón oculta? Mañana, en una segunda entrega, veremos los once procesos de la Supercom, caso por caso: una lista delirante.

Plan V es sacada del aire por censura de la Secom

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4pelagatos expresa su absoluta solidaridad con Plan V y denuncia este nuevo intento de acallar los medios independientes.

Juan Carlos Calderón, director de Plan V, nos informa que el proveedor restableció el servicio. La Secom no pudo sacar, bajo argumentos falaces, a Plan V del aire más que unas horas. Enhorabuena por la libertad de expresión!

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Si Carlos Ochoa no entiende nada, imaginen a sus subordinados

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Gente pide agua; Correa sube el IVA. Según la Supercom, este titular publicado por diario El Mercurio de Cuenca en la portada de su edición del 21 de abril viola el derecho constitucional de las personas a recibir información veraz, oportuna, contextualizada y contrastada. Aunque los dos hechos reflejados en el título sean verdaderos. Aunque el punto y coma utilizado para separarlos descarte cualquier relación causal o de dependencia lógica entre ellos.  Más aún: a pesar de que la nota de portada remite a los lectores a una página interior en la que las dos noticias se recogen por separado y se contextualizan debidamente, la Supercom ha decidido que el titular no es consistente con el contenido informativo, como manda la Ley de Comunicación. ¿Cómo se llegó a semejantes conclusiones? Pues de forma muy graciosa, como suele ocurrir cada vez que el aparato de censura entra en el juego.

La resolución está suscrita por el intendente de la Zona 6 de la Supercom, Luis Enrique Zamora, digno subordinado de Carlos Ochoa, y se caracteriza por su absoluto desprecio por la gramática elemental. El texto es un compendio de todos los posibles errores de sintaxis de la lengua española: atropellos ofensivos a la concordancia, casos de doble sujeto, faltas graves de puntuación, inadecuación en el régimen de los verbos, uso desatinado de los gerundios, formas preposicionales y adverbiales incorrectas y toda clase de anacolutos, silepsis y solecismos salpican las 15 páginas del documento, dificultan su comprensión y convierten su lectura en una experiencia dolorosa para cualquiera que intente desentrañar su significado. La incompetencia de Zamora en materia de lenguaje es radical y profunda. Evidentemente él piensa como escribe: a la patada. El hecho de que este defecto sea corriente en la tecnocracia correísta no lo hace menos lamentable y es especialmente grave en este caso. ¿Por qué especialmente? Porque todo el peso de la resolución de la Supercom contra diario El Mercurio pretende descansar sobre un supuesto análisis de lenguaje.

Causa gracia: Zamora, negado totalmente para la gramática (la más elemental de las estructuras), se atreve con la semántica. Hay que tener jeta. Interpreta el valor del signo de puntuación utilizado, analiza el modo de los verbos y cómo éste influye en la percepción de los mensajes, dispara teorías sobre “la pragmática lingüística”, reflexiona sobre el contenido en cuanto “unidad de veracidad”, aventura hipótesis sobre la forma como “la información se constituye en episteme” y conjuga todo eso con la correspondiente lectura jurídica de la Ley de Comunicación a la luz de lo que llama “la doctrina” del periodismo. Por supuesto no se entiende nada. Las alturas conceptuales que pretende no bastan para elevarlo del nivel reptante en que discurre su análisis. Como cuando dice que “la veracidad, la relevancia pública y el pluralismo con el cual se maneje el bien público información, es clave para la formación de una opinión pública libre y protegida, contribuyendo así a la formación de una democracia plena; veracidad que implica no solo la verificación de los hechos difundidos, sino integralmente, que la información en todos sus elementos llegue al destinatario de tal forma que el ejercicio de su derecho se subsuma a la garantía de libertad de información en su dimensión de acceso”. Ni más ni menos que un disparate en su dimensión de jerigonza.

En eso consiste la semiótica de intendencia del correísmo: en un complicado aparataje conceptual lleno de elucubraciones epistemológicas y citas eruditas absolutamente vacías de significado cuyo objetivo es dotar de coartada teórica a la decisión que ya está tomada desde el primer momento. Exactamente desde el momento en que el partido de gobierno moviliza a sus militantes (en este caso personas afines a la gobernación del Azuay y a las oficinas regionales del MIES) para que presenten una denuncia. Cualquier persona medianamente experimentada en la lectura de resoluciones de la Supercom sabe bien que las farragosas demostraciones esgrimidas por los jueces siempre conducen de vuelta al punto de partida, a saber: a los argumentos del abogado de la parte demandante.

Los de este caso son de risa. Ante la inobjetable evidencia de que los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas piden agua (de hecho la vienen pidiendo desde antes del sismo), se centran en el segundo sintagma del título cuestionado: Correa sube el IVA. Sostiene el abogado acusador (luego el juez, Luis Enrique Zamora, repetirá punto por punto este argumento) que es la Asamblea Nacional y no el presidente de la República quien tiene la potestad de subir el IVA. Y que, como a la fecha de publicación de la nota de El Mercurio esa decisión no había sido todavía refrendada en la Asamblea, el titular mentía por partida doble, con lo cual –por favor tomen asiento, péguense un Valium– “podría generar en la población zozobra, intranquilidad, incertidumbre, alarma y pánico”.

Se agradece a la Supercom este reconocimiento expreso (el único proveniente de un organismo oficial) de que el incremento de impuestos tiene a la población con los nervios destrozados. Con igual sinceridad debería reconocer que la dependencia de la Función Legislativa, demostrada con cien mil antecedentes, no daba para imaginar que la propuesta del Ejecutivo terminaría siendo rechazada por la Asamblea. ¿Hay alguien en el Ecuador que crea remotamente que las decisiones no las toma Rafael Correa? ¿Debe el periodismo dar cuenta de las formalidades administrativas y no de las realidades políticas? Hasta El Telégrafo, con toda razón, dio por hecho el incremento del IVA antes de que se empezara a discutir siquiera en la Asamblea y atribuyó esa decisión al Ejecutivo, sólo que al diario correísta no hubo quien lo demandara. En todo caso, una vez aprobado el incremento, quizá sería tiempo de que la Supercom se disculpara con El Mercurio por la resolución tomada.

Gente pide agua; Correa sube el IVA es un título legítimo. Los dos hechos que recoge son periodísticamente verificables y no necesitan ser contrastados de ninguna forma: están a la vista de todo el mundo. ¿Es un título con intención? Claro que sí. ¿Valorativo? Por supuesto. ¿Editorial? No más que el título Força Dilma, publicado en primera página de El Telégrafo al día siguiente de la suspensión de la presidenta brasileña, con el agravante de que El Telégrafo dice ser un diario público, es decir, está obligado por su naturaleza a ser un diario de todos y no debería permitirse esos arrebatos ideológicos que lo convierten en el diario de un partido. El Mercurio no tiene esa restricción. El título Gente pide agua; Correa sube el IVA no sólo recoge los hechos objeto de la noticia sino que, con el simple procedimiento de poner uno junto al otro, propone una lectura política sobre ellos. Es obvio que esa lectura política no va a ser del agrado de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, la esfera pública es el lugar donde convergen los que piensan diferente, ¿o no? El correísmo cree que puede existir una versión única de los hechos: la suya. Y quiere un periodismo notarial que se limite a reproducir fielmente sus boletines. Eso le garantizaría la impunidad suficiente para continuar haciendo propaganda a sus anchas en sus propios medios. Por fortuna todavía quedan muchos periodistas convencidos de que la interpretación y la valoración de las noticias no sólo son un derecho sino un deber en este oficio.

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