Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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Un asesor de Correa trabajó para salvar a Capaya

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Carlos Baca Mancheno es asesor del presidente Rafael Correa y uno de sus hombres más incondicionales y cercanos. Desde el jueves 12 de enero es, además, el candidato del Gobierno para ser el próximo fiscal general de la Nación en reemplazo de Galo Chiriboga.

Entre las tareas que tuvo Baca Mancheno como asesor presidencial hubo una muy importante: interceder ante los asambleístas de gobierno para proteger a Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, en la Asamblea Nacional. A Capaya, ahora prófugo, un grupo de asambleístas de Gobierno lo habían sometido, el 8 de junio, a un intenso interrogatorio durante una comparecencia a la Comisión de Justicia. Capaya había salido de ella muy mal parado porque no había sido capaz de justificar su patrimonio; en especial una casa suya en Samborondón. Además fue puesto en evidencia mintiendo sobre su participación en los actos de corrupción en Petroecuador, motivo por el cual había sido convocado a esa sesión.

Baca Mancheno, según información a la que tuvo acceso 4Pelagatos, estuvo encargado de tratar de bajar las aguas en la Asamblea para que Pareja no saliera aún más perjudicado y perseguido. Durante al menos una reunión y a través de mensajes enviados por distintos medios, Baca Mancheno pidió a los asambleístas que bajen el tono en las investigaciones en contra de Pareja por el caso de los Panama Papers y Petroecuador.  El asesor, además, sostuvo que era más conveniente para los intereses del gobierno que las investigaciones sobre los Panama Papers que se desarrollaban en la Asamblea se enfoquen más en los casos de personas independientes que en los casos de funcionarios públicos. Una joya.

Esta versión encaja con lo que el diputado Cristhian Viteri, recientemente expulsado de Alianza País, dijo a El Universo  el 4 de enero en una entrevista. Ahí, Viteri aseguró que un asesor de la Presidencia, que en ese entonces iba a candidatizarse para ser el nuevo Fiscal, había intercedido por Capaya pidiendo a los asambleístas que bajen el tono en las investigaciones. Viteri se encuentra, según se ve en su cuenta de Twitter, de viaje en Brasil.

“Hubo un asesor de la Presidencia que en el bloque nos pidió que no hagamos público el tema de los servidores públicos, que nos enfoquemos en el tema de los Panama Papers en los privados”, dijo Viteri a El Universo. Él había  ofrecido identificar con nombres y apellidos al asesor de marras una vez que haya inscrito su candidatura para ser el próximo fiscal.  “Yo voy a revelar el nombre el día en que se inscriba para candidato a fiscal general”. Viteri no lo ha hecho aún a pesar de que Baca Mancheno inscribió su candidatura el 12 de enero.

Cristhian Viteri fue expulsado de Alianza País por pedido de Rafael Correa quien lo acusó de traidor por no haber votado a favor de la Ley de Plusvalía. El asambleísta nunca creyó que su expulsión se debiera a la Ley de Plusvalía sino a su negativa de dejar de investigar a Petroecuador y Capaya como le había pedido el enviado del Presidente. “Yo creo que eso ha sido por haber destapado la gravísima corrupción de Petroecuador -dijo en la misma entrevista- la verdadera razón de mi expulsión”.

La versión sobre la intervención de Baca Mancheno para que los asambleístas de País bajen el tono de la investigación a Petroecuador encaja, además, en lo que se dice en uno de los correos que intercambiaron Capaya y el presidente Rafael Correa el 13 de junio y que fueron publicados la tarde del miércoles 8 de febrero por el propio Correa. Los publicó en su cuenta de Twitter para luego borrarlo una vez y volverlos a colocar cuando se percató del escándalo que se estaba armando en esa red social cuando desapareció su tuit.

Leer aquí la nota sobre la metedura de pata de Correa

En los correos del 13 de junio (validados por Correa el momento en que los puso en su cuenta) se ve que Pareja pide al Presidente que le ayude en la Asamblea porque teme que lo vayan a meter preso; un hecho que daba por seguro  luego del mal momento que pasó en la Comisión de Justicia. “La Asamblea no te puede meter preso, y no veo por qué. En eso tienes todo mi respaldo”, le responde Correa ante su tono suplicante: “te suplico que me ayudes, mi familia ya no da más. Me van a llamar otra vez a la Asamblea. Todos dicen que ya no tengo tu respaldo”. Y agrega: “el asambleísta Cristian Viteri es quien maneja todos estos hilos. Si es así, es cuestión de días para que me metan preso”.

Tras la traumática presentación en la Asamblea el 8 de junio, Capaya no fue llamado a comparecer de nuevo. Aparentemente la intervención de Baca Mancheno rindió frutos. ¿Será que su postulación a la Fiscalía está vinculada con todos estos hechos? Además, el pedido de Capaya a Correa para que le ayude a que interceda para que la Asamblea no lo llame nuevamente porque iría preso tiene sentido.  Él necesitaba de un operador político. No hay que olvidar que en una entrevista que el asambleísta Viteri dio a Focus, contó que en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, quedó claro que había mentido y cometido irregularidades y que esos asambleístas decidieron pedir a las autoridades que lo metan preso. “Luego de esto, los de la Comisión de Justicia entramos a la oficina del presidente de la Comisión, Mauro Andino y le dijimos: ‘este señor debe ser detenido en este momento. Se habló con las autoridades”, recuerda Viteri.

Es evidente que a pesar de que los asambleístas consideraban que había motivos suficientes para que Pareja sea involucrado en el caso por la Fiscalía y detenido, no se hizo nada para evitar que saliera del país como, en efecto, lo hizo el 28 de septiembre. El fiscal Galo Chiriboga recién el 6 de octubre reconoció que Pareja había salido a España el 28 de septiembre. Es decir, cinco días antes de que la Fiscalía pidiera que sea vinculado al caso de los sobreprecios en Petroecuador. Según Chiriboga, hasta ese día no había los elementos suficientes que determinaran su participación en este caso.

Todo esto permite pensar que hubo todo un operativo articulado en el alto gobierno para evitar que Capaya sea detenido antes de que pusiera sus pies en polvorosa. Se neutralizaron los intentos de los asambleístas por hacerlo detener. Se evitó que se lo volviera a llamar a la Asamblea, como pidió Capaya a Correa con la gestión de Baca Mancheno. La Fiscalía tomó su tiempo para iniciar el proceso en su contra a pesar de que los asambleístas de Alianza País lo habían pedido. Habría que añadir que el propio Capaya, en uno de sus #Capayaleaks, ha dicho que su decisión de salir del país la tomó luego de haber recibido una llamada de Chiriboga el 26 de septiembre. La Fiscalía lo ha negado y ha dicho que existe un reporte de Movistar en el que se señala que ese día el celular de Capaya no registró ni una sola llamada entrante. Capaya se mofó diciendo que que era imposible que en todo el día no hubiera recibido llamada alguna: “hasta el Llanero Solitario tiene a su Indio Toro”.

Las revelaciones hechas durante los últimos días, todas aparecidas en filtraciones o por la metedura de pata de Rafael Correa, hacen pensar que si Carlos Pareja Yannuzzelli logró mantenerse a salvo hasta que pudo salir del país, fue gracias a una confluencia de factores inducidos por la Fiscalía, la Asamblea y Carondelet. En ese operativo tuvo una destacadísima actuación el asesor presidencial Carlos Baca Mancheno, quien hace méritos, como se ve, para ser el nuevo Fiscal.

El prófugo pone a Chiriboga contra la pared

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Galo Chiriboga está inhabilitado para ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Su obligación ética es renunciar y someterse a las investigaciones que, de oficio, la propia Fiscalía debería iniciar con el fin de aclarar su participación en los escándalos de corrupción que sacuden el país y su relación con Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, quien acaba de lanzar graves acusaciones en su contra. En lugar de hacer eso, la Fiscalía ha puesto a su departamento de relaciones públicas a trabajar en redes sociales para defender la honra y la imagen de su jefe. Es el mundo al revés.

Ocurre que hoy, 8 de febrero, Galo Chiriboga recibió dos golpes desde la cuenta de Twitter de Capaya. En uno de ellos el prófugo sugiere que Chiriboga recibió un maletín lleno de billetes en el Swishotel de Quito. Lo emplaza, de hecho, a responder ante el polígrafo si lo hizo o no. En otro, cuenta que fue el fiscal, a través de una llamada telefónica, quien lo alertó sobre cierta información que había recibido en Panamá. Eso ocurrió, dice el denunciante, el 26 de septiembre de 2016. Gracias a esa alerta y por recomendación de Jorge Glas (siempre según Capaya) decidió salir del país.

Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, la acusación de Carlos Pareja no puede ser tomada en serio porque existe un informe de Movistar que dice que el 26 de septiembre del 2016 el teléfono de Pareja no registra llamadas entrantes ni salientes durante todo el día. “Según el reporte de Movistar, el número de Carlos P.Y. no registra llamadas entrantes ni salientes el lunes 26 de septiembre de 2016”. En otro tuit la cuenta insiste en el mensaje y deja sentado, como para que no queden dudas sobre una posible complicidad con el ahora prófugo, que Pareja “hoy enfrenta 4 procesos penales sobre #CasoPetroecuador”.

Lo insólito del mensaje de la Fiscalía no es únicamente que exhiba el argumento, por demás pueril, de que si el teléfono de Movistar de Capaya no registró llamadas ese día, entonces Chiriboga queda libre de sospechas. La llamada perfectamente pudo haberse hecho a través de un teléfono de Claro, a través de Whatsapp o del teléfono fijo de la Fiscalía. No, eso no es lo verdaderamente insólito. Lo increíble es que la Fiscalía haya salido a defender la inocencia de Chiriboga. Una Fiscalía de verdad no defiende: acusa. Es el mundo al revés. En un escenario normal, la Fiscalía debía haber llamado a declarar o iniciado una investigación a quien recibió la llamada de un procesado como Pareja Yannuzzelli o buscar más precisiones del denunciante, pero nunca a sostener que no se puede dudar del Fiscal.

Este sin sentido o absurdo institucional se produce por una simple razón: Chiriboga no tiene ningún tipo de legitimidad para ser Fiscal. No la tuvo desde que asumió el cargo por la serie de vínculos profesionales, familiares y hasta afectivos que tenía con el presidente Rafael Correa. Y porque, tan pronto saltó el escándalo de los Panamá Papers, perdió cualquier autoridad para investigar ese entuerto que, a la postre, destapó el tema de la refinería de Esmeraldas en el que están embarrados Capaya y compañía. Es precisamente por todo esto que Chiriboga, que se supone debería investigar, se encuentra ahora bajo sospecha de ocultar información. 4Pelagatos ya pidió, en un editorial el 5 de abril, la renuncia de Chiriboga, pues en el caso de los Panama Papers aparecía involucrado en un oscuro episodio que lo convertía en un sujeto investigación y, por tanto, lo  anulaba como investigador.

Los dos mensaje de Capaya son, en ese sentido, una prueba o una evidencia más de que Chiriboga no puede ser el Fiscal. Si se ha llegado a este estado vicioso es, precisamente, porque quien debe ser investigado está ejerciendo el papel de investigador.

Los dos tuits que la Fiscalía colocó en su cuenta para librar al Fiscal de cualquier sospecha son una aberración producto de la presencia de Chiriboga al frente de la Fiscalía. Se trata de una distorsión absoluta de la institucionalidad. Una distorsión que se inició cuando el proyecto correísta se planteó la cooptación de todos los poderes como una fórmula para garantizar no solo el poder total sino también la impunidad absoluta.

Chiriboga desde hace tiempo está inhabilitado para seguir siendo el fiscal de la Nación. No ha investigado el caso ni puesto una querella judicial contra Odebrecht por sus actos dolosos en Ecuador. Más aún, hoy existe la certeza de que, con él, nunca se sabrá la verdad por dos razones en particular. Una: porque protege a sus amigos del gobierno. Y la más importante: sobre él pesan acusaciones que es necesario esclarecer. No puede hacerlo él, a la cabeza del Ministerio Público. De investigador encubridor, Galo Chiriboga pasa a ser sujeto de investigación. El mundo al revés.

Por Glas, Correa se mete hasta en las cloacas

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sabatina 511

En la sabatina 511 Rafael Correa se precipitó desde las alturas hasta el lodo. Se hallaba en la esfera celeste, extasiado en la contemplación de su inmortalidad, y se vio arrastrado a las alcantarillas de la política real donde se mueve con sospechosa soltura. A media semana, a bordo del avión presidencial que lo traía de Europa había enviado un mensaje para celebrar sus tres millones de seguidores en el Twitter. “Un hito”, escribió, o mejor dicho cinceló “desde algún lugar sobre el Atlántico”. Ahí estaba el presidente: flotando sobre los remotos confines de los piélagos ignotos, como el decapitado, vibrante de emoción vesperal su alma de pasillo. Viajar a Europa, donde lo toman por referente mundial en tantos órdenes de la vida, lo reconforta. Pero volver agotado de tanto servir a la patria y aun darse tiempo esa semana para hacer historia inaugurando obras, entregando el complejo judicial más-grande-de-América-Latina, batiendo el récord de centros de salud abiertos en un mismo día… Eso sin duda lo glorifica. A él y a esta-revolución-que-ya-es-leyenda. Sí: la última sabatina se perfilaba como una destinada a hablar exclusivamente de su gloria. No pudo ser: El viernes, Carlos Pareja Yannuzzelli, su amigo de tantos años, lo bajó de la nube. Directamente al  lodo, donde se ve muy bien.

De las cuatro horas de sabatina Correa reservó la última casi completa para tratar el tema, pero éste lo atormentó desde el principio. No era para menos: en sus videos ante el polígrafo Capaya dice cosas tan graves como que el sistema de comercio internacional de petróleo es una feria donde bien pudieran haberse perdido 2.400 millones de dólares. Y que Jorge Glas lo sabía todo. Semejante sospecha empañó los logros del presidente en Europa y le echó a perder la sabatina.

El tema le rondaba la cabeza cuando narraba sus recuerdos de viaje: la apoteosis de plazas y coliseos repletos y unánimes en España y en Italia; las llaves de las ciudades españolas que faltaban en la colección que llevará su nombre; la reunión con el rey Felipe a quien llama “amigo personal”, como si los hubiera de otro tipo; las conferencias magistrales en Génova y en la Complutense; los elogios de alcaldes y rectores… Aun con tan gratos recuerdos, el hilo de sus pensamientos conducía al presidente, de manera inexorable y obsesiva, a la maldita cosa: los videos de Capaya. Y de rato en rato volvía contra él: ese payaso traidor que parecía año viejo junto al polígrafo, ya basta de tanta infamia, y todo es una conspiración de los Isaías, ya se lo voy demostrar al final del enlace, para que vean a quiénes tenemos que enfrentar, hasta cuándo compañeros, etc. En suma: él.

La respuesta de Correa a los videos de Capaya debió ser elaborada el viernes más o menos al apuro a partir una vieja historia (la conspiración de los Isaías) insertada en un novedoso contexto: las elecciones. Los Isaías ya no pretenden desestabilizar al gobierno sino orquestar una campaña sucia que lo perjudique en las urnas y lleve a Guillermo Lasso y Andrés Páez a Carondelet. Para eso utilizan a Capaya, a cambio de negociarle un asilo en Estados Unidos. Los Isaías quieren volver y Capaya quiere quedarse. Una historia espectacular, casi verosímil, cuyos detalles son otros tantos guiños cinematográficos a la cultura popular sobre el tema de las conspiraciones: la reunión secreta en la mansión de Coral Gables, los contactos oscuros, la complicidad de políticos corruptos, la labor de los aparatos de inteligencia…

Y aquí es donde el presidente se mete en la alcantarilla. En los márgenes del aparato de inteligencia hay un espionaje que desarrolla su actividad libre de todo control político y de espaldas a los jueces; en los márgenes del aparato de propaganda están las legiones de mercenarios remolcados por el gobierno para hacer cargamontón en las redes sociales. Ambos grupos de marginales viven en pública y retorcida connivencia. La información que los unos roban a los ciudadanos es usada por los otros en su contra y difundida en campañas de desprestigio. Espiar para exponer. Aun sin fondos del Estado sería una forma muy canalla de hacer política. Empezaron practicándolo en el periódico de papá pero fue demasiado escandaloso: no hay argumento jurídico, profesional o ético que El Telégrafo pueda esgrimir para justificar la publicación de los correos electrónicos robados a Martha Roldós. Así que cambiaron de estrategia: ahora la información privada obtenida mediante sofisticados métodos de espionaje electrónico e interceptación telefónica pasa directamente a las redes sociales. Al Twitter, donde las responsabilidades se diluyen. Sólo entonces las retoma el presidente.

Este sábado Correa dijo que Andrés Páez era “un dañado en su vida pública y en su vida privada”. Se refería obviamente a los correos, chats y fotografías que expusieron las relaciones íntimas del candidato a la vicepresidencia con sus supuestas amantes, que fueron obtenidos mediante espionaje ilegítimo y que los propios trolls del gobierno viralizaron el mes pasado. ¿Cómo calificar a un presidente que utiliza información obtenida por espionaje ilegítimo para descalificar en público la moral privada de un ciudadano? Fascista es la primera palabra que viene a la mente.

De las viscosas relaciones entre el espionaje ilegítimo y la comunicación informal el presidente sacó aun más provecho el sábado. Ocurre que los espías robaron a Tania Tinoco, de Ecuavisa (lo denunció en el Twitter), el video con la entrevista no terminada de editar que hizo a Capaya en Miami. Luego los trolls se inventaron un tinglado en el YouTube con el nombre de Isaías Leaks, editaron el video a su antojo y lo difundieron. Finalmente, Rafael Correa lo usó en la sabatina para exponer el supuesto brazo mediático de la conspiración que, como se sabe, siempre es un pulpo. En este punto hay que detenerse y contener la respiración. Porque en el asqueroso mundo de este cyber-lumpen-activismo correísta que actúa en los márgenes del Estado, el presidente resulta ser una suerte de escarabajo estercolero. Va recogiendo la porquería que encuentra en el camino, arma vistosos paquetitos y los entrega servidos en bandeja cada sábado a la población incauta. Tengan ecuatorianos, coman.

Y todo esto, que conste, es campaña electoral. Correa dice que lo hace porque es su obligación defender el honor de “esta revolución que ya es leyenda”. Dada su afición a divagar por los confines de los piélagos ignotos hasta podría ser cierto. Pero los simples y prosaicos hechos, que nada saben de leyendas, dicen otra cosa: lo que hizo el presidente fue destinar casi una hora de cadena de radio y televisión a lavar la cara de su candidato Jorge Glas y atacar al binomio Lasso-Páez. Tanto tiene esto que ver con la campaña que al presidente, vivísimo él, se le ocurrió proponer la encantadora idea de no hablar de corrupción hasta después de elecciones. Y se curó en salud hasta el 19, anticipando que en los próximos días vendrán nuevos ataques (o sea: nuevas revelaciones).

Por Glas, Correa pone las manos al fuego: “una persona íntegra –dice–, ni roba ni deja robar”. Y desde su posición de presidente de la República anima contra Lasso y Páez una campaña que no es cualquier campaña. Es, como se ha visto, una campaña sucia (aquí Correa reiteraría: muy sucia). Por ejemplo, el ataque contra la intimidad de Andrés Páez que este sábado sirvió a Correa para descalificarlo moralmente por televisión se cebó en la vida privada y familiar de cuatro mujeres que fueron espiadas y expuestas. Así de sucia es esta campaña. A Tania Tinoco le roban información privada para usarla en su contra y la que termina siendo acusada por el presidente de hacer campaña sucia es ella. Así de ofensiva es esta campaña. A eso se dedica ahora Rafael Correa cuando no está en la estratósfera de la historia: a hacer política sin valores.

Foto: Presidencia de la República

Rodas conduce a Quito hacia una crisis política

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Mauricio Rodas encontró la manera de eludir sus responsabilidades políticas: entregarse a la justicia. Él quiere estar ahí donde está Mauro Terán. Lo que sea es mejor que responder al Concejo, cosa que no volverá a hacer. De la oscuridad que envuelve su administración hablará, a partir de ahora, “exclusivamente ante las autoridades competentes como corresponde”, ha dicho: las de la  función judicial. Una teatral extravagancia pues nadie lo ha acusado de nada todavía.

El alcalde identifica mal a su “autoridad competente”: es el Concejo, no la Fiscalía. Es al Concejo al que debe rendir cuentas. Es ahí donde situaciones como la creada por su confesa informalidad encuentran los canales adecuados para resolverse: en el terreno de la política y sin poner en riesgo las instituciones. Con el dramático gesto de saltar en brazos de la justicia, Rodas reniega de esa posibilidad y cierra las puertas a una solución política del conflicto que vive el Municipio. Las cierra oficialmente, porque en la práctica siempre las tuvo así. Es sintomático que el bloque de concejales de PAIS decidiera trasladar a la Fiscalía las cuestiones que no pudo absolver en el Concejo. Porque Rodas mantiene la discusión política bloqueada y no deja otra vía que la judicial a quienes le piden asumir las consecuencias de sus actuaciones públicas. Es una enorme irresponsabilidad: la política llevada a los juzgados vuelve irreconciliables las diferencias, inquieta a las instituciones y puede desembocar fácilmente en una crisis. Hacia allá cabalga Mauricio Rodas a galope tendido y en caballo desbocado: hacia la crisis política.

Él parece ignorar por completo la gravedad de lo que ha admitido. Por eso lo sorprenden o finge que lo sorprenden las consecuencias. Cuando habló por primera vez sobre aquello de las “conversaciones informales” con Odebrecht lo hizo con una naturalidad cercana a la inconsciencia. Parecía creer sinceramente que era una respuesta válida a la pregunta de cómo negoció con la constructora brasileña. Con la misma candidez habló de su viaje a Washington en la última sesión ordinaria del Concejo y lo pintó como un viaje informal, como si eso fuera un mérito: de carácter oficial pero costeado por él mismo, con un funcionario que se une a la comitiva porque andaba por allá de vacaciones y un alcalde que regresa sin un solo papel que mostrar a la ciudad. Rodas cree que la informalidad en lo público no sólo es posible, es normal; no sólo es normal, es deseable. ¡Hasta llegó a decir en una entrevista que fue informal por delicadeza!

Están las “conversaciones informales” con Odebrecht. Luego se conocería de la relación informal con el operador político Mauro Terán. Y de las delegaciones también informales que éste desempeñaba. Este medio reveló cómo Terán creó un esquema informal de reparto de espacios de poder entre los concejales, uno que desinstitucionaliza la política de territorio. Y si el formato correísta de las alianzas público-privadas le cuadra tan bien a la actual administración es, precisamente, porque permite saltarse una serie de formalidades contempladas por otros sistemas de contratación. La suma de detalles conduce inevitablemente a preguntarse si la informalidad no funciona como un esquema general para ciertas cosas, algo así como el andarivel por el que circula un área específica de la gestión de la Alcaldía. Cosa grave porque informalidad significa ausencia de controles. Si la ciudad ha llegado a este punto, con el fantasma de la crisis política planeando en el horizonte, se debe en primer lugar a ese velo de opacidad con que Mauricio Rodas ha rodeado la administración municipal.

Y en segundo lugar a su manejo político, que consiste en eludir precisamente la política. Con respecto al Concejo, que es el órgano máximo de la ciudad, no tiene otra que aquella desarrollada por su operador Mauro Terán y que consistía, básicamente, en reunirse con los concejales de uno en uno y a puerta cerrada. Informalmente, se entiende. Por lo demás, siempre careció de agenda legislativa porque siempre careció de un proyecto concreto de ciudad. Ciertamente no pasará Rodas a la historia por sus ordenanzas. Ni siquiera se ha preocupado por tramitar un estatuto autonómico, que la ley permite a los distritos metropolitanos y cuya adopción emanciparía al Municipio capitalino del centralismo y las rigideces del COOTAD. Simplemente porque su carrera política es una huida desenfrenada de la política.

Esta situación se volvió insostenible. Cuando las primeras sospechas de corrupción en el Municipio empezaron a tomar cuerpo a propósito de la Solución Vial Guayasamín, a mediados del año pasado, estaba visto que el tema de la opacidad se convertiría en un problema político mayúsculo para la ciudad. Un problema que él ha sabido afrontar a su manera: eludiéndolo. Confrontado por el Concejo, responde con su tradicional manejo informal de los documentos y la información pública: contratos que no aparecen o se publican a medias, datos que no se entregan, papeles que faltan… Respuestas que no se dan. Si se le pide cuentas detalladas sobre las actuaciones de Mauro Terán, por ejemplo, él responde que cumplió “delegaciones puntuales” y da por satisfecha la pregunta. Con esto y una tonelada de retórica elabora sus informes como quien construye una realidad paralela. Una realidad paralela en la que resulta lícito imaginar a Mauricio Rodas en el Departamento de Estado en Washington, desvirtuando con energía las acusaciones sin fundamento que están afectando la imagen de la ciudad y dejando impresionado a todo el mundo. Y volviendo como un héroe, portador de un logro monumental para los quiteños.

Rodas ha convertido el acto político de informar ante el Concejo en un mero trámite administrativo que él cree sin consecuencias de ningún tipo. No importa el contenido del informe ni la recepción que merezca. Importa el simple cumplimiento de la formalidad, ahí sí. Miren por dónde le sale lo formal. ¿La ley exige al alcalde informar a los concejales cuando éstos se lo requieren? Pues bueno, ahí tienen su informe. Lo que pase después con él, si resulta desvirtuado o desmentido, si los concejales lo consideran insuficiente, si se demuestra que el informe, en realidad, nada informa, eso ya no es asunto suyo. Él lo presenta y punto. Es lo que le manda la ley. Trámite cumplido. Lleva tres de esos informes al hilo: el de Odebrecht, el de Mauro Terán, el de su viaje a Washington. Cinco si se cuentan los que ofreció sobre la Solución Guayasamín y los Quitocables inmediatamente antes de que estallaran los escándalos de corrupción. En ninguno de ellos entregó la información que se le había pedido. Tras cada informe, el Concejo se desgañitó discutiendo por entre cuatro y ocho horas, exigiéndole respuestas, confrontándolo con evidencias que ponían en duda lo que había dicho, haciéndole caer en cuenta de sus errores jurídicos, administrativos o políticos, demostrándole que mintió pura y simplemente… Y, al término del debate, como si todo lo dicho fuera viento, Mauricio Rodas vuelve a tomar la palabra para dejar sentado que el informe ha sido entregado y celebrar su propia presencia en el Concejo como una demostración irrebatible de su “ab-so-lu-ta-tran-pa-ren-cia”.

Cuenta con una ventaja a su favor: pasa por opositor al gobierno. Por eso el silencio sobre los aspectos más incómodos de su gestión: nadie quiere hacerle el juego al correísmo. Los diarios de la ciudad, acaso también porque el Municipio es un excelente proveedor de ingresos publicitarios y otro tipo de contratos que se agradecen en épocas de vacas flacas, simplemente miran para otro lado. ¡Rodas es capaz de hablar de informalidad con Odebrecht en pleno escándalo continental de la constructora brasileña y no hay un medio de comunicación, uno sólo excepto éste, que lo considere escandaloso! Ninguno que plantee siquiera una lectura política de lo que ocurre en el Concejo.

Así, con la complicidad de una sociedad dispuesta a tolerar en la oposición lo que condena en el correísmo, Mauricio Rodas está conduciendo a la ciudad hacia una crisis política sin precedentes en su historia reciente. Nunca el Municipio de Quito, al menos desde el retorno a la democracia, había estado en el centro de tanta suspicacia y tanta sospecha, motivadas por su propia opacidad y su propia informalidad en el manejo de los asuntos públicos. Mauricio Rodas ha ocultado información a los quiteños: sobre los procesos de contratación de las megaobras; sobre sus negociaciones con Odebrecht. Les ha mentido deliberadamente (varios concejales de oposición se lo demostraron) sobre la naturaleza de sus relaciones con Mauro Terán. Ha eludido sus responsabilidades, ha incumplido sus obligaciones políticas como alcalde y se ha refugiado en su retórica barata. Ahora, finalmente, con gesto teatral, opta por el salto al vacío: cierra toda negociación política y se pone en manos de los jueces. Él es el único responsable de lo que ocurra con la ciudad a partir de este momento.

Mera contrató abogados en Brasil y se quedó calladito

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El viaje de Alexis Mera al Brasil trajo dudas por la escasísima información que dio el gobierno. Su declaración al regreso, afirmando que no había recibido ninguna revelación sobre los ecuatorianos involucrados en el tema de Odebrecht, produjo aún más interrogantes. Pero la reciente noticia de que contrató un estudio jurídico de Sao Paolo convierte al tema en un saco de incertidumbres. Y  las incertidumbres, en casos como éstos, ocasionan las peores sospechas.

Mera, según la periodista Monica Bergano de Band News y del diario Folha de Sao Paulo, fue hasta el Ministerio Público Federal de ese país acompañado de abogados de la firma TozziniFreire: fue a pedir que se le entreguen los nombres de los ecuatorianos que estarían en la lista de personas que recibieron coimas a cambio de facilitar contratos a la empresa. Es decir, que para que los ecuatorianos se enteren de las gestiones que hacen altos funcionarios, como Mera, en el exterior tienen que esperar a las publicaciones que se hacen en otros países.

La noticia produce inevitablemente un interrogante: ¿qué razones tiene Mera para no informar al país sobre la contratación de uno de los estudios jurídicos más conocidos de Sao Paulo y que, además, ha tenido clientes relacionados con el caso Lava Jato, que es parte del escándalo de Odebrecht?

Mera viajó a Brasil la semana anterior por encargo del presidente Correa y a su regreso, el 27 de enero, señaló que en Brasil hay 77 funcionarios que han solicitado acogerse a la figura de cooperación eficaz (delación) y que, a cambio de una posible reducción de la pena, están contando casos y dando los nombres de los involucrados. Una información de perogrullo. Afirmó, además, que no se le facilitaron los nombres; lo cual era obvio que ocurriera.

En cambio, la noticia sobre la contratación del estudio jurídico es un dato más que aumenta la opacidad con que el gobierno y su administración de Justicia han actuado en el caso Odebrecht. Mientras que en casi todos los países donde Odebrecht confesó haber entregado coimas ya hay detenidos y procesados, aquí no existe absolutamente nada. Además, resulta sorprendente que el Ecuador no haya acordado con la empresa, como en el caso de República Dominicana o Panamá, el pago de cierto monto de dinero para resarcir los daños que la corrupción de la empresa hubiere causado al país.

Desde que se supo de la decisión de Odebrecht de confesar todos sus crímenes en Brasil y en otros países, ni el gobierno ni la Fiscalía han dicho nada sobre si se ha pensado presentar una demanda o querella en contra de la empresa constructora. ¿Por qué? Ese hecho tiene una explicación: mientras en Colombia, Panamá, Perú y otros países, ha habido cambio de gobierno, aquí el gobierno incriminado en la delación voluntaria de Odebrecht (habló del período 2007-2016) es el mismo que supuestamente dice querer esclarecer los sobornos entregados por esa empresa. De ahí las dudas. Por eso cuando se presentan noticias como esta que dio la periodista Bergano, es inevitable que surja, entre tantas interrogantes, por ejemplo esta: ¿Mera y ese estudio pueden estar negociando con Odebrecht la no presentación de una querella a cambio, por ejemplo, de silencio?

Un par de abogados consultados por 4Pelagatos no descartaron que la decisión de contratar una oficina de abogados en el Brasil puede responder también a la necesidad de “radicar casillero judicial”; es decir, tener la posibilidad recibir la información del juicio antes que la prensa. La periodista Monica Bergano también informó que Odebrecht ya envió una carta a las autoridades ecuatorianas en la cual dice que va a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Ninguna institución oficial ha informado nada sobre esa supuesta carta.

Si Mera contrató un estudio jurídico en el Brasil, como dice la versión de la periodista Bergano, lo normal hubiera sido que lo informe al país, pues es de suponer que esa contratación se hace con dineros públicos. Es imposible que esto no sume a la opacidad con que maneja el gobierno este tema.

Foto El Telégrafo

Acuerdo obliga a Odebrecht a descifrar sus archivos secretos

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Motivos para arruinarle el sueño a quienes recibieron coimas de Odebrecht o estuvieron involucrados en el tema siguen reventando aquí y allá.  Ahora resulta que, de acuerdo a publicaciones en el Brasil, se sabe que existe un compromiso de esa empresa constructora con la justicia del Brasil para entregar todas las claves y contraseñas para acceder a un sistema de comunicación ultra secreto que está en un servidor en Suiza y que tiene absolutamente todo los datos sobre el escándalo.

Es decir, tarde o temprano la justicia del Brasil tendrá acceso a algo así como una sofisticadísima caja fuerte digital donde reposan hasta los últimos detalles del operativo de corrupción de Odebrecht en el Brasil y en los países donde entregó coimas a cambio de contratos. Como el Ecuador, por ejemplo.

Estadao

La información la reveló el diario Estadao de Brasil y la reproduce la revista Veja. Según la nota el voluminoso acuerdo de colaboración entre la justicia brasileña y la empresa constructora incluye una cláusula según la cual Odebrecht se compromete a entregar todas las seguridades para acceder al servidor donde están las órdenes de pago a los políticos, las cuentas secretas en las empresas offshore, los pedidos de coimas de funcionarios públicos, las planillas de balance del flujo financiero y otras pruebas cometidas en Brasil y fuera. Se trata, en resumen, de una inmensa caja de pandora en la que se podría decidir el futuro de decenas o cientos de políticos y funcionarios brasileños y de todo el continente. Entre esos, obviamente, el Ecuador.

Aquí se puede leer todo el acuerdo entre Odebrecht y la justicia del Brasil (en portugués)

Odebrecht se ha comprometido, dice el acuerdo que cita Estadao, a entregar todos los accesos a este servidor donde está el registro de un sistema de comunicación llamado Drousys, que es una especie de intranet que utilizaban los funcionarios de la empresa que estaban encargados del “departamento de coimas” de Odebrecht. Estos archivos, dice Estadao, hacen parte de las pruebas que Odebrecht promete entregar para homologar con la declaración que harán en unas semanas 77 ejecutivos de la empresa. Este sistema de comunicación interno y encriptado, sin acceso a terceros, era una garantía de comunicación segura y secreta para la empresa, dice Estadao.

El acuerdo dice, además, que la empresa debe entregar a las autoridades los registros detallados de todos los ilícitos con los nombres de las personas involucradas, inclusive de los operadores políticos, directores y funcionarios de otras empresas involucradas.

El FBI de los EEUU sostiene que sin la ayuda de Odebrecht,  decodificar y acceder a este servidor ubicado en Suiza tomaría 103 años. La entrega de las claves es una de las 22 cosas a las que Odebrecht se ha comprometido en el documento de 26 páginas.

Mientras más elementos hacen pensar que tarde o temprano se sabrá con exactitud todos los nombres de las personas que se beneficiaron de la corrupción de Odebrecht, los esfuerzos que hacen o dicen hacer los funcionarios ecuatorianos para tener los datos parecen no tener mayor éxito.  El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue a Brasil para conseguir más datos y regresó un par de días más tarde admitiendo que no obtuvo nada. ¿Buscan donde no es o más que buscar tratan de tapar? Mientras tanto el tiempo corre…

 

Corrupción: se infarta la tesis cardíaca de Correa

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Si es cierto, como sostuvo el presidente Rafael Correa, que el problema de la corrupción está en los corazones de los seres humanos y no en los controles institucionales, resulta que hay un problema muy serio en el corazón de los ecuatorianos.

Si no es el control sino el corazón del ser humano lo que determina si hay o no corrupción, como dijo en una de sus más recientes sabatinas, entonces el corazón de los ecuatorianos necesita una atención inmediata. Por una razón: el índice de percepción de la corrupción que hace anualmente Transparencia Internacional ubica al Ecuador no solo como uno de los más corruptos del mundo sino como el segundo más corrupto de América del Sur, claro siempre luego de Venezuela. Además, Ecuador está por debajo de la media del continente y es uno de los países donde existe más percepción de la corrupción en el mundo.

Transparencia Internacional en su reporte del 2016, que salió al público el 25 de enero, da al Ecuador 31 puntos  siendo 100 lo más honesto y cero lo más corrupto. En América del Sur, para tener una idea, Venezuela tiene una calificación de 17 que lo ubica entre Sudán, Libia o Angola y entre los casos más dramáticos de corrupción en el mundo. Es decir, y si se aplica la tesis de Correa, el corazón de los venezolanos está en estado comatoso.

Pero Transparencia Internacional no cree en la tesis cardíaca de la corrupción que Rafael Correa lanzó cuando trataba de defender a su gobierno de los escándalos en la Refinería de Esmeraldas y del tema Odebrecht. No, para Transparencia el tema de la corrupción tiene que ver con el populismo que, a su vez, es un subproducto que se genera por las inequidades sociales. Es decir, si el Ecuador tiene una ubicación tan lamentable en su índice de percepción se debe a un sistema de gobierno populista donde los controles institucionales han sido reemplazados por las supuestas virtudes personales (corazones) de los líderes y caudillos. “Cuando los políticos tradicionales fracasan en la lucha contra la corrupción, la gente se hace cínica. Cada vez, la gente está entregándose a los líderes que prometen romper el círculo de la corrupción y el privilegio. Pero esto más que resolver el tema exacerba las tensiones que producen, a su vez, el surgimiento del populista”, dice en la introducción al estudio del 2016.

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Gráfico tomado de diario El Universo

El años 2016, sostiene Transparencia Internacional, más países han empeorado en la percepción que sus sociedades tienen de la corrupción. La investigación apunta en dirección completamente contraria a la tesis de los corazones que sostiene Correa. La parte más baja del ranking, dice Transparencia, está plagada de países que tienen instituciones públicas que funcionan mal y no generan confianza pública como la policía y la administración de justicia. Los países que están ubicados arriba en el ranking, por el contrario, tienen prensa libre, acceso a la información sobre gasto pública, estándares altos de probidad de los funcionarios y sistemas judiciales independientes.

En el caso de América, la calificación promedio del índice es de 44 sobre 100; es decir, el Ecuador está incluso por debajo de la media regional en percepción de corrupción.

Lo curioso es que luego de 10 años de consolidación del proyecto que supuestamente iba a fundar una nueva política en el Ecuador, los resultados son más que pobres. En 1999, cuando aún existía lo que la revolución ciudadana ha llamado un sistema partidocrático, el Ecuador estaba en el puesto 82 de la lista de países más corruptos y en el 2016 se ubicó en el mucho más oprobioso 120.

La refundación de la política y del país, que se proclamó cuando el proyecto de Alianza País se tomó el poder, poco o nada ha hecho para mejorar la percepción de los ciudadanos sobre el nivel de corrupción de su país. Los datos históricos de Transparencia hacen pensar que el Ecuador no ha avanzado. Todo lo contrario: en el 2005,  poco antes de que la revolución ciudadana tome las riendas del país, el Ecuador se hallaba ya en el puesto 117.

En el programa de Gobierno de Alianza País en el 2016, se hablaba mucho de combate a la corrupción pero en ningún lado se mencionó la necesidad de que existan organismos independientes de control, elemento clave para la fiscalización y la lucha contra la corrupción.

En ese plan se decía que “hemos sido testigos de los atracos y negociados de políticos inescrupulosos y de grupos de poderes corruptos e insaciables, por ello la propuesta empieza con la firme convicción de mantener las  manos limpias desde la misma campaña electoral y durante el gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas deben alcanzar a los funcionarios públicos del más alto nivel, empezando por el presidente de la República”. Sin embargo, el documento de Transparencia Internacional dice que en América Latina se ha vuelto esencial para el combate a la corrupción que los ciudadanos se apropien de las investigaciones y y olbliguen a los gobierno a ser transparentes. “Como lo mostraron los Panamá Papers, la combinación de filtraciones, big data y periodismo conectado están convirtiéndose en una fuerza podersa para el cambio. En los años venideros, los gobiernos de las Américas tendrán que hacerse más transparentes o poco a poco tendrán que transparentarse a la fuerza”.

Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Lo poco que se sabe sobre gasto público y corrupción se conoce gracias a ciudadanos que han filtrado la información. A falta de control institucional, la sociedad ha creado un mecanismo de control que los ciudadanos ejercen sin el patronazgo de los gobierno. Es el corazón de los ciudadanos lo que ha generado el control. Son los controles, no el corazón, estúpido.

Solo en Ecuador el caso Odebrecht no produce resultados

en La Info por
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Curioso pero muy significativo: Ecuador y Venezuela son los únicos países donde el escándalo de Odebrecht no ha provocado tres escenarios, al menos, que se producen donde hay administraciones interesadas en combatir la corrupción. 1. El resarcimiento económico de la empresa brasileña por sus actos de corrupción. 2. La colaboración entre la constructora y los gobiernos de los respectivos países para dar con los corruptos. 3. La captura para investigación de funcionarios o ex funcionarios que tuvieron relación con la constructora.

En el Ecuador no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. No existe anuncio alguna sobre una posible colaboración negociada entre la empresa y el gobierno para dar con los corruptos ni el estudio para una demanda para que Odebrecht indemnice por el daño hecho al país. Tampoco han habido investigaciones para identificar y arrestar a implicados, como ha sucedido en Colombia, por ejemplo.

En el Ecuador, el tema Odebrecht más bien ha sido convertido por el Gobierno en una arma política para desprestigiar a sus rivales electorales, promocionando una supuesta lista de beneficiarios de coimas en los años 80. O, como dice el columnista Felipe Burbano en El Universo, ha sido usado como cortina de humo para tapar el mayor caso de corrupción comprobado hasta hoy: los sobreprecios en los trabajos de repotenciación de la refinería de Esmeraldas.

Se supone que Rafael Correa y sus funcionarios son representantes del Estado y que están obligados legalmente a defender sus intereses. Si así fuera, habrían hecho algo para que la empresa que distribuyó coimas indemnice  al país por el daño que ha causado. La República Dominicana, por ejemplo, va a recibir 184 millones de dólares por los 98 de coimas que Odebrecht repartió en ese país. Perú recibirá $30 millones por los $11 millones de coimas y Panamá $59 millones por los 29 millones de sobornos. ¿Y el Ecuador? Hasta ahora ni el presidente Correa ni ningún funcionario han hablado del tema. Tampoco el Fiscal o el Procurador que es el abogado del Estado. Todo esto mientras un despacho de Reuters da cuenta de que un ejecutivo de Odebrecht en el Brasil se halla angustiado por las inmensas exigencias que algunos gobiernos hacen para que se compense a sus países. Esto, según dice, podría llevar a a quiebra a la constructora.

El gobierno ecuatoriano no ha dicho siquiera que piensa hacer algo similar a lo que anunciado por Perú y Panamá y que suena coherente después de todo lo que se sabe que ha hecho Odebrecht: presentar una querella penal. Muy por el contrario: las primeras reacciones del presidente Correa fueron para deslegitimar las revelaciones hechas por la propia Odebrecht y sugerir que se trata de una conspiración internacional. Claro que luego, cuando circuló una supuesta lista de nombres vinculados al gobierno de León Febres Cordero, le dio toda la legitimidad posible.

Esto es lo que está ocurriendo en los países con mayores vínculos con el escándalo de Odebrecht. La comparación con el caso ecuatoriano es inevitable.

República Dominicana

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que Odebrecht devolverá al país más de 180 millones de dólares como “resarcimiento” económico al Estado dominicano. En declaraciones a la prensa dijo que en virtud del delito de soborno que la misma empresa confesó -ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para obtener contratos de obras en República Dominicana- se logró el acuerdo con la empresa. La Procuraduría de República Dominicana se encuentra recogiendo las declaraciones de los ex funcionarios que tuvieron relación con los contratos firmados.

Colombia

La Fiscalía está revisando contrato por contrato todos los nombres de las personas que estuvieron, de alguna forma, relacionadas con Odebrecht. La prensa ha anunciado que en breve se afectuarán nuevas capturas que permitirán terminar de armar el rompecabezas de la red de corrupción de Odebrecht. Esa empresa pagó US$11 millones en coimas. Hasta el momento, las pesquisas giran en torno a tres expedientes: la licitación de la concesión Ruta del Sol II en 2009, la adición que se le hizo a ese contrato en 2014, y la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009 . Por lo pronto un grupo de investigadores de la Fiscalía, encabezados por el fiscal Juan Vicente Valbuena Niño, concluyó once allanamientos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Él busca recaudar información y hacer entrevistas para establecer los términos de otro negocio que tiene en el ojo del huracán a la constructora Odebrecht. Ya hay unos primeros indicios que apuntan a establecer posibles vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Por el momento hay dos detenidos: el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien ya aceptó cargos, y el excongresista Otto Bula, quien rechazó los delitos imputados.

Perú

En el Perú hay dos personas detenidas. Una de ellas es Miguel Ángel Navarro Cruz, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, señalado de haber participado en el escándalo de corrupción. El nombre de Navarro Cruz se suma al de otros dos sospechosos que la justicia peruana tiene bajo la lupa: el exfuncionario Edwin Luyo, en poder de las autoridades  y con una prisión preventiva de 18 meses, y el  exviceministro de comunicaciones Jorge Cuba, prófugo de la justicia contra quien ya pesa una orden de captura nacional e internacional.  Odebrecht, además, emitió un comunicado en el que se disculpó con la sociedad peruana por sus “graves errores”. El Ministerio Público llegó a un acuerdo con Odebrecht para obtener información. La constructora brasileña admitió, ante la justicia estadounidense, haber pagado US$29 millones en coimas en el Perú. Además, el presidente Kuczynski  decidió finalizar la concesión del gasoducto del sur debido a que el consorcio de nombre homónimo, integrado por las compañías Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero, no demostró que tiene el financiamiento necesario para la realización de la megaobra. Kuczynski anunció que se cobrará una carta de fianza de US$262 millones que había presentado el consorcio en garantía. El proyecto está valorado en unos US$7.000 millones.

Argentina

Un fiscal argentino abrió una causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sobre supuestas transferencias que habría recibido en el 2013 de un operador financiero condenado en Brasil en el escándalo conocido como Lava Jato.  El fiscal federal Federico Delgado pidió determinar si Arribas, hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, estuvo involucrado en la trama de pago de sobornos de la petrolera estatal brasileña Petrobras por los cuales decenas de políticos y empresarios de ese país están en la cárcel. Según el registro de transferencias bancarias que hizo el operador Leonardo Meirelles para Odebrecht, que él mismo aportó a la justicia de su país, en el 2013 realizó cinco giros por un total de US$ 600,000 a una cuenta de Arribas, que vivía en ese país y se ocupaba de la compra y venta de futbolistas. La empresa había acordado con los fiscales de Brasil colaborar con la Justicia de Argentina y de otros diez países donde está siendo investigada por el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Panamá

La Fiscalía de Panamá acusó a 17 personas por tener vínculos con los sobornos pagados por Odebrecht en el país. “Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay 3 exfuncionarios, 8 empresarios panameños, 5 empresarios extranjeros y un oficial de la banca privada” local, dijo Porcell en una rueda de prensa. La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque la ley lo impide, pero dijo que, de ser necesario, se apoyará en la Interpol para ubicarlas y traerlas al país. Panamá acusará formalmente a la brasileña Odebrecht por el soborno a funcionarios públicos panameños entre 2009 y 2014, anunció el presidente Juan Carlos Varela. La base de la querella es la confesión de directivos de la empresa, quienes revelaron la entrega de  comisiones ilegales por $59 millones.

Foto: uno de los detenidos en Colombia por el caso Odebrecht

 

Los concursos públicos se ganan por tijera

en Caricaturas/El Humor/La Info por
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El gobierno se jacta de la transparencia de los concursos públicos. Porque están colgados en la red y porque ponen, supuestamente, a todos los concursantes sobre el mismo pie de igualdad… La falacia no puede ser mayor. Chamorro recuerda cómo, en la realidad, se siguen zanjando los contratos con el Estado.

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El día en que Correa, Glas y Alvarado se jugaron por Odebrecht

en La Info por
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Ese sábado 25 de agosto del 2012 pasó casi inadvertida y no llamó la atención, pero luego de más de cuatro años y en medio de unas circunstancias muy distintas, la defensa de Odebrecht que ese día hicieron tres de los más egregios representantes del Gobierno la convierte en una pieza digna para los estudiosos del caso. Se trata, sin duda, de un curioso y llamativo episodio que necesariamente deberá incorporarse a la historia para entender el escándalo Odebrecht y ponerlo en contexto.

Ese día, ya casi al final del enlace ciudadano, Rafael Correa, Jorge Glas y Fernando Alvarado despotricaron virulentamente en contra de diario La Hora por haber publicado un informe cuyo título era “Odebrecht mantiene millonarios contratos”. Los tres, a su manera y con argumentos distintos, se mostraron indignados porque, según su interpretación, el diario estaba dando a entender que el retorno de la empresa brasileña, luego de la expulsión del 2008, se debía a la corrupción del Gobierno.

Lo curioso es que si se lee el informe, lo que se va a encontrar en el texto son casi datos y cifras que ni Correa ni Jorge Glas ni Fernando Alvarado desmintieron o negaron aquel día. Según el texto de La Hora, a la empresa no se le había acabado la fiesta, como había dicho Correa en el 2008, y “está en todo su apogeo tras haber recibido, desde octubre del 2011, tras contratos por un monto aproximado de 295,8 millones de dólares y hasta fines de año podría adicional otro por 124 millones”. En la nota de marras, La Hora hace un pormenorizado relato histórico de la expulsión y regreso de Odebrecht publicando datos que en los 10 minutos que se dedicó al tema en la sabatina no fueron puestos siquiera en duda.

¿Qué es lo que molestó tanto a Correa, Glas y Fernando Alvarado que hace de esta pieza de comunicación algo tan particular? Correa reacciona con extrema sensibilidad frente a un texto donde se enumeran los hechos que antecedieron al regreso de la empresa brasileña. En lugar de negar o corregir esos datos, se indigna porque, según él, La Hora estaba poniendo en tela de duda la honestidad del gobierno. “Nos hacen pasar como corruptos”, dice al inicio y al final insiste: “Ya basta. Ustedes saben que estas cosas se han llevado transparentemente”, exclama poniendo en evidencia su hiper sensibilidad con el tema. Luego afirma, incluso, que Odebrecht podría enjuiciar a La Hora y, de hecho, hace un llamado para que lo haga.  A pesar de que Correa se queja de que el diario no dijo nada sobre la expulsión de la empresa, la realidad parece ser otra. Si se observa el texto, resulta que hay al menos 5 párrafos mencionando la expulsión de la empresa.

Luego viene la intervención de Glas. En el video el vicepresidente arremete contra La Hora por no haber dicho que en las licitaciones que ganó Odebrecht esa empresa presentó las ofertas más baratas. Según Glas, ese diario “no dice y oculta” que  la empresa presentó una oferta que era 50 millones más barata que la siguiente para la construcción de la prensa de Manduriacu. Sin embargo, resulta que tres años más tarde, en el 2015, una Comisión que investigó ese tema descubrió que si bien la oferta de Odebrecht había sido la más baja, asimismo en el desarrollo de obra la presa terminó costando 102 millones más. Es decir la más barata terminó siendo la más cara. Glas también incrimina en ese video a diario La Hora por “no decir” y “ocultar” que en la oferta para el trabajo de movimientos de tierras de la Refinería del Pacífico la oferta de Odebrecht fue 50 millones de dólares más barata que la que la seguía. Claro, lo que Glas no dijo entonces, es que ese contrato firmado con Odebrecht generó una inmensa critica por los otros oferentes que consideraron que hubo siete motivos por los que la adjudicación fue irregular; entre ellas por la crítica situación financiera en la que se hallaba la constructora brasileña esos días.

La verdadera joya del video es, sin duda, la intervención de Fernando Alvarado quien a la sazón se desempeñaba como secretario de Comunicación. Aparece diciendo algo insólito que hace de esta sabatina una auténtica pieza documental en el caso Odebrecht: “en mi experiencia, esta práctica de mentir sobre grandes empresas afectando su reputación es para ponerla contra las cuerdas y así obtener publicidad de ellas”. ¿Qué experiencia pudo haber tenido Alvarado para decir que los medios critican a las empresas para obligarlas a pautar publicidad en ellas? La afirmación es sin duda chocante, no solo por la acusación, sin pruebas, que estaba haciendo en contra del diario, sino y sobre todo por afirmar que él conoce personalmente esa forma irregular y corrupta de informar sobre grandes empresas.

En resumen, al segmento de la sabatina dedicado a La Hora y Odebrecht fue presentado como una crítica al diario pero el tono y el argumento era claramente defensivo. Que nadie vaya a pensar que en el regreso de Odebrecht hubo corrupción y que a nadie se le ocurra publicar otra investigación sobre el regreso de la empresa: ese parece ser el argumento central de la intervención de Correa, Glas y Alvarado durante aquella sabatina. Pero claro, a esas conclusiones solo se puede llegar a la luz de todo lo que se sabe, cuatro años más tarde, sobre el paso de Odebrecht por el país.

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