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Derechos Humanos

Guillaume Long embajador en Ginebra: ¡qué macabro!

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El 13 de julio del 2016 el Ecuador se cubría de indignidad cuando, ese día, concluía el proceso de expulsión de 125 ciudadanos cubanos que fueron devueltos al país del que huían por motivos políticos y humanitarios. Un año más tarde, exactamente el 13 de julio del 2017, el recientemente posesionado gobierno de Lenín Moreno decidió premiar, nombrando como embajador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a quien fue el responsable diplomático de aquella inhumana e ilegal expulsión: Guillaume Long.

Que este nombramiento se haya formalizado cuando se cumple el primer aniversario de una de las peores violaciones colectivas de derechos humanos cometidas por el Estado ecuatoriano, parece una broma macabra. O de alguien que quiere burlarse de la imagen internacional del Ecuador. Ese nombramiento no es, en todo caso, un hecho cualquiera: la misión del Ecuador ante la ONU en Ginebra es la encargada de representar al país ante el sistema universal de derechos humanos. Es ahí donde están los organismos de la ONU que tratan los temas de defensa de los derechos ciudadanos; entre ellos el de la libre movilidad y el asilo político. Enviar a Long a Ginebra es algo así como enviar a Orlando Pérez a representar al Ecuador ante un organismo internacional de defensa de los derechos de las mujeres.

Se trata, sin duda, de un gesto impresentable del gobierno. Long se encargó de justificar y defender aquella infamia hace un año. “Hay que seguir desmontando todo este aparataje que de alguna manera es parte del bloqueo a Cuba”, dijo entonces adhiriéndose al discurso de uno de los gobiernos más represivos del mundo -Cuba-, y negando la posibilidad de que esas personas hubieran estado buscando asilo político. Para alguien con ideología mamerta, es imposible imaginar que esas personas pudieran aspirar a vivir en un lugar distinto a donde se impone la utopía comunista. Y si los hay, los tratan como son gusanos traidores . “El gobierno no puede estar participando de esta migración ilegal, a través de la trata de personas, o estar involucrado en  tráfico de personas proporcionando aviones”, sostuvo asimismo en un desborde de cinismo. Long mutó en trata de personas la desesperación de un grupo de cubanos que salieron de su país porque ahí ya no querían vivir. 

Long es responsable, como canciller que fue, de que se haya violado la obligación jurídica internacional que tiene el Ecuador de respetar el principio de non-refoulement, que indica que no pueden devolverse a refugiados al lugar donde sus vidas o libertades se encuentran amenazadas. También es responsable de no haber cumplido con los principios básicos del debido proceso y permitir a los a solicitantes de refugio que sus casos sean justa y debidamente considerados.

El proceso en contra de los cubanos debe ser uno de los mejores ejemplos de violación al debido proceso y Long legitimó internacionalmente aquello. Desde el 7 de julio del 2016, un día después de las detenciones, hubo una serie de audiencias de deportación en las cuales los detenidos tuvieron pocos minutos para presentar su defensa. Abogados defensores de los cubanos aseguraron, entonces, no haber podido hablar con sus defendidos con anterioridad a las audiencias e informaron que algunos cubanos arrestados habían presentado solicitudes de refugio, mientras otros ya tenían estatus migratorio legal o habían solicitado refugio durante la audiencia.

Long fue una figura clave en ese arreglo al que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa llegó con Raúl Castro. Pocos días antes había venido al Ecuador el canciller cubano para pedir que el Ecuador cierre sus puertas a los cubanos que utilizaban este país como parte de la ruta para llegar hasta los EEUU.

¿Como entender que un gobierno que quiere diferenciarse de su antecesor, precisamente en temas vergonzantes como el del manejo de los medios públicos o el de la tolerancia frente al disenso, premie a Long con una embajada que tiene, además, conexión con temas de derechos humanos? Lo más lógico, si la idea es darle una Embajada dentro del actual proceso de renegociación de lealtades en que está imbuido el correísmo, era enviarlo a Cuba de cuyo régimen ha sido tan entusiasta defensor y panegirista. Imposible olvidar el polémico mensaje que puso en su cuenta de Twitter cuando murió Fidel Castro: “El mundo llora a un gigante”.  También pudo haber sido nombrado como embajador en Venezuela, donde hay otro gobierno por el que Long siente profunda simpatía y adhesión.

Lenín Moreno parece que no ha entendido la dimensión que tienen las relaciones internacionales para la dignidad de un país. El vergonzoso apoyo al régimen represivo y dictatorial de Nicolás Maduro que mantuvo Rafael Correa sigue más o menos intacto. La canciller, María Fernanda Espinosa, repite los argumentos de los más recalcitrantes sectores del madurismo y dice que lo que más le preocupa a ella es la violencia de la oposición mientras el número de protestantes muertos supera los 90. A esa infamia se suma, ahora, el premio a Long.

El gobierno volvió a equivocarse en Ginebra… y perdió

en Columnistas/Las Ideas por

Ecuador fue a Ginebra y se presentó ante la comunidad internacional en Naciones Unidas. Para responder a preguntas añejas sobre derechos humanos (del anterior examen) y a nuevas preguntas (presentadas días antes o en el evento). Entre 2012 y 2017 tuvo una ventaja absoluta. Los años han pasado para el país sumergido en la mayor prosperidad económica de la historia republicana. También una ventaja relativa. El tránsito del gobierno luego de las recientes elecciones.

Que salieron airosos, pensarán seguramente los ministros voceros. Unos pusieron cara de poker y otros más bien apariencia de bisoños. Pero todos con el indeleble sello de legítimos hijos políticos del presidente saliente. Se comportaron como en una asamblea universitaria. No era ese el sentido del foro. Pero lo comprendieron así. Leyeron discursos preparados con antelación por visibles manos de burócratas y comunicadores. Repitieron el mensaje oficial interno. Incluso utilizaron los mismos recursos retóricos, entre ellos, la huida hacia adelante.

Pero el gobierno no ganó. No ganó porque no era la cuestión en juego. El Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, EPU, es exactamente eso, un examen, respetuoso, que hace la comunidad internacional a un país sobre la situación de los derechos humanos. Para saber si ha avanzado, se ha estancado o si ha retrocedido. Asume, la comunidad internacional, que existen consensos mundiales acerca de los derechos a la convivencia civilizada comúnmente aceptados cuando se accede a la comunidad de naciones. Que puede, que debe vigilarlos. Con la fuerza de la supranacionalidad aceptada por las partes. Incluyendo a Ecuador. Que con esa base los estados pueden dialogar. Y hacerlo con respetuosa frontalidad. Por ello, en el EPU no se trata de ganar, como seguramente en algún momento lo dirá en un enlace la Secretaría de Comunicación, SECOM.

Como los agentes gubernamentales no fueron a abrir un diálogo, con los países con el país, sino a exponer, perdieron la ventaja absoluta: explicar con modestia y realidad los avances y dificultades de la repercusión de estos diez años de abundancia en los derechos efectivamente garantizados a la gente, los derechos individuales y los colectivos, los civiles y los políticos, los económicos y los sociales, los concretos y los difusos. Solamente le contaron a toda la comunidad internacional reunida por qué ellos –la revolución ciudadana- son su experiencia planetaria. Campeones por donde se les vea, para quien pueda verlos. Tontera más, provincianismo menos, perdieron para el Ecuador –único destinatario importante- esa primera oportunidad.

Y también perdieron para el país su ventaja relativa: el gobierno saliente, si presentaba un sentido estatal, pudo dejar abierta la posibilidad al gobierno entrante de una nueva fase (lo menos) o de un nuevo estilo (lo más, anunciado). Pero no. O no quisieron. Se ufanaron que perdurará el legado histórico internacional del correismo. Y dejaron desparramado el mensaje que ahora en Ecuador solo se trata del cambio de un régimen anterior a otro anterior régimen. Vino viejo en odre viejo.

Me pregunté por las prácticas del inmovilismo en la escena internacional. Orondos unos dirán que se trata de la continuidad pública. Pero como soy de los otros busqué respuestas en la situación actual. Y claro. En las relaciones internacionales se reproduce lo que ocurre en la situación interna. Internamente ya entregaron su guión. En tres libros. Para 100 días. Y para 4 años. Perdón para 300. Se me vino a la cabeza, ahora más a menudo, expresiones en una clase del antiguo filosofado. Que no sé porque se me vino a colación. Hace muchos años tuve un profesor de filosofía de la naturaleza, el padre Ramos, que sostenía que ver muy claro las cosas suele ser una virtud de los estúpidos. Claro sobre el irreverente funcionamiento de la evolución y cambio en la naturaleza.

Ciertamente, tanta rigidez en las respuestas del gobierno ecuatoriano en el EPU me dejó la dura sensación de que ganaron las elecciones pero no saben hacia dónde va el país, hacia dónde debe ir el país. Puede ser que ellos tengan claro que quieren del país. Eso es suficiente para ellos, los ciudadanos revolucionarios. ¿Por qué lo sostengo?

En el EPU existen dos vías que se pueden adoptar. De un lado, la que el gobierno tomó. Una respuesta convencional a cualquier cosa que le pregunte al Ecuador. En el país, experiencia planetaria, todo está en orden, porque saben todo, en los dichos y en los gestos. Y todo lo hacen tan bien, que hasta los más avezados deben rendirse ante tanta sabiduría del siglo XXI, correísta, porque el socialismo está mucho más allá, menos mal. De otro lado, la vía que el gobierno no tomó, es modesta. Pero creo que más inteligente. Me refiero a la inteligencia estatal y humana. Responder en conformidad con el mensaje que se recibe de la comunidad internacional y del mensaje que se pretende dar a la comunidad internacional. Para ello hay que decodificar el mensaje de la comunidad internacional. Es decir, hay que escuchar. Saber escuchar.

Trabajemos algo con el tema de fondo. Cuando las circunstancias internacionales se modifican estructuralmente y más aún cuando las circunstancias estructurales de la nación ecuatoriana no son las mismas, es preciso plantearse ¿cuál es el lugar internacional para el país luego de la bonanza económica de la región?

Toda América Latina está buscando su reinserción externa. Los del bloque del pacífico, que ahora más sueltos de Estados Unidos, configuran sus estrategias multidireccionales y adecúan estrategias económicas. Colombia, Perú, Chile y hasta Argentina, país al que llega ese bloque y ese océano de relaciones internacionales. Mírese que están nuestros vecinos, que nos atenazan cordialmente. Los centroamericanos y caribeños que se han ubicado dentro de las periferias del área norteamericana, ampliando su frontera. Brasil –que suele someter su política externa a su política interna debilitando su liderazgo regional- y México –obligado con el NAFTA tambaleante a recuperar su inequívoca vocación regional- en medio de la región y sus problemas. Y claro está, los países ALBA, sometidos a una agenda de resolución jerárquica del tema cubano y venezolano, primero, haciendo el resto de coro.

En este plano de los nuevos alineamientos regionales, lo prudente hubiese sido no seguir con un discurso monotonal –de un solo tono que deriva en monótono- sino entendernos en el contexto regional más allá de los conflictos internos y más acá de los alineamientos ALBA. En algún momento el Canciller trató de presentar que el discurso oficial no confundía jerarquías y no asignaba asimetrías a los derechos económicos y sociales por sobre los civiles y políticos. Pero acto seguido se desdijo. Esa estrategia discursiva de hablar desde dos podios. El uno, para apantallar, mientras que el otro, para reafirmarse. Así, a párrafo seguido, volvió a los derechos categorizados por los viejos axiomas del marxismo de primer año de universidad, que renuevan los compromisos y otorgan seguridad. Otra vez en la vieja ruta, el discurso se afirmó. Es el mismo, sin derecho al cambio.

De la finta no salió un pase. Y la futura canciller, sentada en su rol de embajadora, cercada por una veintena de funcionarios que había llegado a Ginebra para el efecto, resultó con la cintura enyesada, sin movilidad política para asumir los nuevos momentos. Ahora deberá seguir por la ruta para encontrar como justificar a las transnacionales que rompen con los derechos humanos en Ecuador, pero que discursivamente el Ecuador pretende liderar en la formulación de conductas en el mundo que no se exige a si mismo. Para el populista, especialista en contradicciones, eso es muy fácil. Veamos ahora. Y, casi lo olvidaba, el debut del nuevo discurso, la consulta popular sobre paraísos fiscales convertida en código de comportamiento exigible para el mundo. La formulación abstracta es bonita. ¿Y el resto?

Ecuador despreció con sistemática tenacidad la cooperación internacional.

La cooperación financiera, inicialmente desde un discurso de nacionalismo básico y recompra de deuda, que tuvo que rectificar desde la trastienda discusiva y desde el pago de altas tasas en obligaciones. Pero ha sido una práctica de los albinos. Nacionalizaciones chutas, nacionalismos pacatos, estatizaciones pobres (cuando se requieren formas nacionales en la globalización y estados muñidos de estatalidad y no grasa).

La cooperación técnica, porque cuando lo sabes todo, no requieres de los otros. O quizás solo requieres de los que hablan igual a ti. De este modo, la cooperación técnica, bajo el manto de un necesario alineamiento a la planificación y sus presupuestos, fue sistemáticamente rechazada o sometida. Y, hay que reconocerlo, la cooperación se dejó someter. Y para prolongarse puso dinero donde se le obligó. O es que acaso no han mirado a los feos –casi estalinistas- edificios de plataformas de gestión hechos con crédito internacional como si no hubiese otras prioridades.

La cooperación política, que fue echada, casi toda, fuera del país, en nombre de la soberanía. Porque, como se imaginarán, quien puede colaborar con el mejoramiento democrático de una democracia que es –según sus voceros revolucionarios ciudadanos- la superación de la democracia de Rousseau. Y para que mejorar la democracia, si ya es la mejor posible. Colaboración que, por otra parte, solo le es reconocida a una casta de sabios, iguales a si mismos.

Y Ecuador ahora debe demandar cooperación en todos esos campos. La presentación en el EPU poco ayuda. Dificulta. Porque para reiniciar el diálogo internacional debe reconocerse, por un lado, responsabilidades ante la comunidad internacional; mientras que, por otro lado, debe reconocerse también las responsabilidades de la comunidad internacional para con Ecuador.

Para ello, todos debemos dar unos pasos.

El Estado ecuatoriano y su forma gubernamental, con el estilo que consiga dentro de un amplio menú de estilos, debe tratar de mostrar una disposición a que sus políticas públicas armonicen con las normas internacionales en derechos humanos. Esta es una forma de condicionalidad extendida en la modernidad, no solo de algunas prácticas comerciales. Nos lo dijeron a gritos consolidadas y nuevas democracias del mundo. Tema que trabajaré en otras entregas.

La sociedad ecuatoriana también debe superar una forma de examinar a los derechos humanos, como una suma de transgresiones. Este modo meramente cuantitativo, importante en su forma inicial (no en vano más países ahora cuestionan a Ecuador), debe acompañarse de modalidades sustantivas de seguimiento de los derechos humanos. Para salir del modo reactivo y adoptar posiciones pro-activas, junto a los países cuyas preocupaciones atañen al fondo de la agenda social.

Luis Verdesoto es académico. 

El oprobio correísta se exhibe en Ginebra

en La Info por

Autoritarismo a cambio de mejorar algunos índices sociales: ese es, en la visión de Rafael Correa, el canje propuesto a la sociedad ecuatoriana. Y ese es el mensaje implícito que su gobierno quiso promocionar estos días –otra vez, y otra vez sin éxito– ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Citada a evaluar el estado de los Derechos Humanos, la delegación del gobierno, dirigida por el canciller Guillaume Long, volvió a hablar de inversión pública en salud, educación, “pobreza multidimensional”, empleo, vivienda, “soberanía alimentaria”, electricidad… También habló de adelantos que, a sus ojos, el gobierno ha consignado en leyes sobre niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, minorías sexuales, presos, medio ambiente, inserción laboral… E incluso habló de la atencion presupuestaria dada a los “sectores agropecuario, manufactura, agroindustria, servicios, turismo comunitario y artesanal”.

Vea aquí  documento de presentación del gobierno en Ginebra

El modelo diseñado por Correa está ahí retratado. Un Estado todopoderoso, concentrador de todos los poder, dispensador de servicios y dádivas, que domina la sociedad, transgrede sus derechos civiles y políticos en aras de expandir algunos derechos sociales y políticos. Pero que tampoco responde por esa gestión, por su eficiencia y transparencia en la ejecución de esos presupuestos. El Estado que vuelve a emerger en Ginebra, habla de algunas de las cosas que hizo con la lluvia de petrodólares en políticas sociales y obra pública y cuyos balances reales siguen pendientes. Ese Estado sufre del síndrome de negligencia unilateral: ignora el marco institucional con dominio absoluto del Ejecutivo. Ignora la sociedad, su rol, sus derechos. Los ataques sistemáticos a los derechos humanos. La persecución de ciudadanos. El manejo de jueces. El daño que hizo al país y a los medios con su ley de comunicación… Ignora las tropelías que han dado material para un denso y dramático libro (Democracia: Derechos humanos e instituciones en Ecuador) que los demócratas deberían leer. Lenín Moreno y su equipo deberían leerlo y compararlo con el informe disparatado que presentó la delagacion oficial en Ginebra durante este Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal que Naciones Unidas hace en Derechos Humanos.

Ese ejercicio bastaría para resumir la década correísta. Ahí está retrado el modelo que recibirá Lenín Moreno el 24 de Mayo. Ahí se condensa lo que significó firmar un cheque en blanco, durante tantas elecciones, a un hombre –aupado por gran parte de la izquierda del país– cuya deficiencia democrática y su glotonería por el poder absoluto es hoy observada por los organismos internacionales y decenas de Estados.

Lea aquí las intervenciones los estados

La presentación del correísmo en Ginebra no sorprende. Sus representantes ya han interiorizado esa deficiencia democrática tras un metalenguaje tecno-dirigista. Su informe también los retrata. Debería servir a los demócratas para evaluar las consecuencias que acarreó el canje ritualizado en las urnas. Porque los ciudadanos toleraron la implantación de un modelo que, so pretexto de pavimentar de nuevo las carreteras o ensancharlas, arrasó la democracia endeble que había y dio pie al autoritarismo que hoy se padece. Ese gobierno hace un ejercicio tan absurdo en el mayor escenario que tiene el mundo sobre Derechos Humanos que, en su defensa, suma hasta la plata que destinó (en realidad fue la sociedad), para el terremoto del 16 de abril del año pasado…

Ese informe hecho por Long y esa delegación es un ejercicio escandaloso. Y para los ciudadanos es una lección. Este gobierno no cree que la sociedad y los ciudadanos tienen derechos civiles y políticos. Por eso habla del presupuesto para responder por centenares de transgresiones a los Derechos Humanos cuya lista ocuparía algunos libros: atropellos contra comunidades indígenas. Uso excesivo de la fuerza en protestas callejeras. Dependencia de la Judicatura del Ejecutivo e injerencia de ese Ejecutivo en el poder judicial. Tratamiento diferenciado en los pedidos de consulta popular y obstaculización evidente en las propuestas de la oposición. Restricción a la libertad de asociación y disolución de organizaciones de la sociedad civil. Deterioro evidente de la libertad de expresión y hostigamiento y persecución a los medios independientes. Detenciones arbitrarias. Disposiciones en el Código Penal que menoscaban la libertad de expresión. Uso indebido de Fuerzas Armadas para “apoyar en la Seguridad Integral del Estado”. Uso abusivo del Estado de excepción”, apenas hay protestas sociales, lo cual permite al gobierno suspender los derechos constitucionales de los ciudadadanos. Uso de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), para espiar ciudadanos y políticos. Vulneración del derecho a la privacidad. Información de carácter público secuestrada bajo el argumento de que es reservada o confidencial. Imposibilidad para las parejas homoparentales de reconocer a sus hijos comunes. Eliminación del derecho de negociación colectiva en el sector público. Eliminación del aporte del Estado al fondo de jubilación del IESS. Concesión de un millón de hectáreas cuya posesión es ancestral para actividades de megaminería metálica. Prohibición y penalización del aborto en caso de violación o violencia sexual y cuando el feto es inviable. Acoso judicial y policial contra activistas de todas estas causas…

Correa y su equipo niegan estos hechos. Para ellos, los derechos humanos se reducen a los derechos sociales y económicos. Su concepción del ser humano se limita a una persona que (supuestamente) come bien, tiene salud, estudia y trabaja. Todo esto bajo la férula del Estado, dirigido por ellos. Los otros derechos son materia prima para las quejas de los sufridores. Por desgracia para ellos, hay convenciones firmadas y organismos internacionales que entienden que los Derechos Humanos son integrales y no se pueden resumir en cierra la boca porque tienes carreteras…

Foto: Ecuavisa

Carta a Guillermo Lasso

en Columnistas/Las Ideas por

En días recientes, se publicaron en redes sociales algunas encuestas en las que usted, Guillermo Lasso, aparecía como el segundo candidato más opcionado a la presidencia de la República.

Que haya logrado sumar suficiente respaldo como para hacerle algún calor al falso socialismo verdeflex en las próximas elecciones es algo que nos complace a muchos. Esto quiere decir que lentamente (demasiado, para mi gusto), los ecuatorianos se van quitando la venda que sábado a sábado les han puesto sobre los ojos, a punta de repetirles eufemismos sin sentido, exacerbarles con propaganda sus resentimientos sociales y mentirles a través de cifras y citas académicas sacadas del sombrero. Posiblemente estemos ante el progresivo retorno a la lucidez, aunque aún es muy temprano para cantar victoria.

Es reconfortante ver que, por primera vez en una década, tendremos un asomo de verdaderas elecciones, con propuestas y representantes de distintas ideologías. Lo que preocupa, no obstante, es la ya conocida incapacidad de la oposición de dejar egos e intereses personales de lado, y la absoluta ausencia de ofertas claras y concretas que giren alrededor de soluciones a los problemas que el Correísmo nos viene heredando, y no en torno a la persona que las propone.

Señor candidato, creo que todos entendemos por qué necesita “humanizarse” ante los ojos del electorado. Necesita que lo vean más como “Juan Pueblo” y menos como “Ricky Ricón”. Le entiendo, porque en los últimos años, el correato convirtió su profesión en mala palabra y hasta insulto, y le urge, supongo, adquirir una identidad que le sea simpática a la mayor parte de la población votante.  A pesar de esto, creo que el populismo simplón y cursi no debería ser ya la mejor (y única) forma de atraer electores. Después de diez años de un gobierno narciso y caudillista, lo último que necesitamos en este país es un candidato cuya mejor propuesta de campaña sea su propia vida, contada en spots publicitarios que parecen escritos por Corín Tellado. Nos merecíamos algo mejor que ese “Capítulo 4: Amor a Primera Vista”, que circuló hace poco en redes sociales.

Con todo respeto, señor candidato, como electora me interesa muy poco si usted era de un barrio pobre del centro de la ciudad y ella de clase alta, para decir verdad. Bien por ustedes, si lograron sobrevivir al cliché de Televisa. A nosotros lo que nos interesa saber realmente es cómo usted, de llegar a ser presidente, manejará las cuestiones que el gobierno actual descuidó, ignoró o flagrantemente atropelló.

Le comento esto, porque su candidatura es frontalmente rechazada por muchos sectores sociales del país dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, lo cual debería ser preocupante tanto para usted como para quienes le manejan la campaña publicitaria. Y no es para menos. Nada en sus propuestas hasta ahora, nos ha dado ni la más mínima luz de que dará prioridad a temas que, hoy por hoy, son de especial relevancia no solo en Ecuador sino en la región:  la despenalización del aborto, la igualdad de género y los derechos de las personas GLBTI, entre muchos otros. La preocupación de estos sectores (en los cuales me incluyo) se agrava porque es conocido que usted pertenece a un sector de la fe católica bastante conservador, y tememos que sea incapaz, en el momento dado, de separar sus creencias personales de lo que es constitucionalmente correcto y necesario en un Estado de Derechos y Justicia como el nuestro.

Hace algún tiempo, cuando se le presentó la oportunidad, usted cometió el desatino de unirse a la voz misógina del presidente Correa, quien, ignorando el más elemental principio de separación de poderes y todas las recomendaciones de los órganos especializados en Naciones Unidas, mandó a archivar la propuesta del COIP donde se despenalizaba el aborto por violación, y de paso, mandó a castigar a la asambleísta que lo propuso. Usted, en lugar de señalar y condenar estos varios atropellos a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos, ¡le envió a Correa una carta de apoyo!  En este contexto, expresó su preocupación al respecto de que las mujeres puedan, a ese paso, abortar alegando “un dolor de cabeza”, lo cual evidenciaba que no entendía ni se había informado debidamente de la cuestión.  Esto, a pesar de que es de conocimiento público que en el Ecuador 2.000 embarazos son producto de violaciones, muchas veces por parte de los propios padres, hermanos y parientes cercanos de las víctimas. A pesar de que, se sabe,  la mayoría de víctimas son menores de quince años y además, provenientes de sectores de escasos recursos. ¿No será, señor candidato, que sus creencias personales interfirieron en su capacidad de discernir sobre estos temas de interés público?  Decirse “del pueblo” no debería ser solo una cuestión de probar origen humilde, sino también de demostrar solidaridad con los asuntos que más afectan a los pobres entre los pobres, La despenalización del aborto por violación es, sin duda, una de las deudas más grandes del correísmo, por lo cual nos urge saber su propuesta de gobierno alrededor de este asunto.

En igual sentido, usted alguna vez dijo que no impulsará el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto, a pesar de que en países que son tan o más católicos que el nuestro, (por ejemplo, Colombia y México), estos ya son debates superados. Estos países entendieron hace rato que la orientación sexual no puede ser un impedimento para el goce y ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales, entre los cuales están la libertad para casarse y de formar una familia. Ello ha sido replicado recientemente por la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia es vinculante para el Ecuador. Su gobierno, en este asunto, ¿se sumará a los avances legales y jurisprudenciales de otros países del Hemisferio, o seguiremos defendiendo a la “familia tradicional”? Definirse sobre ello es básico, considerando que la Constitución protege a todo tipo de familias y que, hoy por hoy, 20% de parejas vive en unión libre y tres de cada diez niños viven en hogares monoparentales. En este sentido, hubiera sido deseable que sus spots no solo exalten la familia nuclear -la suya- sino que incluyan a todos quienes pertenecemos a familias diversas.

Con esto, señor candidato, no quiero decir que usted deba cambiar de religión o creencias, que son tan respetables como las de cualquiera. Lo que digo, es que en este punto es necesario que usted, en su propuesta de campaña, sea claro con respecto a la posición de su partido (no la suya), con respecto a estos asuntos. Debe asumir una posición que no dé cabida a dudas sobre cuál es la agenda que promoverán para su observancia, en caso de ganar las elecciones. Si no está en los planes de su eventual gobierno apoyar estas cuestiones tan fundamentales, la ciudadanía debería tener una clara noción de aquello, pues sobre esto decidiremos nuestro voto.  No se puede hablar en abstracto y de manera superficial sobre un supuesto interés en velar por las libertades fundamentales, por un lado, y por otro, evadir, ignorar o desconocer los puntos más trascendentales de la agenda en materia de derechos humanos en Ecuador de hoy.

Ecuador en el club de los asesinos

en La Info por

Política exterior ecuatoriana: el canciller se reviste de teatral dignidad en Nueva York y el presidente se arrastra por el fango en Margarita. Mientras Guillaume Long abandona el salón principal de Naciones Unidas para expresar su rechazo al presidente de Brasil, Michel Temer, Rafael Correa se reúne con Robert Mugabe en la cumbre de No alineados para expresar su apoyo al de Venezuela, Nicolás Maduro. Junto a Correa y Mugabe, se solidarizan con Maduro los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia… Junto con Long se paran y se van los cancilleres de Venezuela, Nicaragua, Bolivia… Al verlos salir, los demás se preguntan: ¿quiénes son? Y se responden: los amigos de Mugabe. Punto para Temer.

Mugabe, de 92 años, es uno de los dictadores más sanguinarios del mundo. Gobierna Zimbabue desde 1980, año del que probablemente procede la información más actualizada de que dispone Rafael Correa con respecto al mundo y a la vida. Por eso sigue creyendo que Piero es la vanguardia musical del continente, que ser de izquierda es ser leninista y que Mugabe es un líder de la descolonización africana. Lo fue, en efecto. Pero en el intermedio (en estos 36 años que Correa se perdió), Mugabe mandó a asesinar a todos los líderes de la oposición en su país, cometió un genocidio contra 20 mil personas de la etnia Ndebele y quebró la economía de Zimbabue hasta el extremo de disparar la inflación al 14’000.000% mientras gasta, cada año, de 500 mil dólares para arriba en sus fiestas de cumpleaños.

Los presidentes del mundo que todavía se reúnen con Mugabe son un selecto club. Este año, en Margarita, estuvieron los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán… Correa no ha tenido ningún empacho en sumar al Ecuador a ese grupito, cuyas propuestas en los foros internacionales, especialmente en aquellos sobre derechos humanos, se sitúan vergonzosamente a contracorriente del planeta.

Ecuador es el país que apoya al delirante y criminal gobierno de Corea del Norte. En las Naciones Unidas se opuso a que los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese gobierno (asesinatos en masa, reclusión en campos de la muerte, violaciones, abortos forzados, tortura, esclavismo…) fueran remitidos a la Corte Penal Internacional. 111 países votaron a favor. Con Ecuador votaron en contra Cuba, Bolivia, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y China. Los amigos de Mugabe.

Ecuador es el país que no quiere que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se opuso a enviar una comisión independiente para investigar las matanzas masivas de población civil de las que se acusaba al ejército del presidente Bashar al-Ásad: 4 mil manifestantes asesinados. 33 países votaron a favor; 4 en contra: Rusia, China, Cuba y Ecuador. Los amigos de Mugabe.

Ecuador es el país que niega su protección a los defensores de derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se opuso a una resolución propuesta por Noruega en la que se impone a los estados miembros una serie de obligaciones y de buenas prácticas en esta materia: garantías, acceso a la información, libertad de asociación… Ecuador, en cambio, apoyó una serie de enmiendas a la propuesta noruega, enmiendas en las cuales ni siquiera se reconocía la legitimidad del término “defensores de los derechos humanos” y se desechaba la necesidad de protección contra la intimidación y las represalias. Esas enmiendas que tanto entusiasmaron a Ecuador (aunque al final se echó para atrás) fueron presentadas por Rusia, China, Cuba… Los amigos de Mugabe.

asesinos, putin

Ecuador es el país que pretende subordinar los derechos humanos a los valores culturales. Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscribió una propuesta de resolución según la cual la universalidad de esos derechos resulta supeditada a lo que llama “valores tradicionales de la humanidad”. Una pretensión absurda si se considera que algunas de las prácticas más ofensivas contra la dignidad humana provienen, precisamente, de “valores tradicionales”. El matrimonio forzado, por ejemplo; o la mutilación genital femenina; o la violación dentro del matrimonio; o la violencia familiar, sobre la cual el presidente Rafael Correa dice que las feministas exageran. Por supuesto, el proyecto de resolución no fue aprobado. Por escandaloso: porque pretendía atacar el corazón del concepto de los derechos humanos. La idea fue de Rusia y la suscribieron, entre otros países, Ecuador, China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Siria… Los amigos de Mugabe.

asesinos, corea del norte

Ecuador es el país que devolvió 150 refugiados cubanos a la dictadura de la que huían y le echó la culpa (Guillaume Long lo acaba de hacer nuevamente en las Naciones Unidas) a Estados Unidos. Es el país donde los presos reciben descargas eléctricas y los policías que se las aplican se extrañan de que alguien se queje, porque para ellos es un procedimiento absolutamente normal. Es el país donde el uso progresivo de la fuerza, a la hora de sofocar protestas, empieza por lanzar la Policía montada contra los manifestantes. Donde las libertades de expresión y asociación están sujetas al permiso del Estado

El Ecuador de Rafael Correa es un país que, por primera vez en su historia (y esto no ocurrió ni siquiera en tiempos de dictadura militar) está casado con las peores causas del planeta y busca en ellas la justificación (cultural, histórica, metafísica) para sus propios atropellos y desvaríos. El Ecuador de Rafael Correa, amigo de Mugabe, es un miembro selecto del club de los indeseables.

Ilustraciones: Amnistía Internacional. De arriba abajo: Robert Mugabe, Vladimir Putin y Kim Jong Un.

Los empujaron a las garras del coyote

en Columnistas/La Info/Las Ideas por

Han transcurrido ya dos semanas desde la expulsión colectiva de un grupo de cubanos desde Ecuador. Para algunos, el paso del tiempo volverá irrelevante este texto. Estamos demasiado acostumbrados a la coyuntura. Los temas nos importan por apenas unas horas, con suerte por algunos días. Luego llega el siguiente escándalo y sustituye al anterior en el debate público. Medios de comunicación y redes sociales por igual, entierran los temas en búsqueda de la primicia. El gobierno lo sabe y no duda en crear cortinas de humo para ocultar sus actos más infames.

Quienes se atrevan a levantar la cortina de humo, se encontrarán con un discurso de respeto a los derechos humanos bajo el cual se pretende encubrir la verdad. Según la versión oficial, toda acción dirigida a los cubanos que acampaban en El Arbolito estuvo dirigida a proteger sus derechos. Había que ampararlos del hacinamiento; era necesario garantizar el interés superior del niño; y, sobre todo, era imperativo protegerlos de los coyotes. Esa es la única verdad que el gobierno admite. Esa es la historia que les contó a los jueces, les cuenta a los medios y les contará los organismos internacionales de derechos humanos, cuando llegue el momento.

El gobierno no ha logrado explicar por qué para proteger a los cubanos del supuesto hacinamiento era necesario irrumpir en el campamento a la madrugada, desaojarlos violentamente, y luego hacinarlos en el calabozo de la unidad de flagrancia, donde tuvieron que dormir en el piso. No ha esclarecido cómo privar de su libertad a niños, encerrarlos junto con mayores y separarlos de sus familias, precautela el interés superior del niño. Y no ha aclarado por qué para evitar el tráfico de personas era necesario expulsar indistintamente a personas que solicitaban refugio, a personas que se encontraban residiendo legalmente en el país, a personas que se beneficiaron de sentencias ordenando su libertad y a personas que tenían derecho a recurrir de la sentencia que ordenaba su deportación. Mientras nuestra capacidad de indignación sea efímera no harán falta esas explicaciones.

Pero en el caso de los cubanos el transcurso del tiempo no jugará a favor del gobierno. Cada día que pasa ha servido para que confirmemos que, lejos de proteger a los migrantes de los coyotes, el gobierno consiguió empujarlos hacia sus garras. Los cubanos a los que devolvieron no podrán gozar de sus derechos bajo la dictadura castrista y no tendrán más opción que buscar una ruta ilegal para abandonar la isla. Los cubanos que lograron obtener su libertad y evitar su deportación, no correrán de nuevo el riesgo de ser detenidos y golpeados en la cárcel de migrantes –mal llamada Hotel Carrión- o en el calabozo de flagrancias: encontrarán la manera clandestina de salir de Ecuador hacia un destino más seguro. Y los cubanos que no estaban en El Arbolito esa noche, después de ver cómo sacaron a patadas a sus compatriotas, incluso a aquellos que gozaban de una situación migratoria regular, probablemente también preferirán pagar a un coyote antes que ser devueltos a la isla.

La migración no se frena con expulsiones colectivas. Ya no veremos a los cubanos en El Arbolito, pero eso no significa que hayan desistido de su anhelo de llegar a Estados Unidos. Intentarán llegar, aunque en su camino sean estafados, extorsionados, secuestrados por carteles de droga, sometidos a violencia física, sexual y psicológica. Intentarán llegar, aunque saben que muchos morirán en el intento.

El gobierno pudo buscar alternativas para que las personas que se aferran a la migración puedan hacerlo de forma regular y segura. Pero sacarse a los migrantes de encima fue más fácil que intentar crear un corredor humanitario como el que lograron establecer Costa Rica y Panamá. Hacerlo hubiese implicado abordar las causas que impulsan a las personas a huir de Cuba, y ese es un costo que el gobierno de Correa no iba a correr. 

Más allá de los cubanos, el mensaje que envió el gobierno a los migrantes es claro: les abrimos las puertas, pero no hay ley ni sentencia que esté sobre el capricho de la autoridad; les concedemos una visa, pero si estorban serán expulsados de manera sumaria; gozan de los mismos derechos que los ecuatorianos, pero no podrán defenderse ni apelar; todos somos migrantes, pero no tomaremos medida alguna para prevenir la migración irregular. Los únicos felices con este mensaje son los coyotes.

Correísmo: fascista desde la cuna

en Columnistas/Las Ideas por

Daniel Tufiño Garzón, Geovanny Cajamarca, Marcelo Narváez; recuerden estos nombres.

Si la memoria es antídoto contra los vicios del pasado, no podemos relegar al olvido a los autores de la más inicua de las sentencias de una época pródiga en barbaridades judiciales. Los tres, después de un proceso plagado de irregularidades, optaron por convertirse en simple engranaje de la máquina gubernamental que hizo posible la expulsión colectiva de más de un centenar de personas.

Los tres parecen haber olvidado que existe una Constitución; ninguno de ellos consideró importantes una serie de principios, de los que al menos debieron haber oído hablar en algún momento de su carrera; todos ellos están de acuerdo en que las resoluciones judiciales tienen tan poca importancia, que puede dejarlas sin efecto el segundón de cualquier ministerio. Si ver esto en un abogado nos haría dudar de su calidad profesional, cuando se trata de un juez solo produce escalofrío.

Lo peor de todo es que, grave como es, el hecho no despierte una indignación generalizada. Hay protestas, sí; se dice que es un disparate, también; pero en realidad se lo trata como algo obvio y esperado, como una anécdota más para ilustrar lo que el régimen correísta ha hecho con la administración de justicia. Lo terrible es que pisotear la Constitución y los derechos no sea una anomalía sino parte de la cotidianeidad.

Una cosa rara del horror, dice Michael Ende, es que “pierde su espanto cuando se repite mucho”; solo produce indiferencia.

Pero para llegar a eso, para instalarse en el horror normalizado, hay un largo camino de pequeños horrores que se aceptan y muchas veces se aplauden, que se miran sin reaccionar, que se piensa que no serán para tanto. Esto que hoy vivimos es el resultado de una larga cadena de complicidades, silencios y acomodos: la ambición y el bolsillo satisfechos, el bienestar que produce la posición alcanzada, el miedo a perder el empleo, la angustia por el qué dirán, la indiferencia hacia los otros.

Esto sobre todo, la indiferencia hacia los otros. El problema, y hoy muchos lo sufren en carne propia, es que callar ante los atropellos no inmuniza contra nada, porque más temprano que tarde los atropellos nos dan alcance.

Y cuando eso ocurre, la mejor manera de auto justificarse es no ver la relación que la arbitrariedad presente tiene con el cúmulo de arbitrariedades pasadas; es más cómodo pensar que algo ha cambiado, que se produjo un giro lamentable hacia posiciones inaceptables, que jamás pensamos que se podía haber llegado a esto.

Lo siento, nada de eso es cierto. Si algo ha caracterizado al correísmo es la absoluta coherencia que ha tenido siempre en sus formas políticas; la imagen de líder blandiendo un cinturón es de la primera campaña electoral, no de la supuesta e inexistente etapa de descomposición del régimen; el machismo rampante estuvo ya en el debate de esa campaña; el desalojo del Congreso para abrir el camino hacia la Constituyente no fue, precisamente, un acto de afirmación democrática.

Este gobierno morirá fascista porque nació, creció y se consolidó como fascista; que en el camino haya tenido como compañera de ruta a buena parte de la izquierda no cambia esa realidad, solo permite entender la absoluta carencia de contenidos emancipatorios en el pensamiento y la acción de quienes se autodenominan progresistas.

Lo que hoy vivimos no es el resultado de una derechización o de un sorpresivo cambio de rumbo del gobierno; es, más bien, consecuencia lógica de la constante acumulación de silencios complacientes e inédita indulgencia que, por esas paradojas de la historia, dio su primer paso importante, me parece, el 10 de diciembre de 2007, día de los derechos humanos.

Ese día, la Constituyente de Montecristi conoció los hechos de Dayuma, donde poco antes, y en respuesta a protestas y obstaculizaciones de vías por parte de la población, el presidente Correa respondió con el estado de emergencia y puso en acción a las fuerzas especiales del Ejército; éstas, rompiendo puertas y ventanas, irrumpieron en varios domicilios y detuvieron, acusándolas de terrorismo organizado, a veinticinco personas, entre las que se encontraba la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori. Los encausados pudieron salir en libertad como consecuencia de la amnistía declarada por la Asamblea Constituyente en marzo de 2008, pero en el caso de la prefecta Llori una serie de maniobras legales y una acusación de peculado, que al final se estableció como infundada, la mantuvieron en prisión hasta septiembre de ese año.

Pese a que la Constituyente se consideraba depositaria de todos los poderes de la República, resolvió que el pleno de la Asamblea no era el espacio para tratar lo ocurrido en Dayuma. Los procesos judiciales deben seguir adelante porque solo por medio de ellos se puede saber quién es culpable y quién inocente, sostuvo María Paula Romo, mientras Pedro de la Cruz afirmó que la Asamblea debía dedicarse a resolver los problemas estructurales y no temas puntuales; María José Carrión recordó que Rafael Correa “tiene y asume las funciones del Ejecutivo, y esas hay que respetarlas”; Trajano Andrade negó a “quienes antes violaron los derechos humanos” la posibilidad de reclamar al gobierno; y, finalmente, Gabriel Rivera hizo un llamado a cerrar filas alrededor del Presidente: “que a nadie le quepa la menor duda del férreo e irrenunciable apoyo de estos asambleístas del Movimiento País hacia nuestro Presidente, porque es el buque insignia de la revolución ciudadana”.

Son solo algunas perlas de un debate que conviene leer completo (empieza en la página 5 del acta 007), y que muestra a los asambleístas del gobierno recurriendo a todo el catálogo de argumentos, incluso el viejo y fascistoide de que hay que cuidarse de la manipulación del tema de los derechos humanos, para impedir que el asunto sea tratado y mantener en prisión a las personas acusadas de terrorismo.

En “El Juicio de Núremberg”, la película de Stanley Kramer, Abby Mann, el guionista, nos presenta el diálogo final entre Ernst Janning (Burt Lancaster), el juez alemán condenado a cadena perpetua, y Dan Haywood (Spencer Tracy) el juez norteamericano que lo condenó.

Créame, dice Janning, nunca me imaginé que podía llegarse a tanto abuso.

La primera vez que usted condenó a un inocente sabiendo que lo era, le contesta Haywood, ya llegó a eso.

A todo lo que estamos viendo y aún nos queda por ver, a las persecuciones, a los procesos penales por terrorismo, a la expulsión colectiva, llegamos el 10 de diciembre de 2007, cuando un grupo de asambleístas prefirió no ver los atropellos contra los que siempre había reclamado y sacrificó los derechos de las personas en el altar de las conveniencias políticas.

Las mentiras de Guillaume Long perdieron por goleada

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Guillaume Long llegó a Ginebra con la pretensión no sólo de dar cátedra de derechos humanos a los expertos del Comité de las Naciones Unidas, sino de hacerles creer que en Ecuador esos derechos (y los que la revolución añadió) se respetan irrestrictamente. Con esa actitud seguramente esperaba un informe complaciente y celebratorio. En su lugar le llegó un memorial de alarmas. Si el vicepresidente Glas ve una refinería donde hay un peladero, Long encuentra felicitaciones por los supuestos avances en derechos humanos donde hay, sobre todo, preocupación y recomendaciones. Las “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” (un documento de ocho páginas) deberían avergonzarle. En él, muchas de las mentiras políticas del régimen quedan en evidencia.

Está claro que el canciller tampoco entiende de diplomacia. No percibe que, en esas instancias internacionales, expresar satisfacción es una norma de cortesía. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, celebra la adopción de una ley para los Consejos de Igualdad, pero lamenta que sólo tres de cinco hayan comenzado a funcionar. Elogia las medidas tomadas por Estado para conseguir la igualdad de género en el ámbito laboral, pero le preocupa que las mujeres sean las más afectadas por el desempleo y que las brechas salariales persistan.

Long (y en esto lo acompaña el secretario de Comunicación Patricio Barriga) se ha dedicado a darse coba por las de cal (que son fórmulas diplomáticas) y se hace el ciego con las de arena (donde está el condumio del documento). Su visión es hemipléjica: sólo suma las satisfacciones que emite el Comité. Pero no hace alusión a las preocupaciones ni a las recomendaciones, que en el fondo son los deberes que el Comité (que es fuente de derecho) impone al Estado ecuatoriano. Aún en esa penosa visión de sumas y restas, Long pierde: el Comité se declaró satisfecho por 15 avances formales del país en materia de derechos humanos. Pero se dijo preocupado por 32 situaciones graves de violación de derechos o deficiencia de políticas. Y plantea 41 recomendaciones que deben ser asumidas por el Estado antes de su próximo examen.

Hay recomendaciones de bulto: cambiar el Código Penal en lo que se refiere al aborto, “a fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto o una violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en caso de discapacidad fatal del feto, y asegurar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y su salud”.

El hombre que fue a dar cátedra de derechos humanos al Comité no pudo convencerlo de que las cortes en el Ecuador son independientes. ¡Con todas las pruebas que exhiben Gustavo Jalkh y Rafael Correa! El Comité, preocupado entre otras cosas por el abuso de la figura de “error inexcusable” para destituir jueces, ordena diplomáticamente al Estado ecuatoriano “incrementar sus esfuerzos con miras a asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias”. Manda además “asegurar que los jueces no sean destituidos a causa de los contenidos de sus decisiones y garantizar la seguridad en el cargo de los jueces en actividad”.

Al Comité le preocupa que la legislación ecuatoriana contenga “disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales”; que el Estado acose a los usuarios de las redes sociales y eso se traduzca en amenazas anónimas; que la Ley de Comunicación imponga obligaciones ambiguas o desproporcionadas, como “la obligación de los medios de comunicación de cubrir y difundir los hechos de interés público”, o la figura del linchamiento mediático… Pide al Estado –que juraba haber eliminado el trabajo infantil– que adopte medidas para reducirlo; que garantice la celebración de consultas con las comunidades indígenas a fin de obtener su consentimiento “libre, previo en informado” sobre cualquier política que afecte su forma de vida.

El canciller Guillaume Long no sólo que no impartió cátedra, no convenció a los comisionados de las Naciones Unidas, no respondió a muchas de sus preguntas (y ellos se lo hacen notar y lo lamentan repetidas veces a lo largo del informe), sino que ahora disfraza el resultado de ese informe y miente descaradamente: “El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce importantes avances de Ecuador sobre derechos humanos”, es el título de su comunicado. No sólo miente sino que incumple la tarea a la que está obligado como jefe de la delegación que fue a Ginebra: difundir el informe completo. En su lugar, lo que difunde es su propio resumen propagandístico. Lo presentó en rueda de prensa organizada por la Secom. Ahí, Guillaume Long se sentó junto al hombre que en este momento más irrespeta los derechos humanos en el Ecuador, el viceministro del Interior Diego Fuentes, que acaba de firmar la expulsión colectiva de 120 cubanos. Y desde ahí, pretendió repetir acá la cátedra que no le funcionó allá. Según él,  ciertos puntos del informe (no dice cuáles) se basan en “alegaciones sin sustento” y, sobre ellos, el Estado mantiene serias discrepancias. Es decir: se pone al margen de cumplir con las recomendaciones del Comité de la ONU, lo cual es contrario a su deber como Estado firmante del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Arriba: el rostro de los derechos humanos en el Ecuador: el canciller Guillaume Long y el ministro del Interior, Diego Fuentes. Foto: Cancillería.

Correísmo: cruel, inhumano y degradante

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Las aberraciones judiciales que se acaban de perpetrar en este país son escalofriantes. Y sus propósitos,  canallas. Expulsión colectiva de personas: un crimen de lesa humanidad. Lo cuenta Juan Pablo Albán, el abogado que encabezó el equipo de defensores de los 120 cubanos que fueron expulsados del Ecuador entre el 9 y el 13 de julio. En estos 10 fragmentos de testimonio él narra cómo el aparato jurídico y policial del correísmo es capaz de arrastrarse por niveles de inhumanidad y miseria moral que no se habían visto en el país desde el ominoso año de 1986.

1. Esto se llama expulsión colectiva

«No quiero usar la palabra deportación, porque la deportación es una institución jurídica del derecho migratorio. Estas personas no fueron deportadas, fueron expulsadas. La expulsión se configura cuando ocurre de manera colectiva y no individual. Es verdad que hubo audiencias para cada uno pero la lógica de esas audiencias era la de un procedimiento ni siquiera sumario sino vertiginoso, donde no había posibilidad de preparar una defensa. Y los jueces no tenían paciencia de escuchar nada. “Hable rápido –decían–, cinco minutos”. Todo era simplemente mecánico y predestinado a producir un resultado de expulsión. A eso hay que agregar los acuerdos ministeriales de expulsión colectiva. Los iniciales, porque después forjaron documentación ex post para decir que había un acuerdo ministerial por cada detenido. Pero yo estuve en el aeropuerto el día de la segunda expulsión y vi el acuerdo ministerial de los 46 de ese día: era un documento. No 46, uno solo. Sin lista. Y eso es una expulsión colectiva, prohibida expresamente por la Constitución y catalogada como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.»

2. Lesa humanidad

«¿Por qué es un crimen de lesa humanidad? Primero, porque es un ataque “generalizado”, en tanto alcanza a un gran número de víctimas: 120 personas. Segundo, es un ataque contra población civil en razón de una condición personal, que es su origen nacional. Tercero, es un ataque que se concreta en un acto inhumano: enviarlos de vuelta a un país donde temen fundadamente que serán perseguidos. Es claramente un crimen de lesa humanidad. Ahora sólo sabemos el paradero de 17 de los 120 expulsados. Lo dije en la audiencia de hábeas corpus y al Tribunal le dio lo mismo.»

3. ¿Cuántos son?

«Determinamos que fueron 163 los detenidos en el parque de El Arbolito. La cifra oficial es de 151, pero a esos 151 hay que agregar a Efraín Sánchez, un cubano residente en el Ecuador, con papeles en regla,  arrestado por alterar el orden público y llevado no a la Unidad de Flagrancias sino al CDP. Él no estaba contado entre los 151. Hay que agregar también a cuatro niños, la más pequeña de 2 años de edad y el mayor de 12, que fueron detenidos con sus padres. La Constitución prohíbe la detención de niños. Los policías igual los detienen pero no los incluyen en los partes. Hasta ahí van 156. Y han ido saliendo nombres de personas que, de hecho, fueron arrestadas y luego no se sabe a dónde fueron conducidas. Es un tema delicado. En la audiencia de hábeas corpus yo entregué la tarjeta de identidad cubana de un señor de nombre Rafael Díaz, que no aparece en las listas. No sabemos si inmediatamente después del operativo se lo dejó en libertad o si sigue detenido con otra condición.»

4. Desaparecidos en Ecuador

«De los 151 oficialmente detenidos, 120 fueron expulsados. Como la expulsión fue colectiva; como el Estado no reveló las listas de personas y sus identidades no se conocen de manera pública; dado que esas personas estaban bajo la custodia del Estado y no fueron presentadas a la audiencia de hábeas corpus, tenemos que suponer que están desaparecidas. El Estado nos va a decir que las entregó a las autoridades cubanas. Pues bien: es importante esclarecer que, de los 29 que aterrizaron el primer día en La Habana, soltaron a 10 y 19 quedaron detenidos. Y de los 46 que expulsaron el segundo día, no sabemos cuántos han sido liberados pero sabemos que fue un número muy pequeño. Hay que considerar que muchos de ellos constaban en los registros de disidentes que llevan las autoridades políticas cubanas. Y que la disidencia en Cuba está penada como delito. Otros expulsados, simplemente, eran funcionarios públicos que abandonaron sus puestos de trabajo, lo cual también es considerado un delito en Cuba.»

5. De la dictadura con amor

«La ley de migración, adoptada en época de dictadura militar (1971) por vía de Decreto Supremo, establecía que la autoridad que decide las deportaciones era el intendente de Policía y que debía consultar a su superior jerárquico, que era el ministro de Gobierno. Cuando la ley se reformó en 2009 la deportación pasó de ser un proceso administrativo a uno judicial, y la responsabilidad de hacer juicios de deportación pasó de los intendentes a los jueces de contravenciones.  Pero dejaron (no creo que por brutos sino por perversos) la disposición de consultar al ministro del Interior. Esto es inconstitucional. La Constitución dice que, por principio de unidad jurisdiccional, sólo las autoridades de la Función Judicial administran justicia y ninguna autoridad de otro poder del Estado puede interferir en las actuaciones de la Justicia o alterar los resultados de un proceso judicial. Y también dice que las normas de jerarquía inferior que contravengan la Constitución no pueden ser aplicadas en contra de la Constitución. Es decir que esta ley no puede ser aplicada. Pero se aplicó.»

6. Jueces malportados

«Según el conteo de la Defensoría Pública, del total de audiencias que se hicieron, en 81 casos se dispuso la libertad en la sentencia. En todos esos casos (incluso en los 16 en que no se elevó consulta) la sentencia de libertad fue revertida por el Ministerio del Interior. Y lo que es peor: en el resolutivo 4 de los acuerdos ministeriales de deportación y de revocatoria a la sentencia judicial, se dispone oficiar al Consejo de la Judicatura para que se observe la conducta irregular de los jueces que negaron la deportación y dispusieron la libertad.»

7. El Ministerio manda y vigila

«Hubo personal del Ministerio del Interior en los despachos de los jueces exigiéndoles que produzcan las resoluciones rápido. Sabemos que al menos dos juezas se revelaron y dijeron: esto es inaceptable. Una de ellas fue sustituida.

»Camuflado como supuesto defensor público, el señor director nacional jurídico del Ministerio del Interior en persona, Juan Javier Torres, a quien vamos a denunciar penalmente, empezó a recabar los datos de los ciudadanos que estaban detenidos en la unidad de contravenciones. Les hizo creer que era su abogado para sacarles la información que necesitaba para expulsarlos. (…) Hubo otro funcionario del Ministerio del Interior que entraba y salía de la unidad contravencional diciendo que él era del Consejo de la Judicatura y estaba tratando de velar el debido proceso.

»En la audiencia de hábeas corpus, el tribunal anunció un receso de cinco minutos. Salieron los jueces y atrás salió Juan Javier Torres con sus asesores. Desaparecieron por 2 horas 20 minutos y volvieron al tiempo. (…) Y cuando los jueces se retiraron a deliberar, desapareció otra vez Juan Javier Torres. El delegado de la Defensoría del Pueblo, José Luis Guerra, como vigilante del debido proceso, fue a buscarlos por todo el edificio. Los encontró en el segundo piso (la audiencia era en el sexto) pero no supo decir si los jueces estaban solos: no le abrieron la puerta. Al funcionario que vigila el proceso, no le dejaron entrar.»

8. Crueles, inhumanos y degradantes

«Los detenidos fueron incomunicados de sus familiares y de nosotros, sus abogados. No fueron puestos a disposición de un juez en el tiempo indicado en la Constitución, que es 24 horas, pues las primeras audiencias de deportación empezaron 36 horas después de la detención.

»Mantuvieron a todos en un calabozo de una unidad judicial que está diseñado para atender audiencias sobre delito flagrante, es decir, donde las personas no esperan más de tres o cuatro horas. Ahí les tuvieron tres días. No hay sillas, no hay camas, no hay baños suficientes, no hay nada, no hay frazadas. Ahí les tuvieron, mezclados hombres y mujeres. El calabozo además tiene un diseño interesante: da hacia un garaje y todo es abierto, dos de sus costados son de rejas sin ventanas y entra un frío de morirse. Ahí les tuvieron tres días durmiendo en el piso. Eso es trato cruel e inhumano. Hubo cacheos a las dos de la mañana. Entraban los antimotines, los ponían contra la pared a hombres y mujeres y cacheaban, policías hombres o mujeres, al que le tocara. ¿Buscándoles qué, si les habían quitado todo?»

9. Asociación para reprimir

«El director nacional jurídico del Ministerio del Interior introdujo como prueba los certificados de movimiento migratorio de los expulsados. En ellos se evidencia que toda esta expulsión masiva había sido planificada: en cada uno de esos expedientes consta un salvoconducto de viaje Quito-La Habana correspondiente a personas cuya expulsión supuestamente no había sido decidida todavía. Y ese documento de viaje se otorga por motivo de deportación. ¿Quién lo otorga? El consulado cubano. Eso demuestra que estaban concertados para sacarles. Ellos mismos introdujeron como prueba los certificados de movimiento migratorio de los que estaban sentados en la sala, con indicación de que se encuentran deportados con fecha 13 de julio de julio de 2016. Y esto ocurrió a las 11 de la noche del 12 de julio. Y con todo esto, el tribunal negó el hábeas corpus.»

10. Hábeas corpus, letra muerta

«Con respecto a los 75 que habían sido expulsados antes de la audiencia, el tribunal dijo que no podía pronunciarse. ¿Por qué? Porque no fueron llevados a la audiencia por estar fuera del país. ¡No determinaron la violación de derechos porque no estaban en la audiencia! ¡Y expresamente la ley dice que, cuando la persona no fuera presentada a la audiencia, se presumirá la privación ilegítima de libertad y se concederá el habeas corpus automáticamente!

»Respecto a los que estaban ahí, con la salvedad de un caso, el tribunal se basó en que había un grupito chiquito con sentencias de deportación para negar el hábeas corpus de todos, aunque la mayoría tenía sentencias de libertad. Nadie puede ser expulsado cuando tiene fundado temor de persecución en el lugar al que sería expulsado, pero ese principio humanitario de obligatoria aplicación no lo quisieron considerar siquiera.

»Apelamos oralmente de inmediato, como faculta la ley. En consecuencia, la decisión denegatoria del hábeas corpus no podía ejecutarse y esas personas no podían ser expulsadas del país hasta que se resolviera la apelación por la corte provincial. Aun así, contra un proceso judicial de garantías activo, vivo, sacaron a los 45 que quedaban, los llevaron al aeropuerto de Latacunga y los expulsaron.»

Decenas de cubanos expulsados de Ecuador

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La Policía Nacional del Ecuador y funcionarios de Servicio de Migración detuvieron a 149 cubanos el miércoles pasado. Los cubanos se encontraban durmiendo en un campamento en la ciudad de Quito, protestando para conseguir que autoridades mexicanas les otorgaran una visa humanitaria para llegar a Estados Unidos, donde podrían solicitar asilo. Los funcionarios procuraron dispersar la protesta.

El gobierno ecuatoriano informó que al 11 de julio, un total de 75 cubanos habían sido enviados de regreso a Cuba y otros 22 habían sido liberados y autorizados a permanecer en Ecuador.

El gobierno sostuvo que los derechos de los detenidos se habían respetado. Sin embargo, los detenidos fueron detenidos durante varias horas en la Unidad de Flagrancia Penal de Quito, según defensores de derechos humanos que procuraron asistir legalmente a los detenidos. Allí permanecieron privados de alimentos y agua, y sin acceso a familiares ni abogados, según los defensores.

Desde el 7 de julio, un día después de las detenciones, se realizaron una serie de audiencias de deportación en las cuales los detenidos habrían tenido pocos minutos para presentar su defensa. Abogados defensores reportaron que prácticamente no pudieron hablar con los detenidos con anterioridad a las audiencias, y que entre los ciudadanos cubanos detenidos habría solicitantes de refugio, personas con estatus migratorio legal, y otros que habrían solicitado refugio durante la audiencia.

Los jueces resolvieron deportar a decenas de ciudadanos cubanos, incluyendo algunos casos en los cuales los detenidos habían solicitado refugio. Las decisiones judiciales de deportación se elevan luego a consulta con el Ministro del Interior José Serrano. Los jueces realizaron las audiencias y resolvieron sobre las deportaciones a pesar de que existía una solicitud de habeas corpus presentada por un grupo de abogados defensores de derechos humanos, que se encontraba pendiente de resolución.

Defensores de derechos humanos ecuatorianos que documentaron las deportaciones informaron a Human Rights Watch que algunos de los deportados habían solicitado refugio y las deportaciones ocurrieron antes de que pudieran apelar las decisiones judiciales en sus casos.

El gobierno ecuatoriano tiene la obligación jurídica internacional de respetar el principio de nonrefoulement, que indica que no pueden devolverse a refugiados a un lugar donde sus vidas o libertades se encuentren amenazadas. También debe cumplir con los principios básicos del debido proceso y permitirles a solicitantes de refugio que sus casos sean justa y debidamente considerados. Cualquier medida que vulnere estas obligaciones viola derechos fundamentales y debería ser fuertemente condenada por los gobiernos de la región, la representación de la Organización de Naciones Unidas en Quito, y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

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