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Aviones presidenciales: lo más valioso es saber cómo fueron usados

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Cuando Lenín Moreno anunció la venta de uno de los aviones presidenciales, como parte de sus medidas de austeridad, no lo hizo realmente por la cantidad de dinero que esa venta supone sino por la carga simbólica que tienen esos artefactos.
A lo sumo, con la venta de uno de los aviones se podría recibir 30 millones de dólares. Eso en el caso de que se venda el Falcon 7X que es el más costoso de los dos. El otro, el Legassy podría costar de 15 a 16 milllones según dos expertos consultados por El Universo. Si se suma esto a las otras medidas anunciadas por Moreno se tendría el 1,1% del hueco fiscal, que llega a 4 700 millones anuales según ha calculado Luis Espinosa Goded, profesor de Economía de la Universidad San Francisco.  El anunció, en verdad,  tuvo más una carga comunicacional que de utilidad financiera.

El caso de los aviones, sin embargo, es muy especial. Desde que Rafael Correa compró su segundo avión, el lujoso Falcon de fabricación francesa, sin vender el Legassy de fabricación brasileña que había comprado antes, los aviones se convirtieron en un emblema del abusivo gasto público durante su administración. De nunca haber tenido un avión exclusivo, la Presidencia pasó a tener dos. Ambos, además, tenían capacidad para solo 13 personas, lo que hacía que cada vez que Correa viajaba con una delegación de invitados tenía que echar mano de alguno de los aviones de la empresa estatal TAME. Únicamente desde el 2012 hasta el 2016, la Presidencia había gastado 6 millones 333 mil dólares en esos vuelos para los invitados, sin contar con los problemas que suponía para TAME que uno de sus aviones deje de funcionar en una de sus frecuencias habituales. Solo en el viaje de Correa a Rusia y a Bielorusia se gastó 1’018 111 dólares en el alquiler del avión de TAME.

Pero los aviones presidenciales no solo representan el abuso en el gasto público y el despilfarro inmisericorde durante los años del correato. Simbolizan, además, una grosera y abusiva visión que de lo público se instaló en el correísmo: los aviones fueron usados como si se trataran de jets privados sin ninguna regulación que significara un límite a su uso. Ninguna medida les obligaba a transparentarlo.

Durante casi diez años, la Presidencia del Ecuador tuvo dos aviones que podían volar prácticamente a cualquier lugar del mundo sin que nadie supiera, a ciencia cierta, a dónde iban ni con qué tripulación lo hacían ni qué transportaban en cada uno de esos viajes. De no ser por la acuciosidad de algunos avispados usuarios de redes sociales, jamás se hubiera sabido, por ejemplo, que uno de los aviones viajó una vez a Seattle en los EEUU y otra a Qatar en los Emiratos Árabes. En ninguno de esos vuelos estaba el Presidente a bordo. Además, nunca hubo información oficial sobre quiénes usaron el avión en esos viajes; mucho peor qué se transportó en ellos. La simple noticia de que muchos de los actos de corrupción que se han denunciado en las últimas semanas se consumaban con entregas de inmensas cantidad de dinero en efectivo ha hecho volar la imaginación de muchos contribuyentes sobre los posibles usos de los aviones presidenciales.

Avión de Correa: más chiquito pero $14 millones más caro que el de Santos

Si los aviones de la Presidencia no solo tienen una carga simbólica asociada al gasto público sino también al de de su uso no regulado ni limitado por parte de la administración Correa, la venta no debería ser la única medida. Informar exactamente, y en detalle, sobre cuáles fueron sus desplazamientos, quiénes los usuaron y qué se transportó en cada uno de los viajes es tan valioso, quizá hasta más desde lo público, que los 30 millones que los expertos dicen se podría conseguir vendiendo el Falcon o los 16 si se vende el Legassy.
Establecer cómo y para qué se usaron los artefactos, y entregar a la sociedad esa información, es una obligación obvia que tiene la actual administración por el derecho que tienen los contribuyentes a conocer cómo se gasto su dinero. Pero eso solo es una parte. Si realmente existe un deseo de establecer los actos de posible corrupción cometidos en el pasado, hacer una investigación de cómo y para qué se usaron las dos aeronaves aparece como una tarea lógica e irremediable.

Cualquier medida de austeridad, por más pequeña que sea, es una muestra de sensibilidad en el manejo de los dinero públicos. Pero cuando se trata de los aviones de la Presidencia, la austeridad no es lo único que está en juego. En el uso que se les dio hay información de inmensa importancia para entender cómo se utilizó el poder durante el correato y cómo se usaron los bienes públicos que perfectamente pudieron haber sido funcionales para actos de corrupción. Con lo que se ha visto en los últimos días, cualquier cosa es posible.

¿Los aviones presidenciales son charters políticos?

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María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en dos acontecimientos de alto contenido político: el 38 aniversario de la Revolución Sandinista y el Foro de Sao Paulo que representa el músculo ideológico de la izquierda decrépita latinoamericana. En el viaje estuvo acompañada, de lo que se sabe, por Paola Pabón, secretaria nacional de gestión de la Política y Ricardo Patiño, consejero presidencial y todo un emblema del gobierno de Rafael Correa.

Para el viaje, Espinosa y su comitiva utilizaron uno de los aviones de la Presidencia de la República: el Legassy.  Se trata del primer avión, un Embraer hecho en Brasil, que adquirió Rafael Correa antes de que decidiera comprar el Falcon 7X, de fabricación francesa, mucho más lujoso y rápido que su antecesor. El Falcon, además, tienen la capacidad de viajar entre Quito y Europa sin necesidad de abastecerse en el trayecto.

¿Por qué Espinosa usa el avión presidencial en un viaje cuyo propósito poco o nada corresponde a los intereses internacionales del Ecuador? ¿Es lícito que gaste en un viaje que francamente es inútil para las prioridades diplomáticas y económicas del país? Si el foro de Sao Paulo es un foro de partidos, ¿por qué todos los ecuatorianos tienen que sufragar con ese gasto? Habrá quien salga a decir que la celebración sandinista fue una invitación oficial al gobierno del Ecuador o que, como estaba previsto que Lenín Moreno viaje a la reunión del foro de Sao Paolo, era perfectamente lícito que se utilice ese avión. Habrá quienes, en cambio, piensen que haber usado ese avión es un acto de abuso de poder porque el avión presidencial no está para llevar y traer funcionarios a acontecimientos inútiles y que lo que se ha hecho es pagar con fondos públicos un gasto partidista, irrelevante para el Ecuador. 

El problema está en que todas estas preguntas y muchas otras, que son perfectamente posibles sobre el uso de los aviones de la Presidencia, son plenamente legítimas porque no existe norma legal ni institución alguna que regule su uso. Es decir, los ecuatorianos no tienen ningún instrumento legal que los defienda del uso inescrupuloso que el gobernante de turno pueda dar a uno de los aviones que, en verdad, pertenece a todos.

Durante casi 10 años, Rafael Correa utilizó a estos aviones como si fueran un aviones privados, Desde que tuvo el Falcon, por ejemplo, viajó en él no solo en sus viajes oficiales sino también a recibir doctorados honoris causa en decenas de países o en viajes que no tenían absolutamente nada de oficial como la canonización de monseñor Arnulfo Romero en El Salvador. Durante el gobierno de Correa jamás hubo fiscalización alguna ni regulación al uso de los dos aviones presidenciales que fue completamente discrecional. Lo único que se conoce sobre los itinerarios que se hicieron en el Legassy o en el Falcon es porque se trataba de viajes que tenían cierta cobertura mediática. Pero nada se sabe sobre otros posibles usos. En abril del 2016, por ejemplo, el Falcon hizo un vuelo directo entre Quito y Seattle, en los EEUU sin que nunca se haya informado oficialmente sobre ese viaje.

Existen, además, fotografías  en sitios digitales especializados en imágenes de aviones donde aparece el Falcon en lugares donde ha aterrizado ya sea porque había llegado a su destino o porque se hallaba en tránsito. Es llamativa, por ejemplo, una foto del Falcon en Bruselas, ciudad en Bélgica donde vive la familia de la esposa de Rafael Correa, sin que nunca se hubiere informado oficialmente de las razones por las que la aeronave estaba en en el aeropuerto de esa ciudad. Hay otras imágenes donde aparece, asimismo, en el aeropuerto de Tenerife, España o de Viena, Austria.

 

 

El nada transparente uso del avión hizo que muchos usuarios de redes sociales recurran a aplicaciones digitales para ubicar el lugar donde se hallaba el artefacto. Incluso, el periodista radicado en Miami, Emilio Palacio, utilizó una de estas herramientas para hacer un programa en el que reveló que el Falcon de Correa había se hallaba en un viaje a Dubai sin que el Presidente estuviera en ese lugar.

En algunas ocasiones hubo ministros y funcionarios, como por ejemplo los del Frente Económico, que usaron los aviones para asistir a actos oficiales en otros países sin que se justifique la necesidad de usar aparatos cuyos costos de operación siempre son más altos que comprar pasajes en aviones comerciales.

Lo que ocurre con los aviones presidenciales ecuatorianos es que no existe ninguna normativa que obligue a la Presidencia a transparentar los detalles de cada uno de los viajes que se han hecho en ellos. ¿Qué se ha transportado en los aviones de la Presidencia? ¿Existe algún registro sobre quiénes han sido pasajeros en ellos o qué carga han llevado en cada uno de los viajes?  El tema es especialmente delicado si se toma en cuenta que esos aviones, al ser propiedad del Estado y en especial de la Presidencia, pone en juego al prestigio del país.

La forma en que se usa los aviones presidencial es una evidente prueba de abuso de poder, muy parecido al que se ha ejercido con empresas públicas como, por ejemplo, los medios de comunicación que administra el gobierno. Se trata de un forma de privatizar lo que es público, porque se convierte un bien público en algo que sirve para los intereses privados de los funcionarios que están en el poder.

El viaje de María Fernanda Espinosa a Nicaragua demuestra que esta falta de sensibilidad en el uso de los bienes públicos no ha terminado con la salida del gobierno de Rafael Correa. El Legassy y el Falcon han sido, desde hace muchos años, aviones de bolsillo para el turismo y la promoción política de Alianza País. No del Ecuador.

Foto: María Fernanda Espinosa a su llegada a Managua. La recibe el canciller nicaragüense Denise Moncada y la embajadora del Ecuador Aminta Buenaño.

Yachay: del despilfarro a la impunidad

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Recortar los gastos en Yachay Tech, como se ha anunciado mediante un comunicado, era necesario y, hasta cierto punto, perfectamente predecible. Yachay Tech fue concebida por el gobierno de Rafael Correa como un monumental recurso propagandístico, que fue montado durante el pináculo del derroche y despilfarro del autoritarismo petrolero.

Pero una vez acabado el boom del petróleo y con las arcas fiscales exangües lo del recorte era algo que tenía que llegar de un momento a otro. Por lo pronto, esa exuberante y carísima directiva con tres profesores de Caltech, que Rafael Correa expuso varias veces como muestra de que el Ecuador había alcanzado el primer mundo, ya se ha marchado silenciosamente con mucho más pena que gloria.

La decisión de recortar esos gastos que, según el rector, Carlos Castillo-Chávez, podrían llegar a 2 millones de dólares anuales, es razonable y positiva. Pero no es suficiente.  No es suficiente porque recortar gastos y no iniciar un proceso de fiscalización del despilfarro que hubo durante toda la etapa de montaje de Yachay Tech es garantizar impunidad. 

Anunciar recortes y no investigar el uso discrecional y abusivo de los dineros públicos sería un factor más que refuerce la sensación de que el gobierno de Lenín Moreno está produciendo en sus primeros días de mandato: se ordena la casa, se pone más bonita, pero no se eliminan las ratas de los sumideros. Cambios pero sin ruptura.

El nuevo gobierno no puede hacerse de la vista gorda e ignorar el hecho de que se gastaron dineros públicos a manos llenas bajo el pueril argumento de que montando una Universidad con la pretensiones de una Harvard o una Stanford, se va a tener un país desarrollado. Ahí no hubo decoro ni rubor a la hora de gastar.

Entre las pocas cosas que se ha logrado documentar, se sabe que en Yachay Tech los decanos ganaban 13 mil dólares al mes y el sueldo de los miembros de la Comisión Gestora era de alrededor de 16 mil dólares, a pesar de que casi ninguno de sus miembros vivía en el Ecuador.

En el 2014 Yachay Tech pagó por publicidad 1.6 millones y en el 2015, únicamente en ferias, concursos, y simposios, la bicoca de 1,5 millones.  Por tres días de feria se gastaron 13 mil dólares en papel higiénico y toallas. Además se entregaron un  millón 400 mil dólares a una empresa consultora para contratar decanos y jefes de departamento, sin que se hubiera conseguido los resultados esperados. 

Según el propio gobierno de Correa la inversión ha sido, hasta el 2017, de 1 041 millones de dólares y los resultados, como lo ha dicho el nuevo rector, están a la vista: puro decorado y muy poco contenido. “No sé cómo tomaron las decisiones, pero no nos han terminado la infraestructura y ahorita tengo estudiantes de sexto semestre que me interrogan todos los días, me demandan: ¿dónde están nuestros laboratorios? ¿cómo nos vamos a educar?”, según dijo en una reveladora entrevista a La Hora.

Yachay Tech, por estos y otros casos de despilfarro, necesita no solo ahorro sino y sobre todo fiscalización. Alguien tiene que poner la mirada en los años pasados e investigar los gastos hechos. ¿Es posible que quien pagó 2.8 millones de dólares, como denunció el premio Nobel ecuatoriano Arturo Villavicencio, para la realización de la feria Innopolis en el 2015 no de una explicación al país sobre ese gasto? Únicamente en publicidad se pagó, por esa feria, un total de 2.13 millones a la empresa Oscar Correa Arango de la compañía “Mayopublicidad Ecuador” y, como los organizadores decidieron que la feria se prolongaría un día más, se hizo un pago extra de 650 mil dólares: esto lo reveló Villavicencio en un artículo en Plan V. ¿Es tolerable que ese gasto quede sin ser investigado y nadie explique gastos con fondos públicos como estos?

Cuando la administración de Lenín Moreno anuncia que recortará gastos en Yachay Tech, pero no dice nada sobre la fiscalización de sus gastos,  consolida la sensación de que se quieren cambiar las cosas pero sin mirar atrás. Quizá esa es la forma más sencilla que se les antoja para hacer el cambio.  No fiscalizar esos gastos, que huelen a chanchullo, es confirmar que que tenían razón aquellos que pensaban que tras la candidatura de Moreno y Glas lo único que había era un proyecto de impunidad.

La investigación se hace necesaria también en la empresa pública Yachay EP. Ahí, poco antes de las elecciones, se anunció que se crearía una mega factoría de carros eléctricos con la colaboración de gigantes de la tecnología de los Estados Unidos que luego negaron cualquier participación. La prensa determinó que la empresa que estaría a cargo de esa iniciativa se había conformado apenas horas antes del anuncio. ¿No hay que investigar este caso como estafa a la fe pública?

El gobierno de Correa fue muy hábil en proyectar una ilusión de modernidad y desarrollo que realmente no existía.  Yachay Tech y Yachay EP fueron dos herramientas clave en este propósito al que Arturo Villavicencio llamó la “costosa promesa redentora”. Esa ilusión se creó con una inmensa cantidad de dinero de cuyo gasto alguien tiene que responder. Con medidas de ahorro no se consigue eso y se arriesga a que bajo la fachada de una medida positiva se sienten las bases de la impunidad total.

Dos rábanos y una lechuga simbolizan la estafa nacional

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Si la imagen de dos rábanos y una lechuga, publicada en un mensaje en la cuenta de Twitter de Yachay, produjo una reacción tan violenta durante los últimos días en redes sociales es porque esa fotografía se convirtió, de inmediato, en una contundente metáfora del sentimiento de estafa que sufre un inmenso sector de la sociedad ecuatoriana.  

Ni el más avispado de los publicistas hubiera podido encontrar una imagen que sintonizara mejor con el sentir de una sociedad que, luego de 10 años de gasto desenfrenado y campañas de propaganda, siente que todo fue una mera ilusión. Yachay es el proyecto universitario que el gobierno quiso posicionar como el próximo Silicon Valley de América Latina y que ahora, dice, será una de las cien mejores universidades del mundo en el año 2025.

La reacción de los usuarios al ver el tuit fue violenta. “Genios… hago lo mismo en mi patio y más barato”, fue la primera respuesta que se registró antes de la avalancha de mensajes y comentarios; entre ellos decenas de fotos de usuarios que también cultivan lechugas o tomates en sus casas. 

Lo que más ardió a la gente, ese 5 de diciembre que se colocó el mensaje, es que un proyecto que llegará a costar 20 mil millones, según la versión oficial, y que hasta el 2017 debía haber significado 1 040 millones, termine promocionando un curso de agricultura urbana que no es otra cosa que la enseñanza de sembrar legumbres en el jardin o la terraza de una casa. Y como cualquier expresión de indignación genuina, ésta produjo una ola de bromas. “Harvard tiembla”, puso una tuitera.

 ¿No se suponía acaso que Yachay iba a ser la Stanford del Ecuador? ¿No se había dicho que iba a ser el centro de la innovación que llevaría al Ecuador a revolucionar su matriz productiva y que cualquier inversión, por más grande, se justificaba?
No hay que olvidar que para promocionar Yachay el gobierno gastó más de 2 millones de dólares únicamente en la llamada “Feria Innopolis” que se realizó en la sede en el 2015. En ese contrato se establecían gastos tan ridículos como 13 mil dólares en “jabón y papel toalla para manos” en un evento que duraba tres días.  

Imposible olvidar, asimismo, a René Ramírez, gestor del proyecto, afirmando que “la Innópolis Yachay es una apuesta a romper con la historia del Ecuador. Simbólicamente, constituye un pacto nacional por la construcción de la sociedad del conocimiento y la innovación”. ¿No era obvio que la imagen de los rábanos y la lechuga desate tanta indignación cuando no hace mucho Ramírez en tono de tecnócrata ilustrado decía en una entrevista que con Yachay “podemos tener universidades de nivel mundial, nuestro Harvard, nuestro MIT”?

Yachay es una de las obras que mejor representa el derroche, el despilfarro y el gasto no sujeto a control que se ha producido durante el período de la abundancia petrolera, como se ve en el video que se ha colocado en esta nota y que circula en redes sociales.  Solo en campañas de publicidad se gastaron 1.6 millones en el 2014, y en el 2015 se hicieron desembolsos por 1.5 millones en concursos, simposios y ferias. ¿Podían salir ilesos los señores de Yachay luego de hacer una promoción de un curso de agricultura urbana de los que abundan en colegios y clubes de jardinería?

Lo que hizo Yachay cuando colocó el mensaje con la fotografía fue abrir una ventana para que por ahí se dispare la indignación y la frustración que amplios sectores de la sociedad sienten cuando la abundancia ha terminado y lo que queda son los rezagos del estado de propaganda en el que ha vivido el país durante diez años. Ese mismo mensaje en el 2013 o en el 2015 no habría pasado de ser una anécdota que un puñado de escépticos hubiera compartido. Pero ahora que el 2016 termina y el Estado está quebrado, el mensaje tras los rábanos y la lechuga se convierte en una poderosa y cruel metáfora.

Más de 4 millones tirados en dos presuntos acuarios

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El actual Parque Marino de Valdivia. Tres años en el abandono. Todo un elefante blanco.

Había un pueblo de humildes pescadores que tenía un modesto acuario. Hasta que un emisario del rey llegó y les construyó uno nuevo. Pero ese nuevo acuario no funcionó porque estuvo mal hecho y hubo que derrocarlo. Entonces años más tarde vino otro emisario del rey, con mucho más riquezas, y les hizo uno mucho más grande que el anterior. Pero también estuvo mal hecho y lleva ya más de tres años en el más completo abandono.

Al final, el pueblo se quedó con el mismo acuario, las arcas del reino perdieron mucho dinero y los únicos que se enriquecieron fueron aquellos que construyeron y mandaron a construir los dos acuarios inexistentes.

Este cuento se refiere, básicamente, al caso del acuario de Valdivia (un pequeño poblado de la península de Santa Elena) que representa, de forma nítida, lo que ha sido el despilfarro, el derroche y la corrupción durante los 10 años de riqueza petrolera en el Ecuador.

Tal y como en el cuento del país pobre que se hace rico de la noche a la mañana, el caso de los acuarios de Valdivia comenzó en el 2008 cuando un funcionario del Ministerio de Turismo llegó al lugar y, gracias al buen presupuesto que tenía, ofreció hacer un nuevo acuario para reemplazar al viejo. Se contrató, entonces, a la empresa GROUPREMA para la construcción. Cuando estuvo listo y se empezaron a llenar los tanques resultó que todo estaba mal hecho. Los tanques se cuartearon cuando empezaron a recibir el agua y las micas de los ventanales se trizaron con la presión. Todo mal.

La Contraloría intervino y los hallazgos fueron verdaderamente de espanto: el Ministerio de Turismo contrató a una empresa que no estaba habilitada legalmente para esos trabajos, no hizo estudio de impacto ambiental ni cálculos técnicos. Para colmo, la constructora “utilizó documentos adquiridos de manera irregular para justificar” la resistencia de un hormigón armado que no servía. Además, la Contraloría encontró que el precio de la obra aumentó durante su construcción y que nunca se supo en qué se invirtieron esos costos extras. En otras palabras, un verdadero festín de tiburones.

En definitiva, la Contraloría halló que la Subsecretaría de Turismo y la constructora incumplieron todas las pautas jurídicas y técnicas que tenían que haber observado, lo que ocasionó que la obra no sirviera para nada. Al final del proceso, hubo que demoler el acuario. Fueron 417 mil 233 dólares tirados, literalmente, al agua.

La empresa constructora fue demandada posteriormente para responder por los daños y perjuicios, según un anuncio judicial publicado en El Telégrafo. Sin embargo, 4Pelagatos no ha logrado establecer si el Ministerio de Turismo fue reembolsado. Aparentemente nadie ha pagado ese gasto inútil gracias a una intrincada red de conexiones sociales. Lo que sí ocurrió es que GROUPREMA fue declarada como incumplida en el portal de compras públicas.

Luego de este acuario fallido llegaron nuevas iniciativas, mucho más grandes y pretenciosas. Llegó Vinicio Alvarado como Ministro de Turismo con la idea de construir un enorme complejo con varios tanques, espacios para distintos animales marinos, museo, una clínica veterinaria, un lugar para estacionamiento y hasta un espacio para ventas de artesanías. En el 2013 se iniciaron las obras y, en efecto, se cumplieron los plazos. No solo Alvarado visitó las obras: el mismísimo presidente Rafael Correa estuvo en el lugar y hasta apareció en un video promocional de esta obra.  Según otro video de la agencia Andes, el Parque Acuático costó más de 4 millones de dólares aunque moradores de la zona sostiene que el costo total es de 6 millones.

A finales de 2013 y comienzos del 2014 todo estaba listo.  Incluso la entonces funcionaria del Ministerio de Turismo, Larissa Marangoni, anunció que la inauguración sería en febrero del 2014. Pero hasta ahora todo todo luce vacío y desamparado. Por ahí solo hay brisa del mar.

Desde que se acabaron las obras ha transcurrido 2014, 2015 y gran parte del 2016 y el Parque Acuático sigue sin funcionar. Xavier Yagual, director del acuario del pueblo de Valdivia y biólogo marino, no sabe las razones por las que no se ha inaugurado. Según él, el complejo tuvo problemas al inicio pero, de lo que sabe, fueron corregidos. “No hace mucho, en agosto, el presidente Correa pasó por aquí en bicicleta y yo me puse a su lado en la mía para preguntarle que cuándo van a inaugurar el Parque Marino. Me dijo que en dos meses todo estaría. Pero hasta ahora nada”, dijo Yagual a 4Pelagatos. Él confiesa que la comunidad de Valdivia se halla decepcionado de tanto ofrecimiento. “Vino el ministro Fernando Alvarado pero nada. Ya no sé a quién creer. Cada cierto tiempo vienen funcionarios, hacen unas encuestas y se van”. Según él, tampoco se sabe si -de inaugurarse el Parque Acuático- será manejado por la comunidad de Valdivia o por el Ministerio del Turismo. Además, dice que con tanto tiempo de abandono las instalaciones se están oxidando y dañando.

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Imagen de Google Earth donde se ve al Parque Marino. Tres años de abandono.

Las razones para la demora son desconocidas y hasta misteriosas. Pobladores consultados dicen que en un inicio se dijo que había problemas con el sistema de bombeo de agua del mar pero que luego esas fallas fueron solucionadas. Mientras tanto, dice Yagual, “seguimos igual que al comienzo, con el mismo acuario de siempre, con la diferencia que cada vez está más viejo”.

La historia del acuario y el posterior Parque Marino de Valdivia representan, como se ve, lo peor que puede producir un período de abundancia económica acompañada de un régimen político concentrador de poder y ajeno a la fiscalización. El Parque Marino no es otra cosa que un elefante blanco más de la #décadaganada.

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Así luce abandonado y solitario el Parque Marino

En la foto de portada Rafael Correa mirando las obras en julio del 2013

Juego sucio, 440 mil dólares para otra de chullitas y bandidos

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El gobierno de Rafael Correa será recordado, entre tantas cosas, por su afición a producir películas. Películas que son, por lo general, maniqueas y apologéticas: con buenos y malos, héroes y villanos, chullitas y bandidos… El bien enfrentándose a los enemigos del pueblo y de la patria.

Ahora es el turno de Juego Sucio. Esta película que está anunciada para los próximos días fue producida por iniciativa de la Procuraduría del Estado y, por lo que se ve en el trailer oficial, tiene héroes y heroínas que luchan en contra de la Chevron; así como en Tierra de Serpientes los héroes y heroínas son policías que combaten al crimen organizado.

Juego Sucio costó, según datos oficiales, 440 mil dólares y, como en casi todas las otras películas hechas por las instituciones del correísmo, fue adjudicada sin concurso porque la ley así lo permite, aunque no lo ordene. En este caso, la adjudicataria fue la cineasta Nytsi Grau Crespo quien fue la única invitada por la Procuraduría a que envíe su “oferta técnica económica”. Esto, que no deja de ser curioso, es perfectamente legal.Pago Nytsi

Aunque aún no se puede ver íntegramente la película, en el trailer que la Procuraduría ha puesto en su canal de YouTube se pueden trazar las líneas maestras del argumento.

En Juego Sucio, un joven estadounidense vinculado al Ecuador porque es hijo de una ecuatoriana (esto lo hace bueno) es convencido por un operador de la Chevron (esto lo hace malo) que lo contrata para ir al Ecuador para que fabrique un fraude a favor de la petrolera en el juicio que las comunidades amazónicas (buenas por supuesto) le han puesto por un caso de contaminación. En el proceso -y sobre todo cuando hace el viaje a la Amazonia- el joven, que se llama David Black, descubre que está del lado equivocado de a historia y decide pasarse al correcto: al del Estado ecuatoriano que defiende a las comunidades indígenas. En este proceso aparece la imagen de una mano manchada de petróleo, una evidente y burda alusión a la mano sucia que ha sido el eje de la campaña que el gobierno hizo en contra de la petrolera.

Más allá de la moral maniquea de buenos contra malos, que está en el centro del relato correísta, Juego Sucio suscita, como las otras películas, el debate sobre el gasto público y el despilfarro en un sistema político donde no existen los contrapesos que evitan la discrecionalidad en el uso de los dineros públicos. ¿Era necesario que la Procuraduría invierta 440 mil dólares en una película argumental sobre el caso Chevron?
Funcionarios de la Procuraduría recomendaron, en su momento, que si se trataba de hacer una película, hicieran un documental y no una película de ficción. Está por verse cuántas personas verán esta producción y en qué medios se transmitirá. Lo ocurrido con Ciudad Quinde es un antecedente que hace temer que Juego Sucio tendrá su misma suerte: una audiencia pequeña y un impacto nulo para un presupuesto tan importante. Haber destinado más de 700 mil dólares en esa Ciudad Quinde es, sin duda, un grosero caso de derroche que se produce gracias al sistema vigente que permite la discrecionalidad absoluta de los funcionarios para decidir en qué gastar o no los dineros de los contribuyentes.

En el afán de justificar el gasto en Juego Sucio, la Procuraduría ha colocado un par de videos en los que aparecen varios entrevistados que ponderan y alaban la película. Comunicadores, empresarios y hasta supuestas amas de casa se llenan la boca de elogios y lisonjas. Mucho más que un ejercicio periodístico lo que hay en esos videos es un intento, bastante torpe por cierto, de hacer relaciones públicas a favor de la película. Para todos los entrevistados Juego Sucio es un excelente esfuerzo para que la gente entienda la versión oficial del caso Chevron. Ninguno se pregunta, como es obvio, si el gasto de 440 mil dólares tiene relación con los verdaderos objetivos de la Procuraduría como abogado del Estado que es.

Juego Sucio se antoja ser una herramienta más del complejo sistema de publicidad y relaciones públicas del que han medrado productores y cineastas muy cercanos a los funcionarios que disponen, a su antojo del erario público. Algunas de esas películas, como Ciudad Quinde de la Superintendencia de Control del Mercado, que costó 735 mil dólares, son vistas por muy pocas personas. Otras están anunciadas para las próximas semanas, como es el caso de Tierra de Serpientes del Ministerio del Interior que debería salir al público, según el presidente Rafael Correa y el ministro José Serrano, hasta fines de septiembre y sobre cuyo costo lo único que se conoce, a ciencia cierta, son los 700 mil dólares que recibió su directora, porque Serrano no ha querido dar la cifra exacta. Y por último están las películas que simplemente nunca salieron al aire, aunque los ecuatorianos tuvieron que pagar por ellas. Entre estas está Espíritu del Yasuní, que se hizo en el 2011 y no se sabe cuánto costó y Circo Social hecha por la Vicepresidencia en tiempos de Lenín Moreno y que cuyo costo fue de 506 266 dólares.

Juego Sucio es, en definitiva, otra de chullitas y bandidos. Con el detalle de que costó 440 mil dólares.

Tres falsos milagros de San Rafael Vicente el Ahorrador

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El aparato de propaganda del Gobierno se halla en la tarea de beatificar a Rafael Correa y ha encontrado que para cumplir con ese fin lo más eficiente es presentarlo como un santo del ahorro y de la austeridad. San Rafael el Austero o San Rafael el Ahorrador.

Basta ver lo que hizo Javier Lasso en la rentrée de su programa de entrevistas Palabra suelta, ahora que dejó de ser embajador y vicecanciller de la revolución ciudadana y que ha regresado a dirigir Ecuador TV. Desde el inicio de la entrevista, que fue antecedida por un perfil de Correa en el que la humildad era el argumento central, era más que evidente que el principal objetivo era presentar a un hombre austero, sencillo, humilde y que, en virtud de todo esto, no deja escapar oportunidad para ahorrarle al país aunque sea centavos.

Desde el tono de la conversación hasta los temas que se abordaban en la entrevista estaban cuidadosamente arreglados para que el televidente viera lo austera y sencilla que es la vida del Presidente: su casa, sus adornos, su desprendimiento del dinero…

En la última sabatina, Correa también aportó con lo suyo para borrar cualquier duda que exista sobre su franciscana humildad. “Mi mayor patrimonio es mi bicicleta, mi mochila y mi guitarra”, dijo rayando en el cliché de cantautor de cafetín. “Nunca usé anillo y hasta el reloj me pesa”, agregó como para darle un poco más de énfasis a lo de la bicicleta, la mochila y la guitarra.

En esa entrevista con Lasso, Correa mencionó tres aspectos de su gestión que demuestran que es casi un monje budista. Estas tres cosas son: no haber dado a su esposa, Anne Malherbe, las funciones de Primera Dama; el haberse desprendido del Lincoln de lujo que había en la Presidencia, y el haber comprado aviones que son instrumentos de trabajo.

Pero si se mira con más detalle a estos tres gestos, cosa que Javier Lasso obviamente no hizo, se encontrará con tres falacias. Veamos.

La falacia de la Primera Dama

Correa sostiene que al no haberle dado a su esposa el cargo de Primera Dama le ahorró al país mucho dinero. No tiene sueldo, no hubo que crear una oficina con funcionarios para su trabajo y, además, no hay que destinar recursos para comprarle ropa. Gran ahorro, según Correa.

Lo que no mencionó Correa, ni Lasso se lo hizo notar, es que bajo su administración ha convertido a la Presidencia de la República en un inmenso centro de empleo. Si se observa la nómina de la Presidencia de abril del 2016 se ve que tiene 508 funcionarios. Y si a eso se suma el personal de la Secretaría de la Administración Pública, que tiene 416 funcionarios que técnicamente son parte de la Presidencia, resulta que Correa tiene a 924 personas trabajando directamente para él, algo que ni siquiera cuenta la Casa Blanca en Washington que tiene 474 empleados. ¿Cuántos empleados pensaba Correa que necesita el cargo de Primera Dama? A esto habría que aumentar el tema de la ropa. ¿Qué tipo de ropa habría tenido en mente Correa para su esposa como para que piense que sin darle una partida para eso ahorraba mucho dinero al Estado? Evidentemente, el argumento del ahorro en ropa resulta groseramente pueril y el de haberle ahorrado al país de la burocracia que el cargo de Primera Dama supone definitivamente infantil.

La falacia de los vehículos humildes

En esa suerte de “charla alrededor de la humildad del señor Presidente” que fue la entrevista hecha por Javier Lasso, Correa también dijo que una de las cosas que prueban su austeridad es el haberse desprendido del viejo Lincoln de lujo que la Presidencia tenía para uso del Primer Mandatario. Independientemente de que ese carro era más famoso por las veces que se averiaba y por su vetustez, resulta que si uno examina lo que la Presidencia de Correa gasta en mantener a sus vehículos, tanta austeridad no aparece por ningún lado.

En lo que va del 2016 la Presidencia del República ha gastado, únicamente en mantenimiento y combustibles, 116 123 mil dólares, monto con el que podría comprarse cómodamente un Lincoln de lujo nuevo. A esto habría que agregarle que en el reporte de gastos de la Presidencia aparece que se ha asignado 170 mil dólares para arrendamiento de carros y que el total asignado para mantenimiento es de 212 510 dólares. Según el presupuesto liquidado de la Presidencia del 2015 únicamente en arrendamiento de carros se gastaron algo más de 230 mil dólares y en mantenimiento 170 mil. Evidentemente, el ahorro en el Lincoln es pura palabrería.

La falacia del avión ahorrador

La tercera prueba que Correa mencionó para probar que en él no hay otro afán que el ahorro, la austeridad y la humildad tuvo que ver con el tema del avión presidencial. Al defender su decisión de comprar el Falcon 7X que costó 52 millones, el Presidente dijo que ese artefacto es una herramienta de trabajo que no pertenece a la Presidencia sino a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y que la prueba de su utilidad está que en esos días el avión se hallaba en la China con un equipo del Ministerio de Finanzas. Como a Javier Lasso este dato no le produjo curiosidad alguna, no está demás hacer un poco de números para ver cuánto se ahorró el contribuyente ecuatoriano con ese viaje de los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Resulta que una hora de vuelo del Falcon 7X está calculada, según revistas especializadas, en 7 900 dólares. Si uno calcula que el viaje de ida y vuelta a China al menos 30 horas resulta que el viaje de los funcionarios del Ministerio debe haberle costado al Ecuador algo así como 237 mil dólares. ¿Cuánto cuesta un pasaje en vuelo comercial de Quito a la China? Si uno toma un vuelo de KLM, que es una de las opciones más caras, el precio del pasaje para viajar entre junio y julio está en 2 556 dólares.

Si el equipo del Ministerio de Finanzas, mencionado por Correa, estaba compuesto por 14 personas que es la capacidad máximo del Falcon 7X y si éstos hubieran pagado pasaje comercial el costo del desplazamiento hasta la China habría sido de 35 784 dólares. Quizá algo más pero jamás los 237 mil del costo que representa el vuelo del Falcon 7x. ¿Si el Ecuador atraviesa una crisis fiscal por la caída del precio del petróleo como dice Correa y si es cierto que se necesita tanta solidaridad con las víctimas del terremoto no era mejor que los funcionarios que viajaron a la China utilicen un vuelo comercial?

Correa y sus corifeos están tratando de convencer que su paso por el poder ha sido el paso de un santo de la humildad y la sencillez. El problema es que los milagros que pintan no logran convencer.

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