Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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Fernando Villavicencio

Jiménez lleva atada a su tobillo la miseria de Correa

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Un brazalete electrónico en su tobillo a cambio de poder abrazar de nuevo a sus hijos: es el canje que hizo Cléver Jiménez, condenado, con Fernando Villavicencio, por haber supuestamente divulgado correos electrónicos de Rafael Correa sobre el caso Chevron. Ese brazalete reemplaza una orden de prisión preventiva.

El canje lo hizo un padre, un ser humano perseguido, hostigado, sitiado. Pero ese canje, mirado desde el lado de la Justicia que los condenó obedeciendo órdenes políticas, es una infamia.

Tras tres días, apenas tres días de llevar ese brazalete y Cléver Jiménez ya siente sus estragos: ‘Además de humillante, dijo a 4Pelagatos, es terriblemente incómodo. Molesta para caminar. Lo llevo siempre y tengo que cargarlo cuatro horas por día. Esto implica que debo quedarme ese tiempo con la pierna extendida al lado de un tomacorriente. Cada día me llaman para que no olvide cargarlo. A veces ni oigo las llamadas. Todo esto es muy estresante’.

Humillante y estresante: ese brazalete en la pierna de Cléver Jiménez será recordado como el símbolo de la mayor infamia tecno de Rafael Correa. Primero porque Correa y Alexis Mera sabían que Jiménez y Villavicencio son inocentes: sabían que ellos ni son hackers ni espiaron sus correos electrónico. Y sabían quiénes fueron los autores. Y, segundo, porque tras haberlos perseguido y logrado que su justicia los condenara, esa misma justicia les propuso una medida sustitutiva que encierra una tremenda violencia simbólica y real.

¿Qué significa ese brazalete en el tobillo de Cléver Jiménez? Que desde hace tres días se ha vuelto carcelero de sí mismo. Por amor a sus hijos, hizo un acuerdo para vigilarse a sí mismo, liberando al Estado de la tarea de averiguar dónde está y qué hace. Es un prisionero que tiene su casa y un perímetro geográfico fijado por una jueza, como cárcel. Esto no solo es físico. Es mental. Se construye en ese diálogo sordo, a medio camino entre la ira y la impotencia, que se da entre ese aditamento que se adhirió a su cuerpo por la fuerza y su mente. Cléver Jiménez arrancó, hace tres días, una nueva carrera por la libertad; una carrera tan intrincada como la que enfrentó con Villavicencio durante un año, escondidos en tierras de los Sarayaku. Ahora tiene que ser libre, a pesar de su cuerpo vigilado. Tiene que mantener su lucidez, a pesar del brazalete que lo agobia.

Hay que leer las experiencias que ha sacado el sistema penal de algunos países del uso de estos brazaletes. Las confesiones de sus usuarios (delincuentes reales, no como Jiménez) son inquietantes: laceraciones de la piel, enfermedades de la piel, estrés por el uso veloz de la pila, alarmas que se disparan, daños del aparato, invasión de la intimidad, afectación de las personas cercanas, pérdida de autonomía, sensación de estar 24 horas sobre 24 vigilados… El brazalete, mirado con los ojos de un inocente, no solo es incómodo y humillante: es un castigo y un atentado contra la dignidad y la integridad personal. En este caso, es una infamia cometida contra un político que, con Villavicencio, denunció la corrupción en el gobierno de Correa.

Fernando Villavicencio, quien tramita un pedido de asilo político en Perú, dijo que no aceptará esa medida sustitutiva a la prisión preventiva. Para Jiménez ese tormento no tiene fecha de caducidad. El ex asambleísta espera una nueva audiencia con la expectativa de que al fin los jueces fallen en derecho; no con los ojos puestos en Carondelet (como ocurrió en todos sus juicios). Jiménez no tiene fechas y tampoco sabe si el juicio será dividido en caso de que Villavicencio no se presente. Hasta entonces, todo tendrá que hacerlo con ese aparato encima. ‘Y cuando digo todo, es todo. De día y de noche. Me puedo bañar con él, pero no puede sumergirme en una piscina. Y si se daña tengo que pagarlo’.

Rafael Correa podrá decir –porque nadie duda de que sigue con frenesí el destino de sus víctimas– que aún hoy su justicia hace su obra: Fernando Villavicencio pide asilo en Perú y Cléver Jiménez carga en su tobillo una prisión virtual. Infamia: no hay otra palabra.

Presidente: ¿todos los que actuaron como delincuentes serán premiados?

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Presidente,

Usted no padeció los diez años de correísmo. En su posición de vicepresidente de Correa, durante seis años y cuatro meses, se construyó un andén paralelo, mantuvo silencio y, luego, desde Ginebra, observó la tarea infame de la Revolución Ciudadana.

La sociedad no es para usted la víctima del modelo autoritario de su partido. Los militantes son para usted ex funcionarios de Correa o funcionarios suyos. Nada más. No son los actores o promotores de ese ambiente tiránico, de esa arrogancia asfixiante, de esa superioridad opresiva, de ese cinismo impúdico e impune que, a lo largo de los años les otorgó, con sobradas razones, el estatus de verdaderos vomitivos.

Usted estuvo allí, en palco de honor. No sabe lo que es haberlos visto regodearse en el poder, usar y despilfarrar el dinero público, perseguir, dar lecciones de ética y moral, robar o socapar a los que roban, humillar… Diez años en los cuales ustedes fueron los dueños de las instituciones, de los medios, de los fiscales, de los jueces, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Asamblea, de las superintendencias… del país. Diez años, largos años, durante los cuales fueron gerentes propietarios de la palabra, de la esfera pública, de la verdad. Años de troles, de insultos, de inquisidores abyectos, de miseria humana con poder.

Para usted, presidente, la sociedad no es víctima de ese modelo: solo es el instrumento para legitimar su poder; sobre todo en sus propias filas. Usted no entiende –quizá por eso– que algunas cosas de su gobierno –que recién empieza– causen repugnancia. No solo riñen con la idea de cambio que usted propuso. Muestran que para usted la verdad y la justicia están sujetas a transacciones. Las que usted necesita para renegociar lealtades entre los suyos. Esto deja sin piso a la sociedad, invitada –otra vez– a observar cómo el Ejecutivo transa. Cómo comercia con aquellos valores que dice querer restablecer en la esfera pública.

¿Hubo desafueros? Usted dice que sí. ¿Quién contribuyó a darles forma legal? Alexis Mera. Él es responsable de todo aquello que pareció legal y que, en realidad, fue arbitrario. Mera es lo más parecido a un delincuente jurídico: violaciones abiertas a la Constitución, atentados a los DD.HH., declaratorias de emergencia, gestiones secretas en Brasil en el caso Oderebecht… ¿Cuántos abusos del Ejecutivo no contaron con su interpretación antojadiza del marco jurídico? Y sin embargo, usted lo premia –veamos si esa rueda de  molino se tragan los republicanos– designándolo como su embajador en Washington. ¿Cuál es, Presidente, el mensaje para la sociedad?

¿Cuál es en el caso de Guillaume Long? ¿Premia usted su mamertismo al nombrarlo embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra? ¿Acaso su defensa lacerante, a nombre de todo el país, de las dictaduras cubana y venezolana? ¿Su trabajo indigno, al lado de su Canciller, en Ginebra para defender los atentados a los DD.HH. en el gobierno de Correa? El caso de Long es, en su gobierno, una alerta. Porque él ni siquiera tiene capital político. Nada obligaba a premiarlo. A menos que él represente la forma de ver, de su Canciller y suya, la realidad internacional. Solo esa posibilidad causa pavor y es imposible no tenerla en cuenta cuando se juntan las posiciones que ha tomado su gobierno sobre el dictador Maduro.

¿También va usted, Presidente, a premiar a Carlos Ochoa con una embajada, como se oye en su entorno? ¿Terminará haciendo creer a la nación que todos aquellos que actuaron como delincuentes en el gobierno de Correa se harán acreedores a embajadas y otras canonjías? ¿Esa es la pedagogía política de su gobierno? Amigos suyos dirán que es exagerado hablar de delitos y delincuentes. Pero ahí están los hechos, Presidente. Patricio Rivera, miembro de su equipo económico, sostiene hoy, por lo que usted anunció, exactamente lo contrario de lo que dijo durante el gobierno anterior. Si hubo falsificación o adulteración de documentos públicos –y eso ocurrió con las cifras de la economía–, él y otros funcionarios que se prestaron para ello, con Correa a la cabeza, cometieron un delito estipulado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Dilma Roussef, ex presidenta de Brasil, fue acusada y destituida, precisamente, por alterar cifras fiscales. ¿Sirve el ejemplo para vislumbrar la pedagogía que, también en este punto, se está creando en su gobierno? El mensaje vuelve a ser claro: aquellos que ayer engañaron al país, hoy pueden seguir siendo altos funcionarios.

Todo esto puede ser conveniente para usted y la renegociación que hace de lealtades en su partido. Pero es terriblemente nocivo –y ultrajante– en la relación que usted establece con la sociedad. No se sabe dónde están las líneas rojas en la definición de valores democráticos y éticos. Ni en qué las basa usted. Parece que es lo mismo respetar las cifras y ofrecerlas al país que adulterarlas y esconderlas. Parece que es lo mismo ser un defensor de la democracia y los DD.HH. que desconocerlos y aplaudir a sus violadores.

No haber vivido los abusos del correísmo, puede nutrir esta ilusión de cambio en el cual es factible que una cosa sea igual a su contrario. Quizá por eso, en vez de agradecer a Fernando Villavicencio por sus investigaciones, piden brazaletes electrónicos para monitorearlo porque debe ser lo mismo denunciar a los corruptos que serlo.
Usted, al margen todo, parece inaugurar una nueva moda: la ambivalencia de valores. Es penoso tras diez años en los cuales su predecesor trató de cambiar hasta el significado de las palabras. Con usted, por ahora, todo parece ser más simple: lo uno es lo otro y todo lo contrario.

Atentamente,

Foto: Presidencia de la República

¿Hay algo más tétrico que Lucy Blacio en este gobierno?

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Lucy Blacio es viceministra de Justicia desde el 6 de junio pasado. La designó Rosana Alvarado y la noticia, en medio del fragor de la transición gubernamental, pasó inadvertida. Una omisión imperdonable si se piensa en Lucy Elena Blacio Pereira: ella es una ficha prefabricada en el correísmo para su servicio. Ella es la ficha perfecta.

Su hoja de vida -esos datos escuetos que hablan de un cargo y una fecha- no hace justicia al servilismo de Blacio ni a la desvergüenza del correísmo. Esa hoja de vida se resume en tres líneas: Responsable de la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación (2010-12), jueza de la Corte Nacional de Justicia (2012-15) y Directora nacional de Gestión Procesal Penal en la Fiscalía de Galo Chiriboga (2015-2017). En realidad, Lucy Blacio es más que eso: es un prototipo. Ella resume la historia real que hay detrás del cacareado proceso de modernización de la Justicia en Ecuador. Esa historia que empezó, en mayo de 2011, cuando el electorado facultó a Rafael Correa a meter la mano en la Justicia.

Lucy Blacio entró en la lista de los jueces calificados por el Consejo de la Judicatura de transición conformado por Paulo Rodríguez, Tania Arias Manzano y Fernando Yávar. Entró en el último lugar. Y desde entonces Lucy Blacio se hizo famosa con otros jueces que fueron favorecidos dolosamente, como ella, para estar en esa corte. Wilson Merino, por ejemplo, el juez que sentendió al diario El Universo a volver millonario a Rafael Correa otorgándole 40 millones por una columna de Emilio Palacio. Un juez generoso con plata ajena.

Rodríguez, Arias y Yávar usaron la calculadora para fabricar la ficha llamada Lucy Blacio. En el concurso incluyeron una entrevista personal como último requisito y gracias a ella, Blacio pasó del puesto 45 al 21 superando por una centésima a otra de las concursantes. Blacio tuvo 10/10 en esa prueba. A su directa competidora, que había obtenido mejores notas, los jueces correístas le pusieron 1,33 sobre 10 en la entrevista. Andrés Páez demostró en esa época, con documentos, cómo el correísmo armó su Corte Nacional de Justicia. Y lo dijo a Jorge Ortiz en esta entrevista.

Posesionada el 26 de enero de 2012, Blacio tuvo una actuación estelar apenas dos meses más tarde. El 30 de abril, como jueza de la Sala Única de lo Penal de la Corte Nacional, declaró la nulidad del caso Palo Azul. Ese caso se inició en 2001 cuando el diputado de Pachakutik Antonio Pozo, entonces vicepresidente del Congreso, pidió investigar si hubo vicios en la declaratoria de campo unificado al bloque 18, explotado por Petrobras  hasta 2007. Ese año, una comisión creada por Alberto Acosta, entonces ministro de Energía, exigió al gobierno de Correa en su informe dar por terminados los contratos petroleros en el bloque 18. Por dos razones, entre otras: hubo fraude técnico para calificar de Unificado el campo de Palo Azul (lo cual permitía a Petrobras apoderarse de una reserva petrolera por fuera de los límites negociados) y, además, esa empresa había transferido 40% de participaciones a una empresa japonesa, Teikou, sin autorización de Ecuador. Correa, que había hecho acuerdos con Lula da Silva, suspendió la caducidad, Galo Chiriboga pidió la nulidad y Lucy Blacio procedió. Fernando Villavicencio investigó profusamente este caso que él consideró un delito y la forma cómo se encubrió. Blacio lo archivó.

Esta jueza hizo otro servicio al correísmo -y su peor servicio a la Justicia- al encargarse de perseguir a los dos políticos que más lo fiscalizaron: Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio (también periodista). Blacio pidió su encarcelamiento, junto con Carlos Figueroa, el 21 de marzo de 2014. Los tres habían acusado a Correa, en la Fiscalía, de haber ordenado la intervención armada, el 30 de septiembre de 2010, en el Hospital de la Policía para rescatarlo. Galo Chiriboga, en vez de investigar, declaró la denuncia “maliciosa y temeraria”. Gracias a esto, Rafael Correa los demandó y Blacio, en última instancia, los sentenció a 18 meses de cárcel para Villavicencio y Jiménez y seis meses para Figueroa.

Blacio desconoció en este caso las medidas cautelares dictadas por la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inmediatamente, el 24 de marzo. Y en vez de acatar esa medida que es vinculante y suspender su sentencia, pidió a Correa que se manifieste, mostrando así su completa sumisión al Ejecutivo. Fuera de sentenciarlos a cárcel, los condenó a pagar entre los tres $140 000 a Correa. En derecho, ella tendría que responder civil y penalmente por no haber acatado las disposiciones de la CIDH. Nada le pasó. Tampoco fue sancionada por haber desconocido la inmunidad parlamentaria de Cléver Jiménez, pues no pidió autorización a la Asamblea para enjuiciarlo. No solo prevaricó sino que se arrogó funciones. Jiménez la denunció por esto en la Fiscalía pero su juicio no prosperó. Lo mismo ocurrió con un juicio puesto por seis asambleístas de la oposición.

Luis Pásara, eminente jurista peruano, autor de “Independencia judicial en la reforma de la Justicia ecuatoriana”, que cubre 2011-2013, incluyó este caso y la actuación de Lucy Blacio en su informe. Y mostró cómo esa jueza, interpretando la tarea de un legislador, despojó a Jiménez de su investidura y, para perseguirlo, lo convirtió en “persona particular” a partir de esta premisa: “La ley no contempla dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, ni mucho menos de las y los asambleístas, el presentar denuncias penales en contra de servidores o autoridades públicas”.

Esta es la calidad profesional y ética de Lucy Blacio, la nueva viceministra de Justicia. Ascendida a ese cargo a pesar de que el propio Consejo de la Judicatura, en su evaluación iniciada en octubre de 2014, tuvo que sacarla por haber obtenido el menor puntaje entre los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ascendida a pesar de que terminó premiada, desde 2015, con el cargo de Directora Nacional de gestión Procesal en la misma Fiscalía que, como se vio, la protegió y desestimó todas las demandas contra ella.

Lucy Blacio es la ficha perfecta en la ficción del cambio que tanta falta hacía a la Justicia antes de Correa y que tanta falta hace ahora sin él. Pues bien: Lucy Blacio es la viceministra de esa Justicia manoseada y prostituida por el correísmo. ¿No habla esto con creces de la desfachatez política y ética de Rosana Alvarado, cabeza de ese ministerio? ¿No es esto tétrico, presidente Moreno?

Villavicencio pide asilo: una derrota política y ética para Correa

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Emilio Palacio ya no está solo. Fernando Villavicencio acaba de pedir asilo político en Perú y en Plan V está la historia que toca leer. Rafael Correa comentará esto con alguna frase destemplada, pero hay un hecho cierto e imposible de ocultar para él: dos periodistas han tenido que expatriarse tras haber sido perseguidos en su gobierno. Una pésima carta de presentación para alguien que, en calidad de ex presidente, pretende pasar algún tiempo en el continente donde la libertad de expresión es un valor histórico.

Decir, como se está diciendo, que Villavicencio se asila porque desde 2016 enfrenta una demanda por haber publicado correos electrónicos privados de Correa y del Procurador, Diego García, es cometer una injusticia. Este gobierno ha perseguido a Villavicencio desde hace años por haber denunciado, en la prensa tradicional primero, y, luego, en sus escritos publicados en Focus Ecuador –que ha sido frecuentemente atacado– los mayores negocios y negociados hechos durante la revolución ciudadana.

Escándalos del mundo petrolero -del cual es un especialista- que incluyó un nuevo actor en esta década, más corrupto que los otros: China. Villavicencio desentrañó ficciones (petróleo entregado a Petrochina y revendido en la Costa Este de Estados Unidos); intermediaciones (en las cuales el país pierde 3-4 dólares por barril); ventas anticipadas contra préstamos (totalmente lesivas al interés nacional); negocios que fueron francos asaltos (refinería del Pacífico); negociados monumentales (como el de la refinería de Esmeraldas)…

El gobierno lo persiguió (usando todo el poder del Estado) porque conocía la seriedad de sus investigaciones, siempre basadas en documentos oficiales. Y las conocía porque Villavicencio hizo, en muchos casos, las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de la Nación. Lo persiguió en vez de agradecerle que hiciera el trabajo que no han hecho los organismos de control. Lo persiguió porque, a la larga, había altos funcionarios del gobierno absolutamente involucrados en esas corruptelas que él denunciaba.

La persecución contra Villavicencio es una derrota política y ética para el régimen correísta. Política porque muestra la irracionalidad de un régimen que Osvaldo Hurtado, el ex presidente, resumió en una fórmula: “cárcel para los honestos; impunidad para los corruptos”. Perseguir a un periodista cuyo trabajo ha sido cuidar el manejo de los recursos naturales y del erario público, desnuda la catadura antidemocrática de este gobierno. Pero también su déficit ético y la desfachatez con que desmontó todos los mecanismos institucionales y legales destinados a fiscalizar su gestión. Villavicencio hizo el trabajo que no hizo el Contralor de la República y se lo dijo la Comisión Anticorrupción. Y por hacerlo, Carlos Pólit demandó y pidió cárcel para sus nueve miembros e indemnización económica. Una vergüenza. Las investigaciones de Villavicencio son tan fidedignas, que hasta Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia terminó por darle la razón.

La noticia de este pedido de asilo llega en un pésimo momento para Rafael Correa y también para Lenín Moreno. La opinión internacional conoce que un ciudadano no pide asilo político si no tiene, bajo el brazo, una carpeta con documentos que sustenten sus razones. Sabe, además, que los gobiernos requeridos son celosos en sopesar sus decisiones. Que Estados Unidos haya dado asilo político a Emilio Palacio, en agosto de 2012, habla de que, ya entonces, corría peligro en lo personal y no gozaba de condiciones favorables para ejercer su oficio en Ecuador. En el caso de Villavicencio, la persecución judicial fue evidente y permanente y Correa hizo gala de una inquina personal manifiesta en sabatinas y otras declaraciones. Que la familia de Villavicencio haya tenido que endeudarse para entregar, por orden de un juez, 47 mil dólares a Correa, podría resumir tristemente esa persecución oficial en el cual colaboraron la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.

Villavicencio está a salvo: ese es hoy su mayor triunfo y el de su familia. Para Correa este caso es otra pesadilla. Como lo fue el 30-S, que él avivó. Para Lenín Moreno es un termómetro que marcará si en su gestión surgen señales objetivas de retorno a la democracia: entonces Villavicencio y Emilio Palacio encontrarán motivos para volver.

Foto Plan V: Fernando Villavicencio con Roberto Pereira, su abogado, en la Cancillería peruana en Lima

El feriado petrolero de Correa y su gallada

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Fernando Villavicencio acaba de publicar “El Feriado petrolero”: un libro que recoge, en la parte sustancial, las investigaciones que ha publicado en Focus. ¿Feriado bancario? Sí, porque la tesis que sustenta esta publicación se basa en dos datos. Uno: el gobierno recibió $115.000 millones ($93 mil millones por la exportación de 1297 millones de barriles, $7000 millones por derivados y $15 000 millones por la comercialización interna). Dos: por proyectos millonarios, coimas, malos negocios, renegociaciones… etcétera. se han perdido o repartido en corruptelas 23 mil millones de dólares. Esa cifra significa tres feriados bancarios.

Villavicencio conoce el tema petrolero al dedillo. Por eso maneja con enorme solvencia las leyes y acuerdos ministeriales y habla con propiedad de los campos petroleros, de la refinería de Esmeraldas, de los contratos, de las compañías petroleras, de los bufetes de abogados, de los intermediarios, de los funcionarios de este y de anteriores gobiernos, de los contratistas, de las navieras, de las compañías estatales… Quizá esto lo ha convertido en el periodista-político más buscado por todos aquellos que tienen documentos y que, por los motivos que sean, quieren que se conozcan.

Captura de pantalla 2017-03-28 a las 1.09.35 p.m.

Todos saben de su conocimiento y también de su extraordinaria valentía para publicar los negocios y los negociados de ese mundo que, sin lugar a dudas, ha producido los capítulos más aciagos de corrupción en este gobierno. Todos saben que sin él, el país no conocería la trama de corrupción que se destapó en la refinería de Esmeraldas y en Petroecuador. Sus revelaciones fueron tan determinantes que el propio Presidente entró a competir con él. Dijo que fue su gobierno el que descubrió a los corruptos en la Refinería de Esmeraldas. Nadie olvida, sin embargo, que apenas Villavicencio publicó su informe, basado en documentos oficiales, hubo funcionarios que renunciaron y que luego, ante el escándalo, fueron detenidos. O huyeron del país.

Este libro “El feriado petrolero”, se puede leer como una serie de historias inauditas. La refinería de Esmeraldas es la historia mayor que, con la Revolución Ciudadana, adquiere dimensiones de una película de Werner Herzog. Todo empezó cuando Galo Chiriboga anunció, en 2007, un preacuerdo con Sumitomo Chiyoda, la empresa que había construido la refinería en 1974. Preacuerdo que, a la postre, suma $187 millones, incluía 25 proyectos, debían hacerse en 29 meses y concluir en 2011. A esto se le llamó repotenciación o rehabilitación. Tras diez años, Villavicencio calcula que se han gastado $2200 millones y esa refinería sigue con fallas estructurales, no produce gasolina para el consumo interno (tiene que importar gasolina para mezclar y cumplir con las normas) y de vez en cuando tiene que parar. Es la mayor obra de corrupción e ineficiencia del correísmo.

El diluvio de cifras, como lo llama el autor, se inicia cuando el gobierno se deshizo del preacuerdo con Sumitomo Chiyoda y metió en el baile a la empresa SK de Corea., recomendada por el hombre que arruinó Venezuela: Hugo Chávez. Esa empresa resultó bendecida en contratos por este gobierno no solo en Esmeraldas sino también en la Refinería del Pacífico. Contratos que bordean $1300 millones. La danza de millones de dólares tiene otra explicación: el 90% de los equipos y tecnología que usa Petroecuador es importado. Pero el gobierno, en vez de en de realizar una licitación internacional, decidió comprar todo localmente. Por supuesto aparecieron, como champiñones bajo la lluvia, compañías de membrete: intermediarios o representantes de compañías extranjeras. Villavicencio tuvo acceso a unos 200 contratos para la refinería que van desde un millón de dólares hasta $290 millones.

En este libro están los nombres de esas empresas. Sus socios. Están los protegidos por este gobierno (Pareja Yannuzzelli que firmó 74 contratos por 1300 millones; Worley Parson que subcontrató al grupo Azul, fiscalizadoras de la rehabilitación que cobró centenares de millones de dólares y no detectó 104 fallas reveladas por los propios trabajadores…). Están los contratos hechos a la medida para los familiares de funcionarios de Petroecuador. Están las declaraciones de renta de muchos de estos empresarios hechos de la noche a la mañana; amigos que antes apenas sobrevivían y que se enriquecieron súbitamente. Está la información de sus propiedades y mansiones que compraron aquí o en Estados Unidos.

En este libro está la ceguera cómplice del fiscal Galo Chiriboga y del Contralor Carlos Polit, el sistema de robo armado alrededor del diferencial petrolero, la arquitectura empresarial offshore, el millonario negocio de la comercialización, el sistema de intermediación aplicado durante el correísmo que permite, entre otros escándalos, que Enrique Cadena, un zar que vive en Miami, se quede con un dólar por cada barril de petróleo prendado a la China…

En este libro están los mecanismos que ha usado este gobierno para mejorar todos los sistemas que habían inventado los piratas del petróleo. Y algunos nuevos. Por ejemplo, la figura jurídica que permitió esta corrupción voraz, desbocada en la refinería de Esmeraldas: la llamaron “Giro específico del Negocio” que traducido en cristiano significa contratos a dedo.

Villavicencio revela con documentos y detalles estas historias tenebrosas de sobreprecios y robos en el sector petrolero. Cualquier gobierno lo condecoraría por este trabajo que es urgente leer. Este gobierno lo ha perseguido, al punto que está en la clandestinidad.

Este libro será lanzado este miércoles 29 en Quito, en el Círculo Militar, a las 11:00. Lo presentarán Juan Carlos Calderón, Enrique Herrería, León Roldós, Lourdes Tibán y José Hernández. El moderador será Christian Zurita.

“Pedí de rodillas a Fernando que no se entregue”

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Verónica Sarauz es la esposa de Fernando Villavicencio, el periodista y político que descubrió los casos de corrupción en Petroecuador y otras instituciones del Estado y hoy se encuentra en la clandestinididad, con orden de captura bajo la acusación de haber divulgado información reservada. El suyo es un caso de persecución política y abuso de poder por parte del Estado. Verónica y sus hijos viven esta experiencia como una pesadilla. Aquí su testimonio recogido horas antes de que el recurso de Habeas Corpus sea aceptado por la Corte Nacional de Justicia. La orden de prisión preventiva quedó sin efecto.

«Es una experiencia terrible la que estoy viviendo. Como madre, como esposa y como mujer. Como madre porque debo proteger a mis hijos y ellos se dan cuenta de que algo malo está pasando, y sufren. Como esposa porque soy solidaria de mi esposo y esto me obliga a estar separada de Fernando y tengo miedo de que le puedan hacer algo. Y como mujer, bueno, ninguna mujer debería pasar por esto, es una injusticia. Ya lo vivimos hace un año y ahora la pesadilla se repite.

»Me sorprende encontrarme con la valentía que nunca pensé tener. El lunes, cuando nos enteramos de la orden de prisión, a las seis y media más o menos, los agentes ya estaban abajo montando guardia. Después de todo lo que hemos pasado, una se queda con el tema de que te espían, te persiguen todo el tiempo, tienes una sicosis diaria. Así que bajé a ver quiénes eran esos del carro. Cuando vieron que me acercaba salieron disparados, cada quien por su lado. A uno le fue siguiendo hasta la avenida 10 de Agosto, cruzándome entre los carros igual que él hacía. A toda carrera, yo que tengo un estado físico fabuloso (sonríe), pero la adrenalina te impulsa a hacer estas cosas. El tipo se me escapó. Volví y había otro en el carro. Él vio que me acercaba. Lo que hacen es reclinar el asiento y tratar de esconderse, pero no se percató de que el carro estaba abierto. Le abrí la puerta, le tomé una foto y le pegué. Él salió corriendo, voló para la esquina. Estaba hablando todo el tiempo por teléfono. Yo fui donde estaba el guardia de mi edificio y le pedí destornillador. Él no tenía. Le pedí que le dijera a mi hija que que me bajara un destornillador. El guardia temblaba. Les reventé las dos llantas del carro. El tipo me espiaba desde la esquina. La alarma se prendió pero nadie se hacía cargo del carro. Para esto yo ya le llamé al abogado. Me descuidé cinco minutos y ellos corrieron hacia el carro y huyeron con sus llantas haciendo troc troc troc. Les hice tres huecos en cada llanta. Nunca había hecho un acto así delincuencial pero es mi única forma de defenderme de ellos.

»Fernando tenía la intención de entregarse pero nos llegó información de que la consigna es atentar contra su vida cuando esté en la cárcel. Mi primera reacción fue ponerme de rodillas y pedirle que no se entregara, porque en este país no hay garantías. Para él, al menos. En la cárcel puede pasar cualquier cosa. Así que tomó la decisión de no entregarse hasta que esto acabe.

»He logrado hablar con Fernando poco, poquísimo. Él dice que está bien pero yo sé que no está bien. Está preocupado por nosotros porque él es el sustento de la familia. Yo no tengo empleo desde que me sacaron de la Asamblea. En el sector privado me dicen que no quieren problemas con el gobierno, preferible después de que pase todo, me dicen, y en el sector público, ¡imposible! Entonces estamos en un stand by económico, estamos en shock emocional como familia, no sabemos cómo actuar… Mi suegra está desesperada, ella tiene setenta y pico años, no está bien.

»Ahora estamos vigilados todo el tiempo. El día martes o miércoles, no recuerdo, mis cuñados me mandaron videos de que ese rato los estaban intimidando. Los helicópteros volaron bajito encima de sus casas, en Carapungo. Y los drones se metieron en el patio, ubicando las casas. Me contaron que salieron a ver qué estaba pasando y a uno lo encontraron con el control del dron y le persiguieron. Ahí dejaron volando ese aparato, casi se les cae. Nos están vigilando a todos. En todas las casas de la familia están ejerciendo una presión sicológica a la que no tienen derecho, porque el Fernando no es ningún delincuente. Acá siempre vienen. Y para mala suerte nuestra allá abajo está la Dinased. Estaba yo vistiéndome y miré por la ventana y caí en cuenta de que desde la ventana de allá se ve directamente a nuestra ventana. Como ellos son especialistas en tener equipos de última tecnología para espiarnos a todos, asumo que están espiándonos desde ahí. Nos siguen a todos lados, en carro, a pie, en moto. Con las motos lo que hacen es ejercer presión sicológica, jugar con tus nervios.

»Ahora me siento seguida. Yo sé que están ahí. Contarlo es una cosa pero vivirlo es muy distinto. A mí me tiemblan las piernas, llego a la casa y no sé qué hacer. Hay un rato en que quiero salir corriendo, quiero salir gritando. Me siento mal. No sé qué hacer. Es desesperante. Y repetir esto es espantoso. La vez anterior, cuando Fernando estuvo en la clandestinidad, no me dejaron vivir en paz. Durante todo un año nos persiguieron a mí y a los niños. No podíamos hacer una vida normal, no podíamos ni siquiera ir al parque a jugar. Por atrás estaban ellos. Era terrible, yo tenía miedo de que les pasara algo a los niños.

»Era espantoso porque tenía miedo de que nos volvieran a allanar. Todas las noches me acostaba pensando a qué hora vuelven. Sólo quisieras ser un anónimo más que puede salir a comprar un helado sin que nadie te moleste, que puede ir al parque a jugar con tus niños como hace todo el mundo. Ese año viví de la venta de los libros, porque justo Fernando escribió el libro de Sarayacu cuando estaba en el exilio. Ese libro nos permitió vivir hasta que la librería Libri Mundi decidió que ya no vendían libros de temas políticos, libros que vayan contra el gobierno, entiendo yo, y nos cerraron esa puerta. Y esa librería era la más grande. Menos mal que Fernando pudo volver a la luz y retomó su actividad. No sé qué hubiera pasado con nosotros.

»Ese año que estuvimos separados fue muy duro. Yo tuve que cargar con la responsabilidad de los niños. Y ser el hombre de la casa, porque me tocaba darme de puñetes con los agentes. Yo andaba con la cartera llena de piedras y les caía a carterazos. Ellos tienen informes sobre eso, ellos hicieron informes de que yo les agredía. Y que sepan que lo voy a volver a hacer si me vuelven a molestar.

»Volvernos a encontrar como esposos también fue duro. Cierto que yo fui unas pocas veces a Sarayaku, pero era una experiencia horrible: llegar a Puyo, tomar una lancha para un recorrido de cinco horas, de esas lanchas angostitas… Yo iba aterrada, agarrada como los gatos cuando están mojadas. Y como ya estaban cercados había controles militares donde apuntaban los nombres de todos los que pasaban. Mi nombre lo apuntaban en rojo. Luego me filmaban hasta que me trepaba en la canoa. Era un acoso brutal de la Policía.

»Lo que no quiero es volver a sentir la soledad de la vez anterior. Fernando ha hecho todo esto como periodista, es uno de los poquísimos que investiga en este país porque ya investigación, en un periódico normal, no se encuentra. Él sólo ha asumido esa carga, que no necesita, que no es su obligación. Para eso están la asamblea, el contralor, el fiscal que se han callado tanto tiempo. A todos los que puedan y quieran oírme les digo que no quieran hacer como la vez anterior: cuando me veían se daban la vuelta, no se me acercaban ni siquiera a saludar. No les voy a permitir que vuelvan a hacer lo mismo. Los periodistas siempre estuvieron ahí, por los periodistas se sabe todo esto. Pero los asambleístas de oposición, que tienen la obligación, aparte de fiscalizar, de ayudar a quien está siendo perseguido y les está ayudando a hacer su trabajo, no lo hicieron. Yo, la vez anterior, envié información a algunos asambleístas de oposición y se quedaron callados, no hicieron absolutamente nada. Ahora la gente de CREO y de Compromiso Ecuador sí ha estado pendiente de nosotros. Me he reunido con ellos para tomas decisiones sobre la candidatura de Fernando.

»¿Los niños? Están asustados. Emiliano tiene ocho años, cuando nos allanaron él estaba por cumplir seis. Y lo único que dice es: mami, ¿van a venir otra vez los hombres de negro? Pero como ya es más grande ya tiene acceso a las redes, él mismo busca y me dice: mira mami, encontré esta foto de la casa cuando nos allanaron, mima mami este video. Yo le digo: no busques, no te hagas ese daño. Pero como es niño es curioso y quiere saber qué está pasando con su papá y con su mama. Están asustados. El pequeño todavía no está consciente de todo lo que pasa, pero siente ese movimiento que hay en la casa y pregunta dónde está el papá. Le he dicho que está de viaje para que no se ponga más triste de lo que ya está. A José Emiliano ya no le puedo decir eso. Es difícil explicar a un pequeño que su papá asumió una lucha contra un Estado que está lleno de corrupción. No le puedo decir con esas palabras pero trato de hacerle entender que su papá, lo que busca es que el dinero que nos pertenece a todos no se lo lleve una sola persona. Porque al final de cuentas la plata es de todos.

»Hoy son ocho días del inicio de nuestra nueva pesadilla y toda esta semana prácticamente no he estado en la casa con mis hijos. He tenido que llamar a mi mamá para que me ayude porque yo he estado, primero, en el tema de los abogados; luego, en el tema de la candidatura. Y lo peor son los rumores. Los rumores siempre son señal de que algo está pasando. Y como este gobierno es especialista en poner evidencia donde no existe, involucrar a gente honesta donde no ha pasado nada, no sería nada raro que nos pase a nosotros. No me sorprendería que en mi carro pusieran droga o armas. Yo tengo miedo de todas esas cosas. Ahora me he enterado de que el señor Calvopiña, que está detenido por la corrupción que Fernando descubrió, quiere ensuciarle con ese dinero que encontraron en su casa. No tengo la certeza absoluta, pero sé que quieren involucrar a Fernando diciendo que ese dinero era para él. Y eso es absolutamente falso.

»No se puede repetir lo de hace un año. Yo no voy a dejar que la voz de Fernando sea olvidada ni que le callen de ninguna forma. Yo no podría hablar lo mismo que él dice porque no estoy en su lugar, no tengo conocimiento de los temas que él conoce. Pero sí voy a hacer bulla en todo lado, voy a joder a todo el mundo. No voy a permitir que a Fernando le dejen solo como ya lo dejaron la vez anterior. Y era por el mismo tema: defender los intereses del Estado, que son los de todos.»

¿Es normal que Villavicencio y Jiménez vayan presos?

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Los pájaros disparan contra las escopetas: la orden de prisión preventiva contra Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez emitida por el juez Jorge Blum, de la Corte Nacional, materializa este refrán popular a la perfección. Los dos mayores fiscalizadores de este gobierno, quienes han presentado el mayor número de denuncias y han investigado las irregularidades y casos de corrupción más significativos de los últimos años, son las dos figuras más perseguidas por quienes deberían hacerse cargo de sus denuncias.

Es el mundo al revés: en cualquier país democrático Villavicencio y Jiménez serían reconocidos públicamente por su obstinada búsqueda de transparencia. Ellos han presentado denuncias documentadas. Han sido institucionales, pues han llevado sus casos a la Fiscalía, a la Contraloría y a la misma Presidencia de la República. Han dado la cara y se han mostrado dispuestos a debatir con cualquier contradictor en los medios de comunicación.

El gobierno, para desacreditarlos, los acusa de hacer política. ¿Acaso no tienen derecho a hacerla? Es posible que hayan cometido excesos o excentricidades, pero esto resulta intrascendente frente al compromiso demostrado por ellos y la tarea autoimpuesta de exigir como ciudadanos el cumplimiento de las buenas prácticas en la administración y la delicadeza en el uso del dinero público. Si hay un bien superior en este caso es ése.

Es inaudito contemplar cómo toda la fuerza del Estado, de un gobierno que concentra todos los poderes, está siendo usada para acallarlos, para privarles de sus derechos políticos, para impedir que continúen haciendo su trabajo, para destruir a sus familias y aterrorizar a sus hijos.

4pelagatos condena esta actitud del gobierno, el uso que hace de los jueces para destruir a dos ciudadanos valientes y las mentiras que fabrica para justificar sus atropellos y confundir a la opinión pública con propaganda. O invirtiendo la realidad para que las víctimas aparezcan como villanos.

4pelagatos se solidariza con Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y sus familias.

Foto: Radio Rayuela

La honra del Presidente debe valer un dólar

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Un juez sentenció a pagar 141 mil dólares para indemnizar a Rafael Correa: es la reparación económica que debe recibir por las declaraciones que profirieron Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa sobre el papel que él jugó el 30-S. Cada uno pagará un tercio de esa multa.

¿Es ético que un Presidente, desde los privilegios que tiene su cargo, pida dinero a sus demandados? ¿Es ético que Rafael Correa, que pidió y obtuvo permiso para meter las manos en la Justicia, exija plata a adversarios que enfrentan un aparato convertido en instrumento para zanjar, a su favor, diferendos políticos? ¿Es moral que la administración de justicia, calculadora en mano, valore cuánto vale la dignidad u honra del Presidente, supuestamente lastimada por aquellos que lo critican o le endosan culpas en su gestión?

El correísmo debe creer que esta práctica es ética y es moral. Y sus funcionarios deben pensar que tienen derecho a usar a los jueces y a la salida de cada juicio –porque los ganan todos– engrosar sus cuentas bancarias y las de sus abogados. Se superó con creces el uso de la Justicia por parte de lo que se llamó la partidocracia: ahora los políticos poderosos pueden, si así lo deciden, extorsionar económicamente a sus contradictores. ¡Qué escuela!

Cualquiera, oyendo a Rafael Correa, dirá que es normal obtener reparación económica en las cortes. Pues no. Hay otras escuelas donde presidentes –sin importar su inclinación ideológica– se abstienen de ir ante los jueces por asuntos en los que, por ejemplo, Correa se ha vuelto adicto. François Mitterrand, socialista, y Jacques Chirac, gaullista, coincidieron en ese punto cuando gobernaron, cada uno durante dos períodos a Francia. Nicolás Sarkozy, también presidente de Francia de 2007 a 2012, demandó a un compañía aérea por haber usado una fotografía en la que aparecía con su esposa, Carla Bruni, en una publicidad. Pero lo hizo en el mejor estilo de los políticos decentes: pidió un euro de reparación. Un euro simbólico porque de lo que se trata, cuando realmente el honor está en juego, es demostrar ante jueces probos e independientes, quién miente: no en usar la justicia para volverse rico y obligar, como en el caso de Villavicencio, Jiménez y Figueroa, a deshacerse hasta de sus muebles y los de los hijos, para llenar las arcas de un Presidente insensible y todopoderoso.

La honra de un funcionario decente debe valer eso: un dólar. Y es penoso para la democracia y altísimamente inquietante para la convivencia, que un bloque mayoritario como Alianza País, vea como un hecho natural que sus jerarcas y aliados usen la justicia y salgan un poco más ricos de las cortes. Es evidente que el Presidente es el protagonista principal y autor de los casos más importantes: el juicio contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por el libro sobre los contratos de su hermano con el Estado. Los dos periodistas fueron condenados a pagar dos millones de dólares a Correa quien, según el juez, se vio perjudicado “en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él”. Ese “daño moral”, como lo llamó Correa, fue evaluado en principio en diez millones de dólares.

El médico Miguel Palacios, presidente de una organización cívica de Guayaquil, también fue condenado a pagar 40 mil dólares en un caso singular. De demandante, por las injurias que profirió contra él el mandatario, pasó a ser demandado. Pedir 80 millones de dólares de indemnización a diario El Universo y cárcel para Emilio Palacio por supuestas injurias, hará parte sin duda de la historia nefasta del correísmo. El Presidente podrá decir que perdonó en muchos casos a los demandados, pero implantó y promocionó una escuela funesta: usar la justicia para perseguir, dirimir controversias políticas y también aupar apetitos económicos en su gobierno. Vieja historia que trae a la memoria el caso de Carolina Chang demandando por tres millones de dólares en 2009 a Leonardo Viteri por las denuncias que él hizo sobre irregularidades que, según él, ella cometió a la cabeza del Ministerio de Salud. Historia que pone en escena a José Bolívar Castillo persiguiendo adversarios en Loja. Pidiendo cárcel y plata. Historia que sigue con el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, condenado por desacreditar “la honra y el buen nombre del presidente”, a una pena de 15 días de prisión.

La honra y dignidad del Presidente, a las cuales tiene derecho, deben valer un dólar. Dólar simbólico siempre y cuando quisiera probar, ante jueces independientes y probos, que lo asiste la razón. Pero es denigrante la imagen que produce un Presidente al exigir plata a los demandados que, además de tener asegurada la cárcel, se ven condenados a engrosar su cuenta bancaria.

Foto: Agencia Andes

‘Me quieren preso para evitar que sigan saliendo revelaciones de corrupción’

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Fernando Villavicencio reveló la corrupción en la Refinería Esmeraldas. Uno de los muchos casos que ha investigado y publicado en Focus Ecuador. Periodista y político, Villavicencio encara en este momento dos juicios montados por el oficialismo que lo tienen en peligro de ir a la cárcel. 4Pelagatos hace el punto con él sobre su situación.

¿Cómo está en lo personal con respecto a su situación judicial?
Me siento en medio de dos fuegos lanzados desde el poder y con apoyo de la Justicia. Me siento contando mis horas de libertad y con un pelotón de policía detrás que, a veces, me hablan al oído… Me siento libre aunque vaya preso y creo que los condenados son ellos, aunque estén libres en la calle. Me siento muy conmovido por lo que pasa en mi familia porque son ellos los que sufren. Creo ser el periodista y ciudadano más perseguido del país. No hay precedentes de la brutalidad con la cual me han perseguido a mí y a mi familia en esta década y en todos los órdenes: moral, judicial, económico… Mi esposa no puede trabajar. Mis hijas tampoco. Es una utilización infame del Estado para intentar quebrarme. Me pueden doblar, pero no quebrar.

¿Puede indicar el estado específico de los dos juicios que enfrenta en este momento?
Uno es referido a la declaratoria de insolvencia emitido por le juez Edwin Cevallos Ampudia que obliga al pago de 141 000 dólares a Correa, dividido para tres. A mi me corresponde pagar 47 307 dólares. He señalado que gracias al apoyo de la ciudadanía a la campaña Un dólar para Rafael se ha logrado casi completar esa cifra. En los próximos días pagaremos para que el Presidente sienta su bolsillo y su corazón más tranquilos y, de esa forma, no tengan argumento jurídico para neutralizar la inscripción de mi candidatura a la Asamblea.
El otro ataque es por la supuesta divulgación de información presuntamente reservada. De forma maratónica, el Fiscal logró conseguir del juez Blum una orden de prisión preventiva y el inicio del proceso penal. Debo destacar que 90 días antes, el mismo juez Blum, ante el mismo pedido del Fiscal, negó la prisión preventiva porque el tipo de delito no alcanzaba para eso. Pero ante la presión del gobierno, Blum cambió de criterio y cambió el delito y ahora si acoge la petición fiscal y emite prisión preventiva.

¿Ustedes ya apelaron?
Lo hemos hecho hace dos días ante la Corte Nacional de Justicia y, de acuerdo a derecho, esperamos que nuevos jueces de esta instancia superior puedan conocer la apelación.

En un caso va a pagar al presidente Correa y el otro lo zanjará la Corte Nacional de Justicia. ¿En qué plazos se definirá su situación?
Los dos casos no dependen de la Justicia sino que marcan el ritmo del interés político del gobierno. En esto tiene dos objetivos: uno es impedir que aparezcan nuevas revelaciones y reportes periodísticos sobre nuevos casos de corrupción. Por ello es importante que se sepa que he entregado importante documentación a otros colegas de medios digitales principalmente. Van a salir investigaciones referidas a otros casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno.
Entendemos que ese es un objetivo: evitar que sigan saliendo revelaciones de casos de corrupción. Ahora, cuando estamos a días de que se formalice la inscripción de la lista por Pichincha alianza 21-23, en la cual yo encabezo la lista del distrito 1, sabemos que el Presidente quiere impedir que se inscriba mi candidatura.

¿Las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no cubren los dos casos?
Las medidas cautelares cubren el caso específico de la insolvencia. Es por eso que ayer (miércoles 2) a través del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, de Argentina y el abogado Ignacio Boulin que tramitó las cautelares anteriores, he solicitado a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, que la CIDH emita nuevas medidas cautelares por este tema específico de la supuesta divulgación de información reservada.

La vez pasada dijo que no iba a entregarse y que no iría a una cárcel. ¿Qué va a hacer esta vez?
La vez anterior cumplí lo que manda la ley internacional. Yo tenía medidas cautelares. Pensé al regresar de Washington que el gobierno, en una actitud sensata, respetaría las medidas. No lo hizo y lo que ejercí es mi derecho ante el desacato del gobierno. Pedí protección en Sarayacu

¿Siente que esta vez la situación es diferente?
Sí. Creo que el un gran sector de la ciudadanía, de la sociedad ha logrado entender la magnitud del problema, el tipo de gobierno que enfrentamos y yo estoy aquí: esperaré en mi casa con mis hijos que me vengan a detener. No tengo por qué huir. Yo he dicho la verdad al país y creo haber hecho un importante aporte a la sociedad y a la ética. Aquí esperaré.

Dijo haber entregado información a medios digitales sobre otros casos de corrupción. ¿En qué sectores?
Casos relacionados con otros temas de la propia refinería de Esmeraldas. Sobre los responsables de las negociaciones de la Refinería del Pacífico; en particular la construcción del acueducto La Esperanza y los contratos con la compañía SK de Corea del Sur. Hay información vinculada con la intermediación del petróleo con China. Hay nuevas revelaciones de quiénes son los apoderados, los brokers aquí en Ecuador. 

El diario La Estrella de Panamá ha dicho, sin explayarse, que hay información en ese país que podría comprometer al vicepresidente Jorge Glas. ¿Los documentos que tiene se relacionan con ese caso?
Vamos a publicar en las próximas horas en Focus un especial sobre las vinculaciones de Ricardo Rivera Arauz con Jorge Glas sobre sus negocios en telecomunicaciones. Entendemos que esto aportará con información al tema que está siendo revelado a nivel internacional.

Caray, ¡al fin brilla la Justicia!

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Boletín oficial 33.333

“El Gobierno al fin restituye la verdad: no hay corrupción sistémica. Solo unos malos borregos que han decidido traicionar al jefe máximo y a nuestra impoluta revolución. Por eso, los maldicientes como Fernando Villavicencio, que dice haber descubierto la corrupción en la Refinería de Esmeraldas -cuando esa pequeñísima corrupción la descubrimos nosotros- ya están a buen recaudo. Ciudadanos: el gobierno vela por su tranquilidad. Hasta la victoria siempre”. Reporte de Marcelo Chamorro
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