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El Fiscal calza en el guión correísta sobre Odebrecht

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Si durante los últimos días alguien dejó de pensar, aunque sea por unos segundos, en el fiasco institucional que es el Estado ecuatoriano, el fiscal Carlos Baca Mancheno se encargó de recordárselo hoy jueves 16 de junio. Esto ocurrió en un salón de la Asamblea, donde se presentó para comparecer ante la Comisión de Fiscalización e informar sobre las investigaciones que la Fiscalía adelanta en el caso Odebrecht. Durante algo más de tres horas, Baca Mancheno dejó en evidencia que cuando la institucionalidad elige como Fiscal a alguien que es militante del partido en el poder y que es un declarado cachiporra del caudillo que lo puso en ese cargo, es porque esa institucionalidad está pervertida.

El Fiscal no aportó absolutamente nada para solventar las dudas que rodean la investigación sobre Odebrecht. Su comparecencia pareció, más bien, parte de la estrategia  que el partido y el caudillo que lo nombraron diseñaron para evitar ser salpicados por el escabroso escándalo.

Básicamente, Baca justificó todas las sospechas que existen alrededor de la actuación de la Fiscalía en la investigación del caso Odebrecht.  El funcionario no quiso dar los detalles que algunos asambleístas le solicitaron amparándose, como se temía, en que no puede poner en riesgo la investigación. Su estrategia giró alrededor de estas cinco coartadas:

1.- Las razones del silencio

Según Baca Mancheno, las investigaciones deben hacerse en gran sigilo y absoluta confidencialidad. Qué noticia! Por eso, dijo, no ha habido noticias extraordinarias ni grandes operativos judiciales. Esto se debe, dijo, a que la Fiscalía actúa según el marco de cooperación que mantiene con la Justicia brasileña y porque hace las cosas de forma responsable y no pensando en el espectáculo. “La información que ha recibido la Fiscalía tiene que ser verificada y sometida a procedimientos internacionales”. Para explicar el riesgo que sconlleva que los implicados huyan, utilizó una metáfora: la de las 10 palomas en un cordel. Cuando se dispara a una, las otras nueve se escapan volando. Una metáfora vacua que no le alcanza para explicar lo ocurrido en otros países. ¿Por qué en el Perú hay dos ex presidentes procesados y en República Dominicana hay muchos enjuiciados incluso antes de que terminara el sigilo legal del 1 de junio impuesto por la Justicia brasileña? Baca, con este razonamiento, se alineó con la muletilla que Alianza País ha usado para justificar que, en los 10 años de correísmo, la Asamblea no fiscalizó un sol acto polémico del correísmo: no hay que hacer show. Baca, para decir lo mismo, usó el eufemismo de no hacer “actividades estrafalarias”.

2.- El portal de legalidad

A Baca Mancheno le gusta el concepto de “portal de legalidad”. Habló varias veces de él para explicar su tesis de que toda la corrupción articulada por la empresa brasileña se hizo en el marco de una aparente legalidad que hacía imposible que se detecten las irregularidades. “Ante los ojos de la sociedad y los funcionarios de control todo era legal. Todo parecía legal. Los funcionarios públicos que ejercían la función de control no podían darse cuenta de lo que ocurría bajo esa epidermis”, dijo el Fiscal en lo que más pareció una defensa de aquellos que, durante años, jamás se percataron de que Odebrecht estaba corrompiendo a funcionarios públicos. Para Baca “la clave de este proceso está en que en tras una apariencia de legalidad se ocultaba una red que manipulaba contratos, escondía sobornos de empresas privadas y ocultaba todo a los órganos de control”.

Curiosa esta tesis: un Fiscal que asegura que el crimen que investiga no podía ser detectado porque parecía legal, más parece deseoso de justificar a quienes fueron incapaces de advertir la irregularidad, que de querer cumplir con su obligación de investigarla. Bajo esta lógica puede resultar muy cómodo para alguien, como el vicepresidente Jorge Glas o algún ex Ministro que negoció con la constructora brasileña, decir que no podían ver que algo irregular se estaba cocinando tras la firma de esos contratos.

3.- El delator es el héroe

Carlos Baca Mancheno durante su intervención también trató de posicionar la idea de que en el caso de Odebrecht nada se hubiera sabido si no hubiera habido un delator: los ejecutivos de la constructora brasileña. “¿Este portal de legalidad cuándo se rompe?” se preguntó Baca e inmediatamente se contestó: “se rompe el momento de la delación”. Solo cuando una de las partes habla se puede descubrir el delito: esa es la lógica del Fiscal. Baca no parece saber (o pretende no saber) que Odebrecht decidió confesar sus delitos cuando vio que la Justicia brasileña había descubierto la pista de su sistema corruptor. De no haber sido porque en el Brasil hubo una administración de Justicia independiente que decidió investigar el caso Lava Jato, Odebrecht jamás hubiera decidido contarlo todo. Y si lo hizo fue para negociar condenas más benignas.

En el relato de Baca Mancheno no se menciona, tampoco, que la Comisión Cívica Anticorrupción denunció el sobreprecio que cobró Odebrecht en la presa Manduriacu, sin que hubiera delación de esa empresa. Tampoco dijo que, sin delación alguna, Fernando Villavicencio y Martha Roldós publicaron pruebas de la corrupción de Odebrecht en la construcción de un acueducto en la Refinería del Pacífico.

4.- El delator no es confiable

En el esquema del Fiscal el delator es el héroe capaz de descubrir lo que nadie más hubiera podido hacer. Pero hay un detalle: ese delator tiene la capacidad de añadir, quitar o modificar la verdad para afectar o beneficiar a alguien. “El delator puede decir cualquier cosa y el Fiscal no puede tragarse esa rueda de molino”: en este punto, Baca parece adherir totalmente a la tesis que el mentor de su ascenso a la Fiscalía, Rafael Correa, reiteró cuando era Presidente. Esa es la misma tesis que el vicepresidente Jorge Glas lanzó en la entrevista con Diego Oquendo cuando dijo haber evitado que Odebrecht cobrara 400 millones más. Según Correa y Glas, Odebrecht tiene razones de sobra para vengarse y por eso no sería raro que los involucre en la trama de corrupción. Con un fiscal que articula este razonamiento sobre los motivos que tiene un delator, no sería de extrañar que los acusados en este caso, si llega a haber, afirmen ser víctimas inocentes de una retaliación.

5.- Los paraísos fiscales son todo

Si hay corrupción, dijo el Fiscal, es porque existen paraísos fiscales que facilitan el flujo ilegal de capitales. Navegando entre un lirismo chato y un mar de obviedades, definió un paraiso fiscal como  “el portal de blanqueo” y exculpó a Galo Chiriboga: con esos sistemas -dijo- es imposible que una autoridad detecte movimientos ilegales de dinero. “Es inaudito, dijo, que el 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador se haya fugado a paraísos fiscales”. Después, como cualquier militante de Alianza País, destacó que en las últimas elecciones se aprobó una  pregunta para que los funcionarios públicos no puedan tener inversiones en paraísos fiscales. En este punto hizo pensar a Rafael Correa cuando en alguna de sus sabatinas llegó a decir que la corrupción se explica por el estímulo que significa que existan sistemas donde se puede mantener capitales sin pagar impuestos. Alineado es alineado.

En conclusión, Baca Mancheno nada nuevo dijo sobre Odebrech. Lo único destacable lo concierne: respondiendo a un asambleísta de oposición que le preguntó si es cierto que el contralor Carlos Pólit presentó una acusación penal en su contra, dijo que no. Y agregó que Pólit tendrá que documentar esa declaración si no quiere que él lo demande por injuria.

Si se hace un desglose de toda la presentación de Baca Mancheno, al final lo que se obtiene es un excelente guión, para que los acusados que podrían haber por este caso, lo usen en su defensa. Lo que ocurrió hoy en la Asamblea fue un show que, consensuado o no, calza al milímetro con la estrategia de Alianza País frente al tema de Odebrecht.

Foto Teleamazonas

Correa entre los muertos y heridos del caso Odebrecht

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En la lista de damnificados, luego de esta primera escaramuza ocasionada por el escándalo Odebrecht, aparece un nombre que a nadie se le puede escapar y que brilla con luz propia: Rafael Correa.

Para el ex presidente la noticia sobre los allanamientos y detenciones relacionadas con el caso Odebrecht fue una auténtica pesadilla. Eso se evidenció en los mensajes que puso en sus redes sociales. “Creer que las detenciones y allanamientos de esta madrugada son fruto de una semana de trabajo es ingenuidad extrema. La verdad: mientras unos hacían charlatanería y demagogia con la lucha contra la corrupción, nosotros continuábamos trabajando con la Fiscalía, y sólo nos faltaba el acceso a la información de Brasil para poder operar contundentemente. Muchos de los involucrados estaban vigilados desde hace semanas”: Correa puso este mensaje en sus cuentas de Twitter y Facebook.

El mensaje de Correa evoca la imagen de un chico que trata desesperadamente de asirse a un globo que se le escapa de las manos e inexorablemente sube al cielo. Correa, es evidente, no soporta la idea de no ser el centro de la atención, peor aún no ser el eje de un tema que sin duda marcó profundamente la conversación nacional. ¿Cómo quedarse fuera de todo esto? Correa no solo que no admite la posibilidad de que otros se lleven los laureles del operativo sino que trató de disimular que aquellos que defendió a capa y espada (Jorge Glas, Carlos Pólit y la empresa Equitransa) terminen embarrados y procesados por el tema Odebrecht. Se suma otro factor: pierde capital político mientras que Lenín Moreno acumula.

“Muchos de los vinculados estaban vigilados desde hace semanas”, dice Correa buscando que le den créditos por el operativo. Esta fue sin duda la oración más comentada de su mensaje. Fue precisamente por esa frase, en particular, por la cual Correa recibió una impresionante andanada de críticas y burlas. ¿Si ya estaban vigilados cómo es que persiguió sin clemencia a Fernando Villavicencio quien fue uno de los que había denunciado los nexos entre Ricardo Rivera, hoy detenido, y su tío el vicepresidente Jorge Glas? ¿Si ya sabía todo esto y si además escuchó ya rumores sobre lo que se venía cómo es que impuso la candidatura de Jorge Glas a la Vicepresidencia? ¿Cómo es que presionó, a pesar de todas las críticas, para que reelijan a Carlos Pólit como Contralor? ¿Y cómo es que permitió el viaje de Pólit a los EEUU si ya tenían noticias sobre los “vinculados”? Estas y otras preguntas parecidas se las hicieron cientos de usuarios de redes sociales que reaccionaron indignados con las declaraciones del ex Presidente.

Lo que ocurrió con Correa durante el día de allanamientos y detenciones refleja el golpe que estos eventos significan para su capital político. El ex presidente queda debilitado políticamente y su margen de maniobra para mantener su presencia en el tablero que dejó montado luego de salir del poder se le ha reducido de forma dramática y en muy poco tiempo. Correa fue, como le recordaron algunos usuarios de redes sociales, quien impuso la candidatura de Jorge Glas a la Vicepresidencia cuando ya era evidente que él tenía alguna relación con el tema Odebrecht, por el simple hecho de ser responsable de los sectores relacionados con las obras que esa constructora brasileña hacía en el Ecuador. Correa no solo que impuso la candidatura de Glas, según sacaron a relucir los usuarios de redes, sino que lo defendió en cuanto foro participaba.

En medio de la agitada jornada que hubo en redes, también hubo usuarios que sacaron a colación un video en el que se ve a Alexis Mera, secretario jurídico de Correa, defendiendo a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas y otros que mostraban evidencias de cómo el ex Presidente incluso atacó a sus críticos que cuestionaron a la empresa Equitransa.

Curiosamente, este 2 de junio de allanamientos y detenciones no fue un día en que Correa fue mayormente asistido y auxiliado en redes por sus “guerreros digitales”. Si bien sus mensajes fueron ampliamente difundidos y comentados, hubo muy poco movimiento de los activistas digitales que normalmente salen a defender a Correa insultando a quien se haya atrevido a contradecirle. ¿Se apagó el troll center con la llegada del tema Odebrecht? El golpe que se produjo con el operativo aparentemente ha sacudido el tablero político, incluso en redes sociales. Si Correa tuvo a los astros alineados a su favor durante diez años, parece que bastó un día para que se le desordenen.

En la foto de El Telégrafo se ve al fiscal Carlos Baca Mancheno y sus asesores dando la rueda de prensa

El plan es asustar, dándole un susto a Luis Eduardo Vivanco

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El más reciente mensaje del poder a las redes sociales ha sido enviado y es claro: o sus usuarios se portan bien y no atentan contra su imagen o tendrán problemas con la ley.   El autor de la advertencia es la Fiscalía, que aparentemente ha acogido una queja del Ministerio del Interior para que se inicie un proceso en contra de Luis Eduardo Vivanco, periodista de diario La Hora, productor del programa “Castigo divino” y activo usuario de redes sociales.

Vivanco se enteró de que estaba siendo procesado una tarde cuando al regresar a su casa de su trabajo  se encontró con un agente de la Fiscalía que lo esperaba, pacientemente, para entregarle una citación. Cuando su abogada fue a la Fiscalía a ver de qué se trataba el asunto, se encontró con que el proceso estaba curso y tenía ya 140 páginas. ¿El delito que se imputa? Vivanco aún no lo sabe con precisión, pero aparentemente se trata de algo relacionado con mensaje que colocó en su cuenta de Twitter  el 14 de abril en el que incluía una fotografía de la pila de billetes que se encontró bajo el piso de la casa de un oficial de Policía. Vivanco colocó junto a la foto una frase que decía: “Sobre estos colchones descansa la revolución”.   El tuit se viralizó con gran velocidad esos días y su autor recibió una serie de mensajes insultantes, sobre todo desde cuentas anónimas que generalmente se las identifica con el llamado troll center del Gobierno. Ese tuit, además,  volvió a hacerse popular cuando el propio Vivanco informó, a través de su cuenta de Twitter, del proceso que le habían iniciado.

Poco después de que Vivanco compartió la noticia de que estaba siendo procesado por ese tuit, la reacción en esa plataforma fue diametralmente opuesta a la que hubiera querido el Ministerio del Interior. Decenas de tuiteros empezaron a compartir el mensaje de Vivanco, asumiéndolo como propio bajo la etiqueta de #HagoMioEsteTuit o incluso escribiendo otra vez exactamente lo mismo que Vivanco.  El tema se convirtió así, durante al menos un día, en un abierto desafío al Ministerio del Interior o quien quiera que haya pedido que se procese al periodista por su mensaje.

“No está claro el tipo de delito. No sé de qué me acusan. Sólo sé que es ese tuit”, le dijo Vivanco a 4Pelagatos, quien además anunció que no va a asistir a la audiencia que le ha fijado la Fiscalía porque “tengo cosas más importantes que hacer”. La otra cosa que conoce el acusado es que la denuncia fue puesta por el Ministerio del Interior aunque no conoce si es por injuria o calumnia.  Si es así, el afectado debería ser “la revolución” o quien quiera que se haya sentido aludido, reflexiona Vivanco.

La velocidad de la Fiscalía ha sido sorprendente. En pocos días llegó a completar 140 hojas de proceso aunque no se entiende bien las razones por las interviene ya que, en el caso de que el Ministerio del Interior se sienta afectado, éste debió haber hecho una acusación particular para que sea procesada por un juez. La Fiscalía, se sabe, sigue únicamente casos que son pesquisables de oficio, pero no calumnias o injurias a particulares.

Pero si la velocidad es sorprendente, lo más insólito de la orden es que se haya dado una orden judicial para que se intervenga el teléfono y las cuentas de redes sociales del periodista. “Esto que estamos hablando ahora deben estar escuchando estos señores”, le dijo a 4Pelagatos Vivanco mientras compartía los detalles del proceso por el que está atravesando.

 ¿Intervenir teléfono y redes sociales por una supuesta calumnia? La simple posibilidad de que la autoridad ordene que se intervenga en las comunicaciones de un periodista o de un usuario de redes sociales, por un caso como éste, constituye una amenaza escalofriante para quien se expresa en internet. El proceso contra Vivanco, con este siniestro añadido, hace que la advertencia sea doblemente amenazante para los sectores de la sociedad que utilizan las redes sociales como escaparate para expresar su opinión sobre asuntos de interés público.

Lo del proceso de la Fiscalía a Vivanco claramente es un gesto de pedagogía social desde el poder:  si alguien siembra dudas sobre las actuaciones de las instituciones o de sus funcionarios tendrán que asumir las consecuencias. Y claro, las consecuencias son procesos judiciales que, en el caso de Vivanco, podría significarle varios meses en prisión. ¿Quién va estar dispuesto a arriesgar su libertad por comentarios en redes sociales? Es evidente que con este gesto de la Fiscalía, la sociedad se la pensará dos veces antes de hacer comentarios, expresar opiniones o hacer bromas en redes sociales. 

Es conocido que el Gobierno correísta ha intentado regular el uso de las redes sociales y las publicaciones en internet, pues toda información y opinión que sale a través de los medios tradicionales ya está bajo control a través de la Ley de Comunicación.  Precisamente el gobierno no pudo incluir en esa ley a los medios digitales por la avalancha de críticas que, en redes sociales, despertó la idea.

Estos intentos de control no han acabado y varios funcionarios insisten en la necesidad de que haya una ley que regule lo que se dice en redes. En marzo del 2017 el vicepresidente Jorge Glas dijo lo siguiente: “Ese es un debate para después de las elecciones pero lo planteo, yo soy ingeniero en tecnología de la información y la comunicación y creo que el Ecuador, como siempre ha hecho, puede proponer regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco, porque tratarán de unirlo con libertad de expresión que no es tal, es sencillamente que no exista anonimato en redes sociales”.

El que la ley no incluya a las redes sociales no ha impedido, sin embargo, que se hayan encontrado otras fórmulas para limitar la libre expresión en esas plataformas. La forma más eficiente o más usada es la que se está aplicando a Vivanco, es decir la vía penal. Ya funcionó en el caso de la concejala lojana Jeannine Cruz, quien cumplió con una condena de 30 días de presión por por haber proferido expresiones en descrédito o deshonra del alcalde de Loja, Bolívar Castillo. La figura está en el artículo 396 del COIP. Las figuras de calumnias, difamación e injurias se utilizan para amedrentar, escudándose en el derecho a la honra de las autoridades, artículo 182 del COIP. El motivo es evitar las denuncias y las críticas, recortando los derechos a la libertad de expresión.

Lo mismo sucedió con Sebastián Cevallos, tuitero y dirigente de Unidad Popular, quien en el 2016 fue sentenciado a 15 días de prisión por sus tuits en contra del exministro Carlos Carrasco.

El proceso en contra de Vivanco prueba que el miedo sigue siendo el recurso del poder para evitar que se hable mal de él. Lo que se le escapa a ese poder, sin embargo, es que para la sociedad, instituciones como la Fiscalía carecen de la más importante y potente fuente de legitimidad: la independencia.

La mentira de Correa sobre Mosquera no duró ni 48 horas

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No pasaron ni 48 horas para que la versión que Rafael Correa hizo sobre la forma en que su ex ministro de Energía, Alexksey Mosquera, recibió un millón de dólares de Odebrecht quedara expuesta públicamente como mentira. Según Correa, Mosquera recibió ese dinero legítimamente porque ya no era funcionario y no fue bajo ningún caso a cambio de servicios prestados para la firma del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Sin embargo, documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso El Comercio el martes 25 de abril, es decir el día cuando Correa hizo su declaración, indican que el pago fue precisamente para “agilitar trámites relacionados con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón”.

Los documentos de la Fiscalía se basan en la declaración hecha desde España por Rodrigo Tacla, ex abogado de Odebrecht en el Ecuador, quien narró en 19 páginas cómo y para qué se hizo el pago a favor de Mosquera y Marcelo Endara, un socio de Mosquera quien también se halla detenido. Tacla fue quien afirma, en su delación, que el pago fue por las gestiones para conseguir el contrato para Toachi-Pilatón.

“Alexksey (Mosquera) recibe ese pago en el 2011. Ya no tenía nada que ver con el Toachi-Pilatón y no era funcionario público. ¿Dónde está el problema? Que no declaró ese millón de dólares. Hay defraudación tributaria y posible lavado de activos. Lastimosamente la noticia ha salido patas arriba y (dicen) que coimas, sobornos (fueron) para el contrato Toachi-Pilatón”, dijo Correa el martes 25 de abril en Guayaquil durante su conversatorio con medios de comunicación. Ahí incluso sostuvo que ese pago era parte de un acuerdo entre privados que no tiene nada que ver con el Gobierno y que la prueba de la inocencia de Mosquera es que, para la fecha en que recibió el dinero, Odebrecht había sido expulsada del Ecuador.

Pero las mentiras tienen patas cortas y no han pasado siquiera dos días para que la versión de Correa haya quedado completamente pulverizada.

Los documentos a los que tuvo acceso el periodista Javier Ortega de El Comercio revelan que el depósito fue cuidadosamente arreglado por Odebrecht.  Mosquera lo coordinó todo con un representante de Banca Privada de Andorra, BPA, y activó desde Uruguay una cuenta para recibir el depósito. En los arreglos también participó, desde España, Luiz Eduardo Rocha, alto ejecutivo de Odebrecht quien se halla preso desde marzo del 2016 por estar involucrado en el caso Lava Jato, que enlodó a políticos del Brasil y funcionarios de la petrolera brasileña. Rocha es uno de los 77 directivos que entregaron información a cambio de penas menores en este caso.

El pago a favor de Mosquera se hizo desde una empresa panameña llamada Klienfield, de propiedad de Odebrecht, hacia la cuenta Tokyo Traders, una empresa creada por el banco de Andorra y que figura a nombre de Marcelo Endara, el socio de Mosquera. De ese cuenta se transfirieron 920 mil dólares hacia Percy Trading que, aparentemente, dicen los documentos, pertenecen a Mosquera.  Ese dinero fue utilizado en maquinaria comprada en EEUU y China y luego vendida en Ecuador a una empresa en Quito en la que Mosquera aparece como su gerente general desde el 2012.

La información de la Fiscalía demuestra algo que resultaba bastante obvio tras las declaraciones de Correa: que es perfectamente posible que Mosquera haya recibido un pago por servicios prestados luego de firmado el contrato y cuando ya no ocupaba el cargo de Ministro. 

Correa, durante el conversatorio en Guayaquil, llamó la atención de una periodista de Ecuador TV que le preguntó su opinión sobre la coima a favor de Mosquera.   “Con todo cariño”, le dijo a la reportera en tono dulce pero aleccionador, “ustedes son un medio serio, hay que usar con precisión los términos. Se ha hablado de coima: no hay coima, no hay soborno porque no es funcionario público. Alexksey Mosquera fue ministro desde julio del 20o7 hasta julio del 2009”.  En el alegato que Correa hizo a favor de Mosquera, dijo que  “el contrato de Toachi-Pilatón salió en diciembre del 2007” y que “Odebrecht lo ganó en justa lid”. Además, aseguró que todo el proceso contractual había sido arreglado por la administración anterior del Consejo Provincial de Pichincha. 

¿Es posible que Correa no haya conocido de esta delación del ex abogado de Odebrecht hecha en España? Resulta muy difícil creer, aunque no es imposible, que Correa no haya tenido noticia de esta delación tomando en cuenta que fue hecha el 17 de febrero del 2017, es decir hace más de dos meses. Si Correa sabía de esta información, entonces ¿cómo es que sale a hacer una defensa tan burda y pueril de Alexksey Mosquera?  Hay una posibilidad: que haya sido para evitar que Mosquera entregue más información que pueda involucrar a su gobierno.

Resulta, además, muy llamativo que a Mosquera y a su socio Endara se los haya detenido únicamente luego de que la noticia apareció en los medios brasileños y replicada en Ecuador especialmente en medios digitales y redes sociales. ¿Si  ya existía desde febrero esa delación de Tacla por qué no se los detuvo para investigaciones mucho antes? Ha pasado más de dos meses desde que el ex abogado hizo su delación que se halla en un documento de 19 páginas que tiene la Fiscalía, según la información de El Comercio. ¿Qué pasaba si la noticia no salía en los medios brasileños? Difícil saberlo en un país como el Ecuador donde no hay certezas ni de la independencia de la Fiscalía ni de la administración de justicia.

Por ahora, lo que queda en claro es que para defender a Mosquera el Presidente fue capaz de articular una explicación que tarde o temprano iba a ser desbaratada por las evidencias.  Decir que lo único malo en lo hecho por Mosquera era no haber declarado impuestos resultaba, sin duda, un insulto a la razón y a la ética.

En la fotografía de la Presidencia de la República aparecen Rafael Correa y Alexsey Mosquera durante la colocación de la primera piedra del proyecto Coca Codo Sinclair en abril del 2008. También aparece Jorge Glas, aún con pelo, y un embajador argentino. 

Glas, lavado de pies a cabeza en 36 horas

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Jorge Glas es, para el correísmo, un problema político que la política no puede remediar. Rafael Correa ha dicho de él que es un hombre honesto por quien pondría las manos al fuego. También lo ha dicho Lenín Moreno, que en un principio no lo quiso de compañero de fórmula. Todo el aparato correísta defiende su integridad y su transparencia y se ha desplazado por el país diciéndolo. El problema, que ahora sienten, es que por fuera de los convencidos nadie les cree. Por eso, y porque ya no lo pueden sacar de la papeleta, recurren ahora a los ritos, a la magia, a la prestidigitación para lavar su imagen. Una forma de confesar que Jorge Glas es un problema, quizá el problema mayor de la campaña de Moreno, y que algo tenían que hacer.

El paquete que se ideó el aparato incluye una romería y una limpia shamánica. La primera ocurrió el miércoles de ceniza: Jorge Glas, acompañado de varios fervientes militantes correístas (Viviana Bonilla, María José Carrión, Marcela Aguiñaga, Rodrigo Collahuazo…), visitó a su amigo Galo Chiriboga, fiscal de la Nación, para pedirle que lo investigue. La segunda tendrá lugar mañana en el hotel Oro Verde de Guayaquil, donde los mismos fervientes militantes correístas y otros más participarán en un acto de homenaje para desagraviar a su candidato a la vicepresidencia, agraviado por tanta sospecha de los sufridores de siempre.

Jorge Glas debió ser investigado hace tiempo. En febrero de 2011 la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía presentó un informe que recomendaba abrir un proceso de instrucción previa contra el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y otros funcionarios por presunciones de peculado. Ese proceso no se abrió nunca. Tampoco Glas fue llamado a rendir testimonio en el caso probado de corrupción en la Refinería de Esmeraldas, de cuya obra de repotenciación él fue responsable administrativo y político. Ahí nada se hacía sin su conocimiento.

La romería de hoy hacia la Fiscalía fue una confesión de parte: que Jorge Glas pida que lo investiguen prueba que nunca fue investigado. Luego de años de sospechas y denuncias, Galo Chiriboga no ha movido un dedo. Glas está embarrado e impune. Y se hace el ofendido: según él, es víctima de “una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación a la honra, de sembrar sospechas y dudas en la ciudadanía en medio de una campaña electoral”. ¿Tiene Alzheimer? Las primeras denuncias en su contra saltaron hace seis años por lo menos y el escándalo de los sobreprecios en la Refinería de Esmeraldas se produjo antes de que se inscribiera su candidatura. Cléver Jiménez, entonces asambleísta, lo denunció en 2011 y pidió a la Fiscalía que lo investigue.

Hoy no faltó nada en la puesta en escena ante Chiriboga: partidarios a la entrada de la Fiscalía; compungidos dirigentes correístas acompañando al candidato; palabras sentidas e indignadas de Jorge Glas, quien representó a la perfección su papel de víctima de las “calumnias sin fundamento” que lo acosan. La política muta en acto de fe y la realidad se vuelve prescindible: no hacen falta auditorias ni investigaciones. Basta el fervor militante para purificar al agraviado y qué mejor que hacerlo entre ellos y ante su fiscal, llamado a legitimar la exculpación.

Al pedir Glas ser investigado, pretende convencer a la opinión pública de su inocencia. Parece lógico, pues ningún culpable lo haría. Salvo que tuviera, como él tiene, un pana fiscal que, oh coincidencia, luce tan embarrado como él. No lo investigó en seis años, ¿hay alguna razón para que lo haga ahora?

Tras la romería viene la limpia shamánica, prevista para mañana. El correísmo se ha especializado en rituales de este tipo. Actos de desagravio, los llama: cobra adhesiones, contrata el salón de algún hotel de cinco estrellas y se reúne a dar fe de la integridad, honorabilidad, honestidad y transparencia de cualquier personaje bajo sospecha. El más espectacular fue el que ofrecieron en septiembre de 2012 a Pedro Delgado, el presidente del Banco Central por quien Rafael Correa, su primo, también ponía las manos al fuego. El mismo jefe de Estado solemnizó el gigantesco acto de desagravio que tuvo lugar en el Hotel Quito y contó con la presencia de los más linajudos representantes del correísmo. Otro muy sonado fue el que recibió Camilo Samán ese mismo año. “Han querido atacarte con grafitis, con caricaturas, editoriales para sacarte del camino, pero no estás solo”, dijo en esa ocasión Rafael Correa, que no hay limpia shamánica que se pierda.

Ahora es el turno de Jorge Glas, supuesta víctima de una campaña de desprestigio que involucra a los políticos de oposición, la prensa corrupta y el imperio. “Jorge es integridad, honorabilidad, honestidad y transparencia”, dice la invitación que el correísmo puso a circular en las redes sociales tardíamente, apenas hoy. Costo de la adhesión: 100 dólares. Predecibles adherentes: los máximos cuadros del partido, funcionarios del gobierno, autoridades electas y el propio presidente de la República.

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Es evidente que el paquete romería-limpia shamánica es una estrategia desesperada de última hora. Al parecer salió de la reunión del martes de carnaval: Rafael Correa, Lenín Moreno, Vinicio Alvarado, Paola Pabón y el mismo Jorge Glas la presidieron. Asistieron los asambleístas electos y otras autoridades. El motivo de la convocatoria era definir la estrategia electoral del oficialismo para la segunda vuelta. Ahí, en la reserva de un salón del Hotel Quito, debió surgir el problema Jorge Glas y la discusión sobre cómo remediarlo. La solución, como se ve, no es política. Si lo fuera, Glas, no pudiera ser candidato a la vicepresidencia. En vez de pedir que lo investiguen y de recibir un desagravio, estaría dando explicaciones.

El correísmo optó por una solución semiótica: un coctel de símbolos envueltos en un paquete ritual en que solo ellos participan y en el cual nada es lo que parece. Glas ya no es un sospechoso, es una víctima. El fiscal no es un amigo; es una autoridad insigne. El desagravio no proviene del aparato; proviene de la sociedad.  Así que el correísmo pulveriza la realidad (hecha de opacidad y corrupción), y crea un mundo paralelo en el cual Jorge Glas, responsable al menos políticamente de la corrupción en los sectores estratégicos, mañana será declarado, por ellos mismos, libre de polvo y paja. Casi santo en sólo 36 horas. El aparato no tiene más remedio que cubrirlo porque es un hombre que sabe demasiado.

Y ya: ellos creen que Jorge Glas dejó de ser un problema. Eso dirán al país en los días que quedan de campaña.

El prófugo pone a Chiriboga contra la pared

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Galo Chiriboga está inhabilitado para ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Su obligación ética es renunciar y someterse a las investigaciones que, de oficio, la propia Fiscalía debería iniciar con el fin de aclarar su participación en los escándalos de corrupción que sacuden el país y su relación con Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, quien acaba de lanzar graves acusaciones en su contra. En lugar de hacer eso, la Fiscalía ha puesto a su departamento de relaciones públicas a trabajar en redes sociales para defender la honra y la imagen de su jefe. Es el mundo al revés.

Ocurre que hoy, 8 de febrero, Galo Chiriboga recibió dos golpes desde la cuenta de Twitter de Capaya. En uno de ellos el prófugo sugiere que Chiriboga recibió un maletín lleno de billetes en el Swishotel de Quito. Lo emplaza, de hecho, a responder ante el polígrafo si lo hizo o no. En otro, cuenta que fue el fiscal, a través de una llamada telefónica, quien lo alertó sobre cierta información que había recibido en Panamá. Eso ocurrió, dice el denunciante, el 26 de septiembre de 2016. Gracias a esa alerta y por recomendación de Jorge Glas (siempre según Capaya) decidió salir del país.

Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, la acusación de Carlos Pareja no puede ser tomada en serio porque existe un informe de Movistar que dice que el 26 de septiembre del 2016 el teléfono de Pareja no registra llamadas entrantes ni salientes durante todo el día. “Según el reporte de Movistar, el número de Carlos P.Y. no registra llamadas entrantes ni salientes el lunes 26 de septiembre de 2016”. En otro tuit la cuenta insiste en el mensaje y deja sentado, como para que no queden dudas sobre una posible complicidad con el ahora prófugo, que Pareja “hoy enfrenta 4 procesos penales sobre #CasoPetroecuador”.

Lo insólito del mensaje de la Fiscalía no es únicamente que exhiba el argumento, por demás pueril, de que si el teléfono de Movistar de Capaya no registró llamadas ese día, entonces Chiriboga queda libre de sospechas. La llamada perfectamente pudo haberse hecho a través de un teléfono de Claro, a través de Whatsapp o del teléfono fijo de la Fiscalía. No, eso no es lo verdaderamente insólito. Lo increíble es que la Fiscalía haya salido a defender la inocencia de Chiriboga. Una Fiscalía de verdad no defiende: acusa. Es el mundo al revés. En un escenario normal, la Fiscalía debía haber llamado a declarar o iniciado una investigación a quien recibió la llamada de un procesado como Pareja Yannuzzelli o buscar más precisiones del denunciante, pero nunca a sostener que no se puede dudar del Fiscal.

Este sin sentido o absurdo institucional se produce por una simple razón: Chiriboga no tiene ningún tipo de legitimidad para ser Fiscal. No la tuvo desde que asumió el cargo por la serie de vínculos profesionales, familiares y hasta afectivos que tenía con el presidente Rafael Correa. Y porque, tan pronto saltó el escándalo de los Panamá Papers, perdió cualquier autoridad para investigar ese entuerto que, a la postre, destapó el tema de la refinería de Esmeraldas en el que están embarrados Capaya y compañía. Es precisamente por todo esto que Chiriboga, que se supone debería investigar, se encuentra ahora bajo sospecha de ocultar información. 4Pelagatos ya pidió, en un editorial el 5 de abril, la renuncia de Chiriboga, pues en el caso de los Panama Papers aparecía involucrado en un oscuro episodio que lo convertía en un sujeto investigación y, por tanto, lo  anulaba como investigador.

Los dos mensaje de Capaya son, en ese sentido, una prueba o una evidencia más de que Chiriboga no puede ser el Fiscal. Si se ha llegado a este estado vicioso es, precisamente, porque quien debe ser investigado está ejerciendo el papel de investigador.

Los dos tuits que la Fiscalía colocó en su cuenta para librar al Fiscal de cualquier sospecha son una aberración producto de la presencia de Chiriboga al frente de la Fiscalía. Se trata de una distorsión absoluta de la institucionalidad. Una distorsión que se inició cuando el proyecto correísta se planteó la cooptación de todos los poderes como una fórmula para garantizar no solo el poder total sino también la impunidad absoluta.

Chiriboga desde hace tiempo está inhabilitado para seguir siendo el fiscal de la Nación. No ha investigado el caso ni puesto una querella judicial contra Odebrecht por sus actos dolosos en Ecuador. Más aún, hoy existe la certeza de que, con él, nunca se sabrá la verdad por dos razones en particular. Una: porque protege a sus amigos del gobierno. Y la más importante: sobre él pesan acusaciones que es necesario esclarecer. No puede hacerlo él, a la cabeza del Ministerio Público. De investigador encubridor, Galo Chiriboga pasa a ser sujeto de investigación. El mundo al revés.

Solo en Ecuador el caso Odebrecht no produce resultados

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Curioso pero muy significativo: Ecuador y Venezuela son los únicos países donde el escándalo de Odebrecht no ha provocado tres escenarios, al menos, que se producen donde hay administraciones interesadas en combatir la corrupción. 1. El resarcimiento económico de la empresa brasileña por sus actos de corrupción. 2. La colaboración entre la constructora y los gobiernos de los respectivos países para dar con los corruptos. 3. La captura para investigación de funcionarios o ex funcionarios que tuvieron relación con la constructora.

En el Ecuador no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. No existe anuncio alguna sobre una posible colaboración negociada entre la empresa y el gobierno para dar con los corruptos ni el estudio para una demanda para que Odebrecht indemnice por el daño hecho al país. Tampoco han habido investigaciones para identificar y arrestar a implicados, como ha sucedido en Colombia, por ejemplo.

En el Ecuador, el tema Odebrecht más bien ha sido convertido por el Gobierno en una arma política para desprestigiar a sus rivales electorales, promocionando una supuesta lista de beneficiarios de coimas en los años 80. O, como dice el columnista Felipe Burbano en El Universo, ha sido usado como cortina de humo para tapar el mayor caso de corrupción comprobado hasta hoy: los sobreprecios en los trabajos de repotenciación de la refinería de Esmeraldas.

Se supone que Rafael Correa y sus funcionarios son representantes del Estado y que están obligados legalmente a defender sus intereses. Si así fuera, habrían hecho algo para que la empresa que distribuyó coimas indemnice  al país por el daño que ha causado. La República Dominicana, por ejemplo, va a recibir 184 millones de dólares por los 98 de coimas que Odebrecht repartió en ese país. Perú recibirá $30 millones por los $11 millones de coimas y Panamá $59 millones por los 29 millones de sobornos. ¿Y el Ecuador? Hasta ahora ni el presidente Correa ni ningún funcionario han hablado del tema. Tampoco el Fiscal o el Procurador que es el abogado del Estado. Todo esto mientras un despacho de Reuters da cuenta de que un ejecutivo de Odebrecht en el Brasil se halla angustiado por las inmensas exigencias que algunos gobiernos hacen para que se compense a sus países. Esto, según dice, podría llevar a a quiebra a la constructora.

El gobierno ecuatoriano no ha dicho siquiera que piensa hacer algo similar a lo que anunciado por Perú y Panamá y que suena coherente después de todo lo que se sabe que ha hecho Odebrecht: presentar una querella penal. Muy por el contrario: las primeras reacciones del presidente Correa fueron para deslegitimar las revelaciones hechas por la propia Odebrecht y sugerir que se trata de una conspiración internacional. Claro que luego, cuando circuló una supuesta lista de nombres vinculados al gobierno de León Febres Cordero, le dio toda la legitimidad posible.

Esto es lo que está ocurriendo en los países con mayores vínculos con el escándalo de Odebrecht. La comparación con el caso ecuatoriano es inevitable.

República Dominicana

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que Odebrecht devolverá al país más de 180 millones de dólares como “resarcimiento” económico al Estado dominicano. En declaraciones a la prensa dijo que en virtud del delito de soborno que la misma empresa confesó -ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para obtener contratos de obras en República Dominicana- se logró el acuerdo con la empresa. La Procuraduría de República Dominicana se encuentra recogiendo las declaraciones de los ex funcionarios que tuvieron relación con los contratos firmados.

Colombia

La Fiscalía está revisando contrato por contrato todos los nombres de las personas que estuvieron, de alguna forma, relacionadas con Odebrecht. La prensa ha anunciado que en breve se afectuarán nuevas capturas que permitirán terminar de armar el rompecabezas de la red de corrupción de Odebrecht. Esa empresa pagó US$11 millones en coimas. Hasta el momento, las pesquisas giran en torno a tres expedientes: la licitación de la concesión Ruta del Sol II en 2009, la adición que se le hizo a ese contrato en 2014, y la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009 . Por lo pronto un grupo de investigadores de la Fiscalía, encabezados por el fiscal Juan Vicente Valbuena Niño, concluyó once allanamientos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Él busca recaudar información y hacer entrevistas para establecer los términos de otro negocio que tiene en el ojo del huracán a la constructora Odebrecht. Ya hay unos primeros indicios que apuntan a establecer posibles vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá. Por el momento hay dos detenidos: el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien ya aceptó cargos, y el excongresista Otto Bula, quien rechazó los delitos imputados.

Perú

En el Perú hay dos personas detenidas. Una de ellas es Miguel Ángel Navarro Cruz, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, señalado de haber participado en el escándalo de corrupción. El nombre de Navarro Cruz se suma al de otros dos sospechosos que la justicia peruana tiene bajo la lupa: el exfuncionario Edwin Luyo, en poder de las autoridades  y con una prisión preventiva de 18 meses, y el  exviceministro de comunicaciones Jorge Cuba, prófugo de la justicia contra quien ya pesa una orden de captura nacional e internacional.  Odebrecht, además, emitió un comunicado en el que se disculpó con la sociedad peruana por sus “graves errores”. El Ministerio Público llegó a un acuerdo con Odebrecht para obtener información. La constructora brasileña admitió, ante la justicia estadounidense, haber pagado US$29 millones en coimas en el Perú. Además, el presidente Kuczynski  decidió finalizar la concesión del gasoducto del sur debido a que el consorcio de nombre homónimo, integrado por las compañías Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero, no demostró que tiene el financiamiento necesario para la realización de la megaobra. Kuczynski anunció que se cobrará una carta de fianza de US$262 millones que había presentado el consorcio en garantía. El proyecto está valorado en unos US$7.000 millones.

Argentina

Un fiscal argentino abrió una causa contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sobre supuestas transferencias que habría recibido en el 2013 de un operador financiero condenado en Brasil en el escándalo conocido como Lava Jato.  El fiscal federal Federico Delgado pidió determinar si Arribas, hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, estuvo involucrado en la trama de pago de sobornos de la petrolera estatal brasileña Petrobras por los cuales decenas de políticos y empresarios de ese país están en la cárcel. Según el registro de transferencias bancarias que hizo el operador Leonardo Meirelles para Odebrecht, que él mismo aportó a la justicia de su país, en el 2013 realizó cinco giros por un total de US$ 600,000 a una cuenta de Arribas, que vivía en ese país y se ocupaba de la compra y venta de futbolistas. La empresa había acordado con los fiscales de Brasil colaborar con la Justicia de Argentina y de otros diez países donde está siendo investigada por el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Panamá

La Fiscalía de Panamá acusó a 17 personas por tener vínculos con los sobornos pagados por Odebrecht en el país. “Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay 3 exfuncionarios, 8 empresarios panameños, 5 empresarios extranjeros y un oficial de la banca privada” local, dijo Porcell en una rueda de prensa. La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque la ley lo impide, pero dijo que, de ser necesario, se apoyará en la Interpol para ubicarlas y traerlas al país. Panamá acusará formalmente a la brasileña Odebrecht por el soborno a funcionarios públicos panameños entre 2009 y 2014, anunció el presidente Juan Carlos Varela. La base de la querella es la confesión de directivos de la empresa, quienes revelaron la entrega de  comisiones ilegales por $59 millones.

Foto: uno de los detenidos en Colombia por el caso Odebrecht

 

Baca Mancheno: un porrista del correísmo para la Fiscalía

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Si lo que se buscaba es que el próximo Fiscal de la Nación sea aún más incondicional y obsecuente con el correísmo que Galo Chiriboga, difícilmente se pudo haber pensado en una mejor opción que la de Carlos Baca Mancheno, quien hace pocos días presentó su postulación al cargo ante el Consejo de Participación Ciudadana.

Si Galo Chiriboga asumió el cargo de Fiscal rodeado de dudas y protestas por haber tenido una relación personal muy cercana a Rafael Correa (tienen parientes en común y fue su abogado personal), en el caso de Baca Mancheno la cercanía con Correa no solo es un asunto personal sino que se basa en su adhesión incondicional, entusiasta y hasta frenética a todo lo que significa la revolución ciudadana. Que Baca Mancheno sea Fiscal, bajo el auspicio del gobierno de Correa, es algo así como que la dirigencia del Barcelona de Guayaquil haga designar como árbitro para el siguiente clásico con Emelec al director de la Sur Oscura.

¿Qué tiene de extraño que el próximo Fiscal sea cercano al correísmo si Correa ya deja el poder? Sencillo: los próximos cinco años el fiscal será el funcionario encargado de llevar adelante los procesos judiciales por delitos pesquisables de oficio. En pocas palabras, el próximo fiscal será fundamental para cubrir la retirada de los funcionarios correístas que habrán dejado el poder. Quien vaya a ocupar la Fiscalía (al igual que la Contraloría a la que está postulado una vez más otra emblemática figura del correísmo: Carlos Pólit) será clave en el post correísmo.

En ese esquema difícilmente podría caber mejor la figura de Carlos Baca Mancheno, quien hasta noviembre del 2016 constaba en los roles de la Presidencia como Consejero de Gobierno, uno de los cargos de mayor importancia en la Presidencia. Desde allí se ha encargado de defender incondicionalmente al correísmo en cuanto foro ha sido invitado. Además, según comentan fuentes cercanas a Carondelet, fue el encargado de ayudar en el proceso de recolección de firmas de Pamela Aguirre, para que Correa se postule otra vez a la Presidencia.

Para concluir que Carlos Baca Mancheno no guardará independencia y objetividad frente a los 10 años de correísmo, no basta con el hecho de que haya sido hasta estos días uno de los asesores de más alto rango en la Presidencia, con cargo de Consejero de Gobierno y con  sueldo mensual de 5 009 dólares: ha tenido, sobre todo, un largo y ferviente compromiso con el gobierno de Correa desde la Asamblea Constituyente donde fue asesor de César Rodríguez. Ha sido, durante estos 10 años, mucho más que un convencido funcionario correísta porque su conducta corresponde, más bien, a la de un fanático o un soldado de la revolución.

Luego de haber estado en la Asamblea Constituyente fue asesor del Ministerio del Interior donde tuvo un papel fundamental en el proceso para dar de baja al coronel César Carrión. Él estuvo preso durante 6 meses por haber sido acusado por Rafael Correa de intento de magnicidio durante la sublevación policial del 30S. Carrión sería declarado inocente por falta de pruebas, a pesar de que su carrera profesional se destruyó y pasó seis meses en la cárcel.

La historia de la relación de Baca Mancheno con Carondelet no queda ahí. En el 2010 fue nombrado, bajo los auspicios del Gobierno, como Vicepresidente de la Comisión de Selección del Consejo Nacional Electoral, encargada del concurso de selección de los entonces vocales del organismo. Esa comisión fue criticada por haber desechado todas las impugnaciones presentadas por los candidatos y haber adelantado en un mes su posesión.

Otro episodio en la vida de Carlos Baca Mancheno permite tener una idea sobre su nivel de adhesión incondicional no solo al proceso de la revolución ciudadana sino a sus ideas más tóxicas y antidemocráticas: fue el encargado de entregar ante el Tribunal Contencioso Electoral la documentación para que ese organismo sancione a la revista Vistazo por haber violado el silencio electoral con su editorial “Un no rotundo”, publicado poco antes de la consulta electoral del 2011. Baca Mancheno actuaba como representante de un grupo de movimiento sociales que pedían que Vistazo pague 2′ 400 000 de dólares por haber expresado su opinión sobre las preguntas de la consulta, en un editorial publicado durante la campaña electoral. Curioso, su hermano Pablo Baca Mancheno patrocinó el caso que Doris Solís presentó en contra de diario HOY. Una denuncia acusándolo de haber violado el silencio electoral impuesto por la ley al haber publicado una campaña a favor de la libertad de expresión. El caso fue posteriormente desestimado.

Luego está el paso de Baca Mancheno por una comisión que Rafael Correa nombró para investigar lo ocurrido durante la insurrección policial del 30 de septiembre del 2010. Los otros dos miembros de la comisión son, asimismo, fanáticos declarados del Gobierno: Diego Guzmán que ahora es delegado de Rafael Correa ante Seguros Sucre y Óscar Bonilla, actual Secretario de Acción Política de Alianza País. Los tres han sido durante estos años auténticos porristas del gobierno de Rafael Correa y sus conclusiones sobre el 30S, entre ellas la de que ese día hubo un “golpe blando” para derrocar al gobierno, nunca tuvieron credibilidad por la vinculación que los tres tenían con la Presidencia. La comisión solo sirvió para mantener viva la tesis de Correa de que ese día se intentó dar un golpe de Estado y que hubo un complot para acabar con su vida. El informe nunca fue colocado en la web para que pueda ser consultado por la sociedad y fue entregado a la Fiscalía sin mayores consecuencias.

Baca Mancheno ha sido durante estos diez años algo así como un cheerleader o porrista del correísmo.“Lo que representa la imagen de Rafael Correa es un fenómeno, un elemento, que solo el tiempo va a permitir que se mida en su real magnitud” decía no hace mucho en un artículo publicado en la web de Alianza País donde además afirmaba que Correa es un “político que se sale de lo ordinario porque ha sabido, con una visión muy clara, mantener el rumbo de sus propuestas ideológicas, conceptuales, políticas, sin dobleces ni hipocresías ni cálculos y confrontando los problemas sin temor”.

En redes sociales, Carlos Baca Mancheno era conocido por su agresividad con los críticos del gobierno y por la promoción que hacía de cuanta actividad emprendía el gobierno. Hace poco se desenchufó de Twitter. En la biografia que tenía en esa red social rezaba esta leyenda: “Abogado penalista, eterno aprendiz de la política. Mirar de frente y adelante!”.

Sus hermanos también han sido cercanos al Gobierno. El 12 de enero, Carlos Baca Mancheno fue a presentar su candidatura en compañía de sus dos hermanos: Patricio, que es presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); y Pablo, que fue abogado de Doris Solíz, cuando era ministra de Inclusión Económica Social.

Aunque exhibe el título de abogado penalista y aunque se sabe que alguna vez dio una conferencia sobre “delitos dolosos” en un seminario, lo cierto es que en ese gremio no se conoce ni un solo caso de relevancia en el que Baca Mancheno haya actuado como abogado. Tampoco se sabe de texto académico alguno escrito por él. Baca Mancheno representa la opción más extremista y estridente del correísmo para mantener la Fiscalía a su servicio, como ha ocurrido con Chiriboga en los últimos años. En el caso de ganar el proceso, este asesor de Correa, con escasa preparación académica y pocas luces, será el encargado, durante cinco años, de combatir la corrupción de la última década. Un trabajo para el cual, no solo que no está preparado sino para el que se necesita la más completa independencia política. Algo que él desconoce.

Galo Chiriboga debe renunciar

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Galo Chiriboga rompió el silencio. El Fiscal General de la Nación, cuya presunta participación en un acto de corrupción se volvió a destapar el domingo con la publicación de los Panama Papers, ofreció una rueda de prensa desde España (arriba en la foto de su cuenta de Twitter) y alegó inocencia. Chiriboga confirmó algunos de los supuestos contenidos en esos papeles, matizó otros y declaró encontrarse dispuesto a una investigación. Es una buena noticia. Pero para que esa investigación (que debería ser impulsada por la propia Fiscalía) se desarrolle de manera libre y transparente, hay un requisito indispensable: Galo Chiriboga debe renunciar.

Un fiscal no puede estar envuelto en dudas y sospechas. Y Galo Chiriboga lo está. Más aún: siempre lo estuvo. Los Panama Papers publicados el domingo desempolvan una vieja denuncia que el asambleísta Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio presentaron en 2011, como parte de la impugnación a su candidatura para Fiscal. Y las declaraciones emitidas por él hoy (martes 5 de abril) desde España (ver secuencia de tuits al final de esta nota), no absuelven las dudas que hay sobre él como investigador de oficio para este caso.

¿De qué se lo acusa? Básicamente, de haberse apropiado mediante engaños de una mansión: una casa en el sector de La Viña, uno de los más caros de Quito, con 2.500 metros de terreno, piscina cubierta, sauna, cancha iluminada de uso múltiple, jardines con accesos adoquinados, cerramiento de piedra… Por esa casa, dice la denuncia, Galo Chiriboga pagó 2.762 dólares. Luego la registró a nombre de una compañía offshore, Madrigal Finance Corp., que estableció en Panamá a través de Mossak Fonseca, la firma de los Panama Papers. Los detalles de la denuncia de Villavicencio y Jiménez, con su abundancia de documentos oficiales y todos sus detalles truculentos, se reconstruyen en un informe publicado el 4 de abril por el medio digital Focus Ecuador.

En su declaración hecha por videoconferencia desde España, Galo Chiriboga aseguró que está dispuesto a que sus bienes sean investigados y negó que hubiera habido acto ilegal alguno en la compra de la casa de la polémica, así como en la contratación de la firma Mossack Fonseca de Panamá para constituir su empresa offshore Madrigal.  “Si la Asamblea decide juicio político, el Fiscal comparecerá, pero no creo que esta infamia mine la respetabilidad de las funciones públicas”, dijo Chiriboga pero con esa declaración no libera de duda a su condición de investigador de oficio en este caso.

¿Puede un fiscal investigarse a sí mismo?

El escándalo de los Panama Papers ha creado una ola explosiva a escala mundial. El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tuvo que renunciar porque no fue capaz de aclarar los conflictos de interés que tiene con una empresa de la que es socia su esposa y que estaba involucrada en el colapso bancario de ese país a finales de los 90.

Galo Chiriboga no sólo se niega a renunciar sino que, prevalido del poder que le confiere su cargo, ha desempolvado un viejo proceso contra Fernando Villavicencio, autor de la denuncia, por un artículo (que nada tiene que ver con este caso) escrito en 2013 y publicado en otro medio digital, Plan V. Apenas horas después de que Focus Ecuador publicara su informe sobre la mansión del fiscal, Plan V recibió una notificación conminatoria para que entregue una copia electrónica del otro reportaje. ¿Se puede interpretar esto como una retaliación?

Si Galo Chiriboga fuera capaz de entender que su cargo no le pertenece sino que le ha sido encargado por la sociedad debería renunciar por decencia y responsabilidad política. Debería, al menos, pedir una licencia para que durante un tiempo pueda despejar las dudas que el escándalo de los Panama Papers han generado sobre su idoneidad para ocupar el cargo.

 

https://twitter.com/Galo_Chiriboga/status/717459216475295746

https://twitter.com/Galo_Chiriboga/status/717460204535808002

https://twitter.com/Galo_Chiriboga/status/717460633269243905

https://twitter.com/Galo_Chiriboga/status/717462079087722500

https://twitter.com/Galo_Chiriboga/status/717463002702807044

 

 

 

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