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Ginebra

Guillaume Long embajador en Ginebra: ¡qué macabro!

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El 13 de julio del 2016 el Ecuador se cubría de indignidad cuando, ese día, concluía el proceso de expulsión de 125 ciudadanos cubanos que fueron devueltos al país del que huían por motivos políticos y humanitarios. Un año más tarde, exactamente el 13 de julio del 2017, el recientemente posesionado gobierno de Lenín Moreno decidió premiar, nombrando como embajador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a quien fue el responsable diplomático de aquella inhumana e ilegal expulsión: Guillaume Long.

Que este nombramiento se haya formalizado cuando se cumple el primer aniversario de una de las peores violaciones colectivas de derechos humanos cometidas por el Estado ecuatoriano, parece una broma macabra. O de alguien que quiere burlarse de la imagen internacional del Ecuador. Ese nombramiento no es, en todo caso, un hecho cualquiera: la misión del Ecuador ante la ONU en Ginebra es la encargada de representar al país ante el sistema universal de derechos humanos. Es ahí donde están los organismos de la ONU que tratan los temas de defensa de los derechos ciudadanos; entre ellos el de la libre movilidad y el asilo político. Enviar a Long a Ginebra es algo así como enviar a Orlando Pérez a representar al Ecuador ante un organismo internacional de defensa de los derechos de las mujeres.

Se trata, sin duda, de un gesto impresentable del gobierno. Long se encargó de justificar y defender aquella infamia hace un año. “Hay que seguir desmontando todo este aparataje que de alguna manera es parte del bloqueo a Cuba”, dijo entonces adhiriéndose al discurso de uno de los gobiernos más represivos del mundo -Cuba-, y negando la posibilidad de que esas personas hubieran estado buscando asilo político. Para alguien con ideología mamerta, es imposible imaginar que esas personas pudieran aspirar a vivir en un lugar distinto a donde se impone la utopía comunista. Y si los hay, los tratan como son gusanos traidores . “El gobierno no puede estar participando de esta migración ilegal, a través de la trata de personas, o estar involucrado en  tráfico de personas proporcionando aviones”, sostuvo asimismo en un desborde de cinismo. Long mutó en trata de personas la desesperación de un grupo de cubanos que salieron de su país porque ahí ya no querían vivir. 

Long es responsable, como canciller que fue, de que se haya violado la obligación jurídica internacional que tiene el Ecuador de respetar el principio de non-refoulement, que indica que no pueden devolverse a refugiados al lugar donde sus vidas o libertades se encuentran amenazadas. También es responsable de no haber cumplido con los principios básicos del debido proceso y permitir a los a solicitantes de refugio que sus casos sean justa y debidamente considerados.

El proceso en contra de los cubanos debe ser uno de los mejores ejemplos de violación al debido proceso y Long legitimó internacionalmente aquello. Desde el 7 de julio del 2016, un día después de las detenciones, hubo una serie de audiencias de deportación en las cuales los detenidos tuvieron pocos minutos para presentar su defensa. Abogados defensores de los cubanos aseguraron, entonces, no haber podido hablar con sus defendidos con anterioridad a las audiencias e informaron que algunos cubanos arrestados habían presentado solicitudes de refugio, mientras otros ya tenían estatus migratorio legal o habían solicitado refugio durante la audiencia.

Long fue una figura clave en ese arreglo al que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa llegó con Raúl Castro. Pocos días antes había venido al Ecuador el canciller cubano para pedir que el Ecuador cierre sus puertas a los cubanos que utilizaban este país como parte de la ruta para llegar hasta los EEUU.

¿Como entender que un gobierno que quiere diferenciarse de su antecesor, precisamente en temas vergonzantes como el del manejo de los medios públicos o el de la tolerancia frente al disenso, premie a Long con una embajada que tiene, además, conexión con temas de derechos humanos? Lo más lógico, si la idea es darle una Embajada dentro del actual proceso de renegociación de lealtades en que está imbuido el correísmo, era enviarlo a Cuba de cuyo régimen ha sido tan entusiasta defensor y panegirista. Imposible olvidar el polémico mensaje que puso en su cuenta de Twitter cuando murió Fidel Castro: “El mundo llora a un gigante”.  También pudo haber sido nombrado como embajador en Venezuela, donde hay otro gobierno por el que Long siente profunda simpatía y adhesión.

Lenín Moreno parece que no ha entendido la dimensión que tienen las relaciones internacionales para la dignidad de un país. El vergonzoso apoyo al régimen represivo y dictatorial de Nicolás Maduro que mantuvo Rafael Correa sigue más o menos intacto. La canciller, María Fernanda Espinosa, repite los argumentos de los más recalcitrantes sectores del madurismo y dice que lo que más le preocupa a ella es la violencia de la oposición mientras el número de protestantes muertos supera los 90. A esa infamia se suma, ahora, el premio a Long.

La Contraloría hace un informe-tongo para exculpar a Moreno

en La Info por

La Contraloría de Carlos Pólit quiere absolver a Lenín Moreno. En un informe sobre el uso del un millón 600 mil dólares que el candidato a la Presidencia recibió de fondos públicos y utilizó durante su estadía en Ginebra, le entregó un certificado de buena conducta. Si había algo espinoso y maloliente para la candidatura de Moreno eran las dudas, los cuestionamientos, los silencios, las evasivas y las sombras que rodean a esos fondos. Pero en las 21 páginas del informe, firmado por la funcionaria Miriam Cañar, la Contraloría extendió a Moreno una suerte de salvoconducto  que podrá exhibir cada vez que se le pregunte sobre el tema.

Hay que reconocer que el certificado ha funcionado: los medios de comunicación han publicado ya un resumen que básicamente dice que Lenín Moreno no ha incurrido en ninguna irregularidad y que ha actuado de forma correcta. Pero si ese informe es leído detenidamente y no se reproducen sus conclusiones sin beneficio de inventario, el resultado puede ser otro: es un cúmulo de más dudas e interrogantes que arrojan más sombras sobre el tema. Tantas que resulta difícil no pensar que tras ese informe hubo un acuerdo político entre Carlos Pólit, que aspira a ser reelegido por cinco años más en la Contraloría, y el Ejecutivo de cuya voluntad depende que se concrete su aspiración. 

Leer aquí el PDF completo del informe de Contraloría

Estas son algunas de las sombras y dudas que deja el documento.

1.- Según la Contraloría Lenín Moreno se radicó en Ginebra porque hubo un “Letter of Appointment”, o carta de nombramiento, del secretario general de las Naciones Unidas, Ba Ki Moon, que “estableció como lugar de trabajo la ciudad de Ginebra, Suiza”.  La afirmación parecería ser una contundente respuesta a quienes se han preguntado las razones por las cuales Moreno se radicó en una de las ciudades más caras del mundo para ejercer un cargo honorario que no tiene ni oficina ni sueldo. Pero ¿dónde está la “Letter of Appointment” que cita la Contraloría para ver si en efecto dice eso?  En el documento de la Contraloría ese carta no aparece ni siquiera como anexo. Esto genera dudas porque no existe registro alguno de que los Enviados Especiales de las Naciones Unidas hayan recibido un nombramiento que establezca específicamente su lugar de trabajo. ¿Cómo es que la “Letter of Appointment” fija un lugar de trabajo sin proveer una oficina y un sueldo para ejercerlo?

Resulta difícil creer a la Contraloría porque, desde que se generaron los cuestionamientos a la sede del trabajo de Moreno, aquellos que defendieron esa versión, el presidente Correa entre ellos, jamás mencionaron la supuesta carta del Secretarío General. Cuando el propio Moreno justificó haberse radicado en esa ciudad dijo que lo hizo porque ahí están los organismos más importantes de derechos humanos. Nunca mencionó la carta del Secretario General. “Ginebra es una ciudad cara, posiblemente la más cara del mundo -dijo en octubre pasado- . ¿Que por qué la escogimos? Pues porque es la capital de los derechos humanos del mundo, ahí están las 40 organizaciones de derechos humanos. Si se quiere hacer un buen trabajo hay que ir al sitio donde se debe tratar con todos ellos, es por eso que el trabajo fue extraordinario”.  Según el canciller Guillaume Long, Lenín Moreno se estableció en Ginebra “porque es la capital de los derechos humanos, es donde operan las Naciones Unidas y además es donde opera el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Hay más de cuarenta agencias de las Naciones Unidas en Ginebra”.

Sin duda, la única forma de aclarar este punto es mostrar la “Letter of Appointment” del Secretario General. La Contraloría tiene la obligación legal y moral de hacerlo. Lo mismo Moreno.

2.- Las dudas sobre la “Letter of Appointment” no se limitan al tema de la supuesta asignación de la ciudad sede del trabajo. Según la Contraloría, en ese carta del secretario general de la ONU, se establece que los viajes que el Enviado Especial haga en misión serán pagados por ese organismo. “En los términos del nombramiento, entre otros, se estableció como lugar de trabajo la ciudad de Ginebra, Suiza; la remuneración se fijó en el valor de un dólar por año; y, el pago de viajes cuando el Enviado los realice en representación de la ONU, de acuerdo con las regulaciones y disposiciones internas de la Organización“, asegura la Contraloría que dice la carta del Secretario General. Sin embargo, y curiosamente en las cuentas hechas por la Contraloría, se dice que de un millón 600 mil dólares que recibió Moreno, 200 mil se destinaron a viajes. En el cuadro que se incluye en el informe se sostiene que para el rubro movilizaciones se destinaron 320 mil dólares, de los cuales 120 mil fueron para gastos “generales” y 200 mil para “movilizaciones”. ¿Acaso la ONU no pagaba los viajes?  Eso no es todo, la señora Cañar no menciona absolutamente nada sobre qué viajes hizo Moreno ni qué justificativos presentó. 320 mil dólares no son pelo de cochino.

Hacer clic aquí para ver el PDF del cuadro de El Universo

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Cuadro tomado de diario El Universo

3.-  No hay información detallada de gastos.   Apenas hay datos generales por rubros pero no hay ningún detalle sobre el manejo de las cuentas. Para justificar esta opacidad la autora del informe cita el testimonio de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice: “… si bien el Enviado Especial no está sujeto a una declaración de los fondos asignados, por tratarse de un aporte voluntario no reembolsable del Estado Ecuatoriano, podrá presentar anualmente, y al final de su gestión, un informe de gastos y/o un informe de la empresa de auditoría contratada para tal efecto. Para tal fin, se mantendrán en archivo todos los documentos de respaldo originales resultantes de la gestión de la Oficina del Enviado Especial…”. A renglón seguido sostiene, además, que el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas manifiesta lo siguiente: “… los documentos que se generen en las Oficinas de los Enviados Especiales de su Secretaría General, será de propiedad exclusiva de la Organización”. Es decir, el organismo de control sugiere que los documentos generados por Moreno son propiedad del Secretario General y que no hay cómo mostrarlos.  ¿Los dueños de los fondos no tienen derecho a ver cómo se gastaron?

4.- ¿Cuál artículo 100? Como se ha visto, el informe de Contraloría dice que el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidades establece que “…los documentos que se generen en las Oficinas de los Enviados Especiales de su Secretaría General, será de propiedad exclusiva de la Organización…”. Sin embargo, si se examina la Carta de las Naciones Unidas resulta que el artículo 100 habla sobre la independencia que el Secretario deberá tener en relación a cualquier gobierno del mundo. O la Contraloría miente o tiene una Carta de las Naciones Unidades que solo ellos conocen.

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6.- La Contraloría no hace ningún análisis legal sobre la maniobra jurídica del presidente Correa. Él dictó un decreto para que se diga que el Estado puede transferir fondos públicos a una persona que no es funcionario del Estado sino a “representantes, delegados, comisionado o enviado especiales”. Sorprende que la Contraloría no haya tenido ni un asomo de curiosidad pues esa reforma se realizó, oh coincidencia, dos días antes de que Moreno haga la solicitud para el desembolso. La Contraloría da por sentado que por llevar el membrete oficial de Decreto, la reforma firmada por Correa es un instrumento  legal y constitucional. No le pareció extraño que un decreto contradiga la Ley de Servicio Civil así ese decreto sea firmado por la Santísima Trinidad.  La Ley de Servicio Civil establece que quien trabaja para el Estado debe tener nombramiento. De lo contrario, esa entrega de dinero entra en la categoría de peculado.

Esta tramoya jurídica fue diseñada para legalizar el caso personal de Moreno. La secuencia cronológica detallada en el informe es curiosa: la reforma se hizo el 21 de mayo, el 23 Moreno hace el pedido de la transferencia, el 5 de junio el Consejo Sectorial lo aprueba y el 6 de junio se hace la transferencia. ¿Esta celeridad existe para pagos o desembolsos que se hacen regularmente en la administración pública? Es evidente que la reforma legal es ad hoc, concebida y llevada a la práctica pensando en una persona: Lenín Moreno. 

Leer aquí El decreto que mantiene a Moreno en Ginebra huele maluco

7.-  ¿Qué proyectos hizo Lenín Moreno para Ba Ki Moon que, según la Contraloría, costaron 500 mil dólares. ¿Dónde están los informes? ¿De qué tratan? ¿Qué dicen? Quizá la respuesta está en el dudoso supuesto de que todos los documentos que se generan en la oficina del Enviado Especial pertenecen al Secretario General de la ONU. Pero ese argumento choca con el hecho de que debe haber rendición de cuentas sobre los gastos de dineros públicos.

8.- Si se observa el cuadro de los gastos aparecen otros datos que llaman la atención. Por ejemplo lo que se gastó en vivienda y oficina. Ahí se ve que en residencia se gastaban 15 mil dólares al mes y en oficina 10 mil. Si se cree en el video que sacó el propio Moreno y en el que dice que vive y trabaja en el mismo departamento entonces resulta que el alquiler valía 25 mil al mes. En ese video el ahora candidato presidencial pone énfasis en el hecho de que vive y trabaja en el mismo lugar sugiriendo que lo hace por austeridad.  Se trata, si el dato que aparece en el cuadro es verídico, de un arriendo groseramente alto. ¿No es acaso el candidato de la revolución ciudadana que se jacta de estar con los pobres?

El informe de Contraloría pretende limpiar el expediente de Moreno en su carrera para alcanzar la Presidencia. Pretende librarlo de la cruz que podría significar para él responder por esos fondos en caso de que los electores lo elijan. Pero, como se ve, este informe no resuelve nada y mas bien puede convertirse en una arma contra este gobierno y su candidato.

El decreto que mantiene a Moreno en Ginebra huele maluco

en La Info por

Así como la piedra Rosetta descifrada por Champollion en 1822 permitió desentrañar los secretos egipcios, asimismo existe un decreto firmado por Rafael Correa que podría revelar muchos de los misterios que han rodeado la construcción de la candidatura presidencial de Lenin Moreno.

Se trata del Decreto 340 del 21 de mayo del 2014 que Mil Hojas publicó como parte de una excelente investigación que permitió conocer que el Estado invierte un millón seiscientos mil dólares anuales en la estadía de Moreno en Ginebra, Suiza.

El decreto es una reforma a otro decreto y dice que es posible hacer entregas no reembolsables, eufemismo para no decir regalo o donación, a personas que no son funcionarios del Estado: “Los consejos sectoriales de la Política podrán autorizar transferencias o asignaciones no reembolsables a representantes, delegados, comisionado o enviado especiales, con la finalidad de impulsar ante organismos internacionales en temas prioritarios para el Estado ecuatoriano“.

Independientemente de los problemas jurídicos y éticos que pueda tener, el Decreto 340 suscita muchos interrogantes.  Para comenzar, ¿cómo entender que el tema del pago de la estadía de Moreno se haya convertido en tema tabú para los funcionarios del Gobierno si había un decreto que lo respaldaba? La cantidad de piruetas que hicieron para eludir o para no explicar claramente la forma en que Moreno financiaba su estadía hace pensar que no conocían el decreto o no estaban muy convencidos de su legitimidad y legalidad.

El caso de María Fernanda Espinosa, ex canciller, ex ministra de Defensa y actual representante del Ecuador en Ginebra, es paradigmático.  Cuando diario El Comercio le preguntó sobre el tema, Espinosa se dio las vueltas y finalmente dijo, enredándose, que “el enviado especial, Lenin Moreno, tomó la decisión de no acogerse a los parámetros administrativos financieros de la ONU, aunque es un funcionario del sistema; pero sí se acoge a los de Ecuador, a todo el manejo financiero administrativo de la Cancillería”.  Luego agregó algo que, a la luz del Decreto 340, se desnuda como poco verosímil: “Por lo tanto se acoge a los estándares salariales de una misión diplomática”. ¿Si había el decreto 340 por qué Espinosa no hizo lo más sencillo: decir que Moreno es pagado en virtud del Decreto?

El caso del canciller Guillaume Long es más extremo. A los pocos días de posesionarse dijo a La Hora que a Moreno no le pagaba el Estado. “Es de las Naciones Unidas, no le corresponde al gobierno ecuatoriano.  El presupuesto corresponde a las Naciones Unidas”. Cuando el representante de la ONU en Ecuador, Diego Zorilla reveló, asimismo en declaraciones a La Hora, que Moreno no recibía ni un centavo de ese organismo, a Long no le quedó más que decir que, en efecto, la estadía de Moreno corría por cuenta del Estado. Sin embargo, Long no quiso decir el monto que recibía Moreno y apenas sugirió que representaba el 10% de lo que Ecuador aporta a la ONU. Si el Canciller estaba seguro de la legitimidad del pago a Moreno, basada en el Decreto, no hubiera dado tantas vueltas.

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El Decreto no solo desnuda la serie de contradicciones y vacilaciones oficiales respecto al pago de la estadía de Moreno. También plantea serias interrogantes sobre su legitimidad jurídica, pues el simple hecho de tener el membrete de decreto no lo hace necesariamente legal. El texto establece una fórmula para entregar dinero a discreción a favor de personas que no son funcionarios del Estado y por más que el texto tenga el título de decreto, la figura hace pensar en el delito de peculado. Este consiste en entregar dinero del Estado en forma ilegal por parte de  funcionarios públicos. Según la Ley de Servicio Civil quien trabaja para el Estado debe tener nombramiento y Moreno no lo tiene. Es claro que el Decreto habla de regalar plata a personas privadas, con el pretexto de que representan al Ecuador.  ¿Se puede legalmente entregar esos dineros a personas que no son funcionarios?   Resulta evidente, además, que el objetivo último de este texto es poder pagar la cantidad que el Ejecutivo disponga sin las limitaciones salariales que establece la Ley de Servicio Civil. Con el agravante de que esta vez fue Moreno, al parecer, quien determinó el monto como se lee en la carta que dirigió a Ricardo Patiño, canciller en ese entonces.

El Decreto 340 se parece a la piedra Rosetta porque puede dar claves para descifrar este caso. Pero resultó, sin duda, mucho más misterioso que el tesoro egipcio.

¿Cuánto sabes del buen vivir de Lenin Moreno en Ginebra?

en Caricaturas/El Humor por

A propósito del video que hizo Lenin Moreno para mostrar que vive muy modestamente en Ginebra. Un tiro que le salió por la culata y que inspira a Chamorro a lanzar este test psicológico.

 

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Lo que faltaba: Lenin Moreno exhibe su excusado

en La Info por

Un migrante, una vulcanizadora, una sastrería… El nuevo video de Lenin Moreno explota la iconografía más tópica de la populachería criolla. Sólo falta el póster de Carla Sala posando sobre la Datsun 1.200 y la hueca donde le juguetean el arroz a Jorge Glas al filo de la medianoche.

Lo del exvicepresidente alcanza ya cotas de ridiculez bien elevadas. Primero fue el estrepitoso fracaso de su estrategia en redes sociales: una media docena de cuentas en el Twitter que parecían, con el respeto debido, catálogos de exhibición de prótesis y sillas de ruedas; cuentas que lleva 15 días sin mover, luego de que el diario correísta El Telégrafo se arrepintió de promocionarlas. Y ahora esto: un recorrido por su departamento en el centro de Ginebra para mostrarnos sus estrecheces. ¡Me muero, pobrecito, ha sabido vivir al lado de la vulcanizadora, en los altos del maestro sastre!

Pero la supuesta vulcanizadora no es lo que en el Ecuador llamamos con ese nombre (en Ginebra mucho menos) sino una distribuidora de Pirelli a todo trapo. La sastrería es Alferano, un exclusivísimo negocio donde un traje hecho a mano no baja de 800 dólares. Y el centro de Ginebra, definitivamente, no es la Villa Flora. Allí, un departamento de 200 metros cuadrados con vista al lago Lemán (Rue de Gautier y Quai de Wilson esquina) es un lujo que menos del 1% de ecuatorianos se podría costear. Y ver a Lenin Moreno recorriéndolo habitación por habitación, mostrándonos los amplios dormitorios, la sala, la cocina, el comedor, todo esto con el único propósito de convencernos de que vive humildemente, es una experiencia que da grima y náusea. Si eso es para él un departamento humilde, ¡cómo será el que tiene en Quito!

Vecinos pelucones tiene el exvicepresidente. Lo revela el propio video. Hiroshi Tane ocupa el piso de abajo. Él es presidente de Paris Miki Holdings, una corporación dedicada al comercio de gafas de diseño cuya dirección en Ginebra es esa misma. Parece que el señor Tane vive, en realidad, en Tokio, pero en sus viajes de negocios comparte edificio con Lenin Moreno, ahí junto a la vulcanizadora, en los altos del maestro sastre. ¿Cuánto pagan de alquiler? Este dato se desconoce pero pocos metros más allá, en el edificio que sigue a la tal vulcanizadora, un departamento de 95 metros cuadrados (menos de la mitad del que ocupa el exvicepresidente) y sin otra vista al lago que la que ofrece el balcón que se proyecta sobre la Rue Gautier cuesta 3.160 francos suizos mensuales (3.288 dólares al cambio de hoy). Es decir que Lenin Moreno, por chiquito que sea su ascensor, no puede pagar menos de 7 mil.

Que Lenin Moreno pague es un decir. Lenin Moreno no paga nada. Los ecuatorianos pagan su departamento frente al lago de Ginebra, como ya quedó bastante claro. Los ecuatorianos pagan su sueldo, su carro de lujo, sus caprichos. Y ese es precisamente el punto. Bien podría vivir en el equivalente a la Villa Flora ginebrina (en el improbable caso de que tal cosa exista), en una mediagua entre la vulcanizadora Mucho Lote y la picantería Mi Cuycito, cosa que no dejaría de celebrar y mostrarnos en video. No le hace. El problema no es dónde y cómo vive. El problema es que vive a nuestras costillas. Eso es lo que se le reclama. Y se le pide que al menos tenga la delicadeza y la decencia de contarle al país cuánto nos cuesta semejante gracia.

“Se ha dicho que vivo en un palacio –despacha el descarado al final del video–. Ya ustedes lo pueden ver. Pero siempre, donde uno vive con su familia, es su palacio”. ¿Será por eso que mandaron a su hija para allá, costeada también con dinero público, para completar el cuadro de su palacio familiar? No, señor exvicepresidente, nadie ha dicho que usted viva en un palacio. Se ha dicho –y es verdad– que vive usted cobrando un sueldo del Estado que no le corresponde, porque no es funcionario público. Se ha demostrado que recibió usted dos pagos de 533.333,33 dólares, cifra múltiplo de tres que sugiere que el total de lo que usted y su misión nos cuestan es de 1’600.000 al año. ¿Es así?

Lo del video es una vergüenza. Lenin Moreno llega al extremo mal gusto de mostrarnos hasta su excusado: para que se vean las adaptaciones hechas en función de su discapacidad. Una forma de exhibir su vulnerabilidad física para sacar provecho de ella tanto como de su supuesta humildad, de su figurada pobreza. Quiere provocar lástima el exvicepresidente. En los ciudadanos de espíritu crítico y pensamiento libre lo único que puede provocar es asco. No, señor Moreno, nadie le pide que muestre su departamento. Se le pide que asuma la responsabilidad pública de transparentar el uso indebido que está haciendo del dinero de los ecuatorianos. Esa transparencia no se sustituye con discursos plañideros de un populismo insufrible y una miseria moral ofensiva. No nos muestre su baño, señor Moreno, hable. Cuéntenos: ¿cuánto nos cuesta?

La foto es de Google Earth. En el edificio de la esquina, frente al lago Lemán, en una de las zonas más exclusivas de una de las ciudades más caras del mundo, vive Lenin Moreno.

El Estado transgresor y parroquiano salió trasquilado

en Columnistas/Las Ideas por

Nuestro amigo querido, Diego Cordovés, solía sentenciar que una decisión internacional vale lo que vale su sistema de seguimiento. La mirada internacional se fijó sobre los derechos humanos en Ecuador. Y emitió criterios. Inicialmente, el Estado ecuatoriano debía responder a una lista de cuestiones previas presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2014), cuyas respuestas debían ser parte del Informe sobre Ecuador que debía presentar el Estado (2106). A ella se adhirieron seis informes elaborados por la sociedad civil, con distinta especialidad y grado de adhersiones institucionales, que fueron presentados el 27 de mayo de 2016. El Comité de Derechos Humanos se reunió y escuchó en Ginebra por separado a la sociedad civil y al Estado (27 y 28 de junio de 2016). Conocía los informes preparados por la sociedad civil y conoció el Informe del Estado, primero verbal y luego escrito. Terminó sus investigaciones, estudió los alcances presentados por el Estado ecuatoriano y elaboró un conjunto de recomendaciones que hizo conocer el 14 de julio.

Ahora le corresponde a la nación darles seguimiento. Nuestro Estado dejó de ser meramente un Estado parte de una instancia de Naciones Unidas y se convirtió en un proto-Estado transgresor. Quiso dar cátedra y convertirse en adalid de los derechos económicos sociales, a los que deberían subordinarse las libertades y los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. Pero salió trasquilado.

El pastor, patriarca y dueño del redil salió trasquilado por el poco profesionalismo con que abordó el diálogo internacional. La gula descontrolada con unas pocas migajas de poder local, les llevó a proponerse como los creadores de nuevas formas democráticas mundiales. Pero, fundamentalmente, los embarró la forma amateur para asumir un diálogo serio, con distintos, que no son los enemigos del barrio. Alguna vez, un par de décadas atrás, criticaba a un amigo socialcristiano, que llevaba a un escenario internacional, las peleas de su partido con la izquierda democrática. ¡Como si le importaran a los interlocutores internacionales o si fuera esa la agenda internacional! Para reconocerlo, hay que ser sensato y profesional.

Pero se dedicó a deslegitimar a las alegaciones de la sociedad civil. A la contundencia de sus datos y casos como de su análisis de las tendencias del modelo autoritario. Para ello el régimen apeló a la banalidad. La extrajo de la pelea en la parroquia. Dijo, la sociedad civil ecuatoriana no es la sociedad civil. Son los sufridores. Perdedores de las elecciones. Los mismos de siempre. Y, sin la menor sensibilidad, lo espetó al Comité. Que aspiraba a escuchar argumentos. También sustituyó los debates con una montaña de papeles. Esperando que los expertos se ahoguen en ellos. Pero solo consiguió lo que a continuación transcribo como sentido del Informe. Por respeto a los lectores y a los expertos, esperando respetar el sentido de su opinión.

El informe, que ya no es la opinión unilateral del Estado ni de la sociedad civil, plantea grandes temas, dentro de su orden y de su protocolo: observaciones sobre las libertades de expresión, de reunión y de asociación; sobre la justicia; y, sobre las mujeres, los indígenas y los niños. Con sutileza y lenguaje apropiado, abordan temas cruciales de la gestión política del régimen y de la conformación de un modelo institucional que estimula a la debilidad de la democracia ecuatoriana. Los expertos investigaron en múltiples fuentes, lo que les permitió obtener sus propias afirmaciones concluyentes. ¿Qué plantearon para mejorar la convivencia ciudadana?

Afirmaron que en Ecuador están vigentes disposiciones que desalientan la expresión y publicación de posiciones críticas sobre asuntos de interés público. Y desarrollaron su aserto desde tres áreas. Primero, de cómo la Ley de Comunicación tiene disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de derechos con disposiciones ambiguas o desproporcionadas (la obligación de cubrir y difundir los hechos de interés público o las prohibiciones que se encubren tras el linchamiento mediático). Nótese que los expertos no solo que no refieren a la Ley desde sus pretextos –ser la garantía de una comunicación históricamente excluyente- sino que la convierten en instrumento para la conculcación de derechos democráticos. Segundo, de cómo periodistas y usuarios de redes sociales habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno en medios públicos. Contundente. La referencia implícita es a las sabatinas y a su oficial público. Sin comentarios. Y tercero, de cómo se utiliza al sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas. Esto que hemos llamado la judicialización de la política.

Recogieron, los expertos, luego de acudir a sus propias fuentes, lo que es una denuncia frecuente: el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones. Acá, nos quisieron convencer de que la violencia es de la sociedad contra el Estado, nido del amor y la calidez. Pero afuera comen menos cuento porque no llega el Estado de propaganda. Así, como también han tratado de convertir a mujeres indígenas altivas o estudiantes jóvenes radicalizados en saboteadores y terroristas. El Comité afirma que en Ecuador se usan figuras penales amplias, antiguas y ambiguas contra actores sociales tanto como que faltan garantías para ejercer el derecho a la reunión pacífica. Y como que el régimen lo hizo a propósito, para marcar que se trata de una retaliación, hoy opera un intento por disolver a la UNE. El marco, el Informe refirió a que existen disposiciones inadecuadas que permiten disolver organizaciones sociales.

La imposible independencia judicial fue abordada como un tema central de la democracia y sus derechos civiles. El Consejo de la Judicatura fue interpelado por el uso de un sistema de disciplina (básicamente de destitución de jueces) a través de la figura del “error inexcusable”. Pero también refirieron a los procesos judiciales contra jueces en relación con el ejercicio de sus funciones. También exigen información de qué se hace para agilizar las investigaciones surgidas de la Comisión de la Verdad.

Los derechos de los pueblos indígenas son abordados desde la ausencia de una efectiva celebración de consultas para obtener el consentimiento libre, previo e informado. Se demanda la expedición de la respectiva Ley Orgánica de Consulta. Y, finalmente, se insta a proteger la vida y el sustento de los pueblos indígenas en aislamiento, en clara referencia a las actividades extractivas de la amazonía. Desde otro ángulo, más institucional, se observa tanto la poca claridad en la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria como el evidente retraso en la creación del Consejos de pueblos y nacionalidades (también se hace una referencia al Consejo de movilidad humana).

El tratamiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres empieza con reconocimiento de los logros de largo plazo de Ecuador como son la baja del desempleo femenino y de la brecha salarial. Aunque, a continuación, insisten en la vigencia en muchos estereotipos de género. Las recomendaciones también inciden en la violencia de género, en especial en la persistencia de actos de discriminación, la ausencia de penas apropiadas, reparación integral a las víctimas y capacidades de los operadores de justicia. El Informe pone énfasis en la vigencia del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género y en la incapacidad para erradicar internamiento de personas LGBTI.

Todos conocemos las dificultades del régimen para tratar el tema del aborto. El Informe propone revisar el Código Orgánico Integral Penal en los temas de incesto o violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en el caso de discapacidad fatal del feto. Concluye que de esas acciones como de adecuados servicios adecuados de salud sexual y reproductiva se podrá evitar que las mujeres recurran a abortos inseguros. Se plantean dos temas urticantes aunque de modo elusivo. De un lado, la limitada representación de las mujeres en las elecciones unipersonales a nivel local, que trae el tema del inadecuado sistema electoral ecuatoriano. Y, de otro lado, la prevención y sanción a los abusos y la violencia sexual en los centros educativos. Más claro, el agua. A buen entendedor, no hay que hacer referencias a casos concretos de violación de profesores/rectores a niñas hijas de empleadas.

Los niños fueron referidos desde la crítica por el importante número de trabajadores.

Para unos temas, la Ley de Comunicación, la Comisión de la Verdad y la situación penitenciaria, el Informe invoca a un plazo de un año para que el Estado entregue información. Nosotros, los ecuatorianos materia afectada por la transgresión, demandamos hechos. Construiremos hechos. Empezando por nuestro derecho a convivir en libertad.

Luis Verdesoto es académico.

Camarada Long, canciller de a perro

en La Info por

Lo del Estado ecuatoriano en Ginebra fue una vergüenza: un canciller de pocas luces que se permitió pontificar y dar lecciones ante un organismo de alto nivel del que tendría mucho que aprender; un equipo interministerial y multidisciplinario, incluyente y transversalizado en todos los aspectos como cabe esperar de la revolución ciudadana, que llegó para leer informes que podrían ser enviados por correo electrónico; un discurso que osciló entre los desvaríos teóricos y la jerigonza tecnocrática… El examen del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso las limitadas capacidades de los funcionarios correístas a competir con sus altísimas pretensiones. El resultado fue desalentador.

Una delegación de alto nivel

Como en cualquier examen, se trataba de contestar preguntas. Guillaume Long no sabe hacerlo, así que delegó esta responsabilidad a terceros. Las jóvenes funcionarias que llevó consigo en ostensible saludo a la bandera de la igualdad de género cumplieron la tarea de forma predecible: leyendo documentos. Páginas y páginas directamente extraídas de los informes de labores de los ministerios respectivos. Como si el examen ante el Comité fuera un acto de rendición de cuentas en el teatro de la Casa de la Cultura. Sólo faltaron los arreglos florales, el olor de las empanaditas y el tintineo de las copas.

Los comisionados barajaron casos, documentaron hechos comprobados, pusieron sobre la mesa preocupantes alegaciones sobre violaciones a derechos humanos con nombres y apellidos. Y las chicas de Guillaume Long despacharon textos de convenios interinstitucionales, declaraciones de políticas intersectoriales, citas de reglamentos y leyes orgánicas que en su febril imaginación servían para desmentir esos casos y esos hechos. ¿Influencia indebida del Ejecutivo sobre los jueces? No hay tal: la Constitución establece la independencia de funciones. ¿Requisas corporales en las cárceles? No puede ser: la ley las prohíbe terminantemente. ¿Abusos policiales en las manifestaciones? Imposible: los gendarmes han sido capacitados en derechos humanos.

¿Acaso tienen prohibido pensar los funcionarios correístas? Un comisionado preguntó si el defensor del pueblo hace visitas de inspección a las cárceles y si esas visitas son –esto es muy importante– anunciadas o sorpresivas. La viceministra de Justicia dijo que sí, que las hace; y que son anunciadas. No es que el defensor del pueblo necesite permiso o quiera prevenir a los administradores de las cárceles, qué va. Es un tema de coordinación. Con un candor y una simplicidad que pusieron en duda su idoneidad para el cargo (y, desde luego, para representar al país ante este foro) se dio vueltas y más vueltas la viceministra para explicar, en su tonillo frágil y núbil de colegial pescada en falta, la importancia de coordinar las visitas. Esto es lo que Long llama “una delegación de alto nivel”.

Un canciller de alto vuelo

No sería el canciller quien recogiera las preguntas que su equipo iba dejando sin contestar, él está por encima de esas contingencias. Viajó a Ginebra para explicar, nada menos, cómo se cambia la historia. Cómo se reformula el contrato social. En qué consiste la sociedad civil bajo el nuevo orden resultante. Qué puesto ocupan ahí los derechos humanos. Los comisionados, gente atrasada con ideas del siglo XX, no entienden las diferencias entre interculturalidad y multiculturalismo, ¡tan básicas! Desconocen el casi divino arte de transversalizar enfoques. Pierden de vista la visión holística integral de los derechos humanos. Son unos pobres pájaros.

“No estoy pidiendo relativismo en el tema de los derechos humanos, ya sé que son universales”, dejó caer Long, como un señuelo. “Pero hay que ubicarlos en un contexto histórico”. O sea: ya sé que los derechos humanos no son relativos pero relativicémoslos. O también: “Es fundamental tomar en cuenta que los derechos humanos se garantizan desde el Estado cuando existe un contrato social más consolidado, cuando existe una institucionalidad más robusta, y eso se consigue cuando se permite a los Estados construir el contrato social”. Los derechos humanos, pues, sólo podrán ser garantizados cuando el Estado haya derrotado a los poderes fácticos. El canciller no sólo los relativiza: se concede permiso para violarlos mientras cambia la historia.

Para defender esta sandez despreciable y peligrosa Guillaume Long ha elaborado una retórica de supuesta base científica y filosófica, tan simplona y esquemática como la Economía Política de Nikitin que constituye una de sus fuentes de pensamiento. De las teorías poscoloniales Long apenas si conserva las jergas y trata de suplir con ellas su proverbial falta de ideas. Habla de transversalidad y de interculturalidades, de institucionalidades robustas, sociedades vibrantes, realidades holísticas… Y no llega a decir básicamente nada medianamente inteligible.

En el Comité hasta se le burlaron: ayer, le dijo más o menos el comisionado Manuel Rodríguez Rescia, mientras escuchábamos su disertación y aprendíamos con toda humildad la diferencia entre interculturalidad y multiculturalismo que tuvo a bien explicarnos, se me ocurrió una pregunta bastante más terrenal, perdonará la simpleza: ¿es cierto que el gobierno ecuatoriano ha ido achicando el mapa de los territorios tagaeri y taromenani en función de sus proyectos de desarrollo? ¿Nos podría mostrar el mapa actual? Los desvaríos seudoteóricos de Long siempre son irreductibles ante los hechos, son paja, son aire, son nada.

…Pero la realidad existe

Por fortuna para el mundo, más allá de las fronteras nacionales la realidad existe. Y cuando la tropa de “alto nivel” que mandó la Cancillería desembarca en ella, sus integrantes e integrantas se encuentran con que hay ciertas cosas normales para ellos que en el mundo real resultan extrañísimas o son francamente intolerables. Otra cosa es que probablemente no se den ni cuenta.

En el mundo real es normal llamar presos a los PPL’s y negros a los afrodescendientes. No es normal, en cambio, actuar como si la oposición política del gobierno fuera el enemigo de la sociedad: en realidad es parte de ella. Cuando Guillaume Long advirtió al Comité sobre las organizaciones sociales que fueron a Ginebra y dijo que eran opositores haciéndose pasar por sociedad civil, es claro que los comisionados supieron a qué atenerse: estaban ante un fascista de mentalidad retorcida y peligrosa.

En el mundo real es intolerable que se utilicen leguleyadas para justificar atropellos flagrantes a ciudadanos indefensos. Una cosa es que sabandijas como Alexis Mera se especialicen en hallar “la figura legal” para cualquier cosa. Otra muy distinta es llevar esa majadería al seno de las Naciones Unidas. Tener la jeta para decir, por ejemplo, que Manuela Picq no fue deportada: nomás le retiramos el pasaporte; la que decidió irse fue ella.

En el mundo real resulta intolerable que un gobierno utilice las habitaciones de un hotel para detener de facto a los extranjeros en espera de deportación. O que promueva unas organizaciones sociales contra otras: que destine personal y recursos públicos para  crear una CUT con el fin de neutralizar al FUT. Que el presidente de la República espolee a la gente para hacer cargamontón sobre un ciudadano. Que los medios de comunicación sean sancionados por no difundir informaciones que el gobierno considera de interés público. Que sean obligados a publicar otras que lo favorecen. A los comisionados todo eso les preocupa mucho y quieren saber si es cierto. “Díganos que no es así”, rogó Rodríguez Rescia.

Pero no: así mismo es. Independientemente de las figuras que las sabandijas del derecho encuentren para justificarlas, esas cosas ocurren en el Ecuador y Guillaume Long lo sabe con la misma claridad con que sin duda resonaron en su cabeza las palabras “Hotel Carrión” cuando se mencionó el asunto de los cuartos de hotel. Lo sabe. ¿Le parece normal? ¿Le parece decente? ¿Le parece correcto?

Le parece inevitable. Le parece, también, necesario. Se conduce con la arrogante certeza de que la historia se dirige en una dirección que sólo él y los suyos conocen y anticipan. Y eso les otorga ciertas licencias. ¿Se acuerdan del Che Guevara en la sede de las Naciones Unidas en 1964? “Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando”. Pues eso.

La propaganda correísta dirá –ya lo está diciendo– que la misión a Ginebra fue exitosísima y que hasta felicitaron al gobierno por sus logros. Es obvio: los diplomáticos siempre hacen eso. Empiezan por lo positivo: felicitamos a Ecuador porque sus jueces están privilegiando las medidas alternativas y aplicando la pena de prisión como último recurso. Pero ése es apenas el preámbulo, luego vienen los presos sin sentencia, la corrupción en las cárceles, las requisiciones corporales infamantes, el Hotel Carrión… De esas cosas no tuitean los funcionarios del gobierno.

La verdad es que el correísmo se desnudó en Ginebra. Se mostró como lo que es: una suerte de neofascismo conducido por ideólogos de cerebro cuadriculado y administrado por tecnócratas de pensamiento cero; un régimen que ha puesto los derechos humanos en suspenso. A Guillaume Long le habría gustado triunfar ante el Comité por su solvencia teórica y su discurso rupturista y de avanzada. No pasó de ser el extraviado presidente de una delegación mediocre, el cabezón mamerto reliquia de la guerra fría, el pequeño Kim Il Sung zopenco, el hombre sin atributos cuyo desvarío sobre refundar el contrato social es una rareza deleznable. Guillaume Long es sin duda el canciller más de a perro de la historia ecuatoriana.

Foto: El canciller y la delegación que presidió en los pasillos del Palacio Wilson de Ginebra, sede del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Debate en Ginebra: Ecuador en pelotas

en La Info por

El canciller Guillaume Long llegó a Ginebra –lo dijo en una declaración que transmitió por Twitter– con la intención de “desnudar algunos de los mitos circulados por la oposición política”. Uno de esos supuestos mitos era el relacionado con la libertad de expresión. Lo denunció el lunes, en su primera comparecencia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Los medios de comunicación –dijo– también pueden violar los derechos humanos”. Y añadió: “Creo que ha llegado la hora de que encaremos este debate, que se ha vuelto global, con seriedad y con madurez”.

El debate, efectivamente, se produjo –o pudo producirse– al día siguiente. El comisionado de las Naciones Unidas Víctor Manuel Rodríguez Rescia recogió la invitación de Long y planteó, documentada y extensamente, una serie de preguntas al Estado ecuatoriano. Pero el canciller, “con seriedad y con madurez”, delegó a la asambleísta Gina Godoy, integrante de la delegación, para que respondiera a nombre del Estado, cosa que no hizo ni mucho menos. Sólo al final de la jornada Long tomó la palabra para referirse brevemente al tema. Pero las preguntas de Rodríguez Rescia quedaron, todas, sin respuesta.

4pelagatos transcribe a continuación las tres intervenciones del martes 28 de junio. Creemos que es un documento valioso y revelador por varias razones. En primer lugar, las preguntas de Rodríguez Rescia son un compendio bastante detallado de aquellos aspectos de la Ley de Comunicación que entran en conflicto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el Estado se comprometió a respetar. Esta intervención nos enseña cómo este problema está siendo leído internacionalmente a la luz de los derechos humanos. En segundo lugar, la respuesta de Godoy  (que debió causar más de un problema a los traductores simultáneos pero que reproducimos textualmente) resulta bastante ilustrativa sobre la manera como el Estado ecuatoriano asume sus compromisos en materia de derechos humanos, por lo menos en el caso específico de la libertad de expresión. Finalmente, la declaración de Long no es sino una muestra más de la infinita capacidad de negación que caracteriza al correísmo.

El examen del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue transmitido vía streaming por la Red Internacional de Derechos Humanos. Los videos pueden verse en su cuenta de Facebook.

rodriguez rescia

Las preguntas de Víctor Manuel Rodríguez Rescia

«El representante jefe de esta delegación dijo que (en el Ecuador) la libertad de expresión era absoluta. Este Comité tiene información para contrastar esos datos. He leído, por ejemplo, los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No voy a repetir aquí la cantidad de hechos o de situaciones que esa relatoría especial ha relatado. Pero evidencia que el tema no es pacífico. Es decir: hay un tema en discusión, un debate muy fuerte sobre la libertad de expresión que yo creo que es el gran tema en la cuestión de los derechos humanos. A nosotros nos corresponde hacer ese análisis bajo los estándares del artículo 19 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos.

»El Estado hace todo lo que tiene que hacer para permitir la libertad de expresión. Y la puede restringir, claro que sí. Pero no a través de una censura previa, sino a raíz de actuaciones ulteriores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Garantizar que los límites a la libertad de expresión no afecten otros derechos: la reputación de los demás, la protección de la seguridad, el orden público, la salud, la moral pública. Ése es el estándar que nosotros utilizamos.

»Me voy a enfocar primero en el marco normativo. Tenemos que analizar si el marco normativo está de acuerdo con el artículo 19. Concretamente la Ley Orgánica de Comunicación. Existen reclamos, quejas, intranquilidad de organizaciones de la sociedad civil, de personas, sobre la aplicación de dicha ley, que podría eventualmente restringir la libertad de expresión. Eso ya está documentado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH.

»Esa ley consagra algunas obligaciones que pueden ser ambiguas, abiertas, tipos penales abiertos, sanciones desproporcionadas que podrían afectar y sobre todo autocensurar. Me gustaría que nos enfocáramos no sólo en la censura sino en la generación de la censura, el temor de decir lo que se piensa por miedo a la aplicación de una normativa rígida. Lo peor que le puede pasar a un país es la autocensura, el miedo a hablar, el miedo a decir cosas. Y todo lo que hemos leído nos lleva a un escenario de temor.

»No es cliché: a mayor libertad de expresión, mayor democracia. Y hay que luchar por eso. Y no hay que ser intolerante a la crítica.

»Veamos los puntos que me preocupan de la normativa en cuanto a la falta de precisión. La ley crea una Superintendencia de Información y Comunicación que se llama Supercom, que es el organismo de vigilancia. Ya la palabra vigilancia de la libertad de expresión me provoca inquietud en una democracia. Pero bueno. Hay un órgano que vigila si se utiliza adecuadamente la libertad de expresión. (…) La cantidad de multas que se han aplicado a periodistas, a medios de comunicación que hacen uso de la opinión o de las posibilidades de expresarse son bastante altas en relación la estadística.

»Vamos a ver. Figura de la réplica y la rectificación. Le pregunto al Estado: si algún funcionario del Estado hace alguna manifestación que pueda afectar los derechos de las otras personas, ¿pueden estas personas particulares ejercer el derecho de réplica y de rectificación? ¿Contra el presidente de la República, por ejemplo? ¿Nos pueden dar algún ejemplo de que haya existido esa posibilidad? ¿Cuál ha sido el resultado? Porque sí tenemos datos inversos. Sí tenemos bastantes datos de reclamos de rectificación cuando particulares han hecho manifestación de opinión contra el presidente o funcionarios del Estado, pero no a la inversa. Si nos pueden dar algunos ejemplos.

»Hay una cuestión que también nos llama la atención. Se acusa de que hay control excesivo en relación con blogueros, tuiteros, controles, mensajes… Se ríe el representante del Estado. No sé si es una leyenda urbana. Tal vez usted nos podría aclarar si es una leyenda urbana ese tema de la utilización de esos mensajes o de las amenazas.

»La Ley Orgánica de Comunicación del 2013 exige que la información difundida por los medios sea verificada y precisa. Y ahí es donde está el problema: se genera todo un esquema de fiscalización a través de verificación de información imprecisa, que es un concepto indefinido. Entonces se le empieza a exigir al periodista que diga cuál es la fuente, para ver si es precisa. Y si hay algo que caracteriza a las instituciones democráticas es precisamente el derecho de protección de la fuente de la información. Entonces ese objetivo de que sea verificada y precisa abre un espacio de investigación muy complejo en ese sentido.

»La ley dice “linchamiento mediático”. ¿Qué es linchamiento mediático? ¿Cómo se le puede acusar a una persona o a una empresa periodística de linchamiento mediático? Busco la definición. Dice: “linchamiento mediático es la difusión de información que sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad”. Si yo fuera juez penal diría que esto es un tipo penal abierto, difícil de aplicar porque se queda mucho en los elementos de la subjetividad.

»Me preocupa que la Supercom censure cuando los medios de comunicación no difunden temas que el gobierno considera de interés público.  Yo creo que cada medio privado tiene su objetivo de negocios mientras sea válido, su línea editorial, etc.

»Me preocupa que se haya ordenado a medios de comunicación y periodistas rectificar noticias, retractarse, ofrecer una disculpa pública por su contenido, incluso en artículos de opinión y caricaturas. Por ejemplo, la Supercom ha acusado a algunos medios de incurrir en censura al no publicar información que las autoridades consideran importante. Obligan a publicar información favorable al gobierno. Un periódico, El Mercurio, reprodujo un artículo de la agencia de noticias española EFE sobre la visita del Papa a Ecuador. Pusieron este título: “Apoteósico recibimiento en Quito al papa Francisco y sonora pitada a Correa”. La Supercom ordena rectificar para que se diga: “Correa no estuvo en caravana papal”.

»La Supercom ha aplicado reiteradamente cuantiosas multas a medios de comunicación que se niegan a publicar rectificaciones, empleando exactamente los términos exigidos por la Secretaría de Comunicación. ¿Es eso así?  ¿La Supercom tiene tan supercompetencia para hacer eso? ¿Nos pueden aclarar? Esta es una oportunidad, de verdad, es un debate. No quiero parecer sarcástico, no creo que lo sea. Estamos bastante preocupados y queremos que nos digan que esto no es así.

»Hay periodistas de medios de comunicación y usuarios de redes sociales que critican al gobierno por acoso. Yo no estoy diciendo que el gobierno amenaza a tuiteros sino que hay discursos en varios programas del gobierno y del presidente donde se menciona a líderes o a personas con nombre y apellido, y hay cierta incitación a que se les pueda afectar y puedan recibir amenazas de parte de terceros. Y eso es bastante peligroso, porque son amenazas anónimas que surgen por esa incitación.

»Puedo seguir hablando de multas, de montos, pero para eso me remito al informe de la CIDH, que hago propio y valoro.»

gina godoy

La respuesta de Gina Godoy

«De manera recurrente se ha citado la Ley de Comunicación y probablemente las medidas sancionatorias que la misma contempla respecto de algunas inconsistencias o sanciones luego de un procedimiento y de un expediente que se abre justamente a partir de la denuncia que plantee quien identifica ha tenido la afectación ante una nota de prensa, ante una noticia publicada.

»El Ecuador entero se expresó a través de una consulta popular y estableció una tarea para la Asamblea Nacional. Y esto es trabajar y poner en vigencia una ley de comunicación. Esta ley consagra el derecho que tiene la ciudadanía, quienes habitan en el país, a tener, a recibir una información veraz, contrastada y contextualizada entre algunos otros elementos.

»Esto no nace porque se nos ocurre sino también a partir de una historia en la que Ecuador vivió a partir de amenazas, a partir de la desinformación, vivió no solamente ratos de angustia, de dolor, sino también afectaciones al ejercicio de sus derechos. Por eso esa Ley de Comunicación dibuja las reglas claras. La idea no es enriquecerse a partir de multas, porque eso nunca lo vamos a lograr. Pero tiene que haber claridad de que esas sanciones se establecen a partir del tiraje o de la producción que tiene cada medio de comunicación, ése es el estándar. Si son recurrentes o son reincidentes en la falta, obviamente la multa va a tener un incremento porcentual en función de la falta cometida.  Este es un derecho del pueblo ecuatoriano.»

guillaume long

La respuesta de Guillaume Long

«No quisiera irme sin oponerme de forma tajante a la noción de que en el Ecuador no se vive libertad de expresión. En el Ecuador hay quizás incluso un nivel de polarización política. Yo creo que todos los procesos de cambio, es importante siempre recurrir al contexto histórico. Incluso cuando hablamos de derechos humanos, que tienen un carácter universal sin duda alguna (aquí no voy a negar el carácter universal de los derechos humanos), pero hay que ubicarlos en un proceso histórico, de un nuevo proceso constituyente que constituye nuevas reglas de juego y que estamos construyendo una nueva institucionalidad y un contexto en donde existen poderes fácticos. Esto hay que decirlo.

»Los medios de comunicación, lo dije en mi intervención primera, también pueden violar los derechos. Los medios de comunicación también pueden ser racistas, pueden ser sexistas, pueden ser discriminatorios contra los afroecuatorianos, contra las mujeres. Los medios de comunicación también pueden responder a grandes monopolios y grandes emporios de poder, pueden defender intereses de las élites de la plantación como lo han hecho tradicionalmente en América Latina. Esto es importante.

»Esto no significa irse contra la libertad de expresión. Si ustedes mañana, y ojalá, quisiera aprovechar para invitarles formalmente para constatar muchas de las preguntas que hicieron hoy in situ, en territorio, si ustedes van a Ecuador podrán ver un espacio mediático muy vibrante, muy plural con bastante polarización política. Lastimosamente tenemos medios privados que en algunos casos se parecen más a Fox News que a medios de comunicación imparciales. Hay activismo político, lo dije en mi primera intervención, por parte de los medios de comunicación, y nosotros como gobierno nos hemos atrevido a contestarles sin censurar. Esto es muy importante. Porque ese atrevimiento es parte de un proceso político histórico de cambio de las estructuras. Y no podemos considerar los derechos como una burbuja ajena a un contexto político histórico que busca democratizar a la sociedad en pro de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Esto es muy importante.»

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

El pensamiento vivo del camarada Long en tres lecciones

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Parece que Guillaume Long se perdió en Ginebra. Se supone que el sexto examen del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era eso, un examen. Sin embargo, en lugar de rendirlo, el canciller se puso a dictar cátedra. A enseñar a los comisionados en qué mismo consiste eso de los derechos humanos. A pontificar.

Tanto pontificó que al final del primer día el presidente de la mesa no se contuvo las ganas de bajarlo por un tubo. Había preguntado el comisionado Manuel Rodríguez Rescia sobre las medidas que está adoptando el Estado ecuatoriano para garantizar el pluralismo jurídico en relación con el tema indígena y el canciller se permitió darle lecciones. Dijo que para empezar “el tema indígena no debería ser un tema”, que así es como lo quieren ver “los voceros intelectuales blancos” de los indios, que lo romantizan. Que hay que “transversalizar el elemento pueblos”. Dijo “perspectiva eurocéntrica”, dijo “neocolonialismo”, dijo “racismo solapado”. Dijo que son “temas complejos”. El presidente le hizo notar que el comité no era eurocentrista ni occidental, sino verdaderamente internacional. Y que en materia de derechos indígenas cuenta con “una experticia nada desdeñable”. Rodríguez Rescia, sin ir más lejos, “es uno de los expertos más extraordinarios que tiene América Latina en la materia. Y yo mismo he trabajado con pueblos indígenas, inclusive en Ecuador”. Y le invitó a revisar siete años de jurisprudencia emanada del organismo. Por un tubo.

El caso es que era un examen: había una lista de temas y un documento de cuestiones previas lleno de preguntas. Preguntas sobre la actuación de la Policía en las manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de la fuerza; sobre la discrecionalidad del presidente en la adopción de estados de emergencia; sobre la tipificación penal del terrorismo y el atropello de garantías procesales; sobre las garantías de igualdad sexual y la reparación de las víctimas de la violencia machista… Pero Guillaume Long no estaba ahí para referirse a estos temas sino para “desnudar algunos de los mitos circulados por la oposición política”. Y para impartir la doctrina correísta sobre derechos humanos, en la que se pueden distinguir tres principios fundamentales.

Primero: en la lucha por los derechos humanos hay un protagonista y ese protagonista es el Estado, su principal garante. He aquí un enfoque revolucionario que “reformula el contrato social” (esto a Long le encanta) e inaugura “el nuevo republicanismo del siglo XXI”. Los comisionados todavía no se han dado cuenta pero ya entenderán. Hasta ahora las naciones habían consagrado una lista de derechos y firmaban tratados (como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos materia del presente examen) para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder de los Estados. Ahora –viene a decirnos esta novedosa doctrina– es el Estado el que se encarga de proteger a los ciudadanos de sí mismos y protegerse a sí mismo de los ciudadanos. Protegerlos y protegerse, por ejemplo, de los medios de comunicación que “también violan los derechos humanos” con sus contenidos “discriminatorios, racistas, vulgares o sexistas”. Benny Hill, por ejemplo.

Segundo: con la sociedad civil “hay que tener mucho cuidado”. “Cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática –explicó el canciller– puede autoproclamarse defensor de los derechos humanos, crear una ONG con dos o tres personas y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso a veces con mayor credibilidad que los Estados”. Una infamia. En el siglo XX se creía que los derechos humanos estaban ahí para que los invoque cualquiera, incluidos los opositores derrotados. Es una visión ya superada. Hoy sabemos que en materia de derechos humanos sólo a los Estados les corresponde ese papel. Los Estados dicen la verdad, los ciudadanos mienten. La verdadera “sociedad civil vibrante” es la que trabaja codo a codo con el Estado en el marco del “sistema unificado de información” y en concordancia con las políticas-intersectoriales y los convenios-interministeriales. Para ello “existen mecanismos institucionales de trabajo dirigidos por el Ejecutivo”. En resumen: para luchar por los derechos humanos y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza hay que tener nombramiento.

Tercero: este Estado que lo organiza todo, lo coordina toda y es el único garante legítimo de los derechos humanos no puede, sin embargo, garantizarlos todos. ¿Ah, no? Pues no. No todavía. “Para poder garantizar todos los derechos” (“to-dos”, enfatiza el canciller) primero hay que luchar contra la pobreza. Son las estructuras sociales, políticas y económicas imperantes las que vulneran los derechos civiles y políticos. Por tanto hay que cambiar las estructuras. No es fácil, porque “ciertos sectores” no están dispuestos a “abandonar la cómoda premodernidad rentista sin oponer resistencia”. Esos sectores están “desesperados por volver al poder” para mantener las viejas estructuras que atentan contra el sistema de derechos. Se sobreentiende, pues, que hay que impedírselo. Es decir: para que la sociedad pueda gozar un día con plenitud de sus derechos civiles y políticos, hay que privar hoy a “ciertos sectores” de los suyos. La lucha en defensa de los derechos civiles y políticos es la lucha del Estado contra esos sectores.

De ahí que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comete un lamentable error cuando presta oídos a organizaciones e individuos que “no representan más que a sí mismos” y que sólo “buscan confundirla con su argumentos”. Los comisionados hurgan en interminables series de carpetas con las que “ciertos sectores” pretenden documentar los supuestos casos de violación a los derechos humanos en el Ecuador y pierden su tiempo: en el Ecuador no se violan los derechos humanos.

Desactualizados frente  a los nuevos enfoques de la ciencia política, inexpertos en materia de nuevo-republicanismo-del-siglo-XXI, anquilosados en los esquemas de un contrato social de la pelea pasada, los comisionados se gastan en preguntas extenuantes y frívolas. ¿Los 10 de Luluncoto, Manuela Picq, Mery Zamora, Sathya Bicknell? ¿Censura de prensa, discriminación sexual, restricción de derechos durante los estados de emergencia, uso excesivo de la fuerza por parte la Policía? ¿Prisiones preventivas que duran diez meses, indígenas acusados de terrorismo por bloquear carreteras, bandas de violentos que actúan en complicidad con las autoridades? No son casos de violaciones a los derechos humanos. Son naturales expresiones de “conflictividad política” en un país que, bajo el firme liderazgo de su gobierno, se ha entregado precisamente a la monumental tarea de construir una democracia verdadera que imponga la inclusión verdadera, fomente la igualdad verdadera y garantice la vigencia plena de los derechos humanos verdaderos. A no confundir las cosas. Lanzar a la Policía montada al galope contra manifestantes desarmados para defender las viejas estructuras es una violación a los derechos humanos. Hacer lo mismo para cambiar esas estructuras es “conflictividad política”. Si ése es el caso, ¿quién necesita rendir examen? ¿Para qué tantas preguntas?

¡Lean la Constitución! ¿No dice ahí que el Ecuador es un Estado de derechos, que se define como plurinacional e intercultural, que consagra la doctrina del Buen Vivir y reconoce la diversidad sexual y todas las formas de familia? ¿No se prescribe ahí la necesidad de contar con un sistema jurídico garantista, un Código Penal que “consolide el enfoque de derechos humanos”, un sistema unificado de organizaciones sociales con sus políticas intersectoriales, sus convenios interministeriales, sus mecanismos institucionales dirigidos por el Ejecutivo? ¿Qué más quieren? Pensándolo bien, no es Guillaume Long el que anda perdido en Ginebra. Son los comisionados los que no entienden nada.

¿Quién paga la estadía de Lenín Moreno en Ginebra?

en La Info por
Con actualización

Ser el candidato ideal a la Presidencia no solo depende de un buen perfil o de una cifra positiva de aceptación en las encuestas. Para alcanzar la meta hay que pasar una prueba de fuego llamada campaña y que es un amplio territorio plagado de peligros, obstáculos y trampas.

Esto es lo que debe estar o debería estar pensando Lenin Moreno y su equipo de entusiastas asesores, luego de la afirmación que hizo el representante de las Naciones Unidas en el Ecuador. Según Diego Zorrilla, la Organización de Naciones Unidas no paga la estadía ni el sueldo de Lenin Moreno en Ginebra, ciudad en la que vive desde abril del 2013.

“Él no tiene remuneración por las Naciones Unidas -dijo Zorilla a diario La Hora-. Es una figura que el Secretario General utiliza para que personas prominentes en diferentes temas le ayuden a posicionar estos temas en el ámbito internacional. Entonces, Lenín Moreno, cuando viaja a solicitud del Secretario General tiene unas dietas de viaje, pero cuando lo hace a título privado tampoco tiene ese emolumento”.

La declaración de Zorrilla seguramente no fue una sorpresa para muchos, pues es conocido que un cargo honorario, como el de Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidades y Accesibilidad, normalmente no tiene sueldo. Además, siempre se supo entre ciertos círculos bien informados que el traslado de Moreno respondía a una estrategia política del Gobierno para tenerlo como una de sus opciones electorales alejada del día a día político que lo pudiera desgastar. Pero la decisión de enviarlo a Ginebra no solo implica un salario. También arriendo de departamento, auto y gastos operativos.

Lo dicho por el funcionario internacional abre formalmente una interrogante que Lenin Moreno necesariamente deberá aclarar si quiere tener una campaña exitosa y si quiere tener las credenciales éticas que necesita un aspirante serio a la Presidencia.

¿Si no fue la ONU quién le paga el salario y la estadía a Lenin Moreno en la cuarta ciudad más cara del mundo quién lo hace? Aparentemente hay solo dos posibilidades: o le paga el Gobierno o lo paga él mismo. Técnicamente el primer escenario debería descartarse, pues el canciller Guillaume Long en una declaración hecha a La Hora, a los pocos días de su posesión, dijo que el gobierno ecuatoriano no hace ese pago.  Cuando la periodista de La Hora le preguntó a Long sobre “cuánto es la inversión de Estado en la misión de Ginebra” en el caso de Moreno, el entonces flamante canciller dijo: “Es de las Naciones Unidas, no le corresponde al gobierno ecuatoriano.  El presupuesto corresponde a las Naciones Unidas”. Si bien esta declaración no fue publicada, la grabación reposa en los archivos del diario.

Si lo dicho por Long no coincide con la realidad, ya sea porque el canciller no estuvo debidamente informado sobre el tema o porque cometió un “error de buena fe” al hacer la afirmación, el tema del financiamiento de la estadía de Moreno puede ser muy espinoso, no solo para Moreno sino para quien dispuso los pagos. Destinar fondos públicos para pagar los sueldos a alguien que, aparentemente, no es funcionario ecuatoriano podría constituir desvío de fondos públicos; es decir, peculado. Y, según el Código Penal, en su artículo 278, establece que quienes hayan desviado, abusado, apropiado o distraído arbitrariamente dineros públicos serán sancionados con prisión de diez a trece años.

Pero si lo dicho por Long es cierto, pues en la nómina del servicio exterior de la Cancillería no aparece el nombre de Lenin Moreno, solo queda la otra posibilidad: que Moreno haya puesto el dinero de su bolsillo. Este escenario sería devastador para él porque ¿cómo justificaría una estadía tan cara si su sueldo como Vicepresidente no pasaba de 6 mil dólares?

Moreno es sin duda un muy buen candidato presidencial y las encuestas lo colocan como tal. Pero la campaña recién comienza y únicamente en ella se podrá saber si está en condiciones de ganar en las urnas. Por lo pronto ya tiene una tarea ineludible: explicar de forma documentada y verosímil quién le financió los 3 años de vida en Ginebra.

Foto de la Vicepresidencia de la República.

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