Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Tag archive

libertad de expresión

La Mofle gritó ¡Fraude! y la censuraron en Gama TV

en La Info por
La Mofle

Los medios de comunicación administrados por el Gobierno, ya sean los llamados públicos o los incautados, se han convertido en una inmensa maquinaria electoral al servicio incondicional de la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glas. Basta ver el material que publica diario El Telégrafo o el canal incautado TC Televisión para comprender que son herramientas de proselitismo a favor de los candidatos del Gobierno, pagadas con dineros públicos.

En ese contexto se produce la reciente censura que sufrió la comediante Flor María Palomeque, cuya participación en un programa de humor político en Gama TV no salió al aire porque el humor de ella no hizo reír a los administradores del canal. Solo los hace reír lo que descuartiza a Guillermo Lasso.

Palomeque que hace el personaje de La Mofle, uno de los personajes más populares en redes sociales, fue invitada a participar en el programa Los Amigazos de los actores Francisco Pinoargotti y David Reinoso. Sin embargo, el domingo 19 de marzo cuando debía  salir el programa al aire, éste no salió. ¿El motivo? Una orden superior.

Según la versión que Palomeque dio a los 4Pelagatos, durante el programa, al que fue invitada, había un juego en el que había que inflar unos globos y ella, cuando vio que uno de los anfitriones le hacía trampa, exclamó ¡fraude! ¡fraude! e hizo alguna alusión a la necesidad de ir hacia un cambio. Es la única explicación que ella encuentra para que no se haya emitido el programa. Hasta media hora antes todo estaba listo y no había inconvenientes. “Esto ya es demasiado”, dice ella. Su intervención en Los Amigazos se limitaba a un juego con alusiones al tema de las elecciones en un programa que dizque tiene un claro contenido de humor político.

Lo ocurrido es revelador porque muestra que quienes prohibieron que el programa salga al aire, asumen que la alusión al fraude perjudica los intereses del Gobierno. Es tal la susceptibilidad frente a la palabra “fraude” que, al oírla en un canal gobiernista, se veta un programa.

Lo que ha ocurrido a Palomeque con los Amigazos es un episodio más de los atropellos que la actriz ha sufrido durante los últimos años debido a su actitud independiente y muchas veces crítica frente al gobierno. Durante los últimos tres años, ella, conocida por su programa “La pareja feliz” o “Vivos”, no ha podido trabajar en televisión. Los canales incautados no la han querido contratar y, además, aquellos que no están controlados directamente por el Gobierno, como Teleamazonas, han preferido prescindir de sus servicios porque les acarrea problemas con la Supercom. De hecho, ese tribunal inquisitorial multó con 115 mil dólares a Teleamazonas porque consideró que “La pareja feliz” había violado el artículo 62 de la Ley de Comunicación que prohibe la difusión de contenidos discriminatorios, en este caso de la mujer. Luego de esa y otra multa, La Mofle ya no apareció más en ese canal.

Palomeque, a diferencia de la gran mayoría de artistas de televisión, guardó siempre distancias con el poder y eso le llevó luego a un enfrentamiento personal con Rafael Correa. Ocurrió en diciembre del 2016 cuando su personaje, La Mofle, puso en redes un video en que criticaba de forma humorística la Ley de Plusvalía: se convirtió en todo un suceso en redes. Correa la refutó, en su cuenta de Twitter, diciendo que su visión no se ajustaba a la verdad y el diario de gobierno El Telégrafo le dedicó una nota para afirmar que ese personaje de sátira política estaba equivocado. “#Fail: ‘La Mofle’ ‘explica’ la Ley de Plusvalía con un pésimo ejemplo”, tituló el diario.

El programa de La Mofle, que ahora está limitado a las redes sociales y se emite a través de su canal en Youtube, tiene una importante audiencia y se ha convertido en un dolor de cabeza para los trolls del gobierno que siempre la atacan en Twitter. Esa  cuenta y el muro de Facebook de La Mofle son auténticos campos de batalla donde el personaje se bate con trolls y simpatizantes del Gobierno.

El problema con Flor María Palomeque es que es una artista que hace humor político. Y una humorista que hace sátira política es, en cualquier lugar del mundo, un crítica del poder.  “Llevo 19 años haciendo sátira política y le doy al que sea”, dice ella que, luego de su frustrada intervención en Amigazos, recibió una amenaza de secuestro a sus hijos a través de redes sociales, como se ve en su post colocado en Facebook.  Imaginar a un humorista político que no se burle e incomode a quienes están en el poder parece ser lo único que cabe en la mente de Correa y de sus los organismos inquisitoriales.

Gama TV, con su decisión, reafirma un hecho evidente: aquellos que administran los medios en manos del poder no tienen el más mínimo pudor para ponerlos al servicio de la candidatura del binomio Moreno-Glas y lo hacen con dineros públicos. En otras palabras es peculado. Un delito que no prescribe.

Réquiem por el Pedregal, otra víctima del miedo a disentir

en La Info por
captura-de-pantalla-2017-01-05-a-las-4-21-28-p-m

En su célebre recomendación anual de los sitios a los que hay que visitar cada año, el The New York Times incluye al valle del Pedregal, en las faldas del Cotopaxi. De 52 lugares a los que recomienda ir este año, el Pedregal ocupa el puesto 13 de la que probablemente es la lista de recomendaciones turísticas con mayor impacto en el mundo. Millones de personas la leen y la comparten en redes.

Pero el autor de la lista hace una advertencia: vaya antes de junio, dice, para ver el valle antes de que las torres de transmisión de electricidad se crucen a los cóndores y a la vista. Se trata, sin duda, de una advertencia que lleva implícito un mensaje de despedida. Esta maravilla va perder su magia en seis meses está diciendo Tim Neville, autor de la nota, porque el inmenso sistema de transmisión eléctrica, diseñado para sacar la energía del Coca Coda y que atravesará el valle, afectará el hábitat de los cóndores y alterará irremediablemente su extraordinario paisaje.

Lo que no cuenta el The New York Times es que tras la afectación del patrimonio paisajístico y natural de El Pedregal está el miedo a expresarse que los ecuatorianos han desarrollado durante estos diez de ejercicio de un poder que no perdona el disenso. Las enormes torres de 80 metros de alto que atravesarán el valle y que ya están siendo emplazadas en el sitio no existen únicamente por una agenda de contratación de obra pública del Gobierno, sino también por el lamentable estado de la libertad de expresión que se evidencia en un sector de la dirigencia empresarial y de la sociedad civil que prefiere el silencio a ser objeto de represalias que podrían poner en riesgos sus intereses.

El The New York Times no cuenta lo que uno de los pocos activistas que quedan dijo a 4Pelagatos: tiene que ver con cómo fracasó la campaña para evitar la construcción de las torres por  el miedo que tuvieron casi todos los afectados a contradecir las decisiones del gobierno.  En el 2015  cuando arrancaron los trabajos previos al diseño y construcción de las torres hubo una activa movilización contraria al proyecto en la que participaron varios actores vinculados con el turismo y el medio ambiente en la zona. Ese activismo se fue apagando poco a poco y ahora son contados con los dedos de la mano aquello que se animan a protestar y tratar de evitar el crimen. La extinción del activismo se produjo, dijo esta fuente a 4Pelagatos, porque muchos de los que se atrevieron a desafiar la voluntad del Gobierno y del presidente Rafael Correa evitaron poner en riesgo sus intereses después de ser advertidos de que recibirían represalias si continuaban protestando. “Eso me pasó a mi”, dijo la fuente que prefirió guardar el anonimato.

La destrucción de parte del tesoro paisajístico y ambiental del lugar es, asimismo, la evidencia de que las ONG’s que trabajan en medio ambiente en el país prefirieron mantenerse calladas en este tema para no enfadar a los funcionarios del correísmo y no poner así en riesgo los proyectos que mantienen en otras partes del país. ¿No resulta extraño que ante la envergadura del daño que se va a hacer a un entorno natural como El Pedregal no haya existido un activismo sostenido y vigoroso de las ONG’s ambientalistas? ¿A ninguna le preocupó que los cables que conectarán las torres pueda afectar la vida los pocos cóndores que quedan en el país? ¿No hubo una sola organización que haya criticado que en el informe de impacto ambiental no se haya mencionado siquiera la palabra cóndor cuando los estudios hechos hablan del peligro que este tipo de tendidos eléctricos representan para los cóndores? La resistencia civil que hubo en Dakota del Norte, en EEUU, para evitar que cruce una reserva natural un oleoducto es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el miedo a expresarse es menos fuerte que el convencimiento.

Uno de los pocos activistas que aún se animan a mantener la causa en contra del paso de las torres dijo que al inicio de su lucha en contra del actual trazado de las torres -porque hay otro que causaría mucho menor impacto- recibieron incluso la visita de funcionarios, como el ministro de Turismo Fernando Alvarado, y se comprometieron a interceder para que la ruta de las torres sea una distinta a la trazada para no afectar al valle. Pero el compromiso de Alvarado y otros se trocó en evasivas primero y en silencio después.

Lo mismo sucedió con un sector de los empresarios. Luego de que Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Captur, apareció en los medios expresando su preocupación y formulando alternativas para un nuevo trazado, funcionarios del correísmo lo descalificaron y en poco tiempo fue abandonado por los otros gremios empresariales que prefirieron, según este testimonio, no cortar las relaciones con el gobierno bajo la tesis de trabajar, por ejemplo, en proyectos de ley que podían beneficiar al sector privado. Vivero sostenía que el costo de la variación de la ruta sería de 6 millones de dólares, que no representa ni el 1% del costo total de la obra, aunque reconocía que el tiempo de construcción aumentaría a 18 meses. Vivero quedó huérfano de apoyo de sus colegas dirigentes de otras cámaras empresariales y fue, más bien, víctima de las embestidas de ataques en la prensa oficialista y en las redes sociales.

Incluso la campaña que algunos empresarios turísticos habían comenzado a hacer en redes sociales con bastante éxito fue evaporándose, pues muchos recibieron advertencias de funcionarios, muchas veces amigos, de que era mejor no insistir en su lucha si no querían que sus licencias de operación fueran afectadas. En esta campaña se había incluido un video hecho por el músico Ricardo Perotti (otro convencido del tema) en el que se exponen los argumentos de los defensores de El Pedregal. Al final, el miedo dio paso al silencio.

La causa prácticamente murió cuando Rafael Correa apareció en una de sus sabatinas afirmando que las torres pasarían por El Pedregal. “Hacer un rodeo (del tendido eléctrico) cuesta decenas de millones de dólares. Tendrá que pasar por una parte del parque lastimosamente”, dijo Correa en el enlace del 10 de septiembre de 2016. Quienes están en contra del proyecto dicen que son precisamente estudios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la entidad que lleva adelante el proyecto, los que demuestran lo contrario de lo que dice Correa.  El desvío costaría 6 millones mientras, sostienen, los ingresos turísticos dejan 13 millones anuales a la zona según los datos del Captur.

Otra persona vinculada con el trabajo de los guías turísticos que operan en la zona también dijo a 4Pelagatos que cuando acudieron a las ONG’s ambientalistas que están radicadas en el Ecuador, recibieron muy poco o ningún apoyo. Les dijeron que preferían mantener un perfil bajo en el tema porque temían que el gobierno les ponga problemas en otros proyectos. “Existe una completa desarticulación de las ONG’s ambientalistas -dijo el entrevistado-. La salida de los alemanes también afectó”.

Los organismos estatales que están obligados a defender el turismo y el medio ambiente sostienen, en cambio, que el actual trazado es que menos afecta a los cóndores y al turismo y que si se hubiera optado por por el que recomendaban los ambientalistas, es decir por un costado del Pasochoa, se hubiera perjudicado sectores turística y ambientalmente más valiosos.

En este video casero se puede ver a un cóndor en la zona de El Pedregal acercarse a un potrero para alimentarse de un animal muerto. Vuela a la altura en la que estaría el tendido eléctrico

El hecho cierto es que no hubo un auténtico y libre debate sobre la decisión de atravesar El Pedregal con unas inmensas estructuras de metal que pondrán en riesgo a la población de cóndores del lugar y que, sin lugar a dudas, afectará el paisaje de la zona. Es evidente que en esa carencia de debate libre de represalias pesó mucho. Ese miedo a hablar y disentir se incubó en el país desde que el correísmo impuso una verdad única: la suya. Ese miedo es el resultado, además, de un sistema perverso donde la sociedad civil es vulnerable al poder del Estado porque no existen auténticos contrapoderes que la protejan. En el reino del miedo, el poderoso siempre gana y eso lo saben quienes intentaron oponerse al tendido eléctrico, cuya construcción avanza rápidamente.

Por eso, The New York Times hace la advertencia: si van a ir a El Pedregal háganlo antes de que estén levantadas las torres.

El Fantasma despide a los periodistas que exponen a Pérez

en La Info por
img_9732

Si a alguien le quedaban dudas sobre la independencia de los medios de propiedad del Fantasma Ángel González, éstas se han disipado. Dos periodistas de RTS, un canal del magnate guatemalteco-mexicano, fueron despedidos por haber hecho pública la agresión que sufrió Gloria Ordóñez por parte de Orlando Pérez, director de El Telégrafo y elocuente defensor del correísmo.

El reportero José Carlos Casañas y la coordinadora de noticias Monserrat Naranjo fueron notificados por los directivos de ese canal de que ya no trabajaban más en el ese medio. El primero por haber hecho el reportaje y la segunda por haber incluido el tema en uno de los noticieros. Es decir fueron echados por haber cumplido con su trabajo de periodistas.

Lo ocurrido con Casañas y Naranjo es una evidencia más de lo que varios defensores de la libertad de expresión han dicho  sobre comportamiento editorial de las empresas de González en todo el continente: no crear tensiones con los gobiernos para no perjudicar los negocios que se hacen en virtud de esas buenas relaciones. El relator especial de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza, sostiene que  “El Fantasma” practica un periodismo oficialista, proclive a los gobiernos”. En Argentina, a inicios de año, diario Clarín publicó una columna de Alejandro Alfie sobre la despedida de un conocido periodista de la Radio Continental donde decía que “el empresario mexicano está acostumbrado a alinearse con todos los oficialismos donde tiene medios audiovisuales, en toda América Latina”.

“Yo creo que en el periodismo comprometido con los derechos humanos y pensé que era importante denunciar la agresión  a una mujer, en este caso el que sufrió Gloria -dijo Casañas a 4Pelagatos-. Respeté las normas del canal y la integridad de las personas y por eso no mencioné sus nombres”.

En un inicio no hubo ningún problema con la publicación del informe. La directora de noticias de ese canal, Mariuxi Padilla, incluso dio el visto bueno para que la nota saliera en uno de los noticieros. El problema se produjo, sostiene Casañas, cuando Gloria Ordóñez puso en su cuenta de Twitter un segmento del video. Al parecer eso hizo que el tema se propague en las redes. Posteriormente la misma Ordóñez identificó, asimismo en Twitter, al agresor y fue entonces cuando los directivos del canal decidieron sancionar a los periodistas. Casañas desconoce si hubo presión directa del gobierno o si fue una decisión propia de los directivos del canal, pero asegura sentirse profundamente dolido e indignado de lo ocurrido: “Yo hice bien mi trabajo. Apenas llevaba trabajando desde el 8 de noviembre y ya estaba haciendo enlaces en directo por mi buen desempeño”. Él fue el mejor egresado en Comunicación en la Universidad Católica de Guayaquil y se graduó con honores. Creía que se le iba a abrir un futuro promisorio como periodista en RTS, pues hasta aquel día había sido felicitado por sus jefes y todo parecía indicar que hacía muy bien su trabajo. No imaginó, claro, que sería sancionado precisamente por hacer bien su trabajo.

Este es el video que sacó RTS

Casañas había conocido a Gloria Ordóñez en las aulas de la Universidad y se había hecho amigo de ella.  Pocas horas luego de la agresión ella le contó lo sucedido y él decidió hacer la nota. No mencionó nombres porque esas son normas del canal y porque él sabía que en RTS hay una política editorial que recomienda evitar la polémica política y, sobre todo, los enfrentamientos con el gobierno. “Me pareció indignante lo que le había pasado a mi amiga.  Estaba destruida física y sicológicamente. La nota que le hice fue pocas horas luego de la agresión y ahí no puede contenerse y llora por lo ocurrido. Temblaba”.

El periodista se resiste a entender la medida adoptada por los directivos del canal. En su programación existe un segmento que se llama “Cicatrices”, donde se exponen casos de violencia de género. Por eso, Casañas no se explica por qué cuando el agresor tiene antecedentes políticos, como es el caso de Pérez, la línea editorial del canal cambia. El periodista recuerda que la Directora de Noticias le dijo que “si el caso no hubiese salido de las cuatro paredes del canal no pasaba nada pero que, lamentablemente, el tema se hizo mediático”. El martes, Casañas y Naranjo fueron comunicados del despido.

RTS es de propiedad de González; él controla al menos 10 medios en el Ecuador. Entre esos están, según los registros de la Superintendencia de Compañías revisados por diario El Universo hasta el 2015, tres canales de televisión (RTS, Red TV Ecuador y Tropical TV), once radios (Galaxia, Fabu, Alfa Stereo, Joya Stereo, Metro Stereo, Platinum, La Fabu, Tropicálida, RQP, Arpeggio y Radio Quito) y dos diarios (El Comercio y Últimas Noticias).

En febrero del 2016 varios medios digitales, entre ellos 4Pelagatos, presentaron una investigación periodística en la que se evidenciaban irregularidades en el proceso de concesión del canal Televicentro, que funciona con el contenido editorial de noticias de diario El Comercio, también de propiedad de González. La investigaciones ponía en evidencia cómo González  había conseguido esa concesión gracias a que las autoridades del gobierno le permitieron utilizar la figura de las emisiones de prueba para evitar el concurso público al que están sujetos los aspirantes a tener una concesión.

González tiene canales y estaciones de radio en todo el continente. Defensores de la libertad de expresión, como el relator de la OEA, Edison Lanza, han expresado su preocupación por la estructura monopólica de los medios del empresario. En una nota de El Universo Catalina Botero, ex relatora de la CIDH para la Libertad de Expresión, recuerda las denuncias que recibían sobre la concentración de medios de Ángel González en países como Guatemala, Nicaragua o Argentina. “La Corte, la Comisión, la Relatoría han sido muy claros: el control de medios atenta contra la democracia”.

El caso de Orlando Pérez no es solo ha encendido toda una discusión sobre el vínculo entre el tema de la violencia de género y el poder, sino también sobre el estado de los medios de comunicación y el periodismo en el Ecuador. Orlando Pérez pretende que el tema sea un asunto privado que no debe ser publicado en los medios, pero el diario que él dirige (aunque esté de vacaciones) ha utilizado sus plataformas para difundir su versión. Tan privado es para él, que acaba de demandar a la agredida.

Por otro lado, el despido de los dos periodistas de RTS desnuda la debilidad del ejercicio periodístico de los medios tradicionales en el país debido a las oscuras conexiones que existen entre el gobierno y ciertos medios de comunicación. Ángel González tiene el segundo holding de medios más grande del Ecuador, superado únicamente por el de propiedad del Estado, que lo controla el Gobierno de Correa. Sus medios procuran no enemistarse con los gobiernos de turno aunque sea en desmedro de la información y de la libertad de expresión.  Los otros medios, es decir los que no están administrados por el correísmo y los que no pertenecen a González, están debilitados y amedrentados por una Ley de Comunicación que supone la existencia de una Superintendencia de Comunicaciones que es un apéndice del Gobierno.

Juan Carlos Casañas y Monserrat Naranjo ya han sufrido en carne propia cómo funciona la lógica del negocio mediático de González y cuán expuestos están los periodistas que trabajan para él. La experiencia de ambos es, en cierta medida y de alguna forma, la experiencia del país.

En la foto tomada de la cuenta de Twitter de Gloria Ordóñez aparece ella con su amigo Juan Carlos Casañas

Un paliza y una amenaza que no inmutan al poder

en La Info por
captura-de-pantalla-2016-12-12-a-las-5-22-33-p-m

Las agresiones y amenazas a periodistas nunca merecen una reacción o un pronunciamiento de las autoridades del correísmo. Si alguna vez hubo amenazas de muerte a Crudo Ecuador o a los miembros de 4Pelagatos, ningún funcionario se pronunció. Ahora el silencio oficial se extiende al caso de Carla Maldonado: ella fue amenazada de muerte en Twitter y Alfonso Pérez Serrano fue golpeado por unas personas que lo emboscaron y salieron de un carro sin placas.

En el caso de Maldonado, periodista de El Expreso, la amenaza vino desde una cuenta de Twitter donde le dijeron que ella sería eliminada. El antecedente de esta amenaza parece ser un documento que ella publicó en su cuenta de Twitter donde se leía que una autoridad del sector de la salud obligaba a las enfermeras del hospital Carlos Andrade Marín a asistir a un acto proselitista de respaldo a las candidaturas de Lenín Moreno y Jorge Glas. Esto ocasionó una auténtica avalancha de insultos desde cuentas asociadas al llamado Troll Center. ¿Hizo algo el poder para ubicar al usuario que lanzó la amenaza? ¿Actuaron con la misma celeridad y eficiencia que con la que actúan cuando el amenazado es el Presidente o algún otro alto jerarca de la revolución ciudadana? Es evidente que no.

Alfonso Pérez Serrano, fundador y propietario de Ecuador en Vivo, dijo que fue interceptado en Quito, cerca del aeropuerto, por un vehículo sin placas de donde salieron tres personas que lo golpearon y le robaron el celular. De no haber sido porque fingió estar inconsciente, asegura Pérez, lo hubieran golpeado aún más. Logró perseguir luego al carro de los agresores y con la ayuda de un patrullero de la Policía los alcanzó. Cuando fue hasta la Unidad de Flagrancias para formular la denuncia se dio cuenta de que ocurrían “cosas raras”: no le permitieron dar siquiera su testimonio. Tuvo que salir al Hospital Metropolitano donde fue atendido en emergencias.

Este caso tiene un antecedente: la activa participación de Alfonso Pérez en la organización y realización de la marcha que en Quito en contra del proyecto de Ley de Plusvalía. En videos que puso en redes sociales, Pérez se posicionó como uno de los principales organizadores de la marcha. Medios oficiales como El Telégrafo le dedicaron notas por su participación. En redes sociales Alfonso Pérez fue objeto de ataques desde cuentas asociadas con el gobierno o sus partidarios. “¿Calumnias más que suficientes para que este muérgano periodista se pudra en a cárcel?” ponía el comunicador gobiernista Marco Pérez Torres en su cuenta de Twitter al comentar un video de Pérez Serrano en el que criticaba al proyecto de Ley de Plusvalía.

En un video que grabó desde la sala de emergencias del Hospital Metropolitano, Pérez dice que llegó a hacer la denuncia en la Unidad de Flagrancia y el fiscal de turno le dijo que debía esperar a la fiscal que entraba a la medianoche. “Tan pronto la fiscal me vio, y le explicamos el caso, ella me dijo: ¡Ah se trata del asunto que nos llamaron del Ministerio del Interior! A partir de ahí se negaron a cualquier opción de tomarme la declaración”. Más adelante agrega: “ahora, no tengo la menor duda, al comienzo no podía creerlo, no tengo la menor duda de que la peligrosa organización criminal está tratando de amedrentarme para que no continúe con lo poco que puede hacer un ciudadano como yo: usar el Facebook, el Twitter, el Whatsapp, para reclamar por aquello que está mal”.

Es indudable que los ataques a Maldonado y Pérez son producto de un entorno hostil para los periodistas críticos cultivado desde las más altas esferas del gobierno de Rafael Correa. Las dificultades de los periodistas no se limitan a la Ley de Comunicación que impuso una Superintendencia con capacidad coactiva que depende del Ejecutivo. Existe un aparato de acoso e intimidación que se repite cada sábado en los enlaces presidenciales y se extiende a las redes sociales.

La seguridad e integridad de los periodistas (como la de todos los ciudadanos) es responsabilidad de la administración de Rafael Correa. Su gobierno ha creado un entorno peligroso para su integridad. En efecto, de la versión de Alfonso Pérez se desprende que las autoridades de la Policía y del poder judicial protegieron a los agresores. Si no es así, que lo prueben.

Ver el testimonio de Alfonso Pérez

En un sistema de normalidad institucional, los agresores que fueron aprehendidos por la Policía debían haber sido interrogados. ¿Están detenidos? ¿Fue un hecho de delincuencia común o no? Lo único cierto que hay es el silencio oficial. Y el silencio, en estas circunstancias, crea más dudas y mina aún más la confianza de la sociedad en quienes administran el poder. Un sistema con pretensiones democráticas no puede operar así.

4Pelagatos hace pública su solidaridad con Alfonso Pérez y Karla Maldonado.

Barriga ya no puede robarse lo que es de todos

en La Info por
captura-de-pantalla-2016-11-15-a-las-7-04-32-p-m

Hay que imaginarse la cara que debe haber puesto Patricio Barriga, jefe máximo de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom: hay que imaginarlo cuando supo que las demandas que hace en contra de 4Pelagatos por derechos de autor ya no servirán para maldita la cosa y que sus intentos por bajarse este sitio serán más inútiles que canoa en desierto.

Esto ocurrió seguramente el lunes 14 de noviembre. Ese día, Barriga debe haber leído un mail que, sin duda, lo dejó profundamente molesto. Se enteró de que los 4Pelagatos migraron sus servidores a un país donde su estrategia de demandarlos por supuesta violación a las normas de derechos de autor estadounidenses no tiene sustento. En lugar de la manida respuesta de Amazon, en la que decía que si en 24 horas el usuario de la imagen no defendía su derecho a usar la fotografía desconectaría a 4Pelagatos, Barriga recibió un mensaje que le decía que antes de poner una demanda a los pelagatos vaya a una corte holandesa.

Básicamente el mensaje decía que el proveedor que ahora aloja los servidores de 4Pelagatos no va a bajar de la web contenido por demandas de derechos de autor sin que antes exista una decisión en firme de una corte holandesa. Es decir que si quiere bajarse a 4Pelagatos, apoyándose en su cleptómana pretensión de ser dueño de las fotografías del Estado, deberá probarlo ante un juez, cosa que jamás hará porque sabe que eso es falso y, sobre todo, porque es obvio que en una verdadera corte de justicia esa pretensión es inadmisible.

Para entonces Barriga había intentado muchísimas veces tumbarse el sitio de 4Pelagatos enviando una y otra vez demandas a Amazon en las que decía que, en su calidad de director de la Secom, es propietario de las fotografías de la Presidencia o de otros organismos del Estado. Una sola vez le funcionó la trampa. Fue poco antes del anterior feriado cuando, por alguna razón, Amazon no recibió la contestación pelagata o no la vio y desenchufó el sitio. El sabotaje de Barriga apenas duró día y medio, hasta que a través de varias cartas, en las cuales los pelagatos dijeron estar prestos a ir ante una corte Federal de Estados Unidos, Amazon aceptó la explicación de que el funcionario estaba adueñándose de propiedad pública.

Esa posibilidad se acabó. Con la migración de los servidores de 4Pelagatos, se agotó la fraudulenta táctica de Barriga de engañar a algunos proveedores internacionales, como Amazon, haciéndoles creer que ellos son los dueños de las imágenes oficiales. Cuando se les encara, hacen mutis por el foro.

Barriga ha usado el argumento falaz y deshonesto de que las fotos de la Presidencia pertenecen a la Secom para tratar de limitar el trabajo de 4Pelagatos. Con el mismo sistema Fernando Alvarado, de la mano de una oscura empresa española, logró restringir la libertad de expresión de usuarios de redes sociales al borrarles imágenes o videos que habían colocado en la red. Algunas veces llegaron a alegar que nadie sino la Secom podía utilizar videos de la sabatinas o logos de las instituciones públicas.

Amazon no pudo entender que el caso ecuatoriano es especialísimo porque tiene un gobierno acosador que atropella cualquier forma de legalidad en su afán de restringir la libertad de expresión, y siguió tramitando las demandas de Barriga.  Esa fiesta se le acabó. A no ser que quiera ir a una corte en Holanda a decir a un juez -que no es un juez de bolsillo, como están acostumbrados en su oficina- que él es dueño de lo que pretende robar al pueblo ecuatoriano.

¿Por qué no quería, señor Glas, que le tomen fotos en Metallica?

en La Info por
Captura de pantalla 2016-10-31 a las 12.48.57 a.m.

El abuso y el uso ilegítimo del poder es la única razón que explica que se haya pretendido prohibir al periodista Javier Reyes, de El Universo, tomar fotos al vicepresidente Jorge Glas junto a su hijo y obligarlo a borrar las imágenes de su teléfono celular durante el concierto de Metallica en Quito.  

Que se estaba protegiendo a un menor ante la posibilidad de que sus imágenes sean publicadas es un argumento absurdo, pues resulta que Reyes no había publicado ni distribuido las fotografías. El argumento es absurdo y mentiroso. Glas, al igual que otros miembros de relumbrón de la revolución ciudadana, son pródigos a la hora de tomarse fotos junto a niños y usar esas fotos como vehículos para dar lustre a su imagen. Solo hay que fijarse en la cuenta de Flickr de la Vicepresidencia para verlo abrazando y saludando a niños de todas las edades. No se diga de la cuenta de Flickr de la Presidencia donde hay cientos de imágenes del presidente Rafael Correa con niños en cuenta pose y circunstancia se antoje. Cuando los niños sirven para promocionarse no hay problema, como se ve en estas dos fotos que están publicadas en la página de la Vicepresidencia.

Ni Glas ni Correa cumplen la tortuosa norma de la Ley de Comunicación, aprobada por su propio gobierno, que dice que “aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado…”.

Captura de pantalla 2016-10-31 a las 12.55.27 a.m.
Fotos como estas de Glas con niños abundan en la cuenta oficial de la Vicepresidencia

Según el relato del periodista Xavier Reyes, hubo dos momentos en su impasse con la seguridad de Glas. Uno cuando le exigieron que se retire del lugar donde estaba ubicado porque “no puede tomarle fotos al señor vicepresidente”. Otro cuando, luego de algunos minutos y ya en otro lugar, se le dijo que está prohibido tomar fotografías de menores y fue obligado a borrar las fotos de su celular.  Resulta bastante obvio que el tema de los niños fue tan solo un pretexto fraudulento para borrar las fotos que habían molestado a Glas. Afortunadamente, una copia de la imagen quedó en la nube y fue finalmente publicada por el diario. Cosas de la tecnología, dice el periodista. Bendiciones tecnológicas, se podría agregar.

Pero si fue abusivo que haya exigido a Reyes que se retire de donde estaba al inicio, lo que ocurrió luego es inaudito porque cosas así solo ocurren en lugares donde el abuso del poder es desvergonzado. Luego de mentirle con el tema de los menores, el agente no solo le obligó a borrar las fotos del celular  sino que también tomó fotografías a la credencial del periodista al igual que al teléfono con el que hizo las capturas.  ¿Con qué derecho lo hacen? Evidentemente con ninguno legal sino con el uso ilícito, ilegítimo y abusivo del poder. Así lo hizo el cabo primero Vladimir Moreno, según se identificó el agente de seguridad frente a Reyes.

¿Qué hará la Vicepresidencia con las fotografías de Reyes? ¿Por qué ellos sí pueden fotografiar las credenciales de Reyes y él no a un funcionario público que estaba en un acto de masas? Habría que preguntarse aún más cuántas veces ocurrirán estos incidentes con ciudadanos que no tienen ni las herramientas ni las plataformas de los periodistas para publicar los atropellos de los que han sido víctimas.

Jorge Glas y su equipo deberían saber que quien ejerce la Vicepresidencia de la República es un funcionario público que no tiene derecho a exigir privacidad si está en el lugar público. Cuando el periodista Reyes le reclama al agente diciéndole que su intención no era sacar fotografías a los niños y que estaba en su derecho de tomar fotos al Vicepresidente porque estaba en un acto público, éste le responde que “es una actividad personal del señor vicepresidente”. ¿Actividad personal de un funcionario que gana dineros públicos en un acto público?

Lo ocurrido con el periodista de El Universo durante el concierto de Metallica representa de forma cruda la idea del ejercicio sin límites ni contrapesos del poder que ha imperado durante los diez años del correísmo. Glas, es obvio, piensa que sus derechos están por encima de los del resto de ciudadanos cuando es precisamente al revés.

Pero la duda sobre qué es lo que tanto molestó a Glas no se resuelve con el tema de los supuestos derechos de los menores de edad.  Resulta mucho más probable y verosímil que Glas, como candidato a la Vicepresidencia junto a Lenin Moreno, haya estado fastidiado por los gritos aislados de “!Fuera Correa fuera!” que se escucharon durante el concierto y que no quería que se supiera que él estuvo ahí. ¿Si no por qué abandonó el concierto quince minutos antes de que acabe, como narra Xavier Reyes en su crónica?  Cualquier señal que evidencie repudio no es conveniente para alguien como él, candidato a perpetuar el correísmo en el poder. Peor aún cuando hay tanto cuestionamiento ético en su contra, sobre todo por los escándalos de corrupción alrededor de las obras de repotenciación en la refinería de Esmeraldas, de las que él estuvo encargado.

En este video que circuló en chats de Whatsapp se puede ver el motivo más verosímil de la aborrecible actuación de la seguridad de Glas.

Foto: diario El Universo. 

Gabriela y la cereza del pastel

en Columnistas/Las Ideas por
juan pablo aguilar ligera

Para un gobierno que ha hecho todo lo posible por ahogar las voces disidentes, por conseguir que se publique solo aquello que responde a los dictados de la “Administración Central de Verdades Eternas”, el internet se ha convertido en la piedra en el zapato, el último enemigo por derrotar, la grieta solitaria que afea la pared del pensamiento único. Silenciarlo es todavía una meta inalcanzable, pero cualquier avance que se pueda conseguir en ese campo será tanto como tener la cereza del pastel.

Y Gabriela Rivadeneira parece empeñada en colocar ese adorno en la torta de la intolerancia.

El 12 de julio de 2016, la presidenta de la Asamblea Nacional presentó el proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, sobre el cual algo se dijo a raíz de un seminario organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito a inicios de septiembre, pero que se mantiene peligrosamente alejado del debate nacional.

Peor aún: de lo que se dice sobre el tema, no poco tiene que ver con fantasmas inexistentes y no con el problema de fondo. Que el propósito del proyecto es blindar la información de los funcionarios del actual gobierno para impedir que sean fiscalizados, es un argumento que se ha repetido en algunos medios y que, si por un lado pone en evidencia que no se entiende a cabalidad el verdadero alcance de la propuesta, por otro, muestra que la paranoia solo sirve para desgastarse disparando dardos al vacío.

Lo que se busca regular es el uso de datos personales, aquellos cuyo manejo por terceros puede afectar nuestra intimidad como cuando, para poner un ejemplo cotidiano, debemos interrumpir una reunión para atender en el celular una llamada de promoción comercial que no nos interesa en lo más mínimo. Garantías contra esto son, sin duda, necesarias, y si únicamente de eso se tratara, el proyecto Rivadeneira estaría plenamente justificado.

El problema, entonces, no va por ahí, sino que se relaciona con una práctica legislativa a la que el régimen ha recurrido repetidas veces: valerse de un tema que promovería cualquier defensor de los derechos humanos, para introducir de contrabando uno o dos textos que niegan esos derechos.

Me atrevo a decir que las catorce páginas del proyecto tienen una única finalidad, condensada en dos líneas y media, aquellas que aparecen como número 3 del artículo 12.

De aprobarse esas líneas, existiría en el Ecuador una autoridad de control dependiente, como no, de la Función Ejecutiva, que podría (así dice el artículo) “disponer el bloqueo temporal o definitivo de los sistemas de información cuando exista un riesgo cierto de afectación de derechos constitucionales, en caso de incurrir en infracciones contempladas en esta ley”.

Parece que la norma es suficientemente clara. Lo que pretende es crear un cargo desde el que un nuevo Carlos Ochoa decida qué sistemas informáticos pueden funcionar o no en el Ecuador; con estas dos líneas y media, “se cerrará el círculo de limitaciones a la libertad de información y expresión”, como afirma Farith Simon en la columna que publicó el 26 de septiembre en el Comercio, y que les invito a leer.

Que no hay que preocuparse, dice la presidenta de la Asamblea, porque la facultad que se pretende conferir a la autoridad de control solo podrá ejercerse “cuando exista un riesgo de afectación de derechos constitucionales”.

Lo lamento señora presidenta, sigo preocupado. Sigo preocupado porque les he visto en acción, porque soy testigo de la forma en que usted y los suyos entienden la legislación vigente, porque en manos de ustedes un riesgo de afectación de derechos constitucionales puede ser cualquier cosa, desde un acto verdaderamente violatorio de derechos, hasta lo que simplemente les molesta o les cae mal; después de todo, son ustedes los inventores de la curiosa teoría jurídica según la cual el Estado tiene derechos.

Que las dos líneas y media son el verdadero corazón del proyecto, que no se trata de un error ni de un texto que se le chispoteó a alguien, queda claro cuando recordamos que este no es el primer intento de regular la materia.

Ya hace seis años, en marzo de 2010, Vethowen Chica Arévalo, asambleísta del gobierno, presentó un proyecto de Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales. Dos años después, en mayo de 2012, ese proyecto fue archivado sobre la base del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, presidida por Mauro Andino, que la consideró innecesaria porque repetía temas ya regulados por la legislación vigente, y porque creaba un ente de control cuya existencia no se justificaba.

Pues bien, el proyecto Rivadeneira regula los mismos temas que hace cuatro años se consideraron innecesarios, crea un ente de control similar al que entonces pareció injustificado; un poco de coherencia, entonces, debería llevar al archivo de esta nueva propuesta.

Lo que pasa es que sí hay algo nuevo. El proyecto de 2010 y el que hoy promueve la presidenta de la Asamblea son esencialmente similares, pero este último introduce esas esenciales dos líneas y media y, con ellas, el poder de desconexión de sistemas informáticos, que no aparece en parte alguna de la propuesta de Chica.

No caben más comentarios. Solo recuerdo a mi madre que decía que quien se ahoga no quiere perecer solo; así es, por eso quienes carecen de ideas se empeñan en callar a los que las tienen.

4pelagatos bajo amenaza por criticar a la sagrada familia

en La Info por
Captura de pantalla 2016-09-14 a las 12.51.51 p.m.

El martes 13 de septiembre, estos pelagatos fuimos amenazados por trolls correístas y por un funcionario de la Presidencia de la República.

El motivo de las amenazas fue nuestro artículo titulado Correa mete a su hija en el baile, donde se critica al presidente por usar un medio gubernamental de comunicación, diario El Telégrafo, para publicar un texto de su hija que legitima sus propias tesis autoritarias sobre el poder.

En el debate que surgió en las redes sociales en torno a este tema, el director nacional de informes gubernamentales, es decir, gerente de sabatinas, Alejandro Álvarez (@arepandro), escribió un tuit en el mejor estilo de la mafia:

alejandro álvarez amenaza 1

A este mensaje se sumaron otros, provenientes de trolls del correísmo. Por ejemplo:

alejandro álvarez amenaza 2

El portal La República denunció este hecho la misma noche del martes 13. De su parte, estos pelagatos reportaron las amenazas a la administración de Twitter. Los autores de los mensajes los borraron de sus cuentas horas después de haberlos publicado. Sin embargo, al día siguiente, miércoles, Alejandro Álvarez insistió: a un tuitero que defendió el derecho de 4pelagatos a opinar libremente sobre los temas de interés público, el funcionario de la Presidencia le explicó con toda claridad su política al respecto: ahí donde encuentre a uno de los pelagatos, le caerá a puñetazos.

alejandro álvarez amenaza 3

alejandro álvarez amenaza 4

Lo cual significa que la amenaza de este funcionario de la Presidencia de República contra los integrantes del portal 4pelagatos sigue en pie. Al gobierno le corresponde, entonces, condenar públicamente la actitud de ese funcionario o asumir las responsabilidades por lo que nos pueda ocurrir de aquí en adelante. La Fiscalía, por supuesto nada investigará.

Este portal trató el tema del artículo de la hija del Presidente de la misma forma como aborda todos los temas: en función de cómo el poder político, en este caso el correísmo, se relaciona con lo público. El Telégrafo es un diario que, bajo la etiqueta de público, actúa como órgano de propaganda del gobierno aunque su financiamiento procede de fondos que pertenecen a todos los ecuatorianos. En estos diez años se ha vuelto normal ante la opinión que el movimiento político en el poder disponga de los bienes y el dinero públicos como si fueran propios. Para 4pelagatos, la administración de lo público es un tema capital. El artículo cuestionado se inscribe en esa preocupación y fue publicado para afirmar que, también en el caso de la hija del presidente, se están usando los recursos públicos de forma discrecional por parte del Ejecutivo. Fue Rafael Correa, como se recoge en el título de nuestra nota, quien metió a su hija en este tema.

Ahora resulta que ocuparse de los temas públicos es una tarea peligrosa. Se arriesga uno a ser golpeado. Y resulta también, a la luz de lo afirmado por algunos militantes correístas en las redes sociales, que las amenazas dirigidas contra quienes se ocupan de lo público son pruebas de libertad de expresión. No: son un delito.

Si lo público y la administración de lo público no es susceptible de ser pensado, debatido, criticado, comentado… Significa que lo público ha dejado de existir. Se ha convertido en la propiedad privada de quienes ejercen el poder. ¿Qué diferencia tiene esto con la lógica de las mafias? ¿Será por eso que hablan de la prohibición estricta de meterse con la familia, aunque se trate de familias que disponen a voluntad de lo público y lo dilapidan? ¿Será por eso que funcionarios públicos como Alejandro Álvarez, en lugar de debates y confrontación de ideas, platean una lógica de intimidación y uso de la violencia?

En la foto: el gerente de sabatinas Alejandro Álvarez en una manifestación correísta.

René Ramírez defiende su honra pero no la prueba

en La Info por
Captura de pantalla 2016-09-07 a las 1.25.34 p.m.

Que René Ramírez demande a Guillermo Lasso por afectación a su honra por haber dicho, en un video que se difundió en un tuit, que su esposa Analía Minteguiaga cobró doble sueldo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (evidencia que se borró), es como si alguien que fue visto en una cámara de seguridad robando algo demanda a la persona que, en una reunión social, cuenta lo que vio en la grabación. Es decir, sale a defender su honra y a pedir que se le recompense económicamente antes de aclarar si era él quien aparecía o no en la grabación.

El problema con la demanda de Ramírez es que es la consecuencia de que en el Ecuador no existe autoridad judicial ni de control que cumpla con su obligación de vigilar que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades. En un tema como este, la honra Ramírez es un valor completamente fútil porque muy por encima de la honra de un funcionario está su responsabilidad pública y la obligación que tienen los organismos de control y fiscalización de verificar si los hechos que aparecen en Mil Hojas y en Ecuadorenvivo eran ciertos o no.

En esas publicaciones había indicios de posible responsabilidad penal y administrativa de Ramírez por dos cosas: haber permitido que a su esposa Analía Minteguiaga se le pague doble sueldo durante tres meses y de haber borrado los documentos del Instituto de Altos Estudios Nacionales que lo evidenciaban. En esas investigaciones periodísticas se estaba hablando de dos posibles delitos graves: alteración de documentos públicos y peculado. René Ramírez, si en efecto tuviera alguna honra verdadera por defender debía demostrar, antes que nada, que las acusaciones que se hicieron en esas publicaciones eran falsas.

Captura de pantalla 2016-09-07 a las 12.56.35 p.m.Pero este no es un problema únicamente de Ramírez y de su esposa Analía Minteguiaga. En este entierro tienen vela, y vaya tamaño de vela, la Fiscalía y la Contraloría. ¿Movió un dedo el fiscal Galo Chiriboga para investigar la posible adulteración de documentos del Instituto de Altos Estudios Nacionales como apareció en el video de Ecuadorenvivo? ¿Se sabe algo del contralor Carlos Pólit auditando el doble sueldo?  Por ahora, nada. Tampoco hubo esfuerzo alguno en la Asamblea Nacional para que se llame a Ramírez a dar una explicación, cosa que ocurriría en cualquier sistema democrático.

Lo que pasa actualmente en el Ecuador es que la honra de los funcionarios ha pasado a convertirse en algo mucho más importante que su responsabilidad. Y eso es una distorsión de lo que debería ser un sistema de convivencia democrática.

Las piezas del proceso

Cliq aquí para la primera página de la demanda

Cliq aquí para la segunda página de la demanda

Cliq aquí para tercera página de la demanda

En las verdaderas democracias, la honra o el buen nombre de los funcionarios no vale nada porque si valiera, nadie podría, para comenzar, opinar sobre su gestión. Y esa es parte fundamental del control social. Estas demandas para restaurar la honra y el buen nombre, como la que ha interpuesto Ramírez y la que interpuso Correa en contra del vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo son, antes que nada, mecanismos para evitar que se los critique públicamente; es decir, para anular cualquier tipo de control social porque el control institucional ya está eliminado. Además, estas demandas se producen en un sistema donde el aparato judicial, que debe resolver, tiene dueño con nombre propio.

La demanda de Ramírez a Lasso, en ese sentido, es casi idéntica a la que Rafael Correa le puso a Eduardo del Pozo. Correa piensa que su honra vale más que la libertad de expresión de sus mandatarios y que su obligación de dar explicaciones sobre sus actos. Hay otros parecidos mucho más concretos entre las dos demandas. Caupolicán Ochoa, el abogado cuyo nombre es sinónimo de Rafael Correa en todos los juzgados del país, representa a Ramírez en su demanda contra Lasso y al Presidente en su demanda contra Del Pozo. El tipo penal que supuestamente se viola también es el mismo: el artículo 396 que dice: “será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1) La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito deshonra en contra de otra”.

Ramírez y Correa no parecen entender que su calidad de funcionarios públicos les obliga a cosas a las que los ciudadanos comunes y corrientes no están obligados. Están obligados, básicamente, a responder por los bienes públicos que administran y por las responsabilidades que tienen legalmente.  No a probar su honra en tribunales que, además, están de su lado.

‘Este es un premio a la resistencia’

en La Info por
Captura de pantalla 2016-08-29 a las 6.18.07 p.m.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de conceder, en el marco de los premio anuales Excelencia Periodística 2016, el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa, a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) del Ecuador. ¿Cuál es el significado de esta distinción y sus consecuencias ante un gobierno que considera que la Aedep es un cartel de los dueños de medios de comunicación? Diego Cornejo Menacho, su director Ejecutivo, responde a 4pelagatos.

Captura de pantalla 2016-08-29 a las 6.10.24 p.m.

“Esta es una decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo. Cada año la Sociedad Interamericana de Prensa entrega premios a periodistas y medios de América Latina. Tiene un premio especial: el premio SIP a la libertad de expresión. Este año decidió entregarlo a la Aedep por su lucha en favor de la libertad de prensa y expresión.

“Lo recibimos con entusiasmo y compromiso porque implica que la SIP, los medios de todo América, ponen la mirada sobre Ecuador. Ponen la vista sobre la situación de la comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión en Ecuador. Esto nos compromete a mantenernos firmes, como se ha hecho en estos años, particularmente en la resistencia y oposición a la Ley de Comunicación. Estos son los dos elementos que este premio implica para las empresas que publican distintos medios en Ecuador.

“En este momento hay en la Aedep seis empresas que producen 16 medios. Revistas, diarios generales y locales. Estos medios son los de mayor credibilidad en el país y eso se expresa por su circulación y su lecturabilidad: grupo El Universo, grupo Granasa, El Diario que publica varios medios en Manabí, Diario El Mercurio de Cuenca, grupo Ensa que edita la revista Vistazo y el grupo diario La Hora. En estos diez años tenemos asociados que se han separado de la Asociación por razones políticas. Diario El Norte, por ejemplo, que circula principalmente en Imbabura. Algunos otros medios locales han visto coartados su trabajo: si siguen en la Aedep no reciben publicidad oficial. Así de sencillo. Se ha usado la publicidad oficial como mecanismo de chantaje y, en forma indirecta, también la publicidad privada.

“El Comercio no es parte de la Aedep por un tema estatutario. Cuando se produce un cambio de propietario, como allí sucedió, los directores de la Aedep exigen que haya un diálogo directo con el nuevo propietario. Eso es parte de la cultura empresarial de la Aedep. Esto todavía no ha ocurrido con este señor González que es la cabeza visible de las empresas que adquirieron el mayor número de acciones de El Comercio.

“La consecuencia de recibir este premio es que muchos espacios internacionales lanzan una especie de alerta sobre lo que pasa en Ecuador. Se produce una pregunta: ¿Por que la Sociedad Interamericana de Prensa premia esta asociación? El gobierno de Rafael Correa ha hecho una campaña millonaria afirmando ser un gobierno democrático que garantiza los derechos ciudadanos fundamentales. Cuando hay un premio como este, hay un aviso: esto no es así, algo distinto está pasando pese a la acción de las embajadas y de las agencias internacionales de publicidad que se han contratado.

“¿El gobierno dice que la Aedep es un cartel de propietarios? Nosotros pensamos que la comunicación, en regímenes democráticos, debe ejercerse desde el sector privado, el sector comunitario y desde el Estado con medios públicos; no gubernamentales.

El sector privado en las democracias cumplen un importante papel produciendo distintos medios de comunicación. Creemos que estos medios deben cumplir un código deontológico claro, democrático, que implique un tipo de comunicación independiente. El gobierno sataniza al sector privado en la comunicación pero no en otros espacios. El petróleo, por ejemplo. Nosotros reclamamos en contrapartida, que haya medios públicos, realmente públicos y que consolide un sector comunitario de medios, que tampoco se ha hecho. Y que se garanticen los recursos y el marco jurídico para que el sector privado de la comunicación también pueda producir información, opinión, análisis e investigación.

“Este premio llega ahora como un premio a la resistencia. Si bien la Aedep ha mantenido una línea desde su fundación (articular procesos democráticos, fundamentar temas de libertad de expresión, solidarizarse con medios atacados por cualquier forma de poder…), es evidente que en estos últimos años ha habido un proceso mucho más agresivo. Lo que destaca la SIP es la resistencia que hemos realizado en estos años. Es eso lo que se está premiando”.

Foto: La República

Ir Arriba