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Luis Eduardo Vivanco

El plan es asustar, dándole un susto a Luis Eduardo Vivanco

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El más reciente mensaje del poder a las redes sociales ha sido enviado y es claro: o sus usuarios se portan bien y no atentan contra su imagen o tendrán problemas con la ley.   El autor de la advertencia es la Fiscalía, que aparentemente ha acogido una queja del Ministerio del Interior para que se inicie un proceso en contra de Luis Eduardo Vivanco, periodista de diario La Hora, productor del programa “Castigo divino” y activo usuario de redes sociales.

Vivanco se enteró de que estaba siendo procesado una tarde cuando al regresar a su casa de su trabajo  se encontró con un agente de la Fiscalía que lo esperaba, pacientemente, para entregarle una citación. Cuando su abogada fue a la Fiscalía a ver de qué se trataba el asunto, se encontró con que el proceso estaba curso y tenía ya 140 páginas. ¿El delito que se imputa? Vivanco aún no lo sabe con precisión, pero aparentemente se trata de algo relacionado con mensaje que colocó en su cuenta de Twitter  el 14 de abril en el que incluía una fotografía de la pila de billetes que se encontró bajo el piso de la casa de un oficial de Policía. Vivanco colocó junto a la foto una frase que decía: “Sobre estos colchones descansa la revolución”.   El tuit se viralizó con gran velocidad esos días y su autor recibió una serie de mensajes insultantes, sobre todo desde cuentas anónimas que generalmente se las identifica con el llamado troll center del Gobierno. Ese tuit, además,  volvió a hacerse popular cuando el propio Vivanco informó, a través de su cuenta de Twitter, del proceso que le habían iniciado.

Poco después de que Vivanco compartió la noticia de que estaba siendo procesado por ese tuit, la reacción en esa plataforma fue diametralmente opuesta a la que hubiera querido el Ministerio del Interior. Decenas de tuiteros empezaron a compartir el mensaje de Vivanco, asumiéndolo como propio bajo la etiqueta de #HagoMioEsteTuit o incluso escribiendo otra vez exactamente lo mismo que Vivanco.  El tema se convirtió así, durante al menos un día, en un abierto desafío al Ministerio del Interior o quien quiera que haya pedido que se procese al periodista por su mensaje.

“No está claro el tipo de delito. No sé de qué me acusan. Sólo sé que es ese tuit”, le dijo Vivanco a 4Pelagatos, quien además anunció que no va a asistir a la audiencia que le ha fijado la Fiscalía porque “tengo cosas más importantes que hacer”. La otra cosa que conoce el acusado es que la denuncia fue puesta por el Ministerio del Interior aunque no conoce si es por injuria o calumnia.  Si es así, el afectado debería ser “la revolución” o quien quiera que se haya sentido aludido, reflexiona Vivanco.

La velocidad de la Fiscalía ha sido sorprendente. En pocos días llegó a completar 140 hojas de proceso aunque no se entiende bien las razones por las interviene ya que, en el caso de que el Ministerio del Interior se sienta afectado, éste debió haber hecho una acusación particular para que sea procesada por un juez. La Fiscalía, se sabe, sigue únicamente casos que son pesquisables de oficio, pero no calumnias o injurias a particulares.

Pero si la velocidad es sorprendente, lo más insólito de la orden es que se haya dado una orden judicial para que se intervenga el teléfono y las cuentas de redes sociales del periodista. “Esto que estamos hablando ahora deben estar escuchando estos señores”, le dijo a 4Pelagatos Vivanco mientras compartía los detalles del proceso por el que está atravesando.

 ¿Intervenir teléfono y redes sociales por una supuesta calumnia? La simple posibilidad de que la autoridad ordene que se intervenga en las comunicaciones de un periodista o de un usuario de redes sociales, por un caso como éste, constituye una amenaza escalofriante para quien se expresa en internet. El proceso contra Vivanco, con este siniestro añadido, hace que la advertencia sea doblemente amenazante para los sectores de la sociedad que utilizan las redes sociales como escaparate para expresar su opinión sobre asuntos de interés público.

Lo del proceso de la Fiscalía a Vivanco claramente es un gesto de pedagogía social desde el poder:  si alguien siembra dudas sobre las actuaciones de las instituciones o de sus funcionarios tendrán que asumir las consecuencias. Y claro, las consecuencias son procesos judiciales que, en el caso de Vivanco, podría significarle varios meses en prisión. ¿Quién va estar dispuesto a arriesgar su libertad por comentarios en redes sociales? Es evidente que con este gesto de la Fiscalía, la sociedad se la pensará dos veces antes de hacer comentarios, expresar opiniones o hacer bromas en redes sociales. 

Es conocido que el Gobierno correísta ha intentado regular el uso de las redes sociales y las publicaciones en internet, pues toda información y opinión que sale a través de los medios tradicionales ya está bajo control a través de la Ley de Comunicación.  Precisamente el gobierno no pudo incluir en esa ley a los medios digitales por la avalancha de críticas que, en redes sociales, despertó la idea.

Estos intentos de control no han acabado y varios funcionarios insisten en la necesidad de que haya una ley que regule lo que se dice en redes. En marzo del 2017 el vicepresidente Jorge Glas dijo lo siguiente: “Ese es un debate para después de las elecciones pero lo planteo, yo soy ingeniero en tecnología de la información y la comunicación y creo que el Ecuador, como siempre ha hecho, puede proponer regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco, porque tratarán de unirlo con libertad de expresión que no es tal, es sencillamente que no exista anonimato en redes sociales”.

El que la ley no incluya a las redes sociales no ha impedido, sin embargo, que se hayan encontrado otras fórmulas para limitar la libre expresión en esas plataformas. La forma más eficiente o más usada es la que se está aplicando a Vivanco, es decir la vía penal. Ya funcionó en el caso de la concejala lojana Jeannine Cruz, quien cumplió con una condena de 30 días de presión por por haber proferido expresiones en descrédito o deshonra del alcalde de Loja, Bolívar Castillo. La figura está en el artículo 396 del COIP. Las figuras de calumnias, difamación e injurias se utilizan para amedrentar, escudándose en el derecho a la honra de las autoridades, artículo 182 del COIP. El motivo es evitar las denuncias y las críticas, recortando los derechos a la libertad de expresión.

Lo mismo sucedió con Sebastián Cevallos, tuitero y dirigente de Unidad Popular, quien en el 2016 fue sentenciado a 15 días de prisión por sus tuits en contra del exministro Carlos Carrasco.

El proceso en contra de Vivanco prueba que el miedo sigue siendo el recurso del poder para evitar que se hable mal de él. Lo que se le escapa a ese poder, sin embargo, es que para la sociedad, instituciones como la Fiscalía carecen de la más importante y potente fuente de legitimidad: la independencia.

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