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Rivadeneira y sus falacias estalinistas para salvar a Lula

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Tal como van las cosas, Gabriela Rivadeneira va a terminar convirtiendo a Alianza País, de la que es su Secretaria Ejecutiva, en un pequeño grupo de rabiosos militantes sin otra referencia ideológica que las manidas frases cliché de la la izquierda de la época de la guerra fría.

Para Rivadeneira, la política se reduce al enfrentamiento que existe entre quienes luchan por los pobres y están alineados con el bien, por un lado, y un complot internacional manejado por el imperialismo y las perversas élites del mundo, por el otro. Con esa mentalidad maniquea de Rivadeneira, Alianza País está condenado al ensimismamiento y al aislamiento político.

Dos hechos recientes ponen el evidencia esta conducta de Rivadeneira: el comunicado en el el cual Alianza País expresa su solidaridad con el ex presidente del Brasil, José Inacio Lula da Silva, condenado a nueve años y seis meses de cárcel y sus más recientes críticas al gobierno de Lenín Moreno por haber dado un viraje completo en la política de comunicación que dejó instalado el gobierno de Rafael Correa.

Rivadeneira, como muchos otros igual que ella entre ellos el ex presidente Rafael Correa, cree a pie juntillas que Lula es víctima de un complot internacional que busca desestabilizar a la izquierda latinoamericana y evitar que vuelva al poder.  Según esta gente este complot tiene dos vértices: la politización de la justicia y el acoso mediático orquestado por las élites. Para Rivadeneira esto es un acto de fe. Para ella no existe posibilidad alguna que Lula haya estado involucrado en actos de corrupción y que los jueces y las investigaciones sobre su vinculación con hechos de corrupción sean ciertos. Este acto no es más que un nuevo capítulo de persecución judicial, comunicacional y política que llevan adelante las élites brasileñas y latinoamericanas, con el único propósito de impedir la participación de Lula como candidato en las elecciones presidenciales del próximo año en Brasil y evitar así una nueva victoria del campo popular en nuestro hermano país”, dice el comunicado de Alianza País que fue redactado bajo el auspicio e inspiración de Rivadeneira. Ribadeneira está convencida (o quiere convencerse) de que la gente de izquierda no puede ser corrupta. Seguramente porque en su simplismo estalinista si un revolucionario como Lula o Correa toman algo que no es debida será por una causa mayor o por el bien común. Para ella, la lucha contra la corrupción, tal y como se la lleva adelante en Brasil es tan solo una maniobra del neoliberalismo que quiere regresar. No hay como doblegarse ha dicho en un blog que tiene en el canal chavista Telesur frente a “quienes hacen de la bandera anticorrupción un caballo de Troya que encierra a oscuros personajes ligados a la corrupción orgánica de las décadas de entrega neoliberal”.

La Secretaria Ejecutiva de Alianza País se cierra a cualquier posible evidencia sobre la corrupción de Lula y otros políticos llamados progresistas. De esa manera no deja espacio para la duda razonable que, incluso simpatizantes de izquierda, puedan tener sobre la honestidad del ex presidente de Brasil y otros líderes regionales. Este manifiesto de Alianza País a favor de Lula se produce, además, cuando en el Ecuador existe una importante expectativa social por el desarrollo de las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción que tienen relación con el gobierno de Lula. Así, de un solo tajo, Rivadeneira hace que su movimiento se convierta en sospechoso de complicidad con la corrupción. “Desde el Ecuador, repudiamos enérgicamente la persecución político-judicial motivada por intereses espurios y mezquinos y convocamos a todas las fuerzas progresistas del continente a alzar su voz en defensa de uno de los principales líderes que ha tenido la historia latinoamericana y en defensa de la democracia brasileña”, agrega el comunicado.

Pero para quienes aún entienden la política como lo hace Rivadeneira, no puede haber complot internacional contrarrevolucionario sin la complicidad de los medios de comunicación privados. Precisamente por mantener ese simplismo frente a la política es que Rivadeneira ha decidido criticar a Lenín Moreno por el giro que su gobierno ha tomado frente a los medios de comunicación. Para ella, es inconcebible que Moreno no mire a los medios privados como los principales enemigos de la revolución.  “Todos los gobiernos populares y progresistas de América Latina enfrentaron con mayor o menor éxito un panorama similar de extrema concentración y hostilidad mediáticas. No podemos tomarnos con ligereza una batalla fundamental. No es por capricho que la Revolución Ciudadana dio la batalla comunicacional, como correspondía a un proyecto comprometido con la democratización profunda de la sociedad”, ha escrito en su cuenta de Twitter luego de que se conoció que Moreno había invitado a Carondelet a los dueños de los medios privados y había sacado a las vacas sagradas del correísmo de los medios llamados públicos.

En el blog que mantiene en Telesur, Rivadeneira resume su pensamiento sobre lo que está ocurriendo en la región de esta forma: “sería ingenuo no ver en este asedio mediático-judicial constante a las figuras políticas emblemáticas del gran arco popular y progresista latinoamericano la mano de una derecha que, a nivel continental, opera a través de dos brazos primordiales: los aparatos judiciales y el poder mediático concentrado”.

Con una esa cosmovisión aplicada a Alianza País, lo único que hace Rivadeneira es convertir a ese movimiento en el reducto del correísmo más estalinista, trasnochado y dogmático. ¿No se ha dado cuenta de que las encuestas muestran que el liderazgo conciliador y de tolerancia frente a los medios de Lenín Moreno está teniendo éxito?  ¿No es capaz de darse cuenta que la sociedad estaba hastiada del liderazgo agresivo y de acoso a la prensa de Rafael Correa?

El riesgo de que Gabriela Rivadeneira está el mando de Alianza País es que termine aislando a ese movimiento no solo del gobierno sino de una renovación de idearios indispensable en toda organización política moderna. Bajo un liderazgo que sigue atrapado en la misma paranoia de la izquierda setentera, será muy difícil que el Alianza País pueda convertirse en un laboratorio de pensamiento, como debería ser un partido moderno y, lo más probable, es que termine siendo una central partidista al servicio de los intereses del por ahora ausente Rafael Correa.

Gabriela Rivadeneira está empeñada en convencer a la opinión pública de algo que solo pueden creer los sectores más dogmáticos del correísmo: que la lucha contra la corrupción es una maniobra neoliberal para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Se trata de una fórmula forzada y falaz que, para lo único que puede servir, es para curarse en salud.

Odebrecht, el último intento de Correa por mantener la máscara

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El gobierno quiere sacar a Odebrecht de su pasado y actúa como si no la conociera. Que siempre la mantuvo a raya, dice ahora, como corresponde a una compañía que estafó al país entregándole una central hidroeléctrica de 600 millones (San Francisco) que colapsó a los siete meses por deficiencias técnicas y errores de diseño. Deficiencias y errores motivados, básicamente, por la corrupción. Cualquier persona medianamente conectada sabía, mucho antes de que Marcelo Odebrecht cayera preso y empezara a cantar, que la constructora brasileña arreglaba millonarios sobreprecios. Y que tenía “comprados a varios funcionarios del Estado”, como admitió el propio Rafael Correa en 2008, cuando la expulsó. En ese entonces el presidente dijo que conocía la magnitud de la corrupción y sabía quiénes eran los corruptos. Luego se le olvidó: nunca dijo sus nombres. Nunca hizo nada. Hasta ahora, cuando el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Odebrecht viene a desempolvar esas viejas historias y a revelar otras muchas, como por ejemplo la existencia de un auténtico “departamento de sobornos” en el organigrama de la compañía. Entonces el gobierno ecuatoriano se rasga las vestiduras y sale a responder el informe con un comunicado oficial en el que proclama su inocencia al mundo y lanza una advertencia: que a nadie se le ocurra involucrarnos. “No permitiremos”. “Tampoco aceptaremos”.

Nosotros expulsamos a Odebrecht, empieza diciendo su respuesta oficial. ¿Quieren una mejor prueba de nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción? La echamos del país por la estafa del proyecto San Francisco y porque era una empresa corrupta y corruptora. Cierto es que la trajimos de vuelta a los dos años, pero sólo “luego de que aceptara todas las condiciones impuestas por el gobierno nacional”. Y volvió para ser controlada. La obligamos a pagar una reparación económica por los daños causados. La pusimos a participar en licitaciones para que se ganara sus contratos. La cercamos con auditorias independientes y diáfanas con el aval incuestionable de la Contraloría. Es decir, la mantuvimos vigilada para evitar que corrompiera a los funcionarios públicos de manos-limpias-mentes-lúcidas-y-corazones-ardientes.

En eso consistió la relación del gobierno con Odebrecht según el comunicado oficial. Por todo ello “queda extremadamente claro” –continúa– que “la conducta del gobierno nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la patria”. A partir de ahí la retórica es la de los sábados: somos-gente-de-manos-limpias-y-no-permitiremos-que… Es la fórmula correísta para lavar conciencias. No permitiremos que, con acusaciones “selectivas y a veces claramente sesgadas”, se pretenda empañar el honor “hasta al propio vicepresidente de la República” (que conste que lo nombran ellos). “Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que, para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio”.

Tiene gracia: los actos de corrupción de los que se han declarado culpables los directivos de Odebrecht los cometieron con la complicidad, entre otros, del gobierno ecuatoriano que hoy les niega credibilidad por ser corruptos. Odebrecht compró funcionarios en este país durante este gobierno. Los compró igual que en todos lados: sistemáticamente. Y esto ocurrió no sólo, como dice el comunicado y dio a entender Alexis Mera para despistar, entre 2007 y 2008, años inmediatamente anteriores a su expulsión, sino entre 2007 y 2016, como consta claramente en la página 29 del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.  O sea que después de expulsarla del país por corrupta, el gobierno volvió a traer a la constructora brasileña para que siguiera corrompiendo. ¿Y ahora sale con que “no permitiremos que”, “tampoco aceptaremos que”? No parece hallarse el gobierno ecuatoriano en la posición (la posición moral, sobre todo) para permitir o no permitir nada en este caso.

¿Que Odebrecht volvió al Ecuador sólo después de haber aceptado las condiciones que le impuso el Estado? Tal afirmación, escrita con todas sus letras en un comunicado que lleva por título “El gobierno nacional a la ciudadanía”, es una mentira deliberada. A Odebrecht se le empezó por entregar sin licitación una obra de emergencia en 2010, antes de que se cumplieran los plazos que, según ley, la inhabilitaban para operar y hacer negocios con el Estado luego de su expulsión. De inmediato se le entregaron contratos por más de 1.600 millones de dólares y sí, se la sometió a concurso, pero se la declaró vencedora a pesar de que sus ofertas, en casi todos los casos, no eran las más ventajosas y convenientes.

El gobierno se jacta de haber obligado a Odebrecht a pagar 20 millones de indemnización para cubrir las pérdidas por la paralización de la central San Francisco. Lo que no dice es que el propio gobierno, en 2008, calculó esas pérdidas por encima de los 80 millones; no dice que la Contraloría levantó ocho glosas por 70 millones contra la constructora brasileña; no dice que las demandas del Estado ecuatoriano contra Odebrecht, en el momento de su expulsión del país, alcanzaban los 250 millones de dólares. ¿Y se enorgullecen ahora de haber cobrado 20? La indemnización exigida a Odebrecht fue un regalo más que un castigo.

Y lo demás fue peor: los juicios, las glosas, la pelea internacional que dizque estaba dispuesto a librar el presidente para que todo el mundo se enterara de lo que hace Odebrecht en los países en que trabaja… Todo quedó en nada. Cuando la constructora brasileña regresó al Ecuador, dos años después de su expulsión, el presidente que había declarado “No descansaré hasta dar a conocer al mundo lo que han hecho en este país” retiró una por una todas las demandas. Especialmente aquella presentada en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.

¿Qué demanda era esa? Ocurre que Odebrecht, para emprender la construcción del proyecto San Francisco, obtuvo un crédito de 286,8 millones del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). Ese crédito fue avalado por una garantía soberana del Estado ecuatoriano. Cuando Correa decidió expulsar a Odebrecht por considerar que la construcción de San Francisco fue “una estafa”, presentó una demanda en París para desconocer esa garantía. Pero cuando trajo de vuelta a la constructora brasileña, la retiró. Es decir que Ecuador continúa siendo el garante de una estafa.

Mientras tanto, en la Contraloría, las ocho glosas por un total de 77 millones de dólares levantadas contra Odebrecht quedaron simplemente insubsistentes. Todo eso fue parte del acuerdo que posibilitó el regreso de la constructora al Ecuador.

El gobierno se precia de haber actuado “en función de los intereses de la Patria” y con un profundo sentido de la soberanía. La verdad es que el arreglo que permitió el regreso de Odebrecht parece haber sido impuesto desde fuera. Siete días apenas después de su expulsión, en Caracas y en presencia del propio Rafael Correa, Chávez lanzaba flores a la compañía brasileña y alababa su “nivel de transparencia y de confianza absoluta”. Y Lula, el hombre que hoy está acusado de haber recibido de la constructora, fraudulentamente, tres millones de dólares para su fundación, incluidos casi un millón a su nombre por concepto de conferencias en el extranjero, ejerció toda la presión que pudo, que es mucha. Ya lo había demostrado cuando evitó, con un mensaje de su Cancillería, la caducidad del contrato con Petrobras luego del escándalo de Palo Azul.

Hoy el presidente se rasga las vestiduras. En su última sabatina ya adelantó que intentarán salpicarlo con el escándalo. Para curarse en salud, el año empezó con los trolls del gobierno dirigiendo el foco de las sospechas contra el Municipio de Mauricio Rodas, cuyo contrato con Odebrecht para la construcción del metro es, como todos aquellos firmados bajo el esquema correísta de las alianzas público-privadas, sospechoso y oscuro. No le hace: las mentiras del gobierno sobre su relación con Odebrecht son clamorosas. Su reacción es, quizá, el último gran intento del correísmo por mantener su máscara.

Arriba: Rafael Correa visita las obras de la hidroeléctrica San Francisco. Foto: Presidencia de la República.

La cortina revolucionaria para tapar corruptelas

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El Plan Cóndor ha vuelto. Es la nueva consigna de la propaganda correísta. Se la copió el presidente a Nicolás Maduro –que es algo así como inspirarse en Homero Simpson– y en poco tiempo la llevó de las sabatinas a los foros internacionales. El canciller Guillaume Long, con esa “elocuencia francesa que atenúa su incapacidad”, como decía Kertész de Kundera, lo repitió en las Naciones Unidas. El Plan Cóndor ha vuelto. Ahora no hay asambleísta de gobierno, funcionario o militante, por insignificante que sea, que no lleve instalado el chip en la cabeza y lo eche a andar en cualquier entrevista de radio. El Plan Cóndor ha vuelto, editorializa el periódico de papá con el mismo entusiasmo con que se entregó el año pasado a repetir la cantaleta de moda en ese entonces, la del golpe blando, y en sus páginas transcribía las teorías de un medio digital chavista cuyo nombre hace honor a su vocación democrática: Aporrea. El Plan Cóndor ha vuelto y es mucho peor que el golpe blando. El propio Correa reconoce que se quedó corto cuando hablaba de restauración conservadora: para victimizarse como es debido, al socialismo del siglo XXI no le basta con decir que la derecha ha vuelto, necesita fijar en la imaginación la idea de una masacre. El Plan Cóndor ha vuelto para lavar la cara de cuantos gobernantes socialistas han sido agarrados con las manos en la masa. O lo serán.

Cristina Fernández, llamada a rendir cuentas ante la justicia argentina por la fortuna que amasó con su marido en la década por ellos ganada, retuitea uno de los editoriales de El Telégrafo mientras alista maletas para venir a Quito a participar en el cónclave regional de izquierdas populistas conocido como ELAP (Encuentro Latinoamericano Progresista). Y Rafael Correa prepara un complaciente discurso inaugural, que no podrá ser sino seudoacadémico, cuyo contenido ya fue en parte adelantado: Cristina –le dirá–, esos jueces que no te permiten guardar tus millones en tus cajas fuertes son los pérfidos agentes del plan cóndor renovado. Usará palabras diferentes, pero eso dirá.

Porque no pueden vivir sin una guerra fría que los justifique. Quieren a toda cosa abrirse un lugar en el martirologio de la revolución inconclusa que aprendieron a amar en su adolescencia, quieren figurar entre Salvador Allende y los Tupamaros. Por eso desempolvan los viejos fantasmas de la historia y tratan de hacerlos caber en el presente de cualquier manera, como quien coloca la pieza errada del rompecabezas: a martillazos.

Así:

  1. El Plan Cóndor fue una operación transnacional de terrorismo de Estado ejecutada por gobiernos militares contra civiles indefensos. El plan cóndor renovado es una supuesta operación transnacional de persecución mediática y judicial ejecutada por la población civil contra los Estados indefensos porque, como dijo Rafael Correa y todo el mundo lo sabe, “hay que tener mucho cuidado de la sociedad civil”.
  2. El Plan Cóndor se saldó con el asesinato, desaparición y tortura de miles de personas. El plan cóndor renovado se saldará con el encarcelamiento por corrupción de un puñado de funcionarios devenidos en nuevos ricos.
  3. El Plan Cóndor tuvo su galería de monstruos abominables: López Rega, el asesino esotérico; Massera, el ideólogo de la desaparición forzada y los vuelos de la muerte; Videla, el traficante de niños; Pinochet, la personificación del terror anticomunista; el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, el ejecutor obediente… Fascistas en serio, genocidas crapulosos y corruptos. El plan cóndor renovado ¿a quién tiene? ¿Al juez Moro, empeñado en descubrir la corrupción del PT brasileño con la ley en la mano? ¿Mauricio Macri, ganador de unas elecciones democráticas? ¿Leopoldo López, preso de conciencia? ¿Guillermo Lasso? ¿Cynthia Viteri? ¿Bonil? ¿Los diez de Luluncoto? ¿Esos son los monstruos despreciables a los que el correísmo equipara con los criminales de sangre fría de los setenta y ochenta? ¿En serio?
  4. El Plan Cóndor fue coordinado por la CIA por iniciativa de Henry Kissinger, el secretario de Estado emblemático de la guerra fría. Al plan cóndor renovado, ¿quién lo coordina? ¿Karen Hollihan, la ecuatoriana residente en Miami que está enjuiciando a Telesur por haberla acusado, sin aportar una sola prueba, de encabezar las operaciones desestabilizadoras de la CIA en Ecuador?
  5. El Plan Cóndor fue financiado por Richard Nixon, el presidente estadounidense que bombardeó Camboya. Y por Ronald Reagan, el que invadió Panamá. ¿Quién financia el plan cóndor renovado? ¿Barack Obama, el que reestableció relaciones diplomáticas con Cuba?
  6. El Plan Cóndor desestabilizó la democracia en la región. El plan cóndor renovado lo desestabiliza todo, si hemos de creer en la sesuda explicación del presidente en su sabatina número 494 (ánimo, ya sólo quedan 34). ¿A los bancos no les va del todo bien? Plan Cóndor. ¿El dinero electrónico es un fracaso? Plan Cóndor. ¿La Cámara de Comercio de Quito se queja por los aranceles? Plan Cóndor. ¿A Rodrigo Collahuazo lo pescan recibiendo entrenamiento para organizar grupos de choque? Plan Cóndor, plan Cóndor, plan Cóndor.

“Es evidente que no se trata de una simple coincidencia”, editorializa el periódico de papá. ¡Es evidente! A estas alturas podrían escribir cualquier cosa. Al revés también funciona: no puede ser una coincidencia que sea tan evidente. ¿Quieren evidencias? Ahí van algunas: los millones de dólares en fajos de a cincuenta en el baúl de Cristina; la documentada ruta del dinero sucio entre Buenos Aires y las Seychelles; el departamento de Lula en Guarujá; las cuentas bancarias de la hija de Chávez… ¿Aparecerán otras? ¿Las evidencias relacionadas con los 1.200 millones de dólares perdidos en El Aromo? ¿O los 2.200 millones de la refinería de Esmeraldas? ¿Las evidencias de todos los sobreprecios de todas las hidroeléctricas? ¿Las evidencias de los contratos de la Secom?

El plan cóndor renovado luce como una medicina oportuna para curarse en salud.

En la imagen, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. Atrás, el símbolo del peronismo. Foto: Presidencia de la República.

Lula, dios del Olimpo

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Mientras relataba con una sonrisa trágica, se llenaron sus ojos de lágrimas por la emoción cuando confirmó que su lucha por la restauración democrática y el exilio se justificó por tener jueces, fiscales y policía independiente del poder político. Es Raul do Valle, político y activista brasileño, ligado a la izquierda, quien nos contó sobre el tétrico escenario de corrupción, latrocinio y pandillerismo de la era del Partido de los Trabajadores. 4pelagatos detalló en tres entregas (“La Telenovela de Brasil”) ese entretenido y espeluznante monólogo que dibujó la mutación, una kafkiana metamorfosis hacia el gusanismo y el gansterismo de un dirigente sindical revolucionario y de una guerrillera izquierdista.

En la Grecia antigua se creía en una casta de dioses con tantos poderes divinos como tantos defectos humanos. Corruptos y vanidosos, estos dioses, sin embargo, estaban libres de culpa por su deidad; impunes por sus poderes y libres para sus travesuras. Los humanos aceptaban las imperfecciones y las corruptelas divinas con resignación y adoración. Para estos dioses, era moral, legítimo, disfrazarse de cisne para copular; juguetear con los destinos de los mortales, destruirlos; apropiarse de sus bienes. Para eso eran dioses. Para delinquir sin responsabilidad.

En América Latina ha surgido una casta de líderes venidos de la necesidad, arribados al poder y al lujo, arrojados sin las protecciones éticas en arcas repletas de dinero; que muestran tanto defectos como pretensiones de divinidad griega. Lula perdió la noción entre lo moral y lo inmoral, dice do Valle. Entró al Olimpo. Y allí, para lo inmoral no cabe sanción.

Si un expresidente que fue obrero, mora en una zona costosa, en un departamento de tres pisos y con ascensor interior que aparece a nombre de una compañía constructora que tuvo y tiene contratos de obra pública; o que viaja en aviones privados y recibe enjundiosos honorarios de las mismas compañías por hacer nada; difícil no concluir que eso es corrupción. Si tiene pico de pato, patas de pato, es un pato.

Los conmilotones chavistas han salido a defenderlo. Todos los rabos de paja -presidentes y secretarios de organismos regionales- arguyen que este guerrero -Lula- es víctima. Y en muestra que incluso en la mafia hay ciertos códigos éticos -mafiosos- sin ruborizarse le han investido de fuero. Así es en el Olimpo. Los dioses se cubren entre ellos. Hoy por ti, mañana por mí, deben pensar. Ernesto Samper, con gran cinismo, ha dicho que el nombramiento de Lula como ministro es una forma legítima de defensa. Lo que suena a que mientras el corrupto goce del privilegio del poder, las manos de la justicia estarán distantes.

Pero como esto de los dioses es pura mitología, la realidad es que de un golpe judicial y por el funcionamiento de las instituciones, toda esta ralea de atracadores han sido y serán investigados, enjuiciados y encarcelados. Cualquier protección o pretensión de impunidad tarde o temprano chocará con jueces, con fiscales que actúen en beneficio de la justicia y la moral. La clase política, la otra, la del pasado, aquella a la que esta casta de nuevos ricos reemplazó con el aura del izquierdismo vindicativo; hizo la tarea y en Brasil institucionalizó la justicia, que la ejercen juristas independientes; la fiscalía, que no la ejerce el primo o el amigo; y la policía federal que no está en manos de Sherlock Holmes de caricatura. Y de esto es que do Valle se aferraba para, en medio de la emoción, convencerse de que tanto atraco no quedará en la impunidad. Y mientras él mostraba esa esperanza, los oyentes intentamos sumarnos a ella. A la esperanza de que diez años de impunidad algún rato terminarán.

El emblema del socialismo del siglo XXI se hunde

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“Lula, su presencia aquí prueba que usted tiene la grandeza de los estadistas”, dijo Dilma Rousseff en la ceremonia de investidura del expresidente como jefe de la Casa Civil, cargo equivalente a una jefatura de ministros. “Hoy tengo el magnífico chance de traer para este gobierno al mayor líder político de este país”. Pronunciadas después de que el juez Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras, divulgó 35 comprometedoras grabaciones telefónicas de Lula por considerarlas “de interés público”, estas palabras de la presidenta sonaban huecas. E infructuosas: minutos después del nombramiento, el juez Itagiba Catta Preta Neto lo dejaba sin efecto con una medida cautelar. Impedido de asumir como ministro, Lula queda desaforado y expuesto a las investigaciones del juez Moro.

Las grabaciones son un escándalo. Muestran a un Lula que pretende seguir manejando el poder tras bastidores. Coordina con el sindicalista Vagner Freitas el apoyo de la Central Única de Trabajadores. Instruye a los diputados del PT sobre cómo presionar a los jueces. Acuerda con la presidenta el nombramiento de superministro que lo libraría de la acción de la justicia y, al mismo tiempo, le permitiría coordinar con diputados y senadores para impedir el juicio político que puede sacar del cargo a Dilma Rousseff.

Las grabaciones, realizadas con autorización judicial en el contexto de las investigaciones del caso Petrobras, muestran la impotencia de Lula por no controlar a Sergio Moro, a quien se refiere como “la República de Curitiba”, en alusión a la ciudad donde este juez federal tiene sus oficinas. “Yo sinceramente estoy asustado con la república de Curitiba, porque a partir de un juez de primera instancia todo puede acontecer en este país” dice a Dilma Rousseff. Y con respecto al mismo juez instruye al diputado petista Wadih Damous: “Ellos tienen que tener miedo. Un hijo de puta de esos que hablan mierda tiene que dormir sabiendo que al día siguiente tendrá un grupo de diputados inflándoles los huevos”. Y en otra conversación cuenta de la advertencia que hizo a un grupo de senadores: “Hoy les dije: no quiero quemar el país. Soy la única persona que podría incendiar este país. (…) Soy un hombre de paz, tengo familia. No quiero”.

Aún Lula puede apelar a la medida cautelar que dejó sin efecto su nombramiento como ministro. Sin embargo esta decisión del juez Preta Neto ya agravó la situación política de la presidenta, tan frágil que el domingo pasado sacó a la calle a más de tres millones de brasileños que pedían su dimisión. Preta Neto consideró que el nombramiento de Lula como ministro busca entorpecer un proceso en marcha: Este sería el motivo único o principal de la actuación de la mandataria –dice la resolución judicial–: alterar la competencia constitucionalmente atribuida a los órganos del Poder Judicial”.  Esto supone una “intervención directa” de la presidenta en asuntos del poder judicial “con traslado de la competencia”, pues Lula, como ministro, tendría fuero de corte y el juez Moro sería desposeído del caso.

Dilma Rousseff, con el agua al cuello, buscaba en el nombramiento de Lula una tabla de salvación. En su lugar, encontró un lastre. Aparte de ponerse y ponerlo a él en evidencia, al nombrarlo ministro incurre en otra falta que es causal de juicio político con posibilidades de destitución: la “intervención de directa”. De hecho reactivó en el Congreso el debate que puede conducir a su impeachment.

Así Lula, calificado en su momento por la BBC como “el político más popular del planeta” y máximo líder del socialismo del siglo XXI en América Latina, parece tener definitivamente el sol en las espaldas.

La telenovela de Brasil: ¿cómo salir de la cleptocracia? (3)

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Última entrega del relato de Raul do Valle sobre la corrupción en Brasil. ¿Cuáles son las alternativas políticas para salir de la cleptocracia? El analista político pinta un panorama desolador. Sigue leyendo

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