Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

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Ministerio del Interior

El plan es asustar, dándole un susto a Luis Eduardo Vivanco

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El más reciente mensaje del poder a las redes sociales ha sido enviado y es claro: o sus usuarios se portan bien y no atentan contra su imagen o tendrán problemas con la ley.   El autor de la advertencia es la Fiscalía, que aparentemente ha acogido una queja del Ministerio del Interior para que se inicie un proceso en contra de Luis Eduardo Vivanco, periodista de diario La Hora, productor del programa “Castigo divino” y activo usuario de redes sociales.

Vivanco se enteró de que estaba siendo procesado una tarde cuando al regresar a su casa de su trabajo  se encontró con un agente de la Fiscalía que lo esperaba, pacientemente, para entregarle una citación. Cuando su abogada fue a la Fiscalía a ver de qué se trataba el asunto, se encontró con que el proceso estaba curso y tenía ya 140 páginas. ¿El delito que se imputa? Vivanco aún no lo sabe con precisión, pero aparentemente se trata de algo relacionado con mensaje que colocó en su cuenta de Twitter  el 14 de abril en el que incluía una fotografía de la pila de billetes que se encontró bajo el piso de la casa de un oficial de Policía. Vivanco colocó junto a la foto una frase que decía: “Sobre estos colchones descansa la revolución”.   El tuit se viralizó con gran velocidad esos días y su autor recibió una serie de mensajes insultantes, sobre todo desde cuentas anónimas que generalmente se las identifica con el llamado troll center del Gobierno. Ese tuit, además,  volvió a hacerse popular cuando el propio Vivanco informó, a través de su cuenta de Twitter, del proceso que le habían iniciado.

Poco después de que Vivanco compartió la noticia de que estaba siendo procesado por ese tuit, la reacción en esa plataforma fue diametralmente opuesta a la que hubiera querido el Ministerio del Interior. Decenas de tuiteros empezaron a compartir el mensaje de Vivanco, asumiéndolo como propio bajo la etiqueta de #HagoMioEsteTuit o incluso escribiendo otra vez exactamente lo mismo que Vivanco.  El tema se convirtió así, durante al menos un día, en un abierto desafío al Ministerio del Interior o quien quiera que haya pedido que se procese al periodista por su mensaje.

“No está claro el tipo de delito. No sé de qué me acusan. Sólo sé que es ese tuit”, le dijo Vivanco a 4Pelagatos, quien además anunció que no va a asistir a la audiencia que le ha fijado la Fiscalía porque “tengo cosas más importantes que hacer”. La otra cosa que conoce el acusado es que la denuncia fue puesta por el Ministerio del Interior aunque no conoce si es por injuria o calumnia.  Si es así, el afectado debería ser “la revolución” o quien quiera que se haya sentido aludido, reflexiona Vivanco.

La velocidad de la Fiscalía ha sido sorprendente. En pocos días llegó a completar 140 hojas de proceso aunque no se entiende bien las razones por las interviene ya que, en el caso de que el Ministerio del Interior se sienta afectado, éste debió haber hecho una acusación particular para que sea procesada por un juez. La Fiscalía, se sabe, sigue únicamente casos que son pesquisables de oficio, pero no calumnias o injurias a particulares.

Pero si la velocidad es sorprendente, lo más insólito de la orden es que se haya dado una orden judicial para que se intervenga el teléfono y las cuentas de redes sociales del periodista. “Esto que estamos hablando ahora deben estar escuchando estos señores”, le dijo a 4Pelagatos Vivanco mientras compartía los detalles del proceso por el que está atravesando.

 ¿Intervenir teléfono y redes sociales por una supuesta calumnia? La simple posibilidad de que la autoridad ordene que se intervenga en las comunicaciones de un periodista o de un usuario de redes sociales, por un caso como éste, constituye una amenaza escalofriante para quien se expresa en internet. El proceso contra Vivanco, con este siniestro añadido, hace que la advertencia sea doblemente amenazante para los sectores de la sociedad que utilizan las redes sociales como escaparate para expresar su opinión sobre asuntos de interés público.

Lo del proceso de la Fiscalía a Vivanco claramente es un gesto de pedagogía social desde el poder:  si alguien siembra dudas sobre las actuaciones de las instituciones o de sus funcionarios tendrán que asumir las consecuencias. Y claro, las consecuencias son procesos judiciales que, en el caso de Vivanco, podría significarle varios meses en prisión. ¿Quién va estar dispuesto a arriesgar su libertad por comentarios en redes sociales? Es evidente que con este gesto de la Fiscalía, la sociedad se la pensará dos veces antes de hacer comentarios, expresar opiniones o hacer bromas en redes sociales. 

Es conocido que el Gobierno correísta ha intentado regular el uso de las redes sociales y las publicaciones en internet, pues toda información y opinión que sale a través de los medios tradicionales ya está bajo control a través de la Ley de Comunicación.  Precisamente el gobierno no pudo incluir en esa ley a los medios digitales por la avalancha de críticas que, en redes sociales, despertó la idea.

Estos intentos de control no han acabado y varios funcionarios insisten en la necesidad de que haya una ley que regule lo que se dice en redes. En marzo del 2017 el vicepresidente Jorge Glas dijo lo siguiente: “Ese es un debate para después de las elecciones pero lo planteo, yo soy ingeniero en tecnología de la información y la comunicación y creo que el Ecuador, como siempre ha hecho, puede proponer regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco, porque tratarán de unirlo con libertad de expresión que no es tal, es sencillamente que no exista anonimato en redes sociales”.

El que la ley no incluya a las redes sociales no ha impedido, sin embargo, que se hayan encontrado otras fórmulas para limitar la libre expresión en esas plataformas. La forma más eficiente o más usada es la que se está aplicando a Vivanco, es decir la vía penal. Ya funcionó en el caso de la concejala lojana Jeannine Cruz, quien cumplió con una condena de 30 días de presión por por haber proferido expresiones en descrédito o deshonra del alcalde de Loja, Bolívar Castillo. La figura está en el artículo 396 del COIP. Las figuras de calumnias, difamación e injurias se utilizan para amedrentar, escudándose en el derecho a la honra de las autoridades, artículo 182 del COIP. El motivo es evitar las denuncias y las críticas, recortando los derechos a la libertad de expresión.

Lo mismo sucedió con Sebastián Cevallos, tuitero y dirigente de Unidad Popular, quien en el 2016 fue sentenciado a 15 días de prisión por sus tuits en contra del exministro Carlos Carrasco.

El proceso en contra de Vivanco prueba que el miedo sigue siendo el recurso del poder para evitar que se hable mal de él. Lo que se le escapa a ese poder, sin embargo, es que para la sociedad, instituciones como la Fiscalía carecen de la más importante y potente fuente de legitimidad: la independencia.

El ministro que hubiera querido tapar a la exjueza

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En el mundo correísta, donde lo anormal es regla, el ministro del Interior, Diego Fuentes, actuó con total lógica: le preocupa más averiguar quién difundió el video en que aparece la ex jueza Lorena Collantes amenazando de muerte a un grupo de policías, que investigar los delitos flagrantes que ese video pone en evidencia. En una rueda de prensa, con la ministra de Justicia Ledy Zúñiga a su lado, Fuentes dijo: “vamos a determinar, no solamente dentro de la Policía Nacional, vamos a hacer la solicitud a las otras instancias que también conocieron del parte y de los videos que se filtraron, para determinar quién fue el responsable de esa filtración y de la autoría de los videos”.

La lógica es implacable. Hay una serie de videos que produce un escándalo social. Esos videos son protagonizados por una exjueza, Lorena Collantes, que tiene amigos en este gobierno: Viviana Bonilla y Marcela Aguiñaga, con quienes se fotografió cachete con cachete. Marcela Collantes hizo campaña electoral por Viviana Bonilla para la Alcaldía de Guayaquil. También se ha fotografiado con otros altos jerarcas del correísmo. Ella fue investida jueza en 2015 por el Consejo de la Judicatura de este gobierno. Así que los videos del escándalo y los audios que salieron a la luz salpican al correísmo. Es comprensible que al ministro Fuentes le preocupe más averiguar quién los filtró que averiguar si las amenazas proferidas por la exjueza contra los policías tienen fundamento real: ¿existen esos poderosos amigos a los que alude? ¿Son tan poderosos y tan malvados que pueden matar a un policía en treinta minutos con sólo una llamada? ¿Tiene la exjueza relación con sicarios?

La anormalidad es tan habitual en este gobierno que causa perplejidad. ¿Por qué el ministro del Interior dio una rueda de prensa sobre este tema? ¿Por qué le preocupa más la filtración de los videos que los delitos flagrantes cometidos o aludidos por la exjueza? El caso parece demostrar que a Lorena Collantes no le faltan razones para hacer alarde de su poder. “¿Quieres probar mi poder?”, le gritaba al policía cuando lo amenazaba de muerte. ¿Estaría en su casa un ciudadano cualquiera que hubiera hecho lo mismo? En el video de la Policía ella habla de un ex esposo al que califica de “el mafioso más mafioso”. Dice que él le consiguió el cargo de jueza. ¿Y al ministro Diego Fuentes le preocupa cómo se filtró el video?

Los videos y los audios que se hicieron virales son reveladores: retratan una situación de poder. No importa si es real o imaginado. Lorena Collantes hace valer, mintiendo, su investidura de jueza para intimidar a los policías. Quiere meterles miedo. Les dice, además, que en ese cargo la puso su exesposo, que es el más mafioso de los mafiosos. A su rival, en uno de los audios, la amenaza con expulsarla del país con una sentencia judicial. En definitiva, ella se comporta como se comporta porque se siente poderosa. Hace alarde de ello. La relación que establece con su entorno, todo este culebrón, este reality show, la retrata como rehén de lo que cree ser. De sus ínfulas de superioridad y de su anhelo de impunidad, porque se siente cercana a los espacios donde sus amigos aplican la fuerza a los otros. El video destapa eso porque la sociedad contemporánea es abierta y aspira a la transparencia.

Sorpresa: eso es seguramente lo que Diego Fuentes hubiera querido tapar. Y como no lo logró está tras aquellos que filmaron y colgaron lo que hizo una amiga de los jerarcas del poder.

Arriba: el ministro del interior, Diego Fuentes, junto a la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, durante la rueda de prensa sobre el caso Collantes. Foto: diario La Hora

Correísmo: cruel, inhumano y degradante

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Las aberraciones judiciales que se acaban de perpetrar en este país son escalofriantes. Y sus propósitos,  canallas. Expulsión colectiva de personas: un crimen de lesa humanidad. Lo cuenta Juan Pablo Albán, el abogado que encabezó el equipo de defensores de los 120 cubanos que fueron expulsados del Ecuador entre el 9 y el 13 de julio. En estos 10 fragmentos de testimonio él narra cómo el aparato jurídico y policial del correísmo es capaz de arrastrarse por niveles de inhumanidad y miseria moral que no se habían visto en el país desde el ominoso año de 1986.

1. Esto se llama expulsión colectiva

«No quiero usar la palabra deportación, porque la deportación es una institución jurídica del derecho migratorio. Estas personas no fueron deportadas, fueron expulsadas. La expulsión se configura cuando ocurre de manera colectiva y no individual. Es verdad que hubo audiencias para cada uno pero la lógica de esas audiencias era la de un procedimiento ni siquiera sumario sino vertiginoso, donde no había posibilidad de preparar una defensa. Y los jueces no tenían paciencia de escuchar nada. “Hable rápido –decían–, cinco minutos”. Todo era simplemente mecánico y predestinado a producir un resultado de expulsión. A eso hay que agregar los acuerdos ministeriales de expulsión colectiva. Los iniciales, porque después forjaron documentación ex post para decir que había un acuerdo ministerial por cada detenido. Pero yo estuve en el aeropuerto el día de la segunda expulsión y vi el acuerdo ministerial de los 46 de ese día: era un documento. No 46, uno solo. Sin lista. Y eso es una expulsión colectiva, prohibida expresamente por la Constitución y catalogada como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.»

2. Lesa humanidad

«¿Por qué es un crimen de lesa humanidad? Primero, porque es un ataque “generalizado”, en tanto alcanza a un gran número de víctimas: 120 personas. Segundo, es un ataque contra población civil en razón de una condición personal, que es su origen nacional. Tercero, es un ataque que se concreta en un acto inhumano: enviarlos de vuelta a un país donde temen fundadamente que serán perseguidos. Es claramente un crimen de lesa humanidad. Ahora sólo sabemos el paradero de 17 de los 120 expulsados. Lo dije en la audiencia de hábeas corpus y al Tribunal le dio lo mismo.»

3. ¿Cuántos son?

«Determinamos que fueron 163 los detenidos en el parque de El Arbolito. La cifra oficial es de 151, pero a esos 151 hay que agregar a Efraín Sánchez, un cubano residente en el Ecuador, con papeles en regla,  arrestado por alterar el orden público y llevado no a la Unidad de Flagrancias sino al CDP. Él no estaba contado entre los 151. Hay que agregar también a cuatro niños, la más pequeña de 2 años de edad y el mayor de 12, que fueron detenidos con sus padres. La Constitución prohíbe la detención de niños. Los policías igual los detienen pero no los incluyen en los partes. Hasta ahí van 156. Y han ido saliendo nombres de personas que, de hecho, fueron arrestadas y luego no se sabe a dónde fueron conducidas. Es un tema delicado. En la audiencia de hábeas corpus yo entregué la tarjeta de identidad cubana de un señor de nombre Rafael Díaz, que no aparece en las listas. No sabemos si inmediatamente después del operativo se lo dejó en libertad o si sigue detenido con otra condición.»

4. Desaparecidos en Ecuador

«De los 151 oficialmente detenidos, 120 fueron expulsados. Como la expulsión fue colectiva; como el Estado no reveló las listas de personas y sus identidades no se conocen de manera pública; dado que esas personas estaban bajo la custodia del Estado y no fueron presentadas a la audiencia de hábeas corpus, tenemos que suponer que están desaparecidas. El Estado nos va a decir que las entregó a las autoridades cubanas. Pues bien: es importante esclarecer que, de los 29 que aterrizaron el primer día en La Habana, soltaron a 10 y 19 quedaron detenidos. Y de los 46 que expulsaron el segundo día, no sabemos cuántos han sido liberados pero sabemos que fue un número muy pequeño. Hay que considerar que muchos de ellos constaban en los registros de disidentes que llevan las autoridades políticas cubanas. Y que la disidencia en Cuba está penada como delito. Otros expulsados, simplemente, eran funcionarios públicos que abandonaron sus puestos de trabajo, lo cual también es considerado un delito en Cuba.»

5. De la dictadura con amor

«La ley de migración, adoptada en época de dictadura militar (1971) por vía de Decreto Supremo, establecía que la autoridad que decide las deportaciones era el intendente de Policía y que debía consultar a su superior jerárquico, que era el ministro de Gobierno. Cuando la ley se reformó en 2009 la deportación pasó de ser un proceso administrativo a uno judicial, y la responsabilidad de hacer juicios de deportación pasó de los intendentes a los jueces de contravenciones.  Pero dejaron (no creo que por brutos sino por perversos) la disposición de consultar al ministro del Interior. Esto es inconstitucional. La Constitución dice que, por principio de unidad jurisdiccional, sólo las autoridades de la Función Judicial administran justicia y ninguna autoridad de otro poder del Estado puede interferir en las actuaciones de la Justicia o alterar los resultados de un proceso judicial. Y también dice que las normas de jerarquía inferior que contravengan la Constitución no pueden ser aplicadas en contra de la Constitución. Es decir que esta ley no puede ser aplicada. Pero se aplicó.»

6. Jueces malportados

«Según el conteo de la Defensoría Pública, del total de audiencias que se hicieron, en 81 casos se dispuso la libertad en la sentencia. En todos esos casos (incluso en los 16 en que no se elevó consulta) la sentencia de libertad fue revertida por el Ministerio del Interior. Y lo que es peor: en el resolutivo 4 de los acuerdos ministeriales de deportación y de revocatoria a la sentencia judicial, se dispone oficiar al Consejo de la Judicatura para que se observe la conducta irregular de los jueces que negaron la deportación y dispusieron la libertad.»

7. El Ministerio manda y vigila

«Hubo personal del Ministerio del Interior en los despachos de los jueces exigiéndoles que produzcan las resoluciones rápido. Sabemos que al menos dos juezas se revelaron y dijeron: esto es inaceptable. Una de ellas fue sustituida.

»Camuflado como supuesto defensor público, el señor director nacional jurídico del Ministerio del Interior en persona, Juan Javier Torres, a quien vamos a denunciar penalmente, empezó a recabar los datos de los ciudadanos que estaban detenidos en la unidad de contravenciones. Les hizo creer que era su abogado para sacarles la información que necesitaba para expulsarlos. (…) Hubo otro funcionario del Ministerio del Interior que entraba y salía de la unidad contravencional diciendo que él era del Consejo de la Judicatura y estaba tratando de velar el debido proceso.

»En la audiencia de hábeas corpus, el tribunal anunció un receso de cinco minutos. Salieron los jueces y atrás salió Juan Javier Torres con sus asesores. Desaparecieron por 2 horas 20 minutos y volvieron al tiempo. (…) Y cuando los jueces se retiraron a deliberar, desapareció otra vez Juan Javier Torres. El delegado de la Defensoría del Pueblo, José Luis Guerra, como vigilante del debido proceso, fue a buscarlos por todo el edificio. Los encontró en el segundo piso (la audiencia era en el sexto) pero no supo decir si los jueces estaban solos: no le abrieron la puerta. Al funcionario que vigila el proceso, no le dejaron entrar.»

8. Crueles, inhumanos y degradantes

«Los detenidos fueron incomunicados de sus familiares y de nosotros, sus abogados. No fueron puestos a disposición de un juez en el tiempo indicado en la Constitución, que es 24 horas, pues las primeras audiencias de deportación empezaron 36 horas después de la detención.

»Mantuvieron a todos en un calabozo de una unidad judicial que está diseñado para atender audiencias sobre delito flagrante, es decir, donde las personas no esperan más de tres o cuatro horas. Ahí les tuvieron tres días. No hay sillas, no hay camas, no hay baños suficientes, no hay nada, no hay frazadas. Ahí les tuvieron, mezclados hombres y mujeres. El calabozo además tiene un diseño interesante: da hacia un garaje y todo es abierto, dos de sus costados son de rejas sin ventanas y entra un frío de morirse. Ahí les tuvieron tres días durmiendo en el piso. Eso es trato cruel e inhumano. Hubo cacheos a las dos de la mañana. Entraban los antimotines, los ponían contra la pared a hombres y mujeres y cacheaban, policías hombres o mujeres, al que le tocara. ¿Buscándoles qué, si les habían quitado todo?»

9. Asociación para reprimir

«El director nacional jurídico del Ministerio del Interior introdujo como prueba los certificados de movimiento migratorio de los expulsados. En ellos se evidencia que toda esta expulsión masiva había sido planificada: en cada uno de esos expedientes consta un salvoconducto de viaje Quito-La Habana correspondiente a personas cuya expulsión supuestamente no había sido decidida todavía. Y ese documento de viaje se otorga por motivo de deportación. ¿Quién lo otorga? El consulado cubano. Eso demuestra que estaban concertados para sacarles. Ellos mismos introdujeron como prueba los certificados de movimiento migratorio de los que estaban sentados en la sala, con indicación de que se encuentran deportados con fecha 13 de julio de julio de 2016. Y esto ocurrió a las 11 de la noche del 12 de julio. Y con todo esto, el tribunal negó el hábeas corpus.»

10. Hábeas corpus, letra muerta

«Con respecto a los 75 que habían sido expulsados antes de la audiencia, el tribunal dijo que no podía pronunciarse. ¿Por qué? Porque no fueron llevados a la audiencia por estar fuera del país. ¡No determinaron la violación de derechos porque no estaban en la audiencia! ¡Y expresamente la ley dice que, cuando la persona no fuera presentada a la audiencia, se presumirá la privación ilegítima de libertad y se concederá el habeas corpus automáticamente!

»Respecto a los que estaban ahí, con la salvedad de un caso, el tribunal se basó en que había un grupito chiquito con sentencias de deportación para negar el hábeas corpus de todos, aunque la mayoría tenía sentencias de libertad. Nadie puede ser expulsado cuando tiene fundado temor de persecución en el lugar al que sería expulsado, pero ese principio humanitario de obligatoria aplicación no lo quisieron considerar siquiera.

»Apelamos oralmente de inmediato, como faculta la ley. En consecuencia, la decisión denegatoria del hábeas corpus no podía ejecutarse y esas personas no podían ser expulsadas del país hasta que se resolviera la apelación por la corte provincial. Aun así, contra un proceso judicial de garantías activo, vivo, sacaron a los 45 que quedaban, los llevaron al aeropuerto de Latacunga y los expulsaron.»

Ministro Serrano, ¿el mentirosito no es usted?

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José Serrano dijo que 4pelagatos mintió al escribir que su ministerio desembolsó, el año pasado, alrededor de 4 millones para la realización de la serie “Tierra de serpientes”. Mentira, anotó en el segundo tuit de una serie de cinco destinados, supuestamente, desmentir a los pelagatos que él, muy creativamente, llama comegatos. En ese segundo tuit, José Serrano escribe: “2/5 comegatos amargados y caricaturista q firma como SERVIL, bien pagados x sus amos extranjeros, dicen q hicimos serie d 4 millones. MENTIRA”.

Dejando de lado los insultos, en los cuales no vamos a igualarlo, 4pelagatos invita al señor Ministro a hacer un ejercicio sencillo. Usted dice que la serie no fue presupuestada por cuatro millones de dólares. Diga usted por cuánto fue. ¿No fue usted acaso quien ideó la serie con Camilo Márquez, su asesor, y Nora Salgado, la productora? ¿Qué relación familiar tiene usted con ella? ¿La serie estaba planificada para tener diez capítulos?

Ministro, ¿cuánto costó el episodio-piloto que hicieron para ver si aprobaban la serie? ¿Alrededor de $500 000? ¿No es verdad que para junio del año pasado desembolsaron alrededor de $700 000 para echar a rodar la serie, cuya filmación empezó en los primeros días de agosto? ¿No es verdad que su Ministerio prestó patrullas, un helicóptero, el 911 y francotiradores para la filmación? ¿Para el asalto de un banco, en especial? ¿No es verdad que policías del GOE y el GIR entrenaron a los actores en manejo de armas y otros menesteres de ese oficio tan peligroso como consta en la rendición de cuentas del GOE?

Ministro, ¿cuántos capítulos fueron filmados de los diez previstos? ¿Solo cinco? ¿Es verdad o no que en ellos se gastaron algo más de dos millones de dólares? La serie estaba presupuestada por 4 millones de dólares y el informe de ruta crítica del Comprobante Único de Registro de gastos (CUR) suma cuatro millones y algo. Eso fue lo que publicamos. Pero, claro, si nos equivocamos, usted podría decir al país cuánto exactamente pagó su ministerio por esos capítulos dignos de figurar, hasta que usted diga lo contrario, como la serie más cara en la historia del país.

¿Hasta dónde estuvo usted inmiscuido, Ministro, en esta serie? Su asesor hizo carrera en ella pues incluso figura de bartender. ¿Puede confirmar usted si, como supo 4pelagatos, él resultó muerto en una balacera?

¿Puede usted ratificar, ya que usted ayudó a escribir el guión, si la serie quedó efectivamente inconclusa por falta de fondos? Si fuera el caso, Ministro, por qué están promocionando su difusión en TC Televisión? ¿Podría usted decir cómo darán coherencia a esta serie en la cual se entretejen historias paralelas? ¿Puede usted decir si el protagonista, enfrascado en una riña en el quinto capítulo, se salva o se muere? ¿Y qué pasará con las pandillas? ¿Qué pensarán los televidentes del antagonista cuya trama hace parte del corazón de la historia? ¿Se acabará la serie sin meter preso al villano?

Ministro, no insulte: informe. Es su deber. No solo porque usted hace parte de los que idearon la serie, la escribieron, otorgaron contratos… Sino porque usted decidió hacerla con dineros que son de los contribuyentes, no suyos. No nos llame mentirosos, cuando el que oculta la información es usted.

Foto: Presidencia de la República

Más de 4 millones cuesta el Miami Vice de José Serrano

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José Serrano, el ministro de Interior, es un hombre de aspiraciones. A tal punto que el propio Presidente lo incluyó en la lista de posibles candidatos para acompañar en la papeleta oficial en la cual, casi sin duda alguna, estará Lenín Moreno.

Serrano quiere convertir la seguridad en su mejor carta de presentación. Por eso aspira a elevar a la categoría de heroico al trabajo que ha hecho en el Ministerio del Interior. Y allí han pensado que lo mejor es que la Policía sea retratada en una mini serie de televisión que se llama “Tierra de serpientes” y que, según supo 4Pelagatos, aparecerá en la pantalla del canal del gobierno TC Televisión entre agosto y septiembre. En “Tierra de serpientes”, al igual que en sus congéneres Miami Vice, CSI, Starsky y Hutch, Columbo y CHiPs, los policías son eficientes y llenos de valores humanos. Ahí casi nunca aparecen policías corruptos o golpeadores. Todos son buenos, valientes, honestos y justos.

En eso debe haber pensado Serrano cuando su ministerio desembolsó, en junio y julio del 2015, algo más de 4 millones de dólares para la realización de “Tierra de serpientes”. En esos documentos, al menos, se registran ocho pagos en el mes de julio y tres en el julio.  En esta mini serie se verá un trabajo policial de película: habrá agentes guapos y detectivas hermosas que, dirigidos por mandos policiales profesionales y políticos sagaces, vencerán en las calles, a punta de bala, a las más horripilantes mafias. “Tierra de serpientes” será la experiencia audiovisual que revolucionará la visión que los ecuatorianos han tenido del trabajo policial. Y aparecerá, vaya coincidencia, en agosto o septiembre: en plena época electoral.

La gran diferencia entre “Tierra de serpientes” y los Miami Vice extranjeros radica en que quienes financian la mini serie ecuatoriana son los giles contribuyentes que, como siempre, ni se enteran ni tienen el derecho a decir esta boca es mía sobre si les parece correcto o no que un burócrata invierta su dinero en una empresa como ésta.

Y no es poco dinero. Según documentos oficiales que están colgados en la web, el Ministerio del Interior hizo diez desembolsos que suman 4 millones 40 mil dólares a la productora Claqueta Films S.A., por concepto de “convenio de pago por el servicio de pre producción, producción y postproducción  de cuatro capítulos de una serie policiaca ‘Tierra de serpientes”.

La producción cuenta con algunos actores conocidos como el de Estella Redondo, Christian Donoso y Juan Carlos Terán y es dirigida por Coco Urrutia. Según el promocional, aparecido en el segmento “De boca en boca”, se trata de una coproducción de TC Mi Canal y Titán Producciones. Titán producciones también ha hecho otros documentales para el Ministerio del Interior.

El periodista de “Boca en boca” asegura que la mini serie ha sido hecha con “la colaboración de la Policía Nacional” y que su objetivo es “develar las historias” que han sido resueltas por esa institución para “informar a la ciudadanía”. Según este promocional lo que se pretende es enseñar cómo la Policía combate el hampa para “otorgar seguridad a la sociedad ecuatoriana”. El actor entrevistado afirma categóricamente que la idea de la serie es que “sepa el ecuatoriano que tenemos una policía distinta a la que tenía en años anteriores: bien equipada y que tiene otro enfoque”. Luego de afirmar que la producción no tiene nada que envidiar a otras producidas en Chile o Colombia, el mismo actor hace la invitación para que los televidentes “se sientan orgullos del trabajo ecuatoriano”.

https://youtu.be/zWVzZZS6cqc

“Tierra de serpientes” es otra iniciativa audiovisual, de muchas, que ha salido de la mente de políticos que están convencidos de que tienen derecho a hacerse publicidad o hacer carrera con el dinero de los contribuyentes. Otro caso similar, también evidenciado por 4Pelagatos, es “Ciudad Quinde” producida por la Superintendencia de Control del Mercado y que costó a los contribuyentes algo más de 700 mil dólares.

En ambos casos se plantea además la interrogante sobre la legalidad o al menos la legitimidad de que dependencias públicas como esas financien obras audiovisuales como una mini serie de televisión. Esto nada tiene que ver con los artistas. Cuatro millones de dólares puede ser mucho o poco dinero para una miniserie tan bien montada como dicen que es “Tierra de serpientes” pero la discusión está en si gastos como esos son éticamente sustentables.

Mostrar a una policía expedita y con mucho sex appeal parece ser lo que llevó a los principales del Ministerio del Interior a producir “Tierra de Serpientes”. Pero de la ficción a la realidad hay un mucho trecho. Y, además, el espectador puede tener otras lecturas. Por ejemplo, es posible, y además legítimo, sospechar que hay una relación directa entre esa serie y la campaña electoral. ¿Acaso el ministro José Serrano no tiene conocidas y legítimas aspiraciones electorales?

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Las cervezas del domingo y la deshonestidad política a lo bestia

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Existen decisiones que pueden ser positivas pero que desnudan lo peor de la deshonestidad política. Una de ellas es la reciente decisión del gobierno de volver a permitir que se vendan bebidas alcohólicas los domingos.

Esta decisión, anunciada el lunes 9 de mayo por Fernando Alvarado, ministro de Turismo, y José Serrano, ministro del Interior, ha dejado al descubierto toda la deshonestidad política que ha estado tras este y otros temas. Desde aquel 15 de junio del 2010 cuando el entonces ministro de Turismo y actual sumo sacerdote de la felicidad colectiva, Freddy Ehlers, y el entonces ministro del Interior y actual administrador de la justicia de bolsillo del país, Gustavo Jalkh, firmaron un acuerdo interministerial para prohibir dichas ventas.  Jalkh, aquel día, dijo al presentar la medida que al menos el 10% de los homicidios, que a nivel nacional se producen, tienen relación directa con el consumo de alcohol. “Solamente estas cifras justificarían que vayamos hacia una regulación mucho más rigurosa sobre el expendio de bebidas alcohólicas”.  Como ese día no dio  ninguna cifra específica ni ningún dato que justificara la medida, y como en aquel entonces aún había un espíritu crítico en la prensa que no paraba de pedir evidencias de que la medida en efecto había funcionado, Jalkh y su entorno se esforzaron en demostrar que la medida había sido un acierto. Jaime Vaca, director de Operaciones de la Policía, dijo a los pocos días que en la primera semana de control que las cifras de delincuencia habían bajado un 30% y las contravenciones y accidentes de tránsito también se redujeron en un 20%.

La deshonestidad política de Alvarado y Serrano se produce porque al anunciar la reversión de la medida no probaron que las razones que llevaron a Jalkh y Ehlers a decretar la prohibición hayan desaparecido o, al menos, modificado.  Si fuera así, los dos ministros hubieran presentado cifras y datos que sustenten que esos motivos ya no existen.   Si Ehlers y Jalkh tomaron esa decisión  supuestamente basados en el principio de que el alcohol estaba disparando la violencia los domingos, lo políticamente  honesto y responsable hubiera sido que ahora sus sucesores presenten pruebas de que  seis años más tarde esos motivos ya no tienen sentido. 

Lo único que dijo Serrano fue que “han sido 5 años en los cuales hemos tenido restricciones importantes en cuanto a horarios de atención y expendio de bebidas alcohólicas, y esto ha contribuido en la disminución de los índices de violencia. La apuesta es que podamos ser mucho más responsables de nuestros actos con el incentivo y la apertura que se está generando”.

Pero ¿cuáles son esos índices disminuidos de los que habló Serrano? ¿Se refería a los domingos o en general? ¿Mencionó datos sobre la incidencia del alcohol en los actos violentos? No, no dijo nada que no fuera vago y general y que lo que  hace es confirmar que no tienen nada, absolutamente nada, que mostrar para no apelar  al tema de la seguridad.

https://youtu.be/y9-D9TT6k2E

Y si Serrano no dio precisiones técnicas, lo expuesto por Alvarado fue, más o menos igual de impreciso y vago. Cuando afirmó que la decisión se la tomó por pedido de los empresarios turísticos, Alvarado dijo que  “nos hemos reunido y analizado la propuesta de ellos, de volver a ciertas condiciones que existían, especialmente en los centros de entretenimiento. Hemos pedido al Ministerio del Interior que revise las estadísticas como nos ha ido con los acuerdos antes firmados. Estas han reflejado resultados positivos, no obstante hemos pedido al Ministro del Interior que se extiendan los horarios y el Ministro accedió por un plazo de 6 meses, tiempo en el cual se realizará un observatorio y análisis de las medidas tomadas”.

Lo anunciado por Alvarado y Serrano confirma que la decisión del 2010 fue una enorme tontería.  ¿Se disminuyó la violencia los domingos como predijeron Ehlers y Jalkh? Si fue así, ¿porqué no mantener la medida? Y si en efecto funcionó y ya no se justifica ¿por qué no dieron detalles en datos técnicamente obtenidos? 

Lo único que  Serrano y Alvarado expusieron como justificativo para revertir la medida de sus antecesores es la necesidad de estimular el turismo y la actividad empresarial. Si eso es verdadero, lo que que estaban probando, más bien, es que su propio gobierno, hace 6 años, había perjudicado al turismo y a la economía.

Pero el tema no se agota ahí. Si es verdad que hay que estimular el turismo y la economía flexibilizando la venta de licores ¿entonces por qué el gobierno impuso un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas asegurando que se estaba haciendo un bien a la salud de los ecuatorianos al limitar su consumo? Ahora se ve que todo aquello fueron puras falsedades. Bla bla que dicen.

El verdadero motivo que llevó al Gobierno a permitir nuevamente la venta de bebidas alcohólicas los domingos es la desesperada y angustiosa necesidad que tiene de recaudar dinero de la sociedad y para eso resultó perfecta la idea de promover el consumo un día más a la semana para, con nuevos impuestos claro, recaudar más dinero. 

¿Y la seguridad y la salud? De eso mejor ni hablar que se necesita dinero, y vaya que mucho, para financiar un aparato Estatal que nadie ha querido achicar para reducir sus costos.

Los principios, ha quedado demostrado, no valen un pepino cuando se trata de raspar la olla.  Si antes hubo restricciones a actividades que podían generar dinero para las arcas públicas, ahora hay que desactivarlas.

Fotografía y video del Ministerio del Interior, propiedad pública

Los esbirros de Erdogan no riñen con la soberanía

en La Info por

Los médicos que las atendieron después de la paliza les dijeron: “quienes las golpearon saben muy bien cómo hacerlo”. Tienen contusiones internas y mucho dolor en todo el cuerpo pero ni un solo hematoma visible. Está claro que los gorilas de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco que visitó Ecuador, son unos profesionales. Y la impunidad ayuda. El jueves 4 de febrero controlaron las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, una universidad pública) y aplicaron la violencia contra un grupo de mujeres ecuatorianas que ejercían su derecho constitucional a la protesta sin que nadie les pidiera cuentas por ello.

Cristina Cachagual, Estéfani Altamirano, Pilar Raza, Karla Kalapaqui, Anabel Guerrero y Ana Cristina Vera son las mujeres golpeadas por los gorilas. Ellas fueron a manifestarse al IAEN, donde Erdogan ofreció una conferencia académica (en el sentido correísta de la palabra), contra las políticas de persecución y aniquilamiento con que el gobierno de Turquía somete al pueblo kurdo. Querían gritarle “asesino” y “genocida” en la cara. Sabían que no iba a ser fácil, que serían reprimidas. Lo que nunca imaginaron es que, en esta Patria Altiva i Soberana, esa represión correría por cuenta de una fuerza policial extranjera.

En la sede del Movimiento Nacional de Mujeres Luna Creciente contaron su historia. Cómo encontraron, al llegar al IAEN, que la fuerza pública ecuatoriana había cedido absolutamente el control de la seguridad a los guardias turcos. Cómo éstos ocuparon el auditorio y eran casi más numerosos que los asistentes, mientras que la Policía Nacional se quedó afuera. Cómo ellas se pusieron de pie para gritar contra Erdogan en cuanto lo vieron aparecer y cómo fueron reprimidas de inmediato y sacadas a rastras de la sala. Cómo las tumbaron en el suelo, una vez afuera, y las empezaron a patear con brutalidad mientras otros impedían a los periodistas y demás personas registrar el hecho con sus cámaras…

Los detalles son bochornosos: la sala llena de académicos y estudiantes del IAEN que reaccionó con aplausos a la represión de las mujeres. El recaudo observado por los policías turcos de tapar la boca de las agredidas. La pasividad vergonzosa de la Policía Nacional, en cuya presencia procedieron los turcos a tumbar y patear a sus víctimas. La perversa rutina del maltrato, que se cebó en las partes más vulnerables del cuerpo: la vagina, los senos, la cabeza… La mirada bovina y cobarde de decenas de funcionarios, estudiantes, profesores del IAEN que asistieron al procedimiento desde la cafetería o desde los pasillos sin decir esta boca es mía: academia correísta.

Alguien sí reaccionó, honorablemente: el asambleísta del partido de gobierno Diego Vintimilla. Le fue mal: también a él le pegaron los gorilas turcos. De inmediato tuiteó su desventura, incluyendo selfie de la nariz sangrante:

Fue entonces cuando esta historia, hasta aquí violenta e indignante, se convirtió en tragicómica y ridícula. Porque lo que siguió fue una avalancha de tuits de otros asambleístas del correísmo expresando su más sentida protesta e indignación por lo ocurrido… con su compañero. Virgilio Hernández, Rosana Alvarado, María Augusta Calle, Marllely Vásconez, Pamela Falconí, la misma Gabriela Rivadeneira… Tuitetaban y se retuiteaban los unos a los otros.

¿Contra quién dirigían su indignación y su protesta? ¿Contra la Cancillería, que permitió la entrada de tanto gorila con pasaporte diplomático al país? ¿Contra el ministerio del Interior y la Policía Nacional, que cedieron a un grupo de extranjeros el control de la seguridad en una universidad pública ecuatoriana? ¿Contra las autoridades de esa universidad, que se allanaron a ese procedimiento como si fuera normal? Contra nadie. Contra el aire. En el mejor de los casos, contra los gorilas. Como si un grupo de seguridad extranjero pudiera actuar con impunidad en el Ecuador sin que nadie se lo permitiera expresamente. “Condeno enérgicamente las agresiones”, escribió Rosana Alvarado. Enérgicamente, menos mal.

Tarde en la noche llegó, también por tuit, la explicación oficial a cargo del ministro del Interior, José Serrano, bajo cuyo mando la Policía ecuatoriana se ha especializado en linchar  manifestantes y molerlos a golpes no para detenerlos, sino para abandonarlos tirados en el suelo, tal y como hicieron los guardias de Erdogan con este grupo de mujeres. A eso Serrano llama “uso progresivo de la fuerza”. A Serrano le tomó tres tuits explicar que los gorilas turcos tenían pasaporte diplomático. Y poner el artículo de ley correspondiente según el cual, en esos casos, nada se puede hacer. Y ya está. “Rechazamos tajantemente estos hechos de violencia”. Tajantemente, menos mal.

Todo muy altivo. Todo muy soberano.

El cuadro lo completó, al día siguiente, el canciller Ricardo Patiño, responsable de haber otorgado esos pasaportes diplomáticos. Dijo que lamentaba profundamente que el presidente Erdogan hubiera sido objeto de gritos e insultos mientras ofrecía una conferencia en el IAEN. Que fue “una falta de respeto”. En el Ecuador del correísmo Carreño es, si se considera el número de enmiendas que le han hecho, más importante que la Constitución. Al extremo de que el canciller de la República se lamenta por la vulneración de un principio de Carreño por parte de un grupo de mujeres que ejercían un derecho constitucional. Y bueno, sí, también le pareció que “la actuación” de los guardias de Erdogan era “injustificada”. No dijo “la violencia”, “la golpiza”, “la agresión”, “el abuso”: dijo “la actuación”. ¿En qué consistió esa actuación? Consistió en que, “luego de haber inmovilizado a varias personas que protestaban, en algunos casos las afectaron”. Casi nada.

Curioso concepto de soberanía tienen los correístas. De geometría variable, diría un ingeniero: se aplica en la Universidad Andina pero no en el IAEN. En el primer caso, una institución extranjera no puede ni defender su voluntad expresada en las urnas. En el segundo caso, una legión de gorilas extranjeros puede hasta rompernos la cresta.

(En la foto: Cristina Cachaguay, Estefani Altamirano y Pilar Raza, tres de las mujeres golpeadas por los gorilas de Erdogan).
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