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Guillaume Long embajador en Ginebra: ¡qué macabro!

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El 13 de julio del 2016 el Ecuador se cubría de indignidad cuando, ese día, concluía el proceso de expulsión de 125 ciudadanos cubanos que fueron devueltos al país del que huían por motivos políticos y humanitarios. Un año más tarde, exactamente el 13 de julio del 2017, el recientemente posesionado gobierno de Lenín Moreno decidió premiar, nombrando como embajador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a quien fue el responsable diplomático de aquella inhumana e ilegal expulsión: Guillaume Long.

Que este nombramiento se haya formalizado cuando se cumple el primer aniversario de una de las peores violaciones colectivas de derechos humanos cometidas por el Estado ecuatoriano, parece una broma macabra. O de alguien que quiere burlarse de la imagen internacional del Ecuador. Ese nombramiento no es, en todo caso, un hecho cualquiera: la misión del Ecuador ante la ONU en Ginebra es la encargada de representar al país ante el sistema universal de derechos humanos. Es ahí donde están los organismos de la ONU que tratan los temas de defensa de los derechos ciudadanos; entre ellos el de la libre movilidad y el asilo político. Enviar a Long a Ginebra es algo así como enviar a Orlando Pérez a representar al Ecuador ante un organismo internacional de defensa de los derechos de las mujeres.

Se trata, sin duda, de un gesto impresentable del gobierno. Long se encargó de justificar y defender aquella infamia hace un año. “Hay que seguir desmontando todo este aparataje que de alguna manera es parte del bloqueo a Cuba”, dijo entonces adhiriéndose al discurso de uno de los gobiernos más represivos del mundo -Cuba-, y negando la posibilidad de que esas personas hubieran estado buscando asilo político. Para alguien con ideología mamerta, es imposible imaginar que esas personas pudieran aspirar a vivir en un lugar distinto a donde se impone la utopía comunista. Y si los hay, los tratan como son gusanos traidores . “El gobierno no puede estar participando de esta migración ilegal, a través de la trata de personas, o estar involucrado en  tráfico de personas proporcionando aviones”, sostuvo asimismo en un desborde de cinismo. Long mutó en trata de personas la desesperación de un grupo de cubanos que salieron de su país porque ahí ya no querían vivir. 

Long es responsable, como canciller que fue, de que se haya violado la obligación jurídica internacional que tiene el Ecuador de respetar el principio de non-refoulement, que indica que no pueden devolverse a refugiados al lugar donde sus vidas o libertades se encuentran amenazadas. También es responsable de no haber cumplido con los principios básicos del debido proceso y permitir a los a solicitantes de refugio que sus casos sean justa y debidamente considerados.

El proceso en contra de los cubanos debe ser uno de los mejores ejemplos de violación al debido proceso y Long legitimó internacionalmente aquello. Desde el 7 de julio del 2016, un día después de las detenciones, hubo una serie de audiencias de deportación en las cuales los detenidos tuvieron pocos minutos para presentar su defensa. Abogados defensores de los cubanos aseguraron, entonces, no haber podido hablar con sus defendidos con anterioridad a las audiencias e informaron que algunos cubanos arrestados habían presentado solicitudes de refugio, mientras otros ya tenían estatus migratorio legal o habían solicitado refugio durante la audiencia.

Long fue una figura clave en ese arreglo al que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa llegó con Raúl Castro. Pocos días antes había venido al Ecuador el canciller cubano para pedir que el Ecuador cierre sus puertas a los cubanos que utilizaban este país como parte de la ruta para llegar hasta los EEUU.

¿Como entender que un gobierno que quiere diferenciarse de su antecesor, precisamente en temas vergonzantes como el del manejo de los medios públicos o el de la tolerancia frente al disenso, premie a Long con una embajada que tiene, además, conexión con temas de derechos humanos? Lo más lógico, si la idea es darle una Embajada dentro del actual proceso de renegociación de lealtades en que está imbuido el correísmo, era enviarlo a Cuba de cuyo régimen ha sido tan entusiasta defensor y panegirista. Imposible olvidar el polémico mensaje que puso en su cuenta de Twitter cuando murió Fidel Castro: “El mundo llora a un gigante”.  También pudo haber sido nombrado como embajador en Venezuela, donde hay otro gobierno por el que Long siente profunda simpatía y adhesión.

Lenín Moreno parece que no ha entendido la dimensión que tienen las relaciones internacionales para la dignidad de un país. El vergonzoso apoyo al régimen represivo y dictatorial de Nicolás Maduro que mantuvo Rafael Correa sigue más o menos intacto. La canciller, María Fernanda Espinosa, repite los argumentos de los más recalcitrantes sectores del madurismo y dice que lo que más le preocupa a ella es la violencia de la oposición mientras el número de protestantes muertos supera los 90. A esa infamia se suma, ahora, el premio a Long.

El oprobio correísta se exhibe en Ginebra

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Autoritarismo a cambio de mejorar algunos índices sociales: ese es, en la visión de Rafael Correa, el canje propuesto a la sociedad ecuatoriana. Y ese es el mensaje implícito que su gobierno quiso promocionar estos días –otra vez, y otra vez sin éxito– ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Citada a evaluar el estado de los Derechos Humanos, la delegación del gobierno, dirigida por el canciller Guillaume Long, volvió a hablar de inversión pública en salud, educación, “pobreza multidimensional”, empleo, vivienda, “soberanía alimentaria”, electricidad… También habló de adelantos que, a sus ojos, el gobierno ha consignado en leyes sobre niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, minorías sexuales, presos, medio ambiente, inserción laboral… E incluso habló de la atencion presupuestaria dada a los “sectores agropecuario, manufactura, agroindustria, servicios, turismo comunitario y artesanal”.

Vea aquí  documento de presentación del gobierno en Ginebra

El modelo diseñado por Correa está ahí retratado. Un Estado todopoderoso, concentrador de todos los poder, dispensador de servicios y dádivas, que domina la sociedad, transgrede sus derechos civiles y políticos en aras de expandir algunos derechos sociales y políticos. Pero que tampoco responde por esa gestión, por su eficiencia y transparencia en la ejecución de esos presupuestos. El Estado que vuelve a emerger en Ginebra, habla de algunas de las cosas que hizo con la lluvia de petrodólares en políticas sociales y obra pública y cuyos balances reales siguen pendientes. Ese Estado sufre del síndrome de negligencia unilateral: ignora el marco institucional con dominio absoluto del Ejecutivo. Ignora la sociedad, su rol, sus derechos. Los ataques sistemáticos a los derechos humanos. La persecución de ciudadanos. El manejo de jueces. El daño que hizo al país y a los medios con su ley de comunicación… Ignora las tropelías que han dado material para un denso y dramático libro (Democracia: Derechos humanos e instituciones en Ecuador) que los demócratas deberían leer. Lenín Moreno y su equipo deberían leerlo y compararlo con el informe disparatado que presentó la delagacion oficial en Ginebra durante este Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal que Naciones Unidas hace en Derechos Humanos.

Ese ejercicio bastaría para resumir la década correísta. Ahí está retrado el modelo que recibirá Lenín Moreno el 24 de Mayo. Ahí se condensa lo que significó firmar un cheque en blanco, durante tantas elecciones, a un hombre –aupado por gran parte de la izquierda del país– cuya deficiencia democrática y su glotonería por el poder absoluto es hoy observada por los organismos internacionales y decenas de Estados.

Lea aquí las intervenciones los estados

La presentación del correísmo en Ginebra no sorprende. Sus representantes ya han interiorizado esa deficiencia democrática tras un metalenguaje tecno-dirigista. Su informe también los retrata. Debería servir a los demócratas para evaluar las consecuencias que acarreó el canje ritualizado en las urnas. Porque los ciudadanos toleraron la implantación de un modelo que, so pretexto de pavimentar de nuevo las carreteras o ensancharlas, arrasó la democracia endeble que había y dio pie al autoritarismo que hoy se padece. Ese gobierno hace un ejercicio tan absurdo en el mayor escenario que tiene el mundo sobre Derechos Humanos que, en su defensa, suma hasta la plata que destinó (en realidad fue la sociedad), para el terremoto del 16 de abril del año pasado…

Ese informe hecho por Long y esa delegación es un ejercicio escandaloso. Y para los ciudadanos es una lección. Este gobierno no cree que la sociedad y los ciudadanos tienen derechos civiles y políticos. Por eso habla del presupuesto para responder por centenares de transgresiones a los Derechos Humanos cuya lista ocuparía algunos libros: atropellos contra comunidades indígenas. Uso excesivo de la fuerza en protestas callejeras. Dependencia de la Judicatura del Ejecutivo e injerencia de ese Ejecutivo en el poder judicial. Tratamiento diferenciado en los pedidos de consulta popular y obstaculización evidente en las propuestas de la oposición. Restricción a la libertad de asociación y disolución de organizaciones de la sociedad civil. Deterioro evidente de la libertad de expresión y hostigamiento y persecución a los medios independientes. Detenciones arbitrarias. Disposiciones en el Código Penal que menoscaban la libertad de expresión. Uso indebido de Fuerzas Armadas para “apoyar en la Seguridad Integral del Estado”. Uso abusivo del Estado de excepción”, apenas hay protestas sociales, lo cual permite al gobierno suspender los derechos constitucionales de los ciudadadanos. Uso de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), para espiar ciudadanos y políticos. Vulneración del derecho a la privacidad. Información de carácter público secuestrada bajo el argumento de que es reservada o confidencial. Imposibilidad para las parejas homoparentales de reconocer a sus hijos comunes. Eliminación del derecho de negociación colectiva en el sector público. Eliminación del aporte del Estado al fondo de jubilación del IESS. Concesión de un millón de hectáreas cuya posesión es ancestral para actividades de megaminería metálica. Prohibición y penalización del aborto en caso de violación o violencia sexual y cuando el feto es inviable. Acoso judicial y policial contra activistas de todas estas causas…

Correa y su equipo niegan estos hechos. Para ellos, los derechos humanos se reducen a los derechos sociales y económicos. Su concepción del ser humano se limita a una persona que (supuestamente) come bien, tiene salud, estudia y trabaja. Todo esto bajo la férula del Estado, dirigido por ellos. Los otros derechos son materia prima para las quejas de los sufridores. Por desgracia para ellos, hay convenciones firmadas y organismos internacionales que entienden que los Derechos Humanos son integrales y no se pueden resumir en cierra la boca porque tienes carreteras…

Foto: Ecuavisa

Ecuador en el club de los asesinos

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Política exterior ecuatoriana: el canciller se reviste de teatral dignidad en Nueva York y el presidente se arrastra por el fango en Margarita. Mientras Guillaume Long abandona el salón principal de Naciones Unidas para expresar su rechazo al presidente de Brasil, Michel Temer, Rafael Correa se reúne con Robert Mugabe en la cumbre de No alineados para expresar su apoyo al de Venezuela, Nicolás Maduro. Junto a Correa y Mugabe, se solidarizan con Maduro los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia… Junto con Long se paran y se van los cancilleres de Venezuela, Nicaragua, Bolivia… Al verlos salir, los demás se preguntan: ¿quiénes son? Y se responden: los amigos de Mugabe. Punto para Temer.

Mugabe, de 92 años, es uno de los dictadores más sanguinarios del mundo. Gobierna Zimbabue desde 1980, año del que probablemente procede la información más actualizada de que dispone Rafael Correa con respecto al mundo y a la vida. Por eso sigue creyendo que Piero es la vanguardia musical del continente, que ser de izquierda es ser leninista y que Mugabe es un líder de la descolonización africana. Lo fue, en efecto. Pero en el intermedio (en estos 36 años que Correa se perdió), Mugabe mandó a asesinar a todos los líderes de la oposición en su país, cometió un genocidio contra 20 mil personas de la etnia Ndebele y quebró la economía de Zimbabue hasta el extremo de disparar la inflación al 14’000.000% mientras gasta, cada año, de 500 mil dólares para arriba en sus fiestas de cumpleaños.

Los presidentes del mundo que todavía se reúnen con Mugabe son un selecto club. Este año, en Margarita, estuvieron los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán… Correa no ha tenido ningún empacho en sumar al Ecuador a ese grupito, cuyas propuestas en los foros internacionales, especialmente en aquellos sobre derechos humanos, se sitúan vergonzosamente a contracorriente del planeta.

Ecuador es el país que apoya al delirante y criminal gobierno de Corea del Norte. En las Naciones Unidas se opuso a que los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese gobierno (asesinatos en masa, reclusión en campos de la muerte, violaciones, abortos forzados, tortura, esclavismo…) fueran remitidos a la Corte Penal Internacional. 111 países votaron a favor. Con Ecuador votaron en contra Cuba, Bolivia, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y China. Los amigos de Mugabe.

Ecuador es el país que no quiere que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se opuso a enviar una comisión independiente para investigar las matanzas masivas de población civil de las que se acusaba al ejército del presidente Bashar al-Ásad: 4 mil manifestantes asesinados. 33 países votaron a favor; 4 en contra: Rusia, China, Cuba y Ecuador. Los amigos de Mugabe.

Ecuador es el país que niega su protección a los defensores de derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se opuso a una resolución propuesta por Noruega en la que se impone a los estados miembros una serie de obligaciones y de buenas prácticas en esta materia: garantías, acceso a la información, libertad de asociación… Ecuador, en cambio, apoyó una serie de enmiendas a la propuesta noruega, enmiendas en las cuales ni siquiera se reconocía la legitimidad del término “defensores de los derechos humanos” y se desechaba la necesidad de protección contra la intimidación y las represalias. Esas enmiendas que tanto entusiasmaron a Ecuador (aunque al final se echó para atrás) fueron presentadas por Rusia, China, Cuba… Los amigos de Mugabe.

asesinos, putin

Ecuador es el país que pretende subordinar los derechos humanos a los valores culturales. Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscribió una propuesta de resolución según la cual la universalidad de esos derechos resulta supeditada a lo que llama “valores tradicionales de la humanidad”. Una pretensión absurda si se considera que algunas de las prácticas más ofensivas contra la dignidad humana provienen, precisamente, de “valores tradicionales”. El matrimonio forzado, por ejemplo; o la mutilación genital femenina; o la violación dentro del matrimonio; o la violencia familiar, sobre la cual el presidente Rafael Correa dice que las feministas exageran. Por supuesto, el proyecto de resolución no fue aprobado. Por escandaloso: porque pretendía atacar el corazón del concepto de los derechos humanos. La idea fue de Rusia y la suscribieron, entre otros países, Ecuador, China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Siria… Los amigos de Mugabe.

asesinos, corea del norte

Ecuador es el país que devolvió 150 refugiados cubanos a la dictadura de la que huían y le echó la culpa (Guillaume Long lo acaba de hacer nuevamente en las Naciones Unidas) a Estados Unidos. Es el país donde los presos reciben descargas eléctricas y los policías que se las aplican se extrañan de que alguien se queje, porque para ellos es un procedimiento absolutamente normal. Es el país donde el uso progresivo de la fuerza, a la hora de sofocar protestas, empieza por lanzar la Policía montada contra los manifestantes. Donde las libertades de expresión y asociación están sujetas al permiso del Estado

El Ecuador de Rafael Correa es un país que, por primera vez en su historia (y esto no ocurrió ni siquiera en tiempos de dictadura militar) está casado con las peores causas del planeta y busca en ellas la justificación (cultural, histórica, metafísica) para sus propios atropellos y desvaríos. El Ecuador de Rafael Correa, amigo de Mugabe, es un miembro selecto del club de los indeseables.

Ilustraciones: Amnistía Internacional. De arriba abajo: Robert Mugabe, Vladimir Putin y Kim Jong Un.

El pensamiento vivo del camarada Long en tres lecciones

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Parece que Guillaume Long se perdió en Ginebra. Se supone que el sexto examen del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era eso, un examen. Sin embargo, en lugar de rendirlo, el canciller se puso a dictar cátedra. A enseñar a los comisionados en qué mismo consiste eso de los derechos humanos. A pontificar.

Tanto pontificó que al final del primer día el presidente de la mesa no se contuvo las ganas de bajarlo por un tubo. Había preguntado el comisionado Manuel Rodríguez Rescia sobre las medidas que está adoptando el Estado ecuatoriano para garantizar el pluralismo jurídico en relación con el tema indígena y el canciller se permitió darle lecciones. Dijo que para empezar “el tema indígena no debería ser un tema”, que así es como lo quieren ver “los voceros intelectuales blancos” de los indios, que lo romantizan. Que hay que “transversalizar el elemento pueblos”. Dijo “perspectiva eurocéntrica”, dijo “neocolonialismo”, dijo “racismo solapado”. Dijo que son “temas complejos”. El presidente le hizo notar que el comité no era eurocentrista ni occidental, sino verdaderamente internacional. Y que en materia de derechos indígenas cuenta con “una experticia nada desdeñable”. Rodríguez Rescia, sin ir más lejos, “es uno de los expertos más extraordinarios que tiene América Latina en la materia. Y yo mismo he trabajado con pueblos indígenas, inclusive en Ecuador”. Y le invitó a revisar siete años de jurisprudencia emanada del organismo. Por un tubo.

El caso es que era un examen: había una lista de temas y un documento de cuestiones previas lleno de preguntas. Preguntas sobre la actuación de la Policía en las manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de la fuerza; sobre la discrecionalidad del presidente en la adopción de estados de emergencia; sobre la tipificación penal del terrorismo y el atropello de garantías procesales; sobre las garantías de igualdad sexual y la reparación de las víctimas de la violencia machista… Pero Guillaume Long no estaba ahí para referirse a estos temas sino para “desnudar algunos de los mitos circulados por la oposición política”. Y para impartir la doctrina correísta sobre derechos humanos, en la que se pueden distinguir tres principios fundamentales.

Primero: en la lucha por los derechos humanos hay un protagonista y ese protagonista es el Estado, su principal garante. He aquí un enfoque revolucionario que “reformula el contrato social” (esto a Long le encanta) e inaugura “el nuevo republicanismo del siglo XXI”. Los comisionados todavía no se han dado cuenta pero ya entenderán. Hasta ahora las naciones habían consagrado una lista de derechos y firmaban tratados (como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos materia del presente examen) para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder de los Estados. Ahora –viene a decirnos esta novedosa doctrina– es el Estado el que se encarga de proteger a los ciudadanos de sí mismos y protegerse a sí mismo de los ciudadanos. Protegerlos y protegerse, por ejemplo, de los medios de comunicación que “también violan los derechos humanos” con sus contenidos “discriminatorios, racistas, vulgares o sexistas”. Benny Hill, por ejemplo.

Segundo: con la sociedad civil “hay que tener mucho cuidado”. “Cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática –explicó el canciller– puede autoproclamarse defensor de los derechos humanos, crear una ONG con dos o tres personas y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso a veces con mayor credibilidad que los Estados”. Una infamia. En el siglo XX se creía que los derechos humanos estaban ahí para que los invoque cualquiera, incluidos los opositores derrotados. Es una visión ya superada. Hoy sabemos que en materia de derechos humanos sólo a los Estados les corresponde ese papel. Los Estados dicen la verdad, los ciudadanos mienten. La verdadera “sociedad civil vibrante” es la que trabaja codo a codo con el Estado en el marco del “sistema unificado de información” y en concordancia con las políticas-intersectoriales y los convenios-interministeriales. Para ello “existen mecanismos institucionales de trabajo dirigidos por el Ejecutivo”. En resumen: para luchar por los derechos humanos y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza hay que tener nombramiento.

Tercero: este Estado que lo organiza todo, lo coordina toda y es el único garante legítimo de los derechos humanos no puede, sin embargo, garantizarlos todos. ¿Ah, no? Pues no. No todavía. “Para poder garantizar todos los derechos” (“to-dos”, enfatiza el canciller) primero hay que luchar contra la pobreza. Son las estructuras sociales, políticas y económicas imperantes las que vulneran los derechos civiles y políticos. Por tanto hay que cambiar las estructuras. No es fácil, porque “ciertos sectores” no están dispuestos a “abandonar la cómoda premodernidad rentista sin oponer resistencia”. Esos sectores están “desesperados por volver al poder” para mantener las viejas estructuras que atentan contra el sistema de derechos. Se sobreentiende, pues, que hay que impedírselo. Es decir: para que la sociedad pueda gozar un día con plenitud de sus derechos civiles y políticos, hay que privar hoy a “ciertos sectores” de los suyos. La lucha en defensa de los derechos civiles y políticos es la lucha del Estado contra esos sectores.

De ahí que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comete un lamentable error cuando presta oídos a organizaciones e individuos que “no representan más que a sí mismos” y que sólo “buscan confundirla con su argumentos”. Los comisionados hurgan en interminables series de carpetas con las que “ciertos sectores” pretenden documentar los supuestos casos de violación a los derechos humanos en el Ecuador y pierden su tiempo: en el Ecuador no se violan los derechos humanos.

Desactualizados frente  a los nuevos enfoques de la ciencia política, inexpertos en materia de nuevo-republicanismo-del-siglo-XXI, anquilosados en los esquemas de un contrato social de la pelea pasada, los comisionados se gastan en preguntas extenuantes y frívolas. ¿Los 10 de Luluncoto, Manuela Picq, Mery Zamora, Sathya Bicknell? ¿Censura de prensa, discriminación sexual, restricción de derechos durante los estados de emergencia, uso excesivo de la fuerza por parte la Policía? ¿Prisiones preventivas que duran diez meses, indígenas acusados de terrorismo por bloquear carreteras, bandas de violentos que actúan en complicidad con las autoridades? No son casos de violaciones a los derechos humanos. Son naturales expresiones de “conflictividad política” en un país que, bajo el firme liderazgo de su gobierno, se ha entregado precisamente a la monumental tarea de construir una democracia verdadera que imponga la inclusión verdadera, fomente la igualdad verdadera y garantice la vigencia plena de los derechos humanos verdaderos. A no confundir las cosas. Lanzar a la Policía montada al galope contra manifestantes desarmados para defender las viejas estructuras es una violación a los derechos humanos. Hacer lo mismo para cambiar esas estructuras es “conflictividad política”. Si ése es el caso, ¿quién necesita rendir examen? ¿Para qué tantas preguntas?

¡Lean la Constitución! ¿No dice ahí que el Ecuador es un Estado de derechos, que se define como plurinacional e intercultural, que consagra la doctrina del Buen Vivir y reconoce la diversidad sexual y todas las formas de familia? ¿No se prescribe ahí la necesidad de contar con un sistema jurídico garantista, un Código Penal que “consolide el enfoque de derechos humanos”, un sistema unificado de organizaciones sociales con sus políticas intersectoriales, sus convenios interministeriales, sus mecanismos institucionales dirigidos por el Ejecutivo? ¿Qué más quieren? Pensándolo bien, no es Guillaume Long el que anda perdido en Ginebra. Son los comisionados los que no entienden nada.

En Montecristi se fabricó el salvavidas para los Isaías

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Si los Isaías, en virtud de un reciente fallo de un comité de la ONU, llegasen a recuperar los bienes que el gobierno de Rafael Correa les incautó será culpa de quienes,  el 9 de julio del 2008 en la Asamblea Constituyente, aprobaron un mandato constituyente en el que les quitaron a esos  hermanos su derecho a la defensa frente a la incautación.

En efecto, el que la Asamblea Constituyente de Montecristi haya eliminado el derecho a la defensa de los Isaías frente a la incautación es lo que ha dado pie a un comité de las Naciones Unidas a establecer que el Estado “tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo (…), debe dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados…”.

En otras palabras, ese día los asambleístas cimentaron, quizá sin saberlo, el argumento central para que los Isaías puedan reclamar, según su abogado defensor,  al Estado ecuatoriano la devolución de las empresas y bienes que se les incautó.

El Mandato establecía que la incautación “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución”. Agrega que los “jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar”.

Independientemente de si el dictamen del comité de la ONU tiene o no efecto obligatorio en el Ecuador, si los Isaías saquearon o no al Estado, lo que llama la atención cuando se observan las actas de aquel día es que nadie en Montecristi reparó o siquiera advirtió que al eliminar el derecho a la defensa de alguien se estaba violando un principio fundamental de cualquier sistema democrático.  Negar el derecho a la defensa de cualquier persona, por más espantosa que ésta sea, es negar un fundamento de la civilización moderna. Pero eso es algo que ninguno de los 111 asambleísta presentes fue capaz de observar aquel día en Montecristi.

El debate y aprobación del Mandato de marras se produjo un día después de la incautación, hecho que había provocado un clima de euforia y apoyo al Gobierno, a pesar de que algunos sectores criticaron el procedimiento.

De los 11 asambleístas que participaron en el debate aquel día ninguno observó desde el punto de vista doctrinario que el Mandato estaba eliminado el derecho a la defensa a determinadas personas. Apenas dos, León Roldós y Vicente Taiano, expresaron reservas sobre la oportunidad y las implicaciones que podría tener el mandato, pero tampoco cuestionaron que el texto haya eliminado el derecho a la defensa. Todos los otros asambleístas que intervinieron dijeron estar a favor y, sobre todo, felicitaron al gobierno por la incautación. Incluso una de las asambleístas que habló, Betty Amores que ahora apoya al candidato Guillermo Lasso, pidió que se pusiera énfasis en la necesidad de que los jueces no puedan, bajo ningún concepto, aceptar un recurso por parte de la defensa.

Ese día, el tema del Mandato fue introducido en el orden del día por pedido de varios asambleístas, entre ellos Galo Borja, quien luego fue ministro de Sectores Estratégicos, Viceministro de Comercio Exterior y actualmente es asambleísta por Alianza País. Durante su discurso, Galo Borja justificó la introducción del tema al asegurar que era necesario “proteger a los funcionarios que están tomando medidas para encontrar una solución y recuperar”.

La moción para cambiar el orden del día fue inmediatamente aprobada por 81 votos de los 111 asambleístas que estaban presentes. Luego de cantarse el himno nacional, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ordenó que se reparta el texto del Mandato y dijo que durante los 10 minutos que debía demorar el proceso de copiado y distribución del proyecto él iría a recibir a una delegación que había llegado hasta el recinto.

El primero en hablar fue Alberto Acosta quien para ese entonces había dado el célebre “paso al costado” y ya no era Presidente de la Constituyente. Acosta hizo un recuento de lo que había sido el “feriado bancario” y justificó la incautación por tratarse de una acción legítima para que el Estado recupere lo que había perdido. “Ha llegado la hora de la patria y tenemos un Presidente que tiene el valor y la decisión de hacerlo”, dijo y para cerrar su intervención dijo: “ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de establecer las bases para que en este Ecuador la economía esté en función de los seres humanos y nunca más al revés”. Acosta, sin embargo, nunca se refirió al tema de la eliminación del derecho a la defensa de los Isaías como tampoco lo haría ninguno de los asambleístas que intervinieron luego de él. Fue como si ese texto del Mandato hubiese sido invisible para todos.

Luego de Acosta habló Manuel Mendoza de Sociedad Patriótica quien también apoyó el proyecto de mandato, seguido de Luis Guamangate de Pachakutik quien aseguró que en nombre de su movimiento saludaba  “a estos procesos de revolución, porque creo que estas acciones son las que legitiman verdaderamente un accionar de una tendencia que quiere el cambio verdadero para el pueblo ecuatoriano”.

Luego de estas exaltaciones a la incautación intervino Vicente Taiano del Prian. Taiano fue el primero en marcar ciertas distancias con el proyecto de Mandato, pero lo hizo casi como si estuviera disculpándose. “Yo quiero dejar aclarado, absolutamente, que esta intervención mía, en esta mañana, no tiene absolutamente ningún criterio en relación a defender a nadie”, exclamó al inicio de su intervención para inmediatamente aclarar que “a los señores Isaías no los conozco”. Sin embargo, dijo que como abogado “si quiero defender el debido proceso”. Taiano  observó la falta de legalidad en la resolución de la incautación, porque según él la decisión fue del Presidente de la República y no de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, como decía en el proyecto del Mandato. Si bien Taiano no cuestionó el hecho de que se elimine el derecho a la defensa sí hizo observaciones al procedimiento y al hecho de que no se acepte la presunción de inocencia de los Isaías. “Seguramente, porque como todo lo hacen a través de las encuestas, ya midieron las encuestas y vieron cuál es el golpe positivo de este enfrentamiento entre ricos y pobres que es el gran negocio de la publicidad de este Gobierno”, dijo al cerrar su intervención.

Después de Taiano intervino César Rodríguez que hasta entonces era miembro de la bancada de Alianza País y que ahora hace parte del movimiento Podemos que está en la llamada Unidad con Jaine Nebot, Mauricio Rodas y Paúl Carrasco. Luego de defender la incautación y exaltar el proyecto de mandato terminó su intervención así: “Felicito a esta Asamblea Constituyente por tener la valentía, la fuerza y la frontalidad, para decirle, estamos contigo país, estamos contigo Ecuador y estamos defendiendo tus intereses”.

El siguiente en intervenir fue León Roldós del movimiento RED. Roldós tampoco se mostró muy entusiasta con el mandato y, al igual que Taiano, cuestionó la legalidad en el proceso de la incautación pero no dijo nada sobre la parte en la que se eliminaba el derecho a la defensa. Roldós aseguró, eso sí, que le parecía que la aprobación era apresurada pues los asambleístas no habían tenido tiempo para revisar el proyecto y advirtió sobre los peligros que para libertad de expresión representaba que el gobierno se quedara indefinidamente con los medios de comunicación incautados. “Que haya respeto a la libertad de información, al derecho de comunicación de los ecuatorianos y que no pase a ser la vía de la vocería del Gobierno”, dijo al concluir su intervención.

Luego habló Abel Ávila que a nombre de su partido, el MPD, felicitó al gobierno por la incautación y apoyó el proyecto de mandato constitucional.

Diego Borja de Poder Ciudadano y posteriormente funcionario del Gobierno fue el siguiente en intervenir. Felicitó la incautación, recomendó que los medios incautados sean vendidos lo antes posible pero tampoco dijo nada sobre el hecho de que se estaba negando el derecho a la defensa.

Holger Chávez, asambleísta por Alianza País, también apoyó el mandato y sugirió que se aumente una línea en la que se diga que los trabajadores de las empresas incautadas puedan tener acciones de las mismas. Más tarde habló Fausto Lupera quien asimismo respaldó el proyecto. Cuando pidió que se establezca la estabilidad de los empleados, la asambleísta Irina Cabezas pidió un punto de información para decirle que lea bien el texto o porque “estamos protegiendo como manera primordial a estos trabajadores”.

A las 14:03 minutos el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero declaró un receso.

Al regreso intervino la asambleísta Betty Amores que entonces era parte de Alianza País. Amores quizá fue la única en referirse al tema de los jueces pero más bien insistió en que éstos no deberían tener la capacidad de admitir un recurso de la familia Isaías.  “Debería colocarse un artículo en el cual los jueces no puedan hacer el juego de siempre que han hecho al país, favoreciendo los intereses de la bancocracia, es necesario dejar muy claro, que si pese a que tienen prohibición constitucional expresa de admitir a trámite una acción de amparo contra decisión judicial, si es que ellos admiten un recurso de amparo constitucional, estarán incumpliendo la obligación constitucional de inadmitirla”.

Luego intervinieron Jaime Ruiz y Mauro Andino, ambos de Alianza País. Al igual que la mayoría felicitaron lo hecho por la AGD y apoyaron el mandato. Andino, eso sí, calificó como “totalmente erróneo, maliciosa y temeraria” las declaraciones de quienes habían dicho que la incautación de los medios de los Isaías “constituyen un atentado a la libertad de expresión o a la libertad de prensa”.

Luego de la intervención de Andino Fernando Cordero dijo que el debate se había agotado y que si había más interesados en dar su punto de vista debían hacerlo ante una Comisión que redactaría el texto final del mandato constitucional. Cordero sugirió que dicha comisión esté integrada por César Rodríguez, Betty Amores, Diego Borja, Abel Ávila, Hólguer Chávez, Rosana Alvarado y todos los que “intervinieron en el debate y pueden hacerlo”. Esto ocurrió a las 16:33.

Luego de un receso, los asambleístas votaron por el mandato constitucional a las 19:52.

Ese día, la Asamblea Constituyente hizo algo que doctrinariamente es anti democrático y anti republicano: impuso la prohibición al ejercicio al derecho que todo ciudadano debe tener, por más perverso que sea, a defenderse. Una decisión que ocho años más tarde quizá le vaya a resultar muy cara al Estado o los entusiastas asambleístas del 9 de julio del 2008.

¿Quién paga la estadía de Lenín Moreno en Ginebra?

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Con actualización

Ser el candidato ideal a la Presidencia no solo depende de un buen perfil o de una cifra positiva de aceptación en las encuestas. Para alcanzar la meta hay que pasar una prueba de fuego llamada campaña y que es un amplio territorio plagado de peligros, obstáculos y trampas.

Esto es lo que debe estar o debería estar pensando Lenin Moreno y su equipo de entusiastas asesores, luego de la afirmación que hizo el representante de las Naciones Unidas en el Ecuador. Según Diego Zorrilla, la Organización de Naciones Unidas no paga la estadía ni el sueldo de Lenin Moreno en Ginebra, ciudad en la que vive desde abril del 2013.

“Él no tiene remuneración por las Naciones Unidas -dijo Zorilla a diario La Hora-. Es una figura que el Secretario General utiliza para que personas prominentes en diferentes temas le ayuden a posicionar estos temas en el ámbito internacional. Entonces, Lenín Moreno, cuando viaja a solicitud del Secretario General tiene unas dietas de viaje, pero cuando lo hace a título privado tampoco tiene ese emolumento”.

La declaración de Zorrilla seguramente no fue una sorpresa para muchos, pues es conocido que un cargo honorario, como el de Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidades y Accesibilidad, normalmente no tiene sueldo. Además, siempre se supo entre ciertos círculos bien informados que el traslado de Moreno respondía a una estrategia política del Gobierno para tenerlo como una de sus opciones electorales alejada del día a día político que lo pudiera desgastar. Pero la decisión de enviarlo a Ginebra no solo implica un salario. También arriendo de departamento, auto y gastos operativos.

Lo dicho por el funcionario internacional abre formalmente una interrogante que Lenin Moreno necesariamente deberá aclarar si quiere tener una campaña exitosa y si quiere tener las credenciales éticas que necesita un aspirante serio a la Presidencia.

¿Si no fue la ONU quién le paga el salario y la estadía a Lenin Moreno en la cuarta ciudad más cara del mundo quién lo hace? Aparentemente hay solo dos posibilidades: o le paga el Gobierno o lo paga él mismo. Técnicamente el primer escenario debería descartarse, pues el canciller Guillaume Long en una declaración hecha a La Hora, a los pocos días de su posesión, dijo que el gobierno ecuatoriano no hace ese pago.  Cuando la periodista de La Hora le preguntó a Long sobre “cuánto es la inversión de Estado en la misión de Ginebra” en el caso de Moreno, el entonces flamante canciller dijo: “Es de las Naciones Unidas, no le corresponde al gobierno ecuatoriano.  El presupuesto corresponde a las Naciones Unidas”. Si bien esta declaración no fue publicada, la grabación reposa en los archivos del diario.

Si lo dicho por Long no coincide con la realidad, ya sea porque el canciller no estuvo debidamente informado sobre el tema o porque cometió un “error de buena fe” al hacer la afirmación, el tema del financiamiento de la estadía de Moreno puede ser muy espinoso, no solo para Moreno sino para quien dispuso los pagos. Destinar fondos públicos para pagar los sueldos a alguien que, aparentemente, no es funcionario ecuatoriano podría constituir desvío de fondos públicos; es decir, peculado. Y, según el Código Penal, en su artículo 278, establece que quienes hayan desviado, abusado, apropiado o distraído arbitrariamente dineros públicos serán sancionados con prisión de diez a trece años.

Pero si lo dicho por Long es cierto, pues en la nómina del servicio exterior de la Cancillería no aparece el nombre de Lenin Moreno, solo queda la otra posibilidad: que Moreno haya puesto el dinero de su bolsillo. Este escenario sería devastador para él porque ¿cómo justificaría una estadía tan cara si su sueldo como Vicepresidente no pasaba de 6 mil dólares?

Moreno es sin duda un muy buen candidato presidencial y las encuestas lo colocan como tal. Pero la campaña recién comienza y únicamente en ella se podrá saber si está en condiciones de ganar en las urnas. Por lo pronto ya tiene una tarea ineludible: explicar de forma documentada y verosímil quién le financió los 3 años de vida en Ginebra.

Foto de la Vicepresidencia de la República.

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