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Para lambisquear a Correa, Almagro archiva sus principios

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Luis Almagro ha empeñado la verdad histórica y los principios democráticos y humanistas con los que se ha valido para condenar al gobierno de Nicolás Maduro para lanzar una sonora lisonja a Rafael Correa en el marco de la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual es su secretario general.

Tan almibarada y falaz fue la lisonja de Almagro que se hace imposible no sospechar que tras de ella hubo algún canje o guiño político.

Almagro, en un discurso en el que parecía enumerar la lista de las cosas que más gustan a Correa que digan sobre él, traicionó todas las evidencias que hay sobre los atropellos a la democracia y a las libertades en el Ecuador que la propia OEA ha registrado durante los diez años que Correa ha estado en el poder.

Almagro, en su loa, ha dicho que Correa es un “demócrata cabal”, lo cual es una gran mentira de la que la propia relatoría especial de libertad de Prensa de la OEA tiene evidencias. Un presidente que ha atropellado la libertad de expresión, como pocos lo han hecho en la historia de América Latina, y que, además, ha coartado y criminalizado el activismo social y la disidencia no puede ser calificado, como lo hizo Almagro, como un demócrata cabal. Una alabanza así pudo haber sido incluso más creíble si Almagro hubiera introducido por ahí, al menos, algún bemol sobre la conducta política de Correa quien tiene, en su lista de infamias anti democráticas, haber alineado a su país con regímenes siniestros como los de Siria o incluso Corea del Norte en foros internacionales como la ONU.

El secretario de la OEA parece que tan pronto como entró a la sesión olvidó todas sus convicciones y principios democráticos. Correa es un político extraordinario y ha establecido la solidez institucional y la estabilidad política, dijo Almagro como si tuviera nada de información de todos los informes hechos por los organismos de derechos humanos más respetados del mundo, que señalan cómo la estabilidad política en el Ecuador se consiguió concentrando el poder que destruyendo la institucionalidad democrática.

Almagro, en su casi extasiada intervención, no parecía estar muy dispuesto a recordar tampoco que Correa había sido, hasta hace muy poco, un abierto detractor de la OEA, organismo que le ha resultado particularmente antipática porque mantiene fuera de su seno a la dictadura de los Castro en Cuba y sí incluye, en cambio, entre sus miembros al imperio yanqui. ¿Acaso no recuerda Almagro que Correa había dicho que era necesario acabar con la OEA para reemplazarla con la Celac? ¿No recuerda que alguna vez dijo que “necesitamos un organismo capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros y no la OEA que nos alejó de eso cuando expulsó a Cuba en 1962”? Almagro incluso no parece que reparó siquiera en que Correa hace un poco menos de un año lo tildó de “desubicado“, por su posición firme frente al caso venezolano. El gobierno ecuatoriano, alguna vez, condenó la política de Almagro sobre Venezuela y su cancillería publicó un manifiesto en el que decía que había usado “términos impropios y un tono alejado de la ecuanimidad y mesura que exige la representación de un organismo que agrupa a 34 Estados del hemisferio”.

En su lírica exaltación, Almagro dijo además que “siempre fue muy refrescante y muy informativo escuchar sus presentaciones y discursos en diferentes cumbres y eventos en los que hemos coincidido”, como si alguien que conoce mucho a Correa le hubiera contado sobre el especialísimo interés que tiene el Presidente ecuatoriano en dar discursos en universidades y foros internacionales. Discursos a los hace repetir hasta el cansancio en cadenas de radio y TV o en sus shows de los sábados en los que, además, no se ahorra insultos y descalificativos para los que no piensan como él.

Almagro alaba a Correa porque va tras Maduro

Almagro, con su breve pero panegírico discurso, desconoció de tajo las desventuras de todos los que han sufrido los abusos de Correa: los indígenas que han sido reprimidos por su lucha contra las mineras, los periodistas que han sido demandados por millones de dólares por hacer su trabajo, los activistas como Martha Roldós a quien se le robaron su correspondencia privada para publicarla en un diario de Gobierno o las personas que han sido condenados a prisión por participar en veedurías ciudadanas, entre otros. “Su calidad personal es indudable”, agregó muy ligerito Almagro olvidando que Correa fue capaz de enviar a la cárcel por más de seis meses a personas como César Carrión o Fidel Araujo, a quienes acusó, prevalido únicamente de su paranoia, sin una sola prueba de haberlo querido matar durante el alzamiento policial del 30 de septiembre del 2010.

Si el discurso de Almagro fue parte de una estrategia de política regional, también fue una enorme decepción para mucha gente que se expresó en redes sociales. Martha Roldós fue una de ellas. En una serie de tuits dijo a Almagro que un dirigente que no tolera el disenso no puede ser calificado de demócrata, entre otras cosas.

¿Qué tan espontánea y sincera fue la intervención de Almagro? Difícil saberlo pero no deja de ser llamativo que el Secretario General haya llegado a la sesión con un texto al que leyó cuidadosamente luego de la intervención del embajador ecuatoriano Marco Albuja, quien habló sobre el fin del período presidencial de Rafael Correa. La reacción de los medios administrados por el Gobierno ecuatoriano fue inmediata y todos se dedicaron a compartir el discurso y la noticia.

¿Fue la alabanza de Almagro parte de un plan entre la representación ecuatoriana y la oficina del Secretario General? En política todo es posible. Incluso que los demonios sean santificados en público, lo que ocurre normalmente cuando hay un objetivo y una estrategia por delante.

Rodas se cocina en su propia salsa

en La Info por

Mauricio Rodas puede decir lo que quiera: en Washington le fue muy mal. No sólo hizo un viaje infructuoso para entregar un puñado de comunicaciones irrelevantes en lugares donde nadie entendía qué quería sino que causó mala impresión en los funcionarios con quienes se reunió. En el Departamento de Justicia no lo recibieron. Tampoco lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuyo despacho le agendó una cita pero terminó enviando a un subalterno. En el resto de lugares (el Senado, el Departamento de Estado y la CIDH) sus ofrecimientos de ayuda, sus solicitudes de información sobre el caso Odebrecht y sus denuncias de persecución política fueron tomadas como lo que son: pataleos retóricos sin valor ni consecuencias. Para colmo, a su regreso encontró las cosas en el punto donde las dejó: con el Concejo exigiéndole explicaciones sobre el doble escándalo de las “conversaciones informales” con Odebrecht y las actuaciones de su operador político, Mauro Terán, preso por indicios de fraude fiscal. ¿Esperaba otra cosa? Finalmente la sesión extraordinaria de la que Rodas venía huyendo se producirá este jueves a las 10h00. Y él, que quiso ganar tiempo en Washington y lo perdió, no ha dado un paso que permita suponer que esta vez sí va a asumir sus responsabilidades.

Sobre el viaje a Washington da ternura oírlo: “Fue un viaje exitoso –dijo este lunes en Teleamazonas, donde lo entrevistó Janeth Hinostroza– porque permitió transmitir el enorme interés de la Alcaldía para que se conozca toda la verdad sobre Odebrecht y que caiga quien tenga que caer”. Cualquiera puede notar la desproporción  de estas palabras: es obvio que “dar a conocer el enorme interés de la Alcaldía para que se conozca toda la verdad sobre Odebrecht” es una acción que no sirve para nada: no sirve al caso, no sirve a la Alcaldía, no sirve a la ciudad. Y se podía hacer por Internet. Pero el periplo del alcalde no sólo fue infructuoso sino impertinente, como demuestra Daniela Salazar en el único balance publicado hasta el momento sobre el viaje. Los funcionarios que lo atendieron en el Departamento de Estado y en el Senado se habrán sorprendido de que acudiera a ellos con un tema en el que no pueden interferir por elemental respeto a la independencia de funciones del Estado. Y para quienes lo escucharon en la OEA y la CIDH, donde denunció una supuesta persecución política en su contra, lo único que quedó claro es que Mauricio Rodas no tiene un caso.

Si se pregunta en los despachos por donde pasó el alcalde, las impresiones generales no le favorecen. La primera, muy mala, tiene que ver con la obsesión de Rodas por exculparse. Un funcionario que llega para ofrecer su colaboración para resolver un caso de corrupción pero, cuando habla, no hace otra cosa que alegar inocencia, no puede sino despertar sospechas. Así, de despacho en despacho, fue el alcalde de Quito repartiendo su ansiedad por todo Washington. Los funcionarios que lo atendieron vieron a un tipo demasiado nervioso, un tanto confuso y ciertamente poco articulado a la hora de exponer su situación. Asustado, incluso. Que no sabía disgregar los temas de fondo de los datos de interés puramente local, incomprensibles en el extranjero. Que no fue capaz de presentar un resumen ejecutivo de lo que quería decir, que se enrollaba mucho. Y que tuvo la fatuidad de ir arrastrando un fotógrafo adonde fuera, ante cuya cámara saludaba con pose triunfal y cara de Facebook  a la salida de cada edificio público que visitaba.

Lo de Almagro debió doler. El secretario general de la OEA es famoso en Washington por recibir a todo el mundo. Incluso a grupos de estudiantes que han solicitado audiencias. Y Rodas tenía una cita. Pero ni Almagro estuvo para recibirlo ni la sede principal de la Organización le abrió las puertas. Fue en un edificio subalterno donde se reunió no con el secretario general sino con su jefe de gabinete, Gustavo Koncke. En la foto que el alcalde se hizo tomar con él y circuló en las redes sociales aparece Koncke con la misma cara de palo que pone el Papa cuando lo visita Macri, según hace notar significativamente un funcionario de la OEA que siguió el encuentro.

Aún después de tanto desplante y tanta indiferencia, Rodas tiene la pasta de acudir a Teleamazonas para hablar de los logros alcanzados en su viaje. Y para repetir su defensa en los casos Odebrecht y Mauro Terán como si no hubiera pasado un día desde que estallaron ambos escándalos. Rodas se aferra a sus argumentos iniciales que ya fueron desvirtuados y desechados en su ausencia, a los que ha sumado un par de nuevos, tan deleznables como los anteriores.

Sigue negando Rodas que Mauro Terán cumpliera otras funciones que no fueran las de un asesor político externo, a pesar de que varios concejales dieron testimonio de lo contrario en la sesión de la semana pasada. A pesar, también, de que los vecinos de El Condado y el barrio Bolaños, afectados por los proyectos de construcción de los Quitocables y de la vía Guayasamín, respectivamente, han declarado por escrito que conocieron a Terán no como un asesor político de Rodas, sino como el hombre que fue a negociar con ellos, a nombre del alcalde, los procesos de expropiación y desalojo.

Sigue repitiendo el alcalde el argumento de que el fraude fiscal que se imputa a Terán es un delito que nada tiene que ver con el Municipio, como si la probidad de quienes desempeñan funciones públicas, con o sin contrato, fuera un asunto privado. De hecho el alcalde, interrogado al respecto, es incapaz de decir de qué vive este personaje que dedica gran parte de su tiempo a servirlo.

Ahora sale además con que “es un gesto de delicadeza con la ciudad y con la administración municipal” él mantener a Terán fuera de la nómina, pues su área de trabajo es la política y el Municipio, lo dijo sin sonrojarse en Teleamazonas, “es una organización que se dedica a la gestión administrativa”. Como si no estuviera ya demasiado claro que la principal virtud de esta política consiste en mantener a Terán a resguardo de fiscalizaciones, auditorías y otras responsabilidades públicas propias de todo funcionario.

Niega que Terán tenga parqueadero en la sede municipal pero lo cierto es que ahí se parquea todos los días. Niega que tenga oficina pero lo cierto que la tuvo. Niega que exista en su administración un esquema de reparto de administraciones zonales entre concejales pero lo cierto es que las pruebas de ese reparto (que, además, le consta a todo el mundo) fueron presentadas en el propio Concejo  e incluyen grabaciones de audio y video que constan en actas.

Sigue jurando que el proceso de contratación del metro es el más transparente de la historia por el hecho de haber sido aprobado por los organismos multilaterales de crédito que financian el proyecto. Como si el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento o la Unión Europea actuaran como entes fiscalizadores en el Ecuador.

Sigue diciendo que el único documento del que se dispone en este caso, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no menciona a su Alcaldía. Y asegura que eso demuestra su inocencia. Cuando resulta claro que ese informe, en realidad, no menciona a nadie, y que la publicación de los nombres todavía está por producirse.

Por último, sin que Janet Hinostroza alcance a reaccionar y plantear las repreguntas que la situación reclama a gritos, se inventa el alcalde un nuevo eufemismo para dorar la píldora de las “conversaciones informales” que admitió haber tenido con Odebrech: ahora las llama “reuniones de trabajo”. Y dice que los organismos multilaterales estaban al tanto. Pero sigue sin saberse quiénes participaron, cuántas fueron, qué temas se trataron. Porque la verdad es que de esas reuniones no hay actas ni informes ni rendiciones de cuentas ni nada.

¿Son esas las respuestas que piensa llevar el jueves a la sesión extraordinaria del Concejo? Su desafortunado viaje a Washington debió ser una lección de humildad para Mauricio Rodas. Debió enseñarle que hay temas que no se pueden postergar y problemas que sólo se solucionan afrontándolos, no quejándose ni levantando cortinas de humo. Debió aterrizarlo sobre sus propias responsabilidades políticas. No fue así: el alcalde da muestras de que no entendió nada y parece estar dispuesto a aferrarse a su capacidad infinita de negación hasta que pase la tormenta. Pero la tormenta sólo pasará una vez se publique la lista de nombres de los implicados en los casos de sobornos repartidos por Odebrecht en el Ecuador. Hay en estos momentos 77 funcionarios de esa empresa brasileña que han firmado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para entregar esa información a cambio de ventajas judiciales.  Si el alcalde, que se llena la boca de superlativos para hablar de su propia transparencia, tiene la conciencia tranquila con respecto a esa lista de nombres que tarde o temprano se hará pública, no se entiende el porqué de su nerviosismo, de sus dilaciones, de su negativa a afrontar los problemas sin artificios retóricos o eufemismos. Tampoco se entiende el porqué de su estéril viaje a Washington. Este jueves Mauricio Rodas tiene dos alternativas: o asume sus responsabilidades y dice la verdad ante el Concejo o se hunde un poco más en el pantano de la sospecha que se lo está tragando desde el día en que estalló este escándalo.

Arriba: Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de la OEA, compone su mejor cara de palo para posar junto al alcalde de Quito. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Mauricio Rodas.

La batalla es aquí, señor Alcalde

en Columnistas/Las Ideas por

Un triste espectáculo acaba de dar el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, durante su reciente gira por Washington, D.C.  Repasemos lo que Rodas denomina una “exitosa agenda internacional”. En primer lugar, Rodas entregó en el Departamento de Estado un documento señalando su interés porque se divulgue información completa sobre el caso Odebrecht. El Departamento de Estado de EEUU es el equivalente a nuestra Cancillería y su competencia se refiere a temas de política exterior. El depositario de los documentos que se han producido en el marco de la investigación del caso Odebrecht no es el Departamento de Estado sino el Departamento de Justicia. Si bien la investigación ha tenido un impacto internacional, pedirle al Departamento de Estado que interfiera en la justicia para que se divulgue información relativa a dicha investigación no parece la posición más respetuosa de la separación de poderes. Lo mismo puede decirse de la reunión entre Rodas y el encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense. Pretender que el Senado incida en una investigación de la justicia, resulta, por decir lo menos, antidemocrático.

En su siguiente parada, Rodas entregó un documento para el Departamento de Justicia, nuevamente insistiendo en que se difunda la información completa sobre la investigación del caso Odebrecht. Más allá de lo cuestionable que resulta un viaje del Alcalde para entregar personalmente una carta, es necesario recordar que los documentos que se han publicado son parte de un plea agreement, es decir, un acuerdo en que el acusado admite su culpabilidad a cambio de una concesión fiscal: Odebrecht ha reconocido su responsabilidad y se encuentra cooperando con la justicia estadounidense en el marco de una investigación en curso.  Como parte del acuerdo, 77 ejecutivos de Odebrecht están colaborando con la justicia estadounidense para divulgar, entre otros, la identidad de los funcionarios sobornados. Los documentos que se han revelado son los que se pueden revelar hasta el momento sin comprometer esa investigación en marcha. La carta de un Alcalde, aunque haya sido entregada en persona, difícilmente va a modificar los plazos que maneja el Departamento de Justicia dentro de esta enorme investigación que involucra a funcionarios de una docena de gobiernos.

Posteriormente, el Alcalde se dirigió a la OEA. No pidió la reunión por medio de la Misión del Ecuador ante la OEA. No fue recibido por el Secretario General Almagro sino por su jefe de gabinete. Ninguna de las funciones que la Carta de la OEA en su capítulo XVI le atribuye a la Secretaría General tiene relación alguna con la investigación que sobre el caso Odebrecht realizan la Fiscalía de Ecuador o el Departamento de Justicia de EEUU. Así, la denuncia de Rodas sobre persecución política en época electoral en Ecuador bien pudo realizarse ante la Misión de Observación Electoral de la OEA, que por cierto ya se encuentra en Ecuador, lo que le ahorraba el viaje a Washington, D.C.

Lo más reprochable de su gira por Estados Unidos fue su parada final, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció que están siendo víctimas de persecución política. La Comisión Interamericana tiene a su cargo la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en los Estados de la OEA. Realiza sus funciones a través de distintos procedimientos, todos ellos son formales y ninguno requiere que la supuesta víctima viaje en persona a Washington D.C. Si el Alcalde o su equipo se consideran víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pueden presentar una denuncia a través de un formulario en línea, después de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna. Pretender saltarse los procedimientos tanto internos como internacionales para ser recibido por la Comisión, que tiene más de 9600 denuncias de violaciones de derechos humanos pendientes de estudio inicial, demuestra una absoluta falta de respeto frente a las víctimas de derechos humanos que desde hace años esperan que este organismo tan colapsado pueda tramitar sus casos.

No dudo que en Ecuador se esté utilizando a la justicia con fines persecutorios. Pero este no es el primer caso. ¿Por qué el Alcalde no ha alzado su voz ante otros perseguidos políticos? El silencio cómplice del Alcalde ante los casos de persecución sólo se rompió cuando le tocaron a su mano derecha. Intriga que ahora el Alcalde señale que el gobierno de Rafael Correa está usando este caso para perseguir a la oposición,  cuando él nunca se ha identificado a sí mismo como oposición. Llama la atención que justo en época de elecciones pretenda distanciarse del gobierno, cuando durante su administración no ha hecho más que reproducir algunas de las peores prácticas del correísmo, como la falta de transparencia en la contratación pública y el uso de cuentas institucionales como repetidoras de la propaganda oficial.

Si el Alcalde quiere luchar contra la corrupción, debe alzar su voz en todos los casos, no sólo en aquellos que podrían comprometer al Municipio. Si el Alcalde busca que todos podamos conocer la verdad tras el caso Odebrecht, debe dejar de dirigir todos sus esfuerzos a politizar el caso. Si el Alcalde todavía se considera democrático, debe dejar de pretender que organismos ajenos a la justicia presionen a los encargados de una investigación en curso. Si el Alcalde tiene elementos para demostrar que se está utilizando la justicia como herramienta de persecución política, debe dar la batalla en Ecuador, no correr a lamentarse en Washington.

Almagro es definitivamente un conspirador

en La Info por

Ayer el representante de Bolivia en la OEA pidió la renuncia de su Secretario General, Luis Almagro. La Canciller de Venezuela dijo que su ideología era seudofascista. El representante de Nicaragua lo acusó de llevar a cabo una maniobra “injerencista y retrógrada” al pretender aplicar la Carta Democrática al gobierno de Venezuela.

Los aliados del chavismo quieren convertir a Almagro en un títere, un conspirador, un golpista, un empleado de fuerzas oscuras que quieren derrocar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. No es nada excepcional. Es lo que hacen a diario con las voces críticas. Pero en este caso, esos gobiernos se han impuesto una misión imposible porque Almagro es un hombre de la izquierda progresista. Todo el mundo lo sabe y su biografía a estas alturas es imposible de desnaturalizar.

Esto hace del Secretario General de la OEA un caso excepcional en el escenario institucional de la región: se ha vuelto el principal demoledor de las falacias del socialismo del siglo XXI. Un hombre de la izquierda progresista que desnuda las mentiras y los sofismas de la empresa política y mediática más exitosa de las dos últimas décadas. Almagro desde tan alto cargo, muestra que allí donde Guillaume Long ve felicidad (como Glas ve una refinería en un peladero), solo hay violencia, inflación, desabastecimiento, corrupción, desinstitucionalización, dictadura. Almagro por supuesto conspira contra esa maquinaria de sofismas construida por el chavismo. Él rompe el poder de la lengua pastosa que usan algunas cancillerías para enterrar lo esencial. Él retoma el camino de la decencia institucional que perdió la OEA. En nombre de sus principios, encara el régimen venezolano. Basado en los tratados firmados demuestra que Maduro no es un demócrata y que tiene –a vista y paciencia de los otros países– prisioneros políticos. Y detenidos torturados. Ese es el avance democrático del cual hablan Maduro y sus aliados; el correísmo entre ellos.

Almagro no solo es el dinamitador de la falacia chavista: es la mala conciencia de estos gobiernos que abdicaron ante el torrente populista aceitado por la bonanza petrolera. Con cifras en mano mostró que, a pesar de esa lluvia de dólares, el chavismo logró destruir el país con mayores reservas petroleras del mundo: inflación, 720%. PIB, menos 8% más en 2016. Deuda externa, 130.000 millones de dólares; casi seis años de exportaciones de petróleo. Desempleo, noveno lugar del mundo con la peor tasa. Pobreza, 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. Salario mínimo mensual, 13,75 dólares…

Decir estas cosas, lo ha convertido en un conspirador. Lo mismo que recordar el enorme embuste que echó a correr el chavismo –con éxito– cuando negó las bases mínimas de la democracia para disfrazar la concentración de poder y la dictadura sostenida por los militares en Venezuela. Los demócratas del continente tienen una deuda con Almagro: él osó recuperar esos valores mínimos de la democracia representados en el artículo 3 de la Carta Democrática: respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho. Celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]. Régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Separación e independencia de los poderes públicos. En el artículo 4 –recordó Almagro en su discurso– se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Nada de esto cumple el chavismo.

Los demócratas no solo deben a Almagro que haya leído los principios (que “definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros”) que firmaron los países democráticos, que crea en ellos y que quiera aplicarlos. Le deben que quiera intervenir frente a gobiernos con esos principios en la mano. Gobiernos que recurran a la peor de las tesis –esa sí fascista– de la no-intervención en asuntos internos, para actuar contra la democracia en forma impune. Desde 1980, los países del bloque andino firmaron el documento de la Doctrina (Jaime) Roldós que, precisamente, afirma que “la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos (humanos, económicos, politicos y sociales) no viola el principio de no intervención”. Bolivia y Venezuela firmaron esa doctrina. Y hoy (con Nicaragua entre otros) tratan agresivamente a Almagro por aplicarla.

Cerrar los ojos ante las violaciones a los DDHH o a los principios de convivencia llevó a Europa a tolerar la masacre de Srebrenica en julio de 1995, durante la guerra de Bosnia. Ese genocidio probó la falacia bajo la cual gobiernos fascistas actúan contra sus ciudadanos sin que la comunidad internacional pueda observarlos. O fiscalizarlos. Europa entendió tarde su error. Pero los autores del peor genocidio en Europa desde la segunda guerra mundial fueron llevados ante el Tribunal Penal Internacional.

Almagro, pese a su actitud valiente, no ha podido aplicar la Carta Democrática contra el gobierno venezolano. Pero ya le corrió la alfombra bajo los pies. Maduro y sus aliados saben ahora que los derechos humanos y democráticos están por encima de la supuesta soberanía de los Estados. Saben que Almagro conspira desde la OEA defendiendo, con una dignidad que se celebra, los principios democráticos que ellos pisotean. Si los demócratas vuelven a mirar hacia la OEA es gracias a Luis Almagro.

Foto: Flickr de la OEA

Esta es la realidad del modelo que tanto defiende Correa

en La Info por
Esta es la presentación de Luis Almagro, secretario General de la OEA ante el Consejo Permanente. En Washington se está debatiendo la realidad de la dictadura en Venezuela. 4pelagatos reproduce el discurso de Almagro, que abrió el debate y en el cual muestra los hechos y las cifras de la ruina a la cual ha conducido el chavismo a Venezuela. Alianza País siempre ha defendido este modelo.

«Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

»Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

»En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

»La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

»Estos principios están claramente plasmados:

»En la Carta de la Organización de Estados Americanos.

»En la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

»En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”.

»Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

»Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

»Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

»Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

»Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.
Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil. Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana. Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

»En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia: el “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

»En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

»Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

»El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

»El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

»El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

»Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

»Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

»La democracia es el gobierno del pueblo. Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado. El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos. Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común. No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

»La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere. Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

»Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas. Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política. El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

»Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.
El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

»El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

»La inflación ha llegado a 720%.

»El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

»La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.
Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

»El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

»Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes. Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

»La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

»Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

»La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

»Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

»Estos problemas no los causan fuerzas externas. La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder. Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia. La población sufre las consecuencias.

»Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas. La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año. Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

»A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

»De productores de café.

»De ingenios azucareros.

»De productores de arroz y pasta.

»De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas.

»De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos.

»De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros.

»De por lo menos 5 productores de harina de maíz.

»De dos fabricantes de aceites.

»Y de la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

»Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados. Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia. Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

»La falta de agua y electricidad se ha tornado común. La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar. Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana. La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

»El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas. Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas. Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

»La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano. En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud. El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”. Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

»La situación ha pasado de ser desesperada. La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.
Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país. Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes. Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

»El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumana, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes. En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno. Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia. La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

»La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.
Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas. En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán. El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

»La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%. La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente. Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

»No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte. Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero. Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil. El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno. Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

»Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares. Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas. El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

»Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales. Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión. El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

»Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas. En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

»Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

»Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva. La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico. Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

»A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

»Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

»La política es una discusión de ideas en busca del bien común. Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

»La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

»La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario. Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

»En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva. En enero de 2015, se autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas. Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

«En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos. Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos. Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

»Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

»Otras 94 están en la cárcel.

»Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

»También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno. Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día. El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria. Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía. El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día. En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

»Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio. Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

»El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.
Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

»Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao. El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas. Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda. Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito. Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

»En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos. Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos. Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención. Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

»Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum. Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica. Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica. Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

»Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

»Son personas…

»Tienen un rostro, un nombre y una historia…

»Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

»Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

»Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

»No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

»Eso no es democracia.

»Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas.

»No sus actos, sino sus ideas.

»No basta con que no haya alimentos.

»No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

»No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

»Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

»El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

»Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

»Un Gobierno que ya no es democrático.

»La función misma del Gobierno se ha incumplido. La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

»En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

»Las evidencias son claras.

»Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas. Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

»Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple. Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

»Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

»El Tribunal Supremo ha determinado, además:

»Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

»Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

»Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

»Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

»Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

»Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

»Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo. El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252. Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

»Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

»El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

»Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide. La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad. A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura. La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia. En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

»La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

»En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”. Este proceso está previsto en la Constitución. En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”. Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante. Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

»Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector. Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial. Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

»Nadie está por encima de la Constitución.

»En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

»Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales. Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado. Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

»El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio. Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas: demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

»La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso. Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana. A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas. Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV. Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

»Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública. Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso. El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

»Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo.

»Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

»La vuelta al orden democrático.

»El fin de la crisis humanitaria.

»Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

»El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA. Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado.

»Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

»Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

»Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

»Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

»Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

»Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

»Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

»Y, por último, ofrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solicitamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

»Sí, la democracia requiere diálogo. Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

»La democracia no tiene nacionalidad

»La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

»Es libertad.

»Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

»Una ciudadanía empoderada.

»Una judicatura independiente.

»Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

»Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

»Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

»La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

»Y rendir cuentas.

»Así que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano. El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela. Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura. Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio. El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

»Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.»

El hombre que desenmascara desde el poder al dictador

en La Info por

Luis Almagro es el hombre más odiado en este momento por Nicolás Maduro. Almagro es uruguayo, es de izquierda, fue Canciller de José Mujica y, desde el 26 de mayo de 2015, es secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Almagro ha hecho tener nostalgia a la vieja izquierda de José Miguel Insulza; el político chileno que lo precedió en la OEA. Fue Secretario General entre 2005 y 2015. Es decir, la época en que Chávez, Lula da Silva, Kichner, Evo Morales y Rafael Correa impusieron el espejismo del socialismo del siglo XXI. Insulza se declaró paralizado y concluyó que lo mejor para la OEA era no hacer nada. Chávez y sus socios se dedicaron a vaciar de contenido las instituciones regionales que ya estaban en crisis.
Esto nutrió un escepticismo absoluto alrededor de lo que haría Almagro en la OEA. Pero el diplomático uruguayo sorprendió al punto de que Maduro lo llamó –conociéndolo y conociendo su pasado democrático– “agente de la CIA”. El gobierno venezolano lo acusa de haberse convertido en “apéndice de la oposición”, de haber violado el principio de no intervención… En una palabra de haberse colocado al margen del derecho internacional.

Almagro ha estado pendiente de las acciones de la dictadura venezolana. Últimamente, se hizo eco de la Ley de Amnistía aprobada por el parlamento venezolano y exigió a Maduro, el 5 de abril pasado, que la firmara. Un hecho que fue considerado por Caracas como interferencia en sus asuntos internos. Almagro ha subido el tono tras haber comprobado que a Maduro no le interesa el diálogo y ha dado la espalda a la grave crisis económica y humanitaria que vive Venezuela. Lo único que le importa es seguir en el poder. Eso explica su decisión de invocar la Carta Democrática, recurriendo al artículo 20, que lo autoriza a convocar un Consejo Permanente cuando se considera que en un Estado miembro se da “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Almagro disparó un mecanismo que obliga a los gobiernos de América Latina a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hablar y tomar medidas: para esto requiere del acuerdo de 18 de los 34 estados miembros.

Esta semana presentará ante un Consejo Permanente -una instancia que trata los problemas políticos y que está compuesta por los embajadores- el acuerdo que aprobó el Parlamento venezolano el pasado 10 de mayo. Ese documento sirvió a la oposición venezolana para pedir oficialmente a la OEA la activación de la Carta Democrática a Venezuela. En ese texto de 15 considerandos y 13 acuerdos, la Asamblea Nacional Venezolana “denuncia la ruptura del orden constitucional y democrático” y detalla la crisis política, institucional y humanitaria que vive ese país. No se sabe si tras el encuentro de la próxima semana, el Consejo Permanente se reúna de nuevo, antes de la Asamblea General de la OEA que se realizará en Santo domingo del 13 al 15 de junio.

Esa es la parte formal. Política y diplomáticamente, Almagro ya creó un hecho sin precedentes que va por delante de los gobiernos: el secretario de la OEA colocó en la agenda continental un tema que Maduro –e incluso el gobierno ecuatoriano– quieren seguir manejando bajo coartadas ideológicas, cuando Venezuela vive una urgencia humanitaria. No hay comida, no hay medicinas y la inseguridad delincuencial es escandalosa. Niños y enfermos crónicos está muriendo por falta de medicamentos.

Maduro, como lo muestra el informe del parlamento venezolano no ha dado paso a ningún acuerdo, ha desconocido el poder de la Asamblea, se otorga poderes excepcionales y no tiene capacidad alguna para superar la crisis económica. Además ha ignorado todas las misiones de buena voluntad que han visitado Caracas buscando desactivar el polvorín.

Almagro ha creado un hecho político recurriendo a un mecanismo continental y excepcional. Pero también se ha jugado personalmente. Ha roto los usos diplomáticos que solo producen inmovilismo. Ha escrito públicamente a Maduro y ha puesto en evidencias sus mentiras y esa pasión muy suya, y muy de su tendencia, incluyendo el gobierno de Correa, por cambiar biografías. Maduro quisiera que Almagro no fuera el demócrata que es. La respuesta que se granjeó es un documento excepcional, tratándose de un secretario General de la OEA. Tan excepcional como sus mensajes en su cuenta Twitter. Almagro responde en forma vehemente: no es agente de la CIA, no es traidor pero Nicolás Maduro, a quien él tutea, sí lo es. Le dice por qué. Lo llama dictadorzuelo. Le pide devolver el legítimo poder a la Asamblea. Invoca que nadie cometa el desatino de dar un golpe en Venezuela pero le pide que tampoco él lo dé… El ex presidente José Mujica, que lo conoce bien, salió en su defensa y, aunque no aprobó el cruce público de mensajes, dijo una frase que es definitiva en este momento: “Maduro está loco como una cabra”.

Luis Almagro rompe los moldes ante una situación que no ha movilizado como se esperaba a los gobiernos del continente. Y ante la cual hace tiempo que debieron manifestarse. El secretario de la OEA ha devuelto la dignidad a una institución que con Insulza entró en estado de coma.

Foto: Luis Almagro/OEA

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