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4Pelagatos y las lógicas del autoritarismo en Austin, Texas

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Si los totalitarismos se han reinventado sofisticando sus sistemas de represión y de censura, los periodistas también han tenido que reinventar su trabajo para que el periodismo no muera.

Si en los años 70 había dictadoras militares que cerraban los medios de comunicación o metían presos a los periodistas, en la actualidad los autócratas tienen mecanismos mucho más sutiles y más eficientes para acallar a la disidencia y al periodismo. Por ejemplo, imponiendo leyes de comunicación que generan olas de autocensura y construyendo Estados de terror donde ningún empresario se atreve a contratar publicidad en medios de comunicación que son mal vistos por el poder. Ante estos mecanismos que se basan en el abuso de poder, los periodistas también se ingenian para poder seguir ejerciendo sus libertades y hacer su trabajo.

Ese fue precisamente, uno de los temas que se ventiló en la ciudad estadounidense de Austin, en Texas, durante el Seminario Internacional de Periodismo Digital que anualmente se celebra en esa ciudad y que es organizado por la Universidad de Texas bajo la batuta del profesor Rosental Alves. 4Pelagatos estuvo entre los cinco medios invitados a participar en un panel dedicado a examinar cómo en sociedades donde existen regímenes autoritarios, los periodistas conciben al periodismo y, al mismo tiempo, se las ingenian para hacer su trabajo.

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En el panel, moderado por la periodista Krissah Thompson del Washington Post, hubo periodistas que trabajan en países donde el periodismo es visto por el poder como un enemigo al que hay que regular y aniquilarlo, cuando es posible, para que no diga lo que no le gusta oír a los que gobiernan. Participaron Carlos Fernando Chamorro, fundador y editor de Confidencial de Nicaragua; Stevan Dojcinovic, editor en jefe de KRIR.rs de Serbia; Ivan Kolpakov, fundador y editor de Meduza.io, de Rusia y Latvia; Malou Mangahas, co fundadora y directora del Centro para la el Periodismo de Investigación de las Filipinas; Lus Mely-Reyes, cofundadora de Efecto Cocuyo, de Venezuela, y, el pelagato Martín Pallares, de Ecuador.

A todos los participantes les une el drama que significa hacer periodismo en países donde los gobiernos esconden información, no rinden cuentas a la sociedad, amedrentan a los periodistas mediante mecanismos que van desde los juicios por calumnias hasta las calumnias que salen de boca de funcionarios y redes sociales manejadas desde el poder.

En los cinco países representados en el panel que se realizó el sábado 22 de abril, el periodismo ha tenido que migrar a lo digital porque ese es el espacio que más difícilmente pueden controlar los autócratas y porque es el medio ambiente que más y mejor distribuye contenidos. Pero a la vez, en esos casos, los periodistas digitales enfrentan, además, los desafíos de financiar sus medios y ganarse la vida porque los modelos de negocios para los medios digitales tienen dificultades que se agrandan en países donde la sociedad tiene miedo, los empresarios no contratan publicidad o no invierten en estas alternativas de comunicación.

La presentación de los 4Pelagatos se centró la reflexión sobre cómo los autoritarismos consiguen secuestrar el idioma y cambiar el significado de las palabras. Para ellos, la democracia no es un sistema que garantiza la existencia de las minorías sino donde exclusivamente se hace la voluntad de las mayorías. Para los autócratas, sociedad civil es cualquier forma de agrupación de la sociedad siempre y cuando se la haga bajo el tutelaje del Estado y no por la asociación libre e independiente de un grupo de personas. Para los 4Pelagatos este cambio de significado de las palabras logra también que los autócratas normalicen lo que no es normal en una democracia. La normalización de lo que es anormal para una democracia, como la cooptación de los poderes por ejemplo, es uno de los objetivos que tiene todo autócrata en el mundo.

Una de las cosas que más impresionó de la presentación de los 4pelagatos en el auditorio, es la narración del episodio, ocurrido un día antes en Ecuador, en el que la Superintendencia de Comunicación, un organismo parásito de la Presidencia de la República, multó a siete diarios por no haber publicado un reportaje publicado en Argentina, en el diario Página 12, que afectaba al candidato opositor Guillermo Lasso. Cuando el caso fue presentado, fue evidente la sorpresa y el estupor en el escenario. ¿Sancionados y multados por no publicar algo que se publica en un diario en otro país? De locos.

Si en Serbia, como lo mostró Dojcinovic en su presentación, el gobierno presenta a los periodistas críticos como depravados sexuales publicando en las tapas de los diarios fotomontajes de ellos teniendo sexo con animales, o si en las Filipinas el Presidente esconde a los periodistas las identidades de los miles de consumidores de drogas que manda a asesinar mensualmente en las calles, el periodismo siempre enfrenta el mismo reto: exigirle cuentas al poder a pesar de los riesgos.

Una miseria más de Carlos Ochoa y sus esbirros

en La Info por

Nada es tan fuerte para describir a la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Quizá ignominia. Quizá abyección. ¿Hay algo más ruin que esta dependencia correísta que ahora hace un proceso contra siete medios de comunicación por no haber publicado una línea de una nota del diario argentino Página 12?

Este caso, que tiene ocupados a los abogados de Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Universo, El Comercio, Diario La Hora y Diario Expreso, solo podía producirse en una república bananera. Aquí están los hechos. El 15 de marzo, ese diario que fundó Jorge Lanata en Argentina y ahora es un pasquín kirchnerista, publicó una supuesta investigación titulada: “Lasso, el magnate de las offshore”. La autora, Cynthia García, es una militante que en su cuenta de twitter luce una camiseta con la imagen de la virgen. Pero en lugar de virgen está el rostro de la corrupta Cristina de Kirchner.

Lo que Cynthia García presenta como una investigación es una pieza de lo que el correísmo considera gran periodismo. No hay pruebas, es un rosario de inferencias y no hay contrastación alguna. Pues bien: no solo Correa retuiteó el pasquín y los medios del sistema de propaganda lo promocionaron. Usaron un programa argentino de un periodista uruguayo, Víctor Hugo Morales, también kirchnerista, en el cual García aparece formulando la misma denuncia: lo hicieron la noche del 26 de marzo cuando Guillermo Lasso participaba en el programa de Andrés Carrión. Y a la misma hora. Correa recibió a la militante el 10 de abril y elogió lo que él llamó gran trabajo. Con anterioridad había emprendido una campaña contra los medios que no reprodujeron al pasquín argentino. Esto originó una denuncia ante la Supercom hecha por un desconocido Observatorio ciudadano por una Comunicación de Calidad, claramente alineado con el correísmo.

Este caso resume lo que el correísmo entiende por periodistas: empleados que observan con devoción la acción presidencial y de gobierno, la exaltan y la defienden con pasión mercenaria. Es una concepción sórdida que seguramente sus periodistas apreciarán. Pero más allá de eso, lo que resulta surrealista en este caso es ver cómo Correa y sus inquisidores creen que pueden usar el poder para decidir qué deben leer las audiencias que siguen o compran esos siete medios. Por supuesto sus inquisidores se escudan tras una coartada que incluyeron en su ley de comunicación: el interés público. Los ilusos que defendieron esa ley habrán entendido lo que el correísmo entiende por interés público: aquello que requiere, necesita, le es útil o saca rédito.

El correísmo no solo encarna la república bananera que Correa describió en su libro. Es peor: es pueblerino, es roñoso, es vengativo y es chabacano. Es infame que pretenda otorgarse el papel de juez de lo que los ciudadanos deben leer. Es abominable que crea que puede someter a los medios, los pocos que no controla, a sus caprichos y desvaríos arbitrarios. Es execrable que pretenda hacer pasar por gran periodismo las ficciones de militantes que creen, entre sus miserias, que deben poner este oficio al servicio de un gobierno. La indigencia política de Correa y los suyos está perfectamente resumida en este caso en el cual siete medios pueden ser multados por no reproducir los embustes de un panfleto kirchnerista.

¿Interés público? Si ese fuera su preocupación real (e incluso así el poder nada puede imponer) ¿por qué nada dijo Correa –un ejemplo entre millones– de las criticas profundas de Noam Chomsky a los gobiernos que antes aplaudió? Chomsky es un lingüista y uno de los intelectuales prestantes de los Estados Unidos que defendió, años atrás, a Chávez y los gobiernos entre los cuales se encuentra el suyo. Pues ahora, Chomsky (tan usado por estos gobiernos) dice que Venezuela es un desastre y que si bien hubo logros –también citó a Argentina y Brasil– el balance no es alentador. “Para colmo –dijo en un programa de Democracy Now– la corrupción ha sido enorme. En Brasil, por ejemplo, es penoso ver que el Partido de los Trabajadores no ha podido mantener sus manos fuera de la caja. Llevó adelante medidas significativas, pero se sumó a la élite más corrupta”. Estos gobiernos no instauraron, según Chomsky, un sistema de desarrollo sostenible.

Es lamentable pero hay que decirlo: más intervienen Carlos Ochoa y sus esbirros, más delatan la miseria humana que los caracteriza y que perfila perfectamente al Presidente y su sistema.

Estado vs periodista: ¿quién lincha a quién?

en Columnistas/Las Ideas por

El SERCOP denuncia a Janeth Hinostroza y Teleamazonas de concertar (¿?) para difundir información que lo afecte, cometiendo así lo que la legislación ecuatoriana denomina “linchamiento mediático”. La SUPERCOM le ha dado la razón al denunciante y ha sancionado al canal y a la periodista.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es una institución estatal encargada de las compras públicas en el Ecuador.  Para el año 2016 tiene asignado un presupuesto de algo más de US$9’200.000,00. Su director, el economista Santiago Vásquez Cazar, tiene el apoyo de 8 asesores directos (en diciembre del 2015 eran 4). La institución cuenta con 430 funcionarios además del director.

Janeth Hinostroza, un nombre y un rostro familiar para los ecuatorianos. Periodista con más de 20 años de experiencia. Tuvo ya un fuerte enfrentamiento con el gobierno –que la hizo retirarse un tiempo de pantalla- por haberle dado seguimiento al crédito otorgado por COFIEC de forma irregular al señor Gastón Duzac. El tiempo le dio la razón, sus sospechas fueron ciertas y hoy existe un proceso penal (nadie ha sido sancionado) sobre ese caso. El Comité para la Protección de los Periodistas le entregó en el 2013 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa.  Este año, fue invitada al Festival de Cannes por su documental “Nelson Serrano, soy inocente”, la historia del ecuatoriano condenado a pena de muerte en la Florida.

Durante los últimos seis meses, en su programa de entrevistas y opinión en Teleamazonas, Hinostroza le dio seguimiento a un delicado caso: la producción y compra de medicamentos, y la calidad de estos productos que son entregados principalmente en el sistema público de salud. El asunto no es menor y con él se relacionan: las denuncias sobre los resultados en el uso de determinados medicamentos genéricos, una compra directa de 290 millones de dólares –incluida cláusula de confidencialidad de todos los elementos del contrato-, las condiciones para convocar una nueva subasta inversa, y el fracaso de la iniciativa gubernamental con la Empresa Pública de Fármacos, hoy en proceso de liquidación.

Sobre estos temas Hinostroza realizó 15 entrevistas distintas a lo largo de medio año. El SERCOP aduce que no fueron consultadas suficientes fuentes oficiales. No considera oficiales al ex gerente de la Empresa Pública o a ex ministros de salud: fuente oficial es aquella que defiende a rajatabla la postura de gobierno, punto. La entidad estatal con 430 funcionarios y casi diez millones de dólares de presupuesto, acusó a la periodista y al canal de televisión de “linchamiento mediático” por difundir “información lesiva al prestigio y la credibilidad” del Servicio Nacional de Contratación Pública. La SUPERCOM le dio la razón, Hinostroza y Teleamazonas fueron sancionados. Se les ordenó pedir disculpas públicas y en el caso de la periodista “se le previene de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas periodísticas. Se le exhorta también a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que van en contra de lo estipulado en la Ley de Comunicación”.

La figura de “linchamiento mediático” no tiene parámetro de comparación en la legislación de ningún país; su particularidad, que roza el ridículo, fue ampliamente defendida por los legisladores de gobierno como un mecanismo para proteger al ciudadano común frente al poder de la prensa que podría desprestigiar a una persona dada su desigualdad de condiciones para difundir determinado mensaje. Con tres años de vigencia de la ley, esta es la segunda sanción con esa figura. La primera, también contra Teleamazonas, fue solicitada por Luis Chiriboga que se sintió afectado por los comentarios realizados en un programa deportivo. El entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hoy se encuentra bajo arresto domiciliario y procesado penalmente por lavado de activos.

El Estado no puede ni debe utilizar el sistema para defenderse a sí mismo, no es titular de derechos fundamentales, no requiere garantías de reputación; al contrario: el Estado y sus funcionarios están obligados a rendir cuentas, a someterse a un nivel de escrutinio muy superior al de un ciudadano común.  La “institución” del linchamiento mediático es ridícula, usarla para proteger al Estado de los legítimos cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía es un absurdo y un abuso.

¿Para quién trabaja la SUPERCOM? ¿Quién lincha a quién? ¿Quién debe pedir disculpas? A pesar de los esfuerzos por silenciar las investigaciones y las críticas, parece ser que el tiempo nos ayuda a responder estas preguntas.

Ochoa, ¿el peor engendro de la pesadilla correísta?

en La Info por

Carlos Ochoa está demostrando que en un régimen autoritario no se necesita Asamblea Nacional. Ni Corte Constitucional. Cualquier funcionario puede interpretar la ley. Adulterarla. Y usarla para castigar y reprimir. Es lo que ha hecho. Lo demuestra César Ricaurte, presidente de Fundamedios, quien acaba de poner una denuncia ante la Fiscalía General patrocinada por el Colegio de Abogados de Pichincha.

Ochoa no es un funcionario osado. O distraído. Él ejerce el poder con el frenesí de un cruzado. Con la pasión ciega de un enajenado. Él es la obra más acabada de lo que puede producir la inquina presidencial.

Un oficialista quiso, hace un par de años, ilustrar el odio que el Presidente siente por los medios de comunicación que no controla. Y avanzó una prueba, según él, irrefutable: la designación de Carlos Ochoa a la Superintendencia de comunicación. El mensaje a sus ojos era explícito: les desprecio tanto que lo hago notar poniéndoles como juez a un tipo de la calaña humana y ética de Ochoa. Un personaje de los peores que tenía a su alrededor y que es pasmosamente despreciado hasta en los círculos más altos del correísmo.

Ochoa ha hecho muy bien la tarea encomendada por su patrón, desde el 8 de octubre de 2013, cuando fue nombrado superintendente. En el balance de los tres años de la Ley de Comunicación, el 14 de junio, dijo que ha tramitado 896 procesos; 469 de ellos puestos por su dependencia. Él mismo reportó 561 sanciones y $633.000 recaudados por multas. Ochoa ya es sinónimo en la historia del periodismo ecuatoriano de inquisidor y represor. Alucinado por su tarea, ha convertido la Ley de Comunicación en una herramienta tan letal contra la libertad de expresión que hasta los amigos de Lenín Moreno piensan que, si ganan, la tendrán que archivar. No es para menos: Ochoa ha usado la letra grande, la menuda, la Ley y el espíritu de la Ley a su antojo. Ha trastocado esa Ley, la ha interpretado, la ha obviado. Se ha convertido en la expresión misma de un poder abusivo, hostigador, violento, discrecional. Es una rueda suelta porque en el gobierno nadie osa meterse en esa guerra personal, como decía Javier Ponce refiriéndose a la fijación perversa que tiene Rafael Correa con los medios de comunicación. Es su tema, su obsesión. Y como nadie osa contradecir a Correa, pues nadie contradice a Ochoa. En esa lógica se ha vuelto impresentable. Así lo hizo Correa. El Frankenstein de la persecución mediática, es obra de Correa. Él lo escogió y ahora lo protege.

Ochoa ha hecho mentir a los medios. Ha impuesto rectificaciones infundadas con ilustración y diseño incluidos. Ha usado semiólogos de alquiler para imponer la verdad oficial. Ha censurado, presionado, perseguido. Ha convertido la irracionalidad en ley. Ha generado la autocensura en muchos medios. Ha extorsionado, mediante multas fabricadas, a otros tantos. Se ha erigido en sacerdote de la moral pacata y las buenas costumbres tan caras a los fascistas… Y así Ochoa se considera la conciencia viva del buen periodismo…

Ahora, además de represor, violador de la ley e inquisidor, Ochoa es, según la denuncia, falsificador y usuario de documento público, entre otros delitos. La evidencia consta en la edición de bolsillo de la Ley de Comunicación que su Superintendencia hizo imprimir. Para poner en contexto, hay que leer los artículos 102 y 103 de esa Ley y la disposición transitoria sexta. El artículo 102 se refiere al fomento de la producción nacional y a las obligaciones de los medios de Tv. abierta y los sistemas de audio. El artículo 103 versa sobre la difusión de los contenidos musicales en las radios. La disposición sexta regula los plazos, la gradualidad para la entrada en vigor de la ley. Ochoa, en el arreglo que hizo a la Ley, remite la transitoria al artículo 103, cuando el original indica que es el artículo 102. Lo hizo arrogándose una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional.

Ochoa no solo modifica la letra de la Ley. Basándose en su arreglo generó once procesos y sancionó con multas a los supuestos infractores. Ahora, ante la denuncia de Fundamedios, dice que no ha dispuesto ni ordenado modificar la ley, que no se ha basado en el texto modificado para emitir resoluciones, que todo ocurrió por “un error de transcripción” de la ley antes de mandarla a la imprenta…

Ochoa es cínico contumaz: uno, porque el texto de una ley no requería ser transcrito. Bastaba con copiarlo y pegarlo. Dos, porque hay radios sancionadas precisamente por el uso de la ley adulterada. Tres, porque desecha la denuncia no porque sea infundada sino porque fue presentada por Fundamedios; una ONG financiada, dice él, desde el exterior.

Ochoa tiene Dios, pero no leyes que respetar. Ni asambleístas dispuestos a frenar esta gula de poder que ahora lo tiene cambiando las leyes para castigar más arbitrariamente a los espíritus libres.
Ochoa decididamente compite, con grandes posibilidades, por el premio al peor engendro de la pesadilla correísta.

Foto: Ecuavisa

Los extremos a los que ha llegado Correa

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¿Qué duda cabe que para el Presidente Rafael Correa los medios independientes son sus enemigos? Para tener una noción de los extremos a los que ha llegado su gobierno, aquí van algunos ejemplos tragicómicos que demuestran notables niveles de autoritarismo.

Hace tres años, Correa firmó la Ley Orgánica de Comunicación, que le concede al gobierno amplias potestades para limitar la libre expresión. La ley exige que la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa” — conceptos tan vagos que facilitan la censura. La ley prohíbe, además, el “linchamiento mediático”, definido como “la difusión de información que […] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente […] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Esta disposición es música para los oídos de quienes quieren esconder prácticas corruptas, conflictos de interés y abusos de poder. Y, en un recurso “orwelliano”, la ley prohíbe la “censura,” lo cual sería positivo si no fuera porque castiga a los medios que no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”.

El órgano encargado de aplicar la ley, la SUPERCOM, la ha usado para asfixiar a los medios independientes.

Por ejemplo, a pesar de la precisión —o tal vez justamente por ello— de una caricatura cuya viñeta indicaba “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”, en enero de 2014, la SUPERCOM impuso una multa de USD 90.000 a El Universo, el periódico que la había publicado.

La SUPERCOM determinó que representar con una caricatura el allanamiento del domicilio de un periodista que había revelado un escándalo de corrupción gubernamental “deslegitima[ba]” las acciones del gobierno y entrañaba el riesgo de ocasionar “agitación social”. También consideró que la viñeta de la caricatura generaba “desconfianza en el sistema investigativo y procesal penal”.

Un mes después, el caricaturista fue obligado a publicar una versión “rectificada” de su caricatura. En ella, se veía a agentes que, cordialmente y sonrientes, le pedían permiso a Villavicencio para ingresar y le ofrecían llamar a su abogado y redactar una lista de los documentos que tenían previsto confiscar. La caricatura “rectificada” mostraba a Villavicencio renunciando a estos generosos ofrecimientos y afirmando que confiaba ciegamente en las autoridades policiales y judiciales.

Los medios ecuatorianos deben estar atentos no sólo a lo que dicen, sino también a lo que no dicen. En junio de 2014, luego de que Correa criticara en su programa de televisión a los periódicos ecuatorianos por no cubrir adecuadamente su visita oficial a Chile, la SUPERCOM inició una investigación contra cuatro periódicos —El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora— debido a que la cobertura del viaje de Correa no había hecho mención al doctorado honoris causa que le había otorgado una universidad chilena. La investigación permanece abierta.

Además, protestar contra la censura acarrea riesgos. Cuando la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos difundió un anuncio pago en el diario Expreso, en el cual protestaba por el efecto amedrentador de la Ley de Comunicación, la SUPERCOM abrió una investigación de oficio. En septiembre de 2015, resolvió que el anuncio no era suficientemente preciso y obligó al periódico a publicar una “rectificación” pagándolo de su propio bolsillo.

La SUPERCOM ha multado, en reiteradas oportunidades, a medios que se han negado a publicar rectificaciones empleando los términos exactos exigidos por la Secretaría de Comunicación.

No obstante, la SUPERCOM no ha aplicado sanciones a medios oficialistas en casos análogos. Por ejemplo, cuando Correa, en un canal público que el gobierno maneja como propio, calificó de “fascista” al presidente de la Cámara de Comercio de Quito y luego éste presentó un caso contra el canal, la SUPERCOM decidió que el programa de Correa no estaba sujeto a la Ley de Comunicaciones debido a que constituía un “mecanismo de rendición de cuentas permanente” del presidente.

En este deprimente contexto, hace pocas semanas cuatro periodistas independientes ecuatorianos pusieron en marcha un proyecto humorístico en el que los ecuatorianos pueden hacer que Correa critique a su gobierno. En una página web llamada MashiMachine, los usuarios pueden escribir una oración y el sistema selecciona extractos de alocuciones del presidente para armar una frase con la voz e imágenes de Correa. Habrá que ver hasta cuándo el presidente y su SUPERCOM tolerarán las irreverencias del propio Correa.

José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Los farsantes de la moral oficial

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El aparato de censura y control de la información del correísmo y la Ley de Comunicación –que este sábado cumplirá tres años de vigencia– no sólo sirven para hostigar a los disidentes del correísmo y a quienes piensan diferente.

O para mantener políticamente disciplinados a los medios y disuadirlos de meter las narices donde no les conviene.

O para imponer la verdad oficial de los hechos noticiosos con remitidos de publicación obligatoria como los que diario El Universo recibió el último fin de semana (tres en un día), con títulos tan jocosos como “Incremento temporal del IVA en Ecuador no es una razón para que ecuatorianos compren en Ipiales”.

No. La Supercom y el Cordicom, con la ley en la mano, con todo su engranaje de intendencias regionales y su jauría de sabuesos, su policía semiológica y sus direcciones “de monitoreo y análisis”, “de vigilancia y control”, “de procesos y sanciones”, “de gestión preventiva e intervención jurídica”, sirven sobre todo para mantener la moral y las buenas costumbres en la esfera pública. Para castigar a quienes las vulneran. Para enderezar a los obscenos, a los impúdicos, a los malhablados, a los procaces, a los políticamente incorrectos. A los que nos hacen pecar. A los que dicen presos en lugar de decir PPLs. A los que dan mal ejemplo.

No es extraño que, para presidir un aparato semejante, se eligiera a un ciudadano de moral intachable y costumbres ejemplares. Un ser casto, abstemio, virtuoso, carente de todo vicio: el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. La mayoría de resoluciones que ha firmado, desde el nacimiento de su organismo en 2014 hasta la fecha, tiene que ver con la moral y las buenas costumbres. Esa jurisprudencia es su doctrina, su legado a la posteridad. En ella se expresa como un auténtico árbitro nacional de la decencia y el buen gusto.

Ochoa es el hombre en quien parece haber estado pensando Joan Manuel Serrat cuando escribió su canción Los macarras de la moral: maestro para pescar en el río turbio del pecado y la virtud, experto en fabricar platos rotos que acaban pagando otros (periodistas y medios de comunicación), reparte sanciones económicas a diestra y siniestra.

¿Algún medio de comunicación, en cualquier rincón del país, observa lo que él llama “un comportamiento negativo para el desarrollo cognitivo de los menores de edad”? Diez salarios mínimos de multa.

¿Alguien se expresa con lenguaje que, según él, “no observa las reglas mínimas para la convivencia en el marco del respeto a los derechos de otras personas”. Diez salarios mínimos de multa.

¿Hay quien se atreva a “irrespetar los derechos del Estado intercultural” (“los derechos del Estado”, así discurre la mente de Ochoa)? Diez por ciento de los ingresos del trimestre de multa.

Por pronunciar la palabra “moza”… ¡Multa! Por poner en duda los valores de la moral cristiana… ¡Multa! Por mostrar demasiada piel o demasiada sangre… ¡Multa, multa, multa!

La semana pasada, 4pelagatos contó el caso de dos periodistas deportivos: Luis Baldeón y Aurelio Dávila, los conocidos Barman y Droguin de Radio Fútbol. La Supercom se ha enseñado con ellos por su incorrección política con tan sistemática aplicación que da motivos para sospechar de sus intenciones: les ha seguido once procesos en 18 meses. Algunas de las resoluciones emitidas por Ochoa contra ellos son dignas de figurar en cualquier antología el curuchupismo y la mojigatería criollas.

Por ejemplo, aquella que dice que el sentido fundamental del matrimonio es la procreación y que el adulterio se opone al orden sobre el cual descansa la República, para concluir castigando a Dávila y Baldeón por haber hecho el elogio de la infidelidad.

O esa otra en la que el superintendente expresa su preocupación por el “ejemplo negativo y errado” que reciben los niños cuando escuchan a Dávila y Baldeón pronunciar malas palabras. Palabras que, más tarde “pueden ser replicadas en contra de un compañero de escuela”.

Todo esto arropado en un lenguaje seudojurídico salpicado con citas de Cabanellas, o intercalado de argumentaciones semiológicas tan precarias como incomprensibles, que no consiguen ocultar el proverbial moralismo que se encuentra en el fondo.

En una ocasión se sancionó a diario Extra por combinar, en un montaje gráfico sobre un accidente aéreo en Ucrania, la foto del lugar donde cayó el avión con la imagen una mujer depositando flores en homenaje a las víctimas. El vuelo semiológico, del cual hay que responsabilizar a los semiólogos de intendencia del Cordicom, era delirante.

La “violencia simbólica” de este montaje gráfico, según los expertos refrendados por el superintendente, “se manifestaría en el quiebre del código de la cotidianidad (rituales de interacción): de un lado, las imágenes de cuerpos muertos y fragmentados; de otro, la imagen de una mujer con vestido corto, floreado intentando significar el ‘luto en Ucrania’, por tanto, se violentaría la cotidianidad”. Es decir que a “la morbosa exhibición de la muerte”, de la foto de arriba, sigue una “gratificación y reificación a partir de la representación de la vida”, en la foto de abajo, operación que sigue “un orden de discurso que va de masculino a femenino” y que “termina en sesgo de impacto que permite un reciclaje o circularidad de la lectura”. ¿Quedó claro? ¡Pero si hasta Carlos Ochoa lo entiende! Lo firma, de hecho.

supercom, extra, imagen muerte vida,

Un caso más reciente fue el de diario La Hora de Santo Domingo, al que la Supercom sancionó por publicar una nota titulada “Quemada por su madrastra”. Es la historia de una niña de tres años, cuya identidad el diario no revela, que ha sido víctima de brutales maltratos. Según el informe de Ochoa, “La publicación alimenta en los lectores la atracción por lo desagradable. Se expone a la supuesta víctima de maltrato en condiciones que afectan su dignidad, su derecho de imagen y privacidad, lo que denota la forma utilizada por el medio para dar a conocer una información que se supone privada, íntima, que al exponerla al público se convierte en algo obsceno”. Se refiere a la fotografía de una niña de tres años que fue quemada por su madrastra y que el documento firmado por Ochoa describe con estas palabras: “Una imagen en escala de grises parcialmente difuminada en la que claramente se observa la espalda y parte de los glúteos con ampollas de la menor”. Esa fotografía “parcialmente difuminada” pero tan clara, tan morbosa, tan atentatoria del derecho a la intimidad de una niña, por favor, cúbranse los ojos, es ésta:

supercom-imagen parcialmente difuminada

¿Qué tiene en la cabeza el superintendente Ochoa? Hay que ser francamente retorcido para que la borrosa, indeterminada exhibición de una minúscula fracción de nalga infantil le altere los nervios a uno.

También el canal 5 de televisión, Televicentro, fue sancionado por mostrar las imágenes “parcialmente difuminadas” de una decapitación perpetrada por los terroristas de ISIS. “Desde una perspectiva semiótica”, explica Ochoa en la resolución respectiva, el crimen del noticiero consiste en haber aplicado (por favor, tomen asiento) “un lenguaje específico, con una serie de elementos determinados entre (signos) y una serie de relaciones entre ellos, de manera que por su uso se produzcan significados. Y el significado fue la entrega de un producto informativo de alto impacto emocional y violento en franja horaria no permitida”. La cita (incluida esa inescrutable palabra signos entre paréntesis) es textual.

Si un juez se expresa a través de sus providencias, las resoluciones de Ochoa lo retratan de cuerpo entero. A él y al organismo que preside. Gente retorcida, ávida de sangre. Resentidos que ejercen su metro cuadrado de poder con todo el rigor que les dictan las tripas. Y las hormonas. Ellos son los guardianes de la decencia y el buen gusto del régimen correísta. Son la mecha de la sospecha, el meollo del mal rollo. Son los macarras de la moral.

Foto: diario La Hora

Las retorcidas mentes de los supercomitos

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Segunda entrega de la nota titulada “¿Por qué el correísmo se ensaña con Barman y Droguin?”.

Aurelio Dávila y Luis Baldeón, conductores de los programas de opinión deportiva Hablando Jugadas y Mira quién habla, de Radio Redonda, han sido once veces procesados por la Supercom. Las razones son desopilantes y retratan al curuchupismo correísta de cuerpo entero. A continuación, una lista de los casos. Las fechas corresponden a la presentación de las denuncias o de los reportes internos del organismo.

  1. 11 de febrero de 2015. – Por no identificar, en la emisión del 27 de enero, el tipo de contenido del programa, es decir: ese día se olvidaron de especificar que Mira quién habla es un programa deportivo de opinión. Multa: 1.770 dólares.
  2. 23 de febrero de 2015. – Por teorizar sobre la diferencia entre amante y moza. Según la Supercom, se trata de un “contenido que menoscaba la dignidad de la mujer”. Multa: 3.540 dólares.
  3. 4 de mayo de 2015. – Por repetir el insulto que un jugador le dijo a otro después de cometerle falta: “Te cagué hijueputa”. Multa: 3.540 dólares.
  4. 30 de julio de 2015. – Por decir que los hijos del también comentarista deportivo Roberto Omar Machado son malos periodistas y tienen trabajo gracias a que la radio es de su papá. Amonestación escrita.
  5. 13 de agosto de 2015. – Por hablar a favor de la infidelidad. Vale la pena reproducir sus palabras para que se entienda el contexto humorístico del asunto: “No estamos en contra de la infidelidad, en la cara lo decimos, en la cara y en los oídos de quienes quieran escuchar: estamos a favor de la infidelidad, pero eso sí, tienes que ser un profesional (…). Eso sí, pedimos alto rendimiento, inteligencia emocional, un desdoblamiento milimétrico sin que note tu cónyuge. Eso es complicado, tener doble cara (…). Nosotros estamos a favor de la doble cara, de la doble vida. ¿Por qué? Porque es un placer; te da una sensación de poder indescriptible, te da una sensación adrenalínica. ¿Si me hago entender? Señoras y señores, nosotros estamos a favor del profesionalismo del amante”. Para sancionar esta declaración el superintendente Carlos Ochoa, cuya fidelidad seguramente es ejemplar, cita el artículo 67 de la Constitución (“El Estado protegerá la familia como núcleo fundamental de la sociedad”) y concluye que se trata de un “contenido inadecuado”. Multa: 3.540 dólares.
  6. 29 de octubre de 2015. – Por llamar mamarrachos, payasos y bufones a periodistas de otra radio deportiva que los amenazaron con pegarles: “En qué país vivimos carajo, ¿esto es de patadas, de cuchillo, de revólver? Vamos a ver si responden como hombres ante la justicia”. Aunque se trata, obviamente, de una declaración de rechazo a la violencia de los otros, la Supercom la sancionó por “no observar reglas mínimas para la convivencia en el marco del respeto y la tolerancia hacia los demás”. En esta misma resolución se sanciona también una declaración de Luis Baldeón pronunciada en otra fecha: “que nos sancione por algo el Ochoa y toda su people. No hay cómo hablar en contra del gobierno, Aurelio. Gracias, me voy. Qué paisito éste ¿no?”. Según el propio Ochoa esas palabras incurren en “desconocimiento de la autoridad”. Multa: 3.540 dólares.
  7. 16 de noviembre de 2015. – Por exactamente las mismas causas que la demanda anterior. Aunque parezca increíble, Dávila y Baldeón vuelven a ser procesados por llamar mamarrachos, payasos y bufones a periodistas de otra radio deportiva que los amenazaron con pegarles. Y por decir: “En qué país vivimos carajo, ¿esto es de patadas, de cuchillo, de revolver?”. Y también (otra vez) por desconocer a la autoridad y llamar al incumplimiento de la ley a raíz de conocerse la sanción anterior: “La Supercom procedió nuevamente a notificarnos por 3 mil dólares, yo no voy a pagar un centavo”, había dicho Baldeón. Multa (otra vez): 3.540 dólares.
  8. 26 de enero de 2016. – Por organizar una encuesta telefónica con sus oyentes. Las preguntas eran: ¿con quién le gustaría acostarse? ¿Con quién se pegaría un grifo? ¿Con quién un trago? Según la Supercom, esta encuesta irrespeta los derechos de los grupos de atención prioritaria. Multa: 3.660 dólares.
  9. 28 de enero de 2016. – Por maltratar a un oyente que los maltrató primero. Había llamado a la radio a decirles: “Lo que usted tiene es diarrea mental y el otro señor que está al lado suyo es un pobre aprendiz de matemático, que nunca ha ido a una universidad”. Baldeón respondió: “Váyase al diablo, a mí no me interesa que usted sea físico cuántico, me resbala. Además, padezco de derrame cacal. Qué te pasa a vos que estás hecho el vivo, conmigo no te metas, que soy boca de verdulera”. Otra vez: irrespeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria. Multa: 3.660 dólares.
  10. 1 de marzo de 2016. – Por confesar pecados de juventud: “Una época me dio por robarles dinero a los taxistas (…) A mi papá le robé un día, cinco sucres del pantalón”. A pesar de que los periodistas pronunciaron literalmente la frase “eso no se debe hacer”, la Secom decidió sancionarlos por justificar la práctica de un acto ilícito. Multa: 3.660 dólares.
  11. 15 de abril de 2016. – Por hacer la apología del chisme: “La razón de ser de este programa es el chisme, el rumor, el meterse en la vida privada de la gente”. Y también: “No somos un programa cualquiera que habla de moderación, de cariño, de respeto, nooo. Nosotros hemos venido a traer la espada”. Y también: “Yo no quiero fama, quiero plata, por Dios, entiéndanme. Yo soy una prostituta del periodismo”. Además, por hacerse llamar “Barman y Droguin”, en alusión al alcohol y las drogas. Todo lo cual, según la Supercom, “podría influir e incluso modificar (para mal, se entiende) el comportamiento de la audiencia”. Multa: 3.660 dólares.

En casi todos estos casos Dávila y Baldeón han sido acusados de violar el horario de protección al menor. Un pretexto improcedente, pues la misma ley del aparato de censura correísta, en este caso el reglamento de audiencias del Cordicom, establece que las franjas horarias no se aplican para los contenidos de opinión. Y tanto Hablando Jugadas como Mira quién habla están catalogados como tales.

Es evidente que lo de la Supercom con Luis Baldeón y Aurelio Dávila es una obsesión persecutoria. El sistema de control y censura de la libre expresión montado por el correísmo, con su marco legal y su aparato institucional, permite que cosas así ocurran con total impunidad, eso no es nuevo para nadie. La pregunta es por qué. Por qué dos exitosos periodistas deportivos que no se meten en política salvo por excepción, que gozan del favor de un público masivo, ciertamente escandalosos e incorrectos, posiblemente de mal gusto y hasta amorales, se convierten de pronto en las víctimas sistemáticas de la persecución del Estado. Parece claro que la Supercom quiere escarmentar con ellos. Usarlos como ejemplo para imponer su propio concepto de moral y buenas costumbres. Su curuchupismo y su mojigatería social como modelos de comportamiento. Son sus propias mentes enfermas y retorcidas, las de Carlos Ochoa y sus intendentes, las que hacen pasar por censurable el estilo de Dávila y Baldeón, cabezas de turco de un proceso que intenta ponernos en vereda y disciplinarnos a todos.

Personajes como estos periodistas, con sus dobles alusiones, sus inclinaciones perversas, sus tendencias (reales o figuradas) hacia el alcoholismo y la drogadicción, su incontinencia verbal y esa falta de elegancia de la que hacen alarde, difícilmente van a ser defendidos por alguien en una sociedad mojigata. Y (con la excepción de Fundamedios, que ha documentado su persecución entre tantas otras) no lo han sido. ¿Hasta qué punto la Supercom se levanta sobre la propia vocación silenciadora de los ecuatorianos, vocación que se ceba en gente como Dávila y Baldeón? La censura, escribió el escritor sudafricano John Coetzee, proviene de la capacidad de la gente para ofenderse por lo que lee o escucha. Y como esa capacidad es infinita (siempre habrá en la sociedad alguien que se sienta ofendido por algo), una vez que el espíritu de la censura se instala en el poder y se promueve desde el Estado, su posibilidad de persecución no tiene límites.

Uno de los ciudadanos rusos que ofreció su testimonio a Svetlana Alexiévich para su libro El fin del homo soviéticus dice, con bastante perspicacia, que la democracia no se puede instaurar por decreto, no se puede importar, no se puede improvisar. Porque la democracia precisa de hombres y mujeres libres. Y que en Rusia escasean. ¿Acaso abundan en el Ecuador? ¿Existe en el país una verdadera tolerancia hacia la opinión ajena o más bien tienden los ecuatorianos a creer que la libertad de expresión termina donde empieza el derecho de las personas a sentirse ofendidas? ¿Admitimos la libertad de los otros a hablar siempre y cuando no digan cosas que nos disgustan? ¿Es eso? La existencia de personajes como Luis Baldeón y Aurelio Dávila es saludable para la esfera pública porque el respeto de su libertad garantiza el respeto de la libertad de todos. El hecho de que hayan sido, durante un año y medio, acosados por el Estado y privados de sus derechos sin que esto se convierta en un escándalo público, pone en duda la capacidad de los ecuatorianos de vivir en democracia.

¿Por qué el correísmo se ensaña con Barman y Droguin?

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Esta es la historia de una persecución. En poco más de un año, exactamente desde febrero de 2015, Luis Baldeón y Aurelio Dávila, periodistas que conducen los programas de opinión deportiva titulados Hablando jugadas y Mira quién habla, en Radio Redonda, han sido procesados once veces por la Supercom debido a cosas que han dicho ante los micrófonos. En todos los casos han sido hallados culpables. La sanción, casi siempre una multa equivalente a diez salarios básicos, impuesta a su radio, ha sido generalmente asumida por ellos. Hasta el momento han pagado 34.110 dólares. Han sido tratados casi como delincuentes contumaces. Han sido públicamente desacreditados e infamados. No han tenido descanso: han debido afrontar hasta dos o tres procesos simultáneos. Todo esto ha puesto su estabilidad laboral en riesgo. Pero hasta el momento no se ha probado que Luis Baldeón y Aurelio Dávila hayan calumniado a nadie. Tampoco han incitado a la violencia. No han difundido información que produjera conmoción social (y no es por falta de audiencia) o impidiera el normal desenvolvimiento de la vida institucional de la República. No han desestabilizado el orden constituido. No han lesionado derechos de terceros aunque sus acusadores aseguren lo contrario. ¿Qué es, entonces, lo que hace de ellos unos sujetos tan peligrosos que los agentes de la ley no dejan de seguirles los pasos?

Conociendo a los juzgadores, la primera pregunta que surge en la mente de cualquiera es si se trata de un caso de retaliación política. Cierto es que Aurelio Dávila no se ahorra las críticas al gobierno, que se mete con la Supercom y ha llegado a exclamar “Abajo la Revolución Ciudadana” con todas sus letras.  Si se les pregunta a ellos, no descartan que el acoso al que se encuentran sometidos tenga que ver con esta postura. Pero los motivos de las denuncias en su contra, al menos formalmente, son otros.

Ocurre que Luis Baldeón y Aurelio Dávila son humoristas. ¿Significa eso que el fútbol, en sus programas, es un pretexto para ejercer la sátira? No exactamente. Ellos analizan y critican el fútbol y lo hacen en serio. Más aún: su opinión es tenida en cuenta. Hablando jugadas y Mira quién habla son los programas de mayor audiencia de la radio en su género. Ellos son periodistas influyentes. Pero el contexto que rodea a sus comentarios deportivos, su tono general, su estilo, los temas que tratan, la manera como se representan a sí mismos y a los demás, los personajes que se atribuyen, todo configura una comedia. Y no de cualquier tipo: una farsa. Un hilo continuo de humor, a ratos ácido, a ratos perverso, a ratos subido de tono, tiñe todo lo que dicen. Un humor no apto para biempensantes. Un humor que se nutre de todo lo indebido, de todo lo prohibido, de todo lo vedado; que echa mano de temas canallas: el sexo ilícito, el alcohol, las drogas (de hecho ellos se presentan como Barman y Droguin). Un humor extraído directamente del habla de la calle, comprensible para todos pero no del gusto de todos.

Se podría decir que Dávila y Baldeón son desenfadados, políticamente incorrectos, irreverentes hasta el desenfreno, iconoclastas. Todo eso es cierto pero es insuficiente para describirlos. Para complicar las cosas aún más, ellos creen (y en eso coinciden con millones) que el fútbol es una de esas raras puertas ubicuas que se abren hacia lo totalidad de la vida y que, por tanto, es fácil empezar hablando de fútbol y terminar hablando de amor, de política, de gastronomía, de erotismo, de lo que sea. La verdad es que son, simplemente, inclasificables. Y eso es algo que la Supercom no puede soportar. Funcionarios de intendencia al fin y al cabo, los de la Supercom lo tienen todo etiquetado y viven, en su ignorancia, con la vana convicción de que las infinitas posibilidades de la comunicación humana caben en su ley de a perro. No entienden nada.

La mayoría de las denuncias contra Dávila y Baldeón provienen de la propia Supercom, a través de reportes internos firmados por los sabuesos de la inquisición que monitorean los medios y particularmente ése. En otras palabras: acusador, juez y beneficiario final de la multa impuesta son tres personas distintas y un solo dios verdadero. Es lo que el correísmo llama “debido proceso”. Ellos tienen, además, un enemigo que los ha demandado tres veces. Óscar Emilio Armas de la Bastida es un ciudadano de profundas convicciones morales y nulo sentido del humor que se ha impuesto una cruzada en su vida: pretende que a Dávila y Baldeón se les prohíba hablar definitivamente, que se los expulse de su radio y de todas las radios. Las siguientes palabras, pronunciadas por él en una audiencia del pasado 27 de abril en la Supercom, retratan bastante bien su personalidad y sus intenciones: “Tenía que llamarse –dice refiriéndose al programa matutino de Dávila y Baldeón– Hablando huevadas, no sé porque se llama Hablando Jugadas. De jugadas no hablan nada, sino de jugadas de inmoralidad, de drogas, de homosexualismo, de traiciones, de esas cosas, esas jugadas son las que se ventilan en esta emisora”.

Armas de la Bastida vive en Quito. Es o fue taxista. Sin embargo tiene la capacidad económica o la influencia necesaria para contratar, contra Dávila y Baldeón, nada menos que al estudio jurídico de Gutemberh y Alembert Vera, los abogados del presidente de la República cuya oficina funciona en Guayaquil. Al parecer se entiende perfectamente con la Supercom porque, cuando quiere iniciar proceso contra sus enemigos, no se molesta en señalar el motivo de la denuncia, la naturaleza de la infracción cometida o la dimensión de la afectación causada. Simplemente escribe largos manifiestos en favor de la moral y las buenas costumbres y en contra de estos “supuestos periodistas” que “se meten y arremeten con todo y todos”, “convirtiéndose en los referentes y prototipos de la irreverencia, irrespeto, grosería, desafío, violencia verbal, incoherencia, abuso de opinión, impertinencia”, etc., todo lo cual, según él, debería estar prohibido. Como prohibidos debieran estar también los vulgarismos que enumera y traduce: “a mí me gusta tragar” por “a mí me gusta comer”; “no me jodan” por “no me molesten”; “estoy cabreado” por “estoy enojado”; “te voy a chilpir el hocico” por “te voy a romper la boca”. Dicho lo cual recomienda a la autoridad respectiva escuchar el audio del programa de la fecha tal.

¿Qué ocurre luego de que Armas de la Bastida presenta ante la Supercom este tipo de argumentos? Algo delirante: Mauricio Cáceres Oleas, director nacional jurídico de Reclamos y Denuncias, luego del “análisis del relato de los hechos”, acepta a trámite la denuncia por considerar que las presuntas infracciones descritas son las que se encuentran contenidas en los artículos tales y cuales de la Ley Orgánica de Comunicación. En alguna ocasión ni siquiera consta el análisis de las grabaciones, circunstancia que el superintendente Carlos Ochoa justifica plenamente con el argumento de que “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. En casi todos los procesos Dávila y Baldeón han sido acusados de violar el horario de protección al menor, una infracción que sólo puede ser cometida por un medio, no por un periodista, y que, por añadidura, no se aplica en ningún caso a un contenido de opinión, según establece el propio reglamento técnico para la definición de audiencias y franjas horarias dictado por el Cordicom (artículo 9).

Luis Baldeón y Aurelio Dávila han sido víctimas de falsas acusaciones desde hace un año y medio; han sido despojados de las garantías del debido proceso; han sido sistemáticamente perseguidos por el aparato del Estado; en su contra se han movilizado sospechosas asociaciones que incluyen a los abogados del presidente de la República. Todo por el delito de practicar un estilo de humor que no gusta a todo el mundo. ¿O hay algo más? ¿Es su caso una cruzada de moralización de la sociedad o hay otra razón oculta? Mañana, en una segunda entrega, veremos los once procesos de la Supercom, caso por caso: una lista delirante.

El ‘Chato’ tiene otras perradas en su cuenta

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Si el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, engrosara  la lista de los personajes históricos más detestados del país por sus declaraciones sobre los perros callejeros y su idea medio nazi de convertirlos en abono sería una injusticia.

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Sería injusto que la movilización de opinión pública que han impulsado los animalistas y los defensores de los perros haga el olvidar que Castillo, a quien le dicen “Chato”, es uno de los más tristes y nefastos personajes de esta época. Él es un emblema de la intolerancia que gobierna el Ecuador y, sobre todo, uno de los arquitectos del aparato controlador que se ha encargado de castrar la libertad de expresión en el Ecuador.

Sería faltar a la historia del país que por el tema de los perros se olvide o que se deje de mencionar, por ejemplo, que Castillo fue el creador de la Superintendencia de Comunicación, Supercom, cuya creación, además, fue mañosa y abusiva.  Que no se diga que por su voluntad periodistas han terminado con sus huesos en la cárcel y medios de comunicación han sido multados por no publicar lo que a él le gusta. Sería un favor hecho a su opaco legado.

Los antecedentes de intolerancia de este personaje vienen de muy atrás. La Comisión de la Verdad, presidida por Elsie Monge, ya tenía puestos los ojos en él cuando ejerció la Alcaldía de Loja en los noventa. Esa Comisión lo declaró culpable de dos delitos durante esa administración municipal: haber ordenado a policías municipales que torturen a Stalin Armijos por haberlo llamado “Chato Castillo” y haber ordenado el desalojo y maltrato de mendigos, comerciantes informales y moradores de un barrio popular.

En otras palabras, hay muchas otras perradas que endosar al Chato Castillo. Veamos algunas de ellas que muestran que dejar al nombre de Castillo manchado únicamente por unas sórdidas declaraciones sobre perros callejeros sería profundamente injusto.

La tramposa creación de la Supercom

Castillo, antes de asumir la Alcaldía de Loja, fue asambleísta por un movimiento llamado ARE, cuyas siglas correspondían a Acción Regional por la Equidad. Desde esa posición propuso incluir en la Ley de Comunicación una Superintendencia para que sea el tribunal de última instancia en los casos de demandas en contra de medios y periodistas. Un tribunal dependiente de un Ejecutivo, que detesta a los medios y a los periodistas que no le hacen la venia, y que llegó a la ley durante el segundo debate en la Asamblea, cuando legalmente ya no cabía la posibilidad de hacerlo.

Idea tan perversa no podía sino ser del gusto del aparato de poder que quería tener una corte de medios sumisos y vacíos de contenido y, por eso, fue aprobada. Es la piedra angular de todo el sistema de estrangulamiento de la libertad de expresión en el Ecuador.

El aniquilamiento de un periodista

Castillo también debe ser recordado por haber llevado adelante un perverso proceso judicial por injurias en contra de un periodista de su provincia. Castillo es de esos mandatarios que no entienden que una autoridad auténticamente democrática debe, aunque la ley no lo obligue, tolerar lo que dicen sobre él.

Fue el caso de Freddy Aponte, al que Castillo demandó por injurias porque lo había tildado de ladrón. El periodista fue absuelto en primera instancia pero el alcalde apeló y la Corte Nacional lo declaró culpable. El locutor se entregó y pasó tres meses tras las rejas. Castillo no estuvo conforme e interpuso una nueva demanda, exigiendo una compensación económica por “daño moral”. El acusado fue condenado a pagar 54 633 dólares, que no canceló porque dijo que carecía de recursos.  Castillo le inició entonces un tercer juicio, esta vez por “insolvencia fraudulenta”, con lo cual la cuenta bancaria de Aponte quedó bloqueada indefinidamente.

Lo que La Hora no cubrió

El 23 de marzo de 2015 Castillo puso una denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), en contra del Diario La Hora. Resulta que Castillo consideraba que el medio no dio suficiente cobertura a su acto de rendición de cuentas como alcalde de Loja. Según Castillo, el medio habría incumplido el artículo 18 y 10, numeral 3, literal f) de la Ley  Orgánica de Comunicación (LOC) referentes a la prohibición de censura previa. En la denuncia, el Alcalde aseguró que en “no se ha comunicado a la ciudadanía en que consistió la rendición de cuentas; cuales fueron los temas, montos y proyectos sobre las cuales el Alcalde de Loja rindió cuentas; en sí la información misma de rendición de cuentas.”

Castillo pidió que se sancione al medio con una multa de 10 salarios básicos unificados. La Supercom actuó, obviamente, de acuerdo a lo que su creador quería y sancionó al diario con una multa de 3 540 dólares. Con este caso se creó un precedente bajo el cual cualquier funcionario puede condicionar los contenidos de los medios al considerar que lo que diga o haga es de interés público.

Una disculpa por los toletes eléctricos

Otro caso por el que Castillo también debe ser recordado porque habla mucho de su personalidad es el de los toletes eléctricos. En marzo del 2015 diario La Hora fue obligado a pedir disculpas públicas a Castillo por haber dicho que los policías municipales de Loja estaban reprimiendo con toletes eléctricos.

Aunque La Hora había publicado una réplica de Castillo en el que decía que los toletes no habían llegado aún a la ciudad, la Supercom decidió, ante el pedido de Castillo, que no era suficiente y que había que publicar una disculpa pública. Poco después en declaraciones a El Universo, Castillo defendió el uso de estos toletes que, dijo, son de pilas y se usan de forma disuasiva.

Cárcel para la concejala Cruz

Castillo no ha sido únicamente intolerante con los periodistas o con los diarios que no han querido cubrir sus rendiciones de cuentas. Llegó a demandar a la concejala Jeannine Cruz por haber dicho, en su cuenta de Twitter, que Castillo debe dejar de mentir adjuntando un video donde lo cuestionaba por decretar la emergencia al plan maestro de agua potable. En la mente de Castillo no era posible que una concejala cuyo trabajo es, entre otros, fiscalizar al alcalde, se haya expresado en una red social. Cruz terminó en prisión por un mes y fue obligada a pagar el 25% de su salario.

No es poca cosa el daño que el ‘Chato’ ha hecho a la convivencia democrática y civilizada en el Ecuador. Lo de los perros es abominable, pero hay perradas más importantes por las cuales seguramente será recordado.

Si Carlos Ochoa no entiende nada, imaginen a sus subordinados

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Gente pide agua; Correa sube el IVA. Según la Supercom, este titular publicado por diario El Mercurio de Cuenca en la portada de su edición del 21 de abril viola el derecho constitucional de las personas a recibir información veraz, oportuna, contextualizada y contrastada. Aunque los dos hechos reflejados en el título sean verdaderos. Aunque el punto y coma utilizado para separarlos descarte cualquier relación causal o de dependencia lógica entre ellos.  Más aún: a pesar de que la nota de portada remite a los lectores a una página interior en la que las dos noticias se recogen por separado y se contextualizan debidamente, la Supercom ha decidido que el titular no es consistente con el contenido informativo, como manda la Ley de Comunicación. ¿Cómo se llegó a semejantes conclusiones? Pues de forma muy graciosa, como suele ocurrir cada vez que el aparato de censura entra en el juego.

La resolución está suscrita por el intendente de la Zona 6 de la Supercom, Luis Enrique Zamora, digno subordinado de Carlos Ochoa, y se caracteriza por su absoluto desprecio por la gramática elemental. El texto es un compendio de todos los posibles errores de sintaxis de la lengua española: atropellos ofensivos a la concordancia, casos de doble sujeto, faltas graves de puntuación, inadecuación en el régimen de los verbos, uso desatinado de los gerundios, formas preposicionales y adverbiales incorrectas y toda clase de anacolutos, silepsis y solecismos salpican las 15 páginas del documento, dificultan su comprensión y convierten su lectura en una experiencia dolorosa para cualquiera que intente desentrañar su significado. La incompetencia de Zamora en materia de lenguaje es radical y profunda. Evidentemente él piensa como escribe: a la patada. El hecho de que este defecto sea corriente en la tecnocracia correísta no lo hace menos lamentable y es especialmente grave en este caso. ¿Por qué especialmente? Porque todo el peso de la resolución de la Supercom contra diario El Mercurio pretende descansar sobre un supuesto análisis de lenguaje.

Causa gracia: Zamora, negado totalmente para la gramática (la más elemental de las estructuras), se atreve con la semántica. Hay que tener jeta. Interpreta el valor del signo de puntuación utilizado, analiza el modo de los verbos y cómo éste influye en la percepción de los mensajes, dispara teorías sobre “la pragmática lingüística”, reflexiona sobre el contenido en cuanto “unidad de veracidad”, aventura hipótesis sobre la forma como “la información se constituye en episteme” y conjuga todo eso con la correspondiente lectura jurídica de la Ley de Comunicación a la luz de lo que llama “la doctrina” del periodismo. Por supuesto no se entiende nada. Las alturas conceptuales que pretende no bastan para elevarlo del nivel reptante en que discurre su análisis. Como cuando dice que “la veracidad, la relevancia pública y el pluralismo con el cual se maneje el bien público información, es clave para la formación de una opinión pública libre y protegida, contribuyendo así a la formación de una democracia plena; veracidad que implica no solo la verificación de los hechos difundidos, sino integralmente, que la información en todos sus elementos llegue al destinatario de tal forma que el ejercicio de su derecho se subsuma a la garantía de libertad de información en su dimensión de acceso”. Ni más ni menos que un disparate en su dimensión de jerigonza.

En eso consiste la semiótica de intendencia del correísmo: en un complicado aparataje conceptual lleno de elucubraciones epistemológicas y citas eruditas absolutamente vacías de significado cuyo objetivo es dotar de coartada teórica a la decisión que ya está tomada desde el primer momento. Exactamente desde el momento en que el partido de gobierno moviliza a sus militantes (en este caso personas afines a la gobernación del Azuay y a las oficinas regionales del MIES) para que presenten una denuncia. Cualquier persona medianamente experimentada en la lectura de resoluciones de la Supercom sabe bien que las farragosas demostraciones esgrimidas por los jueces siempre conducen de vuelta al punto de partida, a saber: a los argumentos del abogado de la parte demandante.

Los de este caso son de risa. Ante la inobjetable evidencia de que los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas piden agua (de hecho la vienen pidiendo desde antes del sismo), se centran en el segundo sintagma del título cuestionado: Correa sube el IVA. Sostiene el abogado acusador (luego el juez, Luis Enrique Zamora, repetirá punto por punto este argumento) que es la Asamblea Nacional y no el presidente de la República quien tiene la potestad de subir el IVA. Y que, como a la fecha de publicación de la nota de El Mercurio esa decisión no había sido todavía refrendada en la Asamblea, el titular mentía por partida doble, con lo cual –por favor tomen asiento, péguense un Valium– “podría generar en la población zozobra, intranquilidad, incertidumbre, alarma y pánico”.

Se agradece a la Supercom este reconocimiento expreso (el único proveniente de un organismo oficial) de que el incremento de impuestos tiene a la población con los nervios destrozados. Con igual sinceridad debería reconocer que la dependencia de la Función Legislativa, demostrada con cien mil antecedentes, no daba para imaginar que la propuesta del Ejecutivo terminaría siendo rechazada por la Asamblea. ¿Hay alguien en el Ecuador que crea remotamente que las decisiones no las toma Rafael Correa? ¿Debe el periodismo dar cuenta de las formalidades administrativas y no de las realidades políticas? Hasta El Telégrafo, con toda razón, dio por hecho el incremento del IVA antes de que se empezara a discutir siquiera en la Asamblea y atribuyó esa decisión al Ejecutivo, sólo que al diario correísta no hubo quien lo demandara. En todo caso, una vez aprobado el incremento, quizá sería tiempo de que la Supercom se disculpara con El Mercurio por la resolución tomada.

Gente pide agua; Correa sube el IVA es un título legítimo. Los dos hechos que recoge son periodísticamente verificables y no necesitan ser contrastados de ninguna forma: están a la vista de todo el mundo. ¿Es un título con intención? Claro que sí. ¿Valorativo? Por supuesto. ¿Editorial? No más que el título Força Dilma, publicado en primera página de El Telégrafo al día siguiente de la suspensión de la presidenta brasileña, con el agravante de que El Telégrafo dice ser un diario público, es decir, está obligado por su naturaleza a ser un diario de todos y no debería permitirse esos arrebatos ideológicos que lo convierten en el diario de un partido. El Mercurio no tiene esa restricción. El título Gente pide agua; Correa sube el IVA no sólo recoge los hechos objeto de la noticia sino que, con el simple procedimiento de poner uno junto al otro, propone una lectura política sobre ellos. Es obvio que esa lectura política no va a ser del agrado de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, la esfera pública es el lugar donde convergen los que piensan diferente, ¿o no? El correísmo cree que puede existir una versión única de los hechos: la suya. Y quiere un periodismo notarial que se limite a reproducir fielmente sus boletines. Eso le garantizaría la impunidad suficiente para continuar haciendo propaganda a sus anchas en sus propios medios. Por fortuna todavía quedan muchos periodistas convencidos de que la interpretación y la valoración de las noticias no sólo son un derecho sino un deber en este oficio.

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