Cuando en 1939 había terminado la Guerra Civil española, el bando triunfador liderado por Francisco Franco y sus huestes ultra nacionalistas, simpatizantes y aliadas del nazismo alemán y del fascismo italiano, se dio cuenta que una ley de prensa que había aprobado un año antes no solo era un excelente herramienta para triunfar en la guerra sino que le serviría para consolidar un estado totalitario.
La ley había sido redactada el 2 de abril de 1938 y declaraba a información como un asunto de “interés nacional”, lo cual permitía que el Estado interviniera en todo lo que la prensa hiciera y apuntalaba un sistema de propaganda perfecta para un régimen totalitario. Su autor fue José Antonio Giménez Arnau y fue redactada por encargo de Ramón Serrano Súñer (arriba en la foto al extremo derecha junto a Franco) entonces ministro de la Gobernación y uno de los hombres más cercanos a Franco.
Según Justino Sinova, seguramente el mayor experto en este período de la historia del periodismo de España y autor del galardonado libro “La censura de prensa durante el franquismo”, la ley de 1938 al declarar a la comunicación como de “interés nacional” se establecía que la información debía estar al servicio del país, es decir al servicio del Estado.
En diálogo con EL COMERCIO, Sinova define así el concepto que el franquismo tenía de la prensa. “La prensa era un instrumento del ejercicio del poder, una herramienta de adoctrinamiento y de propaganda. El poder controlaba el número de periódicos mediante la autorización previa para su creación, elegía a los periodistas, nombraba a los directores, repartía instrucciones diarias y ejercía después de todo ello la censura para que nada de lo que se publicara se saliera del cauce trazado y lo que se publicara sirviera al objetivo político del régimen. La información no podía ser un derecho de la gente porque era una herramienta de poder”.
En su libro, al resumir el concepto de la ley, Sinova dice, entrecomillando las frases que constan en el preámbulo de ésta, que la ley se declaraba sin disimulo enemiga de la libertad, hasta el punto de afirmar en su exposición de motivos que la “libertad entendida al sentido democrático” había dado lugar a una prensa “sectaria y antinacional”.
Prensa libre era sinónimo de actividad realizada “al margen del Estado” y por ello se proponía “despertar en la prensa la idea de servicio al Estado”. En consecuencia, sostiene el experto, se concebía al periodista como “apóstol del pensamiento” y a la prensa como “una institución nacional”, alejados del “libertinaje democrático” y de la exterminada libertad de prensa, a la que se descalificaba por ser un “sistema metódico de destrucción del Estado, decidido por el rencores de poderes ocultos”.
El núcleo de la ley se halla en su artículo primero: “Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica”. Así fue como se instauró el régimen de censura y control considerado como el más drástico de cuantos han existido en el mundo occidental contemporáneo. Todo esto bajo el precepto de que la infomación es un asunto de interés nacional, lo cual fue incluso precisado en una norma posterior (en la que se prohíbía a los ciudadanos españoles ser corresponsales extranjeros) en la que se decía que “la prensa tiene un indudable carácter de servicio público y de utilidad nacional”.
En el sistema franquista de control de la prensa el gobierno nombraba a los directores de los medios quienes llegaron a, en algunos casos, a obrar abiertamente en contra de los intereses de los medios a los que dirigían. El propio Sinovia relata en su libro, por ejemplo, el caso de un director del diario Ya que llegó a suprimir la página de avisos comerciales para lastimar la economía del diario, o de otro que fue impuesto como director del monárquico ABC que decidió escribir piezas anti monárquicas y publicar información abiertamente favorables a la Alemania nazi.
En el franquismo el control de la prensa lo hacía el propio gobierno a través de un Ministerio que era el encargado de imponer las exorbitantes multas que la ley de 1938 establecía para los casos en los que los medios publicaban temas incómodos para el Estado o para lo que consideraba moral y buenas costumbres.
Incluso la política de rectificaciones establecía que cualquier ciudadano haga su reclamo ante el Ministerio el que ordenaba al medio publicar o no dicha rectificación. Según el entender del franquismo, sostiene Sinova, era más grave la injuria que fallar a la verdad, lo cual es contradictorio con la esencia misma del periodismo.
La Ley de 1938, continúa Sinova, no concebía la posibilidad de un fin simplemente informativo de la prensa. La prensa era, antes que nada, un instrumento pernicioso, consecuencia del régimen liberal que para los españoles, según Franco, era “el más demoledor de los sistemas”. De ahí que se previera que el agravio ocupaba el primer lugar de las delitos de los medios; en segundo lugar, el de las insidias, y, solo en tercer lugar el de la falta a la verdad.
“Al franquismo no le interesaba la verdad de lo que ocurría. Aplicaba la censura, que es un modo seguro para disfrazar la realidad. Si hablaba de verdad era para encubrir su control de la prensa. Todos los dictadores dicen que los periódicos que ellos controlan relatan la verdad. Es una falacia constante. También en las dictaduras se proclama la libertad de expresión. Así lo hacía el franquismo y, en el polo opuesto, también lo hacía la Unión Soviética”, sostuvo Sinova en su diálogo con este medio.
Personalmente, Franco veía a la prensa como un obstáculo para la gobernabilidad. En unas declaraciones en febrero de 1947 al The Evening Star manifestó que “el pueblo español goza de unas libertades que son desconocidas en el este y centro de Europa. Hay limitaciones a esta libertad, pero solo aquellas que se necesitan para mantener el orden, pues no debemos olvidar que con el desorden acaban todas las libertades”.
El caso del franquismo y la prensa, para Sinova, sirve como advertencia frente a los gobiernos que entienden a la información como un tema de interés público. “Hay que tener cuidado cuando el poder político insiste en el carácter de servicio público de la comunicación porque suele encerrar el ánimo -no declarado sino disfrazado- de controlarla”.
Publico el 5 de julio del 2015 en El Comercio
