Borregos vs. odiadores

Hablar de la extrema polarización social en Ecuador es casi un lugar común. Tal polarización ha sido alimentada por discursos del propio Presidente Correa, que han provocado niveles de intolerancia incompatibles con el deber estatal de prevenir conflictos sociales. La oposición también ha contribuido en la construcción de un ambiente de confrontación en el que quienes formaron o forman parte del gobierno de la revolución ciudadana se encuentran descalificados del juego democrático. Así las cosas, parecería que la sociedad ecuatoriana está dividida en dos bandos irreconciliables: borregos vs. odiadores.

El enfrentamiento entre estos dos bandos se ha hecho aún más patente en las últimas semanas, a raíz de las frustradas conversaciones para lograr una unidad capaz de vencer al correísmo en 2017; el anunciado fin de la Ruptura de los 25; o la súbita lucidez de Fernando Bustamante para comprender que su movimiento dejó de ser democrático. La sola aparición en este medio de dos columnistas que en su momento pertenecieron al gobierno de PAIS, ha provocado el rechazo de valiosos segmentos de la opinión pública. En su explicación, 4pelagatos nos ha dado una lección de principios democráticos, invitándonos a debatir en vez de insultar o acallar. Para esa miserable labor, nos recuerdan, tenemos ya a personajes como Fernando Alvarado, Carlos Ochoa y otros sacerdotes y semiólogos del correísmo. Extraer lecciones y procesarlas junto a la sociedad es mucho más útil y trascendente que cualquier acto de contrición, añade Martín Pallares.

Bajo la premisa de que la democracia plena requiere mucho más que elecciones, debemos aceptar que el diálogo con todos los sectores es un requisito necesario para retornar a la democracia. Fomentar el diálogo con quienes han sido o son parte de estos nueve años de gobierno es el único camino hacia la construcción de un régimen respetuoso de la participación ciudadana. Bajo este gobierno, la descalificación y el insulto se han convertido en la única manera de hacer política. No podemos dejarnos llevar por el camino de la polarización. Como diría mi mamá, “si ellos son tontos, no seas tonta tú también”.

Aún cuando me cueste creer en su palabra, creo profundamente en el derecho a la libertad de expresión de todos los que han sido parte de este gobierno. Pero la participación de todos los sectores de la sociedad en el debate público no es sólo un derecho sino también una responsabilidad. Quienes han contribuido en la construcción de este régimen autoritario deben hacerse responsables por sus acciones tanto como por sus silencios. No es momento de acallarlos sino de exigir explicaciones.

La pregunta es entonces por dónde empezar. Para algunos, el punto de quiebre ocurrió con las enmiendas a la Constitución; para otros, con el proyecto de ley de herencias. El Código Penal, la Ley de Comunicación, la Ley de Seguridad Pública y la reforma judicial engordan la larga lista de razones que marcaron distancias entre el régimen y sus colaboradores o seguidores. La persecución a los periodistas, a los indígenas, a los ambientalistas, a las universidades y a todo el que se atreva a discrepar, constituye para algunos un punto de no retorno. Todas esas explicaciones, y muchas más, están pendientes.

Hasta ahora, quienes han pretendido rendir cuentas se enfocan en sus aciertos en su paso por el gobierno y en el supuesto desvío de los ideales iniciales de la revolución ciudadana. Desconfío de esas explicaciones pues aunque no soy incapaz de identificar ciertos aspectos positivos del gobierno actual o su modelo constitucional, estoy convencida de que el insaciable afán por concentrar el poder así como la intolerancia a la disidencia estuvieron presentes desde el inicio del gobierno de PAÍS.

La Constitución de 2008, tan venerada por algunos, es un repertorio de herramientas que permiten al poder limitar derechos, siempre en deferencia al proyecto político presidencial. Borrachos de poder, los constituyentes se negaron a establecer suficientes controles al poder público. Ciertas innovaciones del texto constitucional, tales como la eliminación del Estado de Derecho como elemento definitorio del Estado; el diseño de un modelo que amplia las facultades del presidente al tiempo que asume que institucionalizar la participación ciudadana equivale a fortalecerla; y la inflación de derechos sometidos a un concepto de dudosa definición como el buen vivir, son en parte responsables de la disolución de la democracia en Ecuador.

Pero en mi opinión las explicaciones no deben empezar por la Constitución, sino incluso antes. En el proceso que llevó a la Constitución se evidenció ya que quienes creyeron en este gobierno creyeron también en la concentración del poder como única salida para la transformación política. Mientras estuvieron en el gobierno, los constituyentes no creyeron en los límites al poder, creyeron sólo en “el proyecto”. El proceso constituyente estuvo viciado de autoritarismo.

Cómo olvidar que sólo habían transcurrido tres meses desde que Correa asumió el poder para que a través de una decisión del Tribunal Supremo Electoral se destituya a 57 de 100 legisladores –todos ellos de oposición- y se les suspenda sus derechos políticos por un año. Los legisladores destituidos acudieron al Tribunal Constitucional, que les dio la razón. Al día siguiente, legisladores suplentes de los destituidos se reunieron en secreto con el secretario particular del Ministro de Gobierno y al ser sorprendidos por la prensa, salieron a sus autos cubiertos con manteles de las mesas. La madrugada siguiente, a las cinco de la mañana, los diputados de los manteles subieron a un bus policial que les aseguró su ingreso a las instalaciones del Congreso, al tiempo que la fuerza pública impidió el ingreso a los diputados cuya reincorporación había sido ordenada por el Tribunal Constitucional. Una vez adentro, los diputados suplentes junto a los adeptos al gobierno, resolvieron destituir a los 9 miembros del Tribunal Constitucional que habían declarado la inconstitucionalidad de la medida. Fue así como 57 diputados opositores fueron sustituidos por magistrados vinculados al Presidente. Esta jugada escandalosamente antidemocrática facilitó que tanto la Presidencia como la Asamblea Constituyente, que estaba próxima a instalarse, gobiernen sin contrapeso político alguno. Los “plenos poderes” permitieron luego a la Asamblea Constituyente asumir las atribuciones de la función legislativa, declarando en receso a los diputados democráticamente electos hacía apenas un año, enviando a su casa incluso a los legisladores que meses atrás habían cumplido órdenes del ejecutivo para desmantelar al Tribunal Constitucional.

Cuando esto ocurrió, busqué explicaciones en muchos amigos que estaban en el poder. Su respuesta fue siempre la misma: eran medidas necesarias para gobernar. La gobernabilidad por sobre la democracia. El poder por sobre los derechos. Quienes antepusieron un proyecto político a los principios democráticos, difícilmente tendrán mi confianza, menos mi voto. Pero eso no me impide dialogar con ellos. Sus argumentos son mucho más valiosos que el silencio cómplice de quienes son parte de un gobierno autoritario a cambio de un sueldo a fin de mes, y sin duda más útiles que la descalificación o los insultos a los que nos hemos acostumbrado en el debate político.

Por sobre mis diferencias políticas con quienes apoyan o apoyaron a este gobierno, está la defensa los derechos humanos. Esa defensa necesita que alcemos la voz y superemos nuestras diferencias. Los derechos no son izquierdos ni derechos. No son bandera del correísmo ni de la oposición. Si la defensa por los derechos y la lucha por libertades logran superar el oportunismo político, podrían ser el punto de encuentro capaz de unir los caminos de quienes creen que recuperar la democracia es más valioso que ganar la batalla entre borregos y odiadores.