Confianza, esa es la clave: dos prospuestas

El principal problema económico del correísmo es político, no técnico. Inspira desconfianza. Genera incertidumbre. Emana aquello que más repele a la inversión privada: inseguridad jurídica. Cada reforma nueva profundiza la imagen de inestabilidad para los inversores, aumenta la percepción de riesgo político para los financistas.

Estoy convencido de que, en la ecuación mental del Presidente, la certidumbre institucional simplemente no tienen la importancia. Y la primera tarea que debemos cumplir, si queremos superar el nefasto legado de zozobra institucional que nos deja, es encontrar la manera de generar confianza. Pero no basta con saberlo y decirlo: hay que proponer medidas claras y buscar consenso para aprobarlas.

En el mercado, donde todo es incierto—precios, preferencias de consumidores, condiciones climatológicas, tecnología, etcétera—, la necesidad de reglas claras y estables constituye la condición primaria de cualquier inversión, grande o pequeña, de capital nacional o extranjero.

Lo bueno es que el riesgo político es la única variante controlable, que depende de la voluntad de un Gobierno y de instituciones que garanticen que dicha voluntad no se salga del cauce establecido. Esa es la razón por la que históricamente, desde la Inglaterra del siglo XIV, se ha intentado moderar la capacidad de daño de los gobernantes mediante límites constitucionales a su poder. El origen del constitucionalismo está, de hecho, en la lucha de los emprendedores por poner freno a los impredecibles arrebatos fiscalistas de monarcas botarates y parlamentos facciosos.

Hay seguridad jurídica cuando sabes precisamente cuáles son los impuestos que pagarás, cuando eres libre de disponer del dinero que ganas, cuando la normativa técnica no cambia abruptamente; y lo mismo con sueldos, regulaciones y todo. Precisamente lo que no hemos tenido. Por eso nos esquivó el magma de inversión extranjera que inundó a nuestros vecinos más estables durante los últimos años—Perú, Colombia, Chile o Uruguay. Por eso nuestra calificación de riesgo financiero es la peor de la región, después de la macondiana Venezuela. Y por eso el Impuesto a la Salida de Divisas se convirtió en el segundo que más recauda para el fisco—los empresarios ponen su dinero honestamente ganado a buen resguardo.

Un ejemplo vívido de incertidumbre que vivimos es la normativa tributaria, que es quizá el campo que más inquieta a la inversión. Ha habido más de 11 reformas, muchas de ellas hechas al apuro mediante leyes aprobadas por el trámite urgente en materia económica; otras se han dado de forma solapada, creando impuestos encubiertos. Ante esto, quiero comenzar por sugerir dos reformas constitucionales y legales que me parecen básicas para inspirar confianza:

1. No más impuestos al apuro: se debería prohibir que se creen o se aumenten impuestos, o cualquier carga fiscal, por la vía urgente de proyectos de ley en materia económica, ese recurso tan abusado por este gobierno. Para ello habría que reformar el artículo 140 de la Constitución, para que quede claro. Algo más o menos así: “Se prohíbe que por la vía urgente prevista en este artículo se aprueben leyes que supongan la elevación de la carga fiscal a los ciudadanos, de forma directa o indirecta, ya sea mediante la creación de nuevos tributos o el aumento de los existentes. Los proyectos de ley que supongan tales medidas deberán siempre someterse al trámite legislativo ordinario”. Y cabe también reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el mismo sentido.

2. No más tributos encubiertos: se debería establecer una prohibición constitucional y legal de que se aprueben impuestos encubiertos. Es decir, impedir que se disfracen con tecnicismos medidas que tienen afán recaudatorio. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que eleva unilateralmente las regalías a los operadores bajo el pretexto de defender la competencia, o de la reforma que puso un techo al reparto de utilidades de los trabajadores en favor del fisco. Una disposición más o menos así: “Se prohíbe la aprobación de leyes y normativa técnica con finalidad recaudatoria encubierta”.

Estas son solo dos propuestas concretas, las cuales deberán ser parte de un repertorio muchísimo más amplio y profundo. Pero es una forma de iniciar el diálogo necesario para estar preparados. Este es el tipo de reformas que deben hacerse durante los primeros meses del nuevo Gobierno que asuma en 2017, bengalas constitucionales de certidumbre institucional para enviar una señal unívoca.

Hay que empezar a hablar del cambio que necesitamos para generar confianza, para reducir la capacidad de daño de los gobernantes de turno, porque ahí está la clave de todo lo demás.