Finalmente habló pero no dijo nada.
Marcela Aguiñaga, ahora asambleísta incondicional del Gobierno y ministra del Medio Ambiente en el 2010 cuando esa cartera hizo la compra de los terrenos del Issfa, sacó a la luz hoy un comunicado suyo sobre dicha transacción, luego de que varios segmentos de la opinión pública le han pedido un pronunciamiento sobre su participación en la compra.
Sin embargo, Aguiñaga no aclara absolutamente nada sobre su participación en la compra ni sobre los cuestionamientos de fondo. Nada sobre sobre el precio, nada sobre el avalúo, nada sobre los temas de fondo.
“Acerca de la compra de 66 lotes en la ciudadela Los Samanes (norte de Guayaquil) por parte del Ministerio del Ambiente (MAE) al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), en el año 2010, cuando presidí esta Cartera de Estado, aclaro:”, dice en el encabezamiento de su comunicado y luego procede a enumerar una serie de hechos relacionados con la polémica compra.
Aguiñaga, más bien, recurre a generalidades. En los tres primeros segmentos de los cuatro que tiene el comunicado se refiere a temas ambientales, como si eso estuviera en debate en los actuales momentos. Dice que Guayaquil tiene un déficit de áreas verdes y cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) según la cual el mínimo de áreas verdes que debe tener una ciudad es de 9 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante. Ni siquiera aporta con el dato de cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Guayaquil.
Solo en la segunda parte del cuarto punto se refiere en algo a la transacción. “Se llevó a cabo una negociación entre instituciones públicas, enmarcado en la ley, donde no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada. Sin embargo, la Procuraduría como la Contraloría están en su derecho de intervenir en la revisión de este procedimiento con base en sus competencias constitucionales”, dice y al final sostiene que “como abogada que conoce los procesos legales” únicamente se pronunciará cuando la Contraloría presente su estudio.
¿Como funcionaria encargada no se dio cuenta que se estaba pagando 41 millones de dólares por encima del “verdadero” precio como dice ahora el Gobierno? 41 millones no es poca cosa y lo mínimo que se espera de una funcionaria pública es que ella diga por qué aceptó hacer la compra si había un precio así, brutalmente inflado como ahora dice el Gobierno.
¿Por qué se basó en un avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros (DINEC) y no en uno hecho por el Municipio cuando la ley dice que en una transacción entre organismos públicos debe hacerse el avalúo municipal? Eso al menos sostiene el informe de la Procuraduría con el que el Gobierno respalda su decisión. ¿No se dolió siquiera de que el Estado pagara un precio tan exorbitantemente alto si es cierto como dice ahora el presidente Correa que lo que se pagó no tenía relación con la realidad?
Aguiñaga parece olvidar que es responsable de lo que hace y no hace como funcionaria pública. Y si en algún momento recibió presión para que haga la compra debería denunciar ese hecho.
El comunicado no aporta en nada a esclarecer cómo y en qué condiciones se hizo la compra. Por ahí quizá sugiere que no hubo comisiones cuando dice que “no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada”. Aguiñaga quiere despejar cualquier duda sobre una supuesta corruptela, pero no aporta en nada para explicar sobre su participación como funcionaria pública responsable.
Quizá el mayor aporte del comunicado no tiene relación con la transacción entre el Issfa y el Ministerio de Ambiente, sino con el hecho de dejar cada vez en mayor evidencia que lo movió a desconocer el precio pactado es la angustiosa y desesperada necesidad del Gobierno por reunir fondos que le permitan pagar los costos del funcionamiento del Estado.
Aguiñaga ha hablado pero no ha dicho nada. Los que hablan por sí solos son los hechos y los hechos hablan de una dramática crisis económica y de un manejo político donde la ley y los procesos no cuentan sino la voluntad omnímoda del caudillo.
ESTA ALCAHUETA DE CORREA SABE PERFECTAMENTE COMO SE LLEVÓ A CABO LA NEGOCIACIÓN CON EL ISSFA, Y AHORA NO QUIERE DECIR NADA, SEGURAMENTE SU AMO CORREA LE PROHIBIÓ QUE HAGA COMENTARIOS. QUE PENA. A PARTE DE ESTO, SU HERMANO QUE FUÉ SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, TAMBIÉN ANDA INVOLUCRADO EN CUESTIONES ILEGALES, QUE PERMITIERON ILEGALMENTE INGRESAR AL ECUADOR A UN GRUPO DE CUBANOS. PARACE QUE ESTOPS DOS HERMANOS SON PÍCAROS INCONDICIONALES DE CORREA.
Estimados, buenas noches.
Primeramente me permito aclarar que no se trata de criticar en favor del comprador o vendedor y otros actores en relación a la transacción realizada por la compra de los terrenos de propiedad del ISSFA por parte del MAE; Se trata de mi opinión ya que como lector de la prensa y medios de comunicación existen temas que al fin a uno como lector le despierta el interés de opinar en lo que está al alcance de o que se entiende y pienso.
Primeramente en este caso se trata de una negociación que en su fase inicial debe existir los documentos que respaldan el monto de dicha transacción ya sea con otra entidad Pública o Privada y debieron ser observados en su etapa de control previo y concurrente por parte de las instancias correspondientes, pero como se trata de un pago realizado ya con algún tiempo transcurrido.
En primera Instancia la Entidad Pública si cuenta con una Dirección de Auditoría Interna son los llamados en Primera Instancia a verificar la legalidad de las transacciones realizada y los resultados de Gestión de la Entidad a la que pertenece, tomando en cuenta que son dependientes de La Contraloría General del Estado y es de su responsabilidad velar por el buen Manejo de los Recursos del Estado o elevar un informe a sus Superiores en caso de detectar Responsabilidades Administrativas; Civiles o Indicios de Responsabilidad Penal. Por el tiempo Transcurrido me supongo deben estar Auditados por Auditoria Interna y no se ha observado nada ya que lo que se dice en la Prensa no obedece a Resultado de Algún examen Realizado.
Lo afirmado por la Ejecutora del Pago como representante de la Entidad Pública compradora, que esperara los resultados del Examen Especial que realice la Entidad de Control Competente es lo prudente muy a parte de los resultados.
Respecto al cumplimiento de los acuerdos de la negociación ya en este caso de existir una controversia ya corresponde a las declaradas en el contrato en el marco de lo Civil.
Mi pregunta es qué pasaría si se declara nulo y tengan que devolver los dineros y el terreno.
Una cosa que pienso no procede la orden de débito de los dineros de las cuentas mientras no se resuelva en las instancias que correspondan y me sorprende que a qué Nivel en la Administración Pública se ordena los Débitos de los dineros y se prestan en el un caso para ejecutar y en el otro caso ya cuenta los billetes.
QUE GARANTIA HAY PARA LA ADMINISTRACION DE UN MINISTERIO ASI Y MUCHOS CREERAN QUE ESTO ESTA BIEN YO NO ENTIENDO COMO OCUPAN UN CARGO DE TAN ALTO NIVEL Y AL MARGEN DE LOS PROCEDIMIENTOS HACEN PUBLICO SUS INTENCIONES.
QUE RESUELVAN DELA MEJOR MANERA YA QUE EL PUEBLO REQUIERE DE OPRTUNIDADES NO DE PROBLEMAS DE FALTA DE CAPACIDAD EN LA GESTIÓN.
No decir nada, queriendo lavarse las manos, típica actitud de la sumisa diosa del olimpo
SE SUPONE QUE DENTRO DE LAS ESCRITURAS QUE SE REALIZARON DEBE CONSTAR ALGUNA CLAUSULA DONDE SE HAGA NOTAR QUE ANTE CUALQUIER IRREGULARIDAD O INCONVENIENTES DE ESTA TRANSACCIÓN SE DEBE HACER LOS RESPECTIVOS RECLAMOS ANTE UN juez COMPETENTE Y SE SUPONE QUE DENTRO DEL TERMINO DE LEY, EN BUEN ROMANCE, PEDIR ALGUNA NULIDAD QUIEN ESTA AFECTADO. ETC.ETC… ES POR ELLO QUE CREO QUE SE DEBE INICIAR ACCIONES DE ORDEN CIVIL PARA TENER CLARO EL PANORAMA Y QUE SEA UN JUEZ DE LO CIVIL QUIEN RESUELVA ESTE ENGORROSO PROBLEMA.
No entiendo por qué, el ISSFA no ha aprovechado el error del gobierno y más del Presidente que ordena debitar el valor pagado supuestamente en exceso de un contrato de compraventa entre una entidad pública (sin personería jurídica propia) y una entidad de derecho privado. La orden del presidente genera la nulidad del contrato en que se traspasa el dominio del terreno, por tanto la propiedad vuelve a ser propiedad del ISSFA, porque se incumplen de parte del comprador las condiciones de precio y pago del contrato. Un juez, basado en la orden del débito, puede fácilmente ordenar eliminar del registro de la propiedad la transacción. con respecto a la declaración de Alexis Mera, el Código civil establece que “el error en materia de derecho es un acto de mala fe que no admite prueba en contrario”, que es el error que ahora el Procurador dice que se incurrió. Al Ministro de Defensa se le escapa una acción realizada por la Ministra del Ambiente, por la cual declara a los terrenos del ISSFA, como un área de recreación urbana, con la cual elimina la posibilidad de uso inmobiliario y deteriora el valor de esa propiedad, generando una lesión enorme a la entidad propietaria del espacio. Nunca el valor de un espacio en zona de expansión urbana, en la ciudad más costosa del país, no puede tener costo tan exiguo.
No dice nada cualquier responsabilidad no acepta como pertenece al Gobierno.
Saldrá bien de toda situación
A esta altura del partido el círculo rosa ya no les está tapando, mejor los hace visibles. Será una estrategia para ver como reaccionan la oposición o tal vez una forma de medir el desconocimiento-conformismo-quemimportismo-miedo-resignación de los ecuatorianos.
La verdad de la milanesa: se realizó una compra-venta de un bien inmueble. Elemental, eso se hace por escritura pública. En la cual se pacta un precio y se determinada cómo se lo paga. Si según la extitular de MAE,a nadie se entregó dinero, ni a persona privada ni a institución.¿Entonces qué clase de shit de documento se hizo?
Sometida, aclara este embrollo y presenta la escritura pública., Y se acaba el drama. Y tu sometedor no pierde la voz defendiéndote en balcones. O eres vivísima o ignorante legal.
Porque ya Catón salió ante los medios corruptos a decir que solo era un error de buena fe.
Aquí nadie es responsable, han hecho y deshecho lo que les ha parecido, y ahora se hacen los ottos. Ya nada sorprende de estos -a mala hora- gobernantes.
Es una desgracia completa para el Ecuador.
Esta mosquita muerta sabe y mucho, cuando acabe toda esta podredumbre habra que FISCALIZAR al correato. Si este perjuicio al estado es de “buena fe” como dijo una “loca” por ahí saliendo a defender al Estado lo mismo deberia haber hecho con los sobrecostos en las obras: carreteras, aeropuertos, hidroelectricas……etc. Esto es apenas la punta del ovillo. Prohibido olvidar.
“…se llevó a cabo una transacción, enmarcado en la ley…” “enmarcada” será Señora Aguiñaga…