Con notorio desparpajo el secretario Alexis Mera afirmó que la entonces ministra Marcela Aguiñaga pagó en exceso –según ellos– 41 millones de dólares al Issfa por un error de buena fe para quedar bien con los militares.
Está en una nota periodística la evidencia que el presidente Correa conocía de la transacción. En algún show de los sábados –en 2010– mencionó que el precio de la compra de esos terrenos, destinados a una obra emblemática de conservacionismo –tal vez para contrastar con el fallo en Yasuní– era de 80 millones. Es decir 66% más de lo que se pagó, que es siete veces más de lo que ahora sentenció debió haberse pagado.
Lo dicho por Mera, que es persona bien informada y del círculo más próximo al presidente, aparte de lo que entraña en cuanto la forma en la que entre ellos –los correístas– se exoneran de culpas y se cubren las espaldas, deja ver una intención de condescendencia con los militares sobrepagando el inmueble. Intención que con certeza Correa debió conocer. En este gobierno, tan vertical y con un presidente controlador, es difícil suponer que él mismo no estuvo informado del alto precio que no solo servía para pagar el predio, sino también para amigarse o para mantenerse amigados con los militares. Aguiñaga, sumisa y teórica de la inexistencia de separación de funciones, porque todas están juntas y controladas por la misma persona, difícilmente habría pagado sin la anuencia de quien la designó como ministra y quien controla sus voluntades. Cosa parecida con el ubícuo expoeta y ministro talla única que a la fecha vestía de camouflage y que debió haber conocido sobre el alto precio que se estaba pagando.
Todos los involucrados en el proceso y en la decisión con certeza estaban claros de que el alto precio que se estaba pagando, por la intención que revela Mera, valía la pena. Es obvio que cuando se pida cuentas a todos ellos, también habrá que pedirlas a quien decide en definitiva. Aplicando la teoría de la responsabilidad coadyuvante, Correa la tiene igual que quienes firmaron el contrato de compra venta.
Ahora bien, si sobrepagaron 41 millones y por nueve años, sin chistar, han mantenido el subsidio a las pensiones jubilares de los militares –con extracción de dinero del presupuesto fiscal– que son considerablemente altas si se tiene en cuenta que no deben ser mayores a un 80% del ingreso que percibieron como sueldo; y todo eso por agraciar, ¿por qué ahora ya no creen que es necesario sostener los “agraditos”?
Lo primero que se me ocurre como explicación es que cuando sobra la plata, los excesos no se notan y menos si lo que se busca en la condescendencia, complicidad tal vez, o propósito de coptar a los militares al proyecto político. Cuando la poetisa de poesía erótica se posesionó de ministra de Defensa, discurseó convocando a los militares a militar en el proyecto. En esos días el horizonte de un proyecto de tiempo indefinido en el poder era indiscutible. Era la época del esplendor, del milagro, de los dólares fluyendo a borbotones. Cuando el dinero se agotó y el proyecto de la permanencia indefinida ha colapsado, entonces parece que es momento de quitarles lo regalado.
Y Correa lo ha hecho con gran sentido de autoridad. Blandiendo la “comandancia en jefe” y la exigencia de obediencia, ajustó las cuentas que debió ajustar cuando sobrepagaron el precio. Pero en ese momento, necesitaba que los agraciados sean sus amigos. Ahora importa menos. Y allí radica la doble moral.
Estimado Señor Diego Ordoñez, le sugiero que antes de afirmar que en esa venta hubo un sobreprecio, analice los siguientes hechos : 1) Nunca el ISSFA ofreció en venta los terrenos a ninguna persona natural o jurídica pública o privada 2) Le obligaron a vender un terreno ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil al que se puede acceder por amplias avenidas, en el irrisorio valor de $ 22 el metro cuadrado, precio que determinó la DINAC 3) El Ministro de Defensa en conocimiento del perjuicio económico que le estaban causando al ISSFA, ofrece compensaciones , que nunca se cumplieron. 4) Actualmente un terreno con frente a la Avenida Narcisa de Jesús cuesta más de $400 el metro cuadrado. Con los hechos presentados agradeceré a usted presentar sus argumentos en base a los cuales usted afirma que hubo sobreprecio
Correa mismo lo dice…
En LA LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACION Y HOMOLOGACION DE LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO, mediante la homologación salarial se dispone que los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración sea proporcional a las funciones, eficiencia, responsabilidades, también dispone que se observe el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración.
Supuestamente se lograría por ejemplo que el sueldo de todas las secretarias se mueva solo dentro de un rango determinado digamos $700 a $900, de esa manera se evitaría la burocracia dorada en la cual había conserjes que ganaban más de lo que ganaba un director de otra entidad pública. Los militares y policías venían solicitando desde hace mucho tiempo aumento a sus irrisorios sueldos por lo que se decide someterlos a esa homologación salarial, lo cual fue aceptada en el gobierno de Lucio Gutiérrez, decretada la ley, Palacios hizo que sea ejecutada y Correa debió cumplirla en la parte correspondiente a lo que ya fue su reinado.
El sueldo de las diferentes jerarquías militares y policiales fue homologado igualado a sueldos de funcionarios / servidores cuyas funciones, responsabilidades, experiencias, capacidades, etc, se podrían decir que son similares. Hoy dicen que los sueldos de los militares son elevados pero no se dice nada de los funcionarios o empleados que ganan igual o más que esos militares. Ejemplos a diario se publican de empleados que sin tener los mínimos requisitos de educación, experiencia, capacitación, responsabilidad, etc,.tienen sueldos muy superiores al máximo sueldo establecido que es el otorgado al Presidente de la República.
En la administración pública, los “errores de buena fe”, son glosas, que deben ser cubiertas por los funcionarios actuantes. Pero eso cuando existe una Contraloría independiente. Excelente el artículo y refleja la realidad de lo acontecido, pues en cinco años ni el Presidente ni sus aúlicos dijeron nada. Hoy que R. Correa necesita dinero -ojalá sea para pagar las deudas atrasadas a los gads y contratistas- escarba en todo acto administrativo, que anteriormente consideraba de su satisfacción.