El ‘extreme makeover’ de la democracia

Si para algo son buenos los correístas, es para tergiversar el sentido natural de las palabras hasta que se amolden a sus intereses. Al “despido intempestivo” le dicen “renuncia obligatoria”; las afectaciones al erario público son “errores de buena fe”; y al paquetazo nos lo venden como “medidas de ajuste temporal”.  O a la inversa: los periodistas son “sicarios de tinta”, los activistas son “lanzapiedras” y las protestas públicas son “golpes blandos”. Y ni hablar de su importante aporte al desarrollo del pensamiento jurídico ecuatoriano, donde han incorporado figuras hasta hace poco desconocidas, como la responsabilidad penal coadyuvante, el linchamiento mediático, el “derecho” a réplica del Estado, la majestad presidencial o el servicio público de la comunicación social.

No pretendo extenderme más con esto (los pelagatos ya cuentan con una sección especialmente diseñada para recoger los aportes del correísmo al vocabulario ecuatoriano), pero sí quiero ilustrar hasta qué punto el uso repetido de palabras carentes de contenido puede llegarnos a convencer de realidades que no son tal.  En este proceso correísta de permanente remodelación del diccionario, no ha habido un término más vapuleado que ese de la “democracia”.

En un primer momento, Correa logró reducir la democracia a una simple cuestión numérica visible en las urnas: existía democracia porque los que votaban por él eran “más, muchísimos más”. Y como eran más, podían darse el lujo de decidir de manera unilateral sobre cuestiones fundamentales para el país (como la reestructuración de la justicia) u otras bastante banales (como la legalidad de las corridas de toros). A esa mayoría nunca le importó lo que el resto tenía para aportar en estos debates, porque bajo ese esquema, ser minoría (ideológica o partidista) a uno lo convierte en una suerte de ciudadano clase “B”, sin derecho de opinar sobre asuntos de interés público o criticar. Según la óptica de Correa, quienes “nunca han ganado unas elecciones” no merecen ser escuchados, tomados en cuenta o siquiera respetados.

Claramente, a Correa nadie le enseñó lo que es la democracia sustancial, que se fundamenta en el respeto por la diversidad de ideas y opiniones, donde la voluntad mayoritaria no puede atropellar derechos de las minorías y grupos vulnerables, y existe separación real de las funciones del Estado (nada de que “el Presidente es jefe del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Control Social y Contraloría”, como dijo con cara dura hace algunos años). Y como para él la democracia empezaba y se acababa en las urnas, tuvo al país inmerso en un proceso electoral tras otro, saliendo victorioso en casi todos ellos.

Pero últimamente los astros (o los números) ya no le favorecen. Posiblemente, la mejor muestra de que ya no “son más”, es que no se haya llevado a consulta popular la cuestión de su posible reelección. Pero también el decrecimiento de simpatizantes con la revolución ciudadana se ha hecho visible en otros espacios, como en la elección del rector de la Universidad Andina, y más recientemente, en las elecciones del Colegio de Abogados de Pichincha, donde ganó de largo la Lista B, aquella que no tenía vínculo ni favores con el gobierno.

Es entonces cuando el alcance de la democracia empieza a sufrir un segundo extreme make-over. Si antes la decisión de la mayoría era sagrada e incontrovertible, ahora es objeto de cuestionamientos y sometida a toda suerte de argucias legales para esquivarla. Cuando no se cuestionan los procedimientos de manera extemporánea, se rompen las cadenas de custodia sobre los formularios, o se emplean los medios de comunicación estatales para posicionar las verdades oficiales (léase “mentiras”) sobre los resultados: que no hubo suficientes firmas, que no se respetó la “soberanía” del Estado, etc.

A diferencia de esa mayoría que aprobó la reelección indefinida, aquella que eligió a César Montaño como rector de la UASB no pudo hacer valer su voluntad. Lo mismo con la mayoría que firmamos para que no se explote el Yasuní. Más recientemente, la lista que perdió las elecciones del Colegio de Abogados impugnó (afortunadamente, sin éxito) los resultados, alegando, sin ningún fundamento, que la lista B no había conseguido suficientes votos.

Es necesario preguntarnos ahora, ¿qué clase de “democracia de las mayorías” es esta, que busca mecanismos para deslegitimar a las mayorías cuya decisión le es inconveniente al gobierno? Bajo este escenario, ¿es posible seguir afirmando que “vivimos en una democracia”? Y si la respuesta es negativa, ¿qué obligaciones nos surge a los ciudadanos, para proteger y preservar el sistema de gobierno que elegimos tener en la Constituyente de Montecristi? Que los eufemismos no nos impidan ver la realidad en la que vivimos; que la astucia de quienes se creen invencibles no nos impida tener el país y el sistema de gobierno que merecemos tener.