Ni con atunes ni con referéndums

El Presidente de la República ha dicho, claramente, que la catástrofe que vive nuestro país, específicamente Manabí y el sur de Esmeraldas, no se arregla con latas de atún. Bueno, tampoco se arregla con agua embotellada, ni con vituallas, ni con las medicinas que las personas, en mayor o menor medida, pero con igual buena fe y generosidad, envían a sus connacionales afectados por la desgracia.

La cosa está clara: no son los atunes los que arreglan la infraestructura pública destruida, sino el dinero. Para eso las naciones que tienen gobiernos medianamente prudentes tienen fondos de contingencia e incluso seguros. Tanto es que se pueden dar acontecimientos indeseables y destructivos como guerras, desastres naturales, calamidades públicas, etcétera, que las Constituciones, como pasa con la de nuestro país, establecen los denominados estados de excepción o de emergencia. Son cosas que pueden pasar y, cuando ocurren, hay que tomar medidas excepcionales. Pero de ahí a creer que eso es un llamado a la irresponsabilidad es otra cosa: no se espera a tener un conflicto armado para, recién, tener medios de defensa. Sería como esperar a que se bombardee un sector del territorio nacional para enterarse de que los radares no operan y que la flota aérea es casi inexistente, lo que obliga a recibir aviones casi inservibles de una nación amiga.

Claro, si la situación de emergencia se presenta y no se han tomado las más elementales medidas de prevención, como es tener dinero ahorrado, hay que tomar otras decisiones, porque no se van a dejar las carreteras destruidas y la infraestructura pública en el piso. En eso el político, a diferencia de un simple mortal, tiene una ventaja innegable: crear tributos, incluso de cosas por las que ya se tributó. Así, lo primero es la subida temporal del IVA –hasta por un año– del 12% al 14%.  Además, si usted es empleado público o privado, un día de su remuneración si gana más de mil. Si son dos, pues el descuento lo recibirá en dos meses. Y si gana más de cinco mil, pues le retendrán en cinco meses. Si usted, en cambio, no trabaja en relación de dependencia, es decir, si tiene ingresos porque ejerce su profesión o porque es comerciante, empresario o realiza otra actividad económica, deberá contribuir con el tres por ciento de su ganancia de 2015, justamente sobre la base imponible por la que ya pagó el impuesto a la renta hace poco más de un mes. Curiosamente, habrá casos de personas que, habiendo tenido el mismo ingreso que un empleado público o privado, tendrán que pagar más (casi el doble) y, encima, en un solo pago (no en cinco meses). Es decir, el Presidente de la República entiende que las personas hacen lo que el Estado no hizo: tener ahorros para pagar los tributos de la emergencia.

Es decir, si a usted le ocurre una desgracia y no tiene seguros o dinero ahorrado, pues tendrá que pedir ayuda –lo que buenamente le puedan colaborar– y buscar mil maneras de salir del embrollo. Al político le basta con firmar un decreto o presentar un proyecto de ley para que lo aprueben sus subordinados legisladores.

Resulta que, además, algunos partidarios del oficialismo pretenden comparar las actuales medidas con las que se tomaron ante la guerra de 1995, en que se creo un impuesto del 2% al valor de los vehículos, y frente al terremoto de 1987 que, entre otros daños materiales, produjo la ruptura del oleoducto que no solo impidió exportar crudo sino que obligó a importarlo para el consumo interno. Más allá de que las cosas no se arreglan con esas competencias para ver quién fue el más imprevisor de todos, no me puedo imaginar qué hubiese hecho el actual régimen ante un daño de la infraestructura petrolera similar al de 1987, sin contar con que en esos años no hubo ningún boom de precios previo y, además, con sucres.

Dentro de este panorama, la Corte Constitucional ha emitido un dictamen que confirma la procedencia de la vía de la enmienda a través de referéndum para la iniciativa tendente a eliminar la disposición transitoria que impide acceder a la reelección indefinida al actual jefe del Estado y varios legisladores que están cumpliendo segundo período.

Un referéndum de esta naturaleza, con los costos que genera, sería una bofetada a la nación y a los damnificados que verían cómo, para este acto, se destinarían recursos económicos, mientras que para enfrentar la catástrofe se debe acudir a medidas excepcionales, como la creación de tributos.

De hecho, si existiera la real voluntad del Presidente de la República de presentar su candidatura para el período 2017-2021, no tendría mayor dificultad. Pero eso es lo que faltaría: voluntad. Una cosa es gobernar al país sin los ingresos provenientes de los otrora altísimos precios del petróleo, con un dólar estable, además de endeudado y, encima, con la catástrofe natural que nos afecta.

Si hubiese esa voluntad, la Corte Constitucional no se demoraría en declarar la inconstitucionalidad de la mencionada disposición transitoria añadida a la reforma constitucional, facultad que sí tiene. Y no encontraría ningún obstáculo para declarar que también son inconstitucionales, de modo conexo, las normas de la Ley Orgánica de Garantías que establecen que la demanda debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la reforma y que el análisis de constitucionalidad solo podría ser en lo formal y no por el fondo. Los argumentos son lo de menos. Total, el papel aguanta todo y la Corte lo sabe de sobra.

¿Y la oposición? Alterada por la posibilidad de que el Presidente de la República pueda ser candidato (como si quisiera). Al parecer, nuestra oposición es tan errática como el gobierno manejando crisis.