El Senado de Brasil está debatiendo si Dilma Rousseff es sometida a juicio político. Si la votación es positiva, como lo prevé la propia presidente de Brasil, quien ya sacó hasta las fotografías de su oficina, ella será suspendida de su cargo por 180 días.
El senado comenzó el debate a las 11:00, después de que una comisión de 20 senadores aceptara, el 6 de mayo pasado, dar curso al caso. Hoy, en el pleno, participan los 81 senadores; bastan 41 votos para dar trámite al juicio político.
La suerte de la Presidenta parecía echada desde el pasado 17 de abril cuando la Cámara de diputados votó por el juicio. De 513 diputados, 367 votaron a favor de enjuiciar a Roussef. Ella no está involucrada en los escándalos de corrupción que también tocaron a Luiz Inázio Lula da Silva. Ella está acusada de haber cometido “un crimen de responsabilidad”: haber usado préstamos de bancos del Estado para tapar el enorme déficit fiscal durante la campaña a la reelección de 2014 y en 2015. El vicepresidente, Michel Temer, podría reemplazarla hasta noviembre de este año. Entonces, el caso volverá al Senado. Ella tendrá 20 días para defenderse y si no lo hace, en forma convicente, será destituida.
Si Roussef queda fuera del poder, culminarían 13 años de poder del Partido de los Trabajadores del Brasil (PT). Ella sucedió a Lula da Silva en 2011 y ganó, por segunda vez, en 2014, con 51,6% de votos. En realidad, llegó al poder con un evidente desgaste político, producto de la crisis económica y la corrupción en Petrobras en la cual muchos de cuadros y altos dirigentes del PT están implicados. Las manifestaciones populares contra el gobierno de Dilma Roussef que se dan desde hace años y que han movilizado hasta tres millones de personas un solo día.
La telenovela de la corrupción brasileña bajo el gobierno del PT arrancó hace once años y no ha parado de arrojar escándalos. El primero estalló en 2005 y se llamó mensalão, el caso de las mensualidades: con recursos del Banco del Brasil se pagó sueldos adicionales a diputados de oposición para que apoyaran las propuestas del PT en el Congreso. El cerebro de esa operación fue José Dirceu, nada menos que jefe de gabinete civil de Lula. Fue preso.
Luego vinieron los escándalos de Petrobras. El mayor de ellos fue la compra de la refinería de Pasadena: pagaron 1.480 millones por una chatarra avaluada en 74 millones. Eso lo autorizó Dilma Rouseff, que presidía el Consejo de Administración de Petrobras en esa época. Otro escándalo fue la construcción de la refinería de Pernambuco, en sociedad con PDVSA: en ocho años el presupuesto pasó de 2.400 millones a 18.500 millones. Tres directores de Petrobras, uno tras otro, fueron presos por corrupción. Se calcula que las pérdidas totales por corrupción en Petrobras superan los 40 mil millones.
Finalmente, en 2014, estalló el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil. Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción, como Odebrecht. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, pedía sobornos por el 3 por ciento del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.
El dinero se blanqueaba en negocios de hoteles, lavanderías y gasolineras, y luego se transfería al extranjero a través de empresas fachada de China y Hong Kong. La Fiscalía estima que, entre 2014 y 2012, cerca de 8 mil millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que incluyó a políticos de todos los partidos, jueces y senadores.
En cuanto al ex presidente Lula, su figura se ha visto involucrada en varias redes de tráfico de influencias en beneficio de grandes compañías constructoras, como OAS y Odebrecht. Lula recibía pagos de millones de dólares para dar conferencias en el mundo y se instaló en un lujoso y no declarado departamento de tres pisos de propiedad de OAS y situado en Guarajá, la zona más exclusiva del estado de Sao Paulo.
Muchas de estas cosas están siendo recordadas en el debate que se lleva a cabo en este momento en el Senado. Cada senador tiene 15 minutos para intervenir. Desde hace cinco horas, partidarios y opositores del gobierno ponen en perspectiva sus tesis. Los oficialistas hablan de un golpe de Estado, de anarquía institucional… De un atentado contra la Presidente que, a sus ojos, no ha cometido un delito digno de ser puesta fuera de su cargo.
Senadores de la oposición hicieron el balance de 13 años de gobierno del PT. Oscuro panorama económico con muchos semáforos en rojo, pérdida de 11 millones de empleos, más inseguridad… En los hechos, la oposición abrió incluso el debate sobre el tipo de régimen político. El debate continuará a las 17:15 tras un receso de una hora.
Para los que no saben, Dilma Rouseff fue guerrillera, entre su prontuario criminal consta 2 asaltos a bancos y 1 secuestro, estos “antecedentes” dan fe de la integridad moral de la gobernante brasileña, en socialismo esto en una “virtud” y no un delito.
Fuera Rousseff fuera!!!! Por fin le llegó la hora. En Ecuador hay compadres ideológicos que ven lo que va a pasar. Ya se acerca tu tiempo, dictadorcillo