El funcionario que debite los 41 millones de dólares de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa, a favor del Ministerio del Ambiente, deberá atenerse a las consecuencias que conlleva hacer una transacción ilegal: es el mensaje que los militares han colocado sobre la mesa en medio de la disputa alrededor de los 41 millones de dólares que el presidente Correa dijo que el Issfa debe devolver por un supuesto sobreprecio en la venta de los terrenos donde se construyó el parque Los Samanes.
La advertencia llegó en una comunicación que el general Juan Francisco Vivero, director del Issfa, envió al gerente del Banco Central, Diego Martínez, (el señor de la foto superior) donde básicamente le dice lo siguiente: cuidado con hacer el débito, porque usted sabe que la Constitución y las leyes no se lo permiten. Quien lo haga deberá hacerse responsable de aquello.
Correa ordenó hacer el débito y su ministro de Defensa, Ricardo Patiño así lo dispuso al director del Issfa. Sin embargo, esa institución hizo caso omiso de la orden de Patiño. No obstante, el 10 de mayo él dijo que ya la transacción se había hecho. El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, poco después corroboró la versión de Patiño en el diario oficial El Ciudadano. Sin embargo, hasta la presente no existe ninguna evidencia de que dicho débito se haya efectuado.
Los militares no han confirmado ni desmentido si el débito se hizo. Vivero envió su comunicación a Martínez el 11 de mayo; es decir, un día después del anuncio que hizo Patiño. Esto resulta extraño si, en efecto, la versión del ministro de Defensa fuera cierta. “Por medio del presente me permito informar a usted señor Gerente General que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 372 establece que ‘los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones -dice Vivero a Martínez-. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio…’, por tal razón y bajo el amparo de lo que reza en la Constitución de la República estamos seguros de que ningún funcionario bajo su administración realizaría débito alguno de las cuentas de este instituto sin la previa autorización escrita de los ordenadores de pago debidamente legalizado en el Sistema integrado del Banco Central”.
El oficio es a todas luces una advertencia y parecería difícil que hubiese sido redactado si el traslado de los 41 millones de las cuentas del Issfa a las del Ministerio del Ambiente, se hubiese efectuado. Fuentes militares consultadas por 4Pelagatos sostienen que lo único que existe hasta ahora es el deseo del Gobierno por debitar el dinero. Hay que entender que hasta ahora no se ha cumplido.
El depósito es un tema especialmente clave para la ex ministra del Ambiente y actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga. Como se sabe, la Contraloría envió a la ex Ministra, el 10 de mayo, un informe en el que es glosada por 41 millones por haber sido ella la encargada de la compra de los terrenos para los Samanes. Ese mismo día, Patiño dijo que el débito se había realizado lo que, según el ministro Ortega, significaba que la recomendación de la Contraloría se había cumplido. Aparentemente, así se había subsanado la obligación de Aguiñaga señalada por la Contraloría. Sin embargo, si la transacción no se hizo, como sugieren las fuentes militares y el oficio de Vivero al Banco Central, Aguiñaga no estaría libre de responsabilidades. No hasta que ese dinero llegue al Ministerio del Ambiente.
Por lo pronto, ningún funcionario gubernamental ha presentado pruebas de que los 41 millones fueron trasladados de la cuenta del Issfa a las del Ministerio del Ambiente. Solo está la palabra de Ricardo Patiño y Daniel Ortega. Y en esa palabra, los militares no creen.
Foto de la Presidencia de la República, propiedad pública.
Se observa que el conflicto es por 41 millones, cantidad que en teoría fue pagada por quien representó al Ministerio del Ambiente, pregunta??? De quién es la responsabilidad del exceso de pago?? Si ya se estableció una responsabilidad a través de una glosa, que sería necesario transparentar la ejecución. Siguiente paso del conflicto, la persona que consignó los 41 millones al Mimisterio del Ambiente debería litigar para recuperar ese dinero a quien fue cancelado en su debido momento. Será así el sentido común??? O hay necesidad de intervención de otras instancias ????
EL ENVALENTONADO ESTÁ TEMBLANDO.
lo mas corresto es que este proceso pase a la justicia ordinaria un Juez, y hasta que se termine el proceso ya hagan algun pronunciamiento estermos en otro tiempo, esperemos como responderia la culpable o culpables si lo hay de todo esto
En el país de “Rafaelito” la Constitución y la Ley es él, nadie está sobre él, lo demás y los demás se van al cuerno, respaldado en su verborrea, quiere engañarnos que vivimos en un estado de derechos y garantías…el ISSFA está siendo perjudicado en sus servicios y prestaciones sociales así como también otras instituciones sociales, desfinanciadas y sin liquidez, las reservas han sido desviadas y saqueadas para su festín. Las FF.AA., o sea el poder militar son obedientes al poder civil, lo que está escrito se deshace si una de las partes viola o excede el poder conferido, por el pueblo. Regodean vanamente con el slogan barato: “el ser humano sobre el capital”, por todos lados los trabajadores, jubilados, empresa privada y familias observan el perjuicio y pésima conducción económica, social, política, comercial, diplomática,…y la corrupción brilla y huele fétido.
Por qué se enredan en algo tan simple. Existen pronunciamientos que establecen que el contrato suscrito ya no puede revisarse ni impugnarse. Pero lo que conviene a los intereses del ISSFA, es aceptar el débito, devolver el saldo de siete millones de dólares y solicitar ante un juez la nulidad del contrato de compra venta. El contrato es “Ley entre las partes”. El Presidente de la República, a más de haberse arrogado las funciones de un juez, ha auspiciado el incumplimiento del contrato en cuanto a precio y forma de pago. Si las cláusulas del contrato han sido violadas por parte del Presidente, como Jefe del Estado, se puede solicitar ante un juez, la nulidad el contrato y con el pronunciamiento del juez, los terrenos vendidos vuelven a ser de propiedad del ISSFA. Ese contrato ha sido valorizado gracias a la infraestructura urbana y a la obra que se ha edificado en él. Obra que en estas circunstancias ha sido edificado en terreno ajeno y pasa a ser automáticamente parte de la propiedad. La Contraloría deberá emitir glosas sobre el valor del contrato y la obra ejecutada.
Estoy de acuerdo con Ud Sr. Melo, pero diga o nombre un juez que ecepte ese tramite, si toda la función judicial esta a la ordenes de su Majestad, Rafael primero, lo único que les queda a las FFAA es esperar que se acabe este reinado y allí si, con un Gobierno democrático, sin jueces súbditos de Correa, acepten este reclamo o mejor, las FFAA inicie sendos juicios a Correa y compañia
Así es Fernando, ya falta poco para 2017
El juicio por nulidad puede durar más de un año. Para esas épocas, ni correa Ni los Jueces estarán ene sus cargos.
Apoyo esa MOCIÓN y lo he dicho varias veces. Se necesitan viviendas y ese sector es privilegiado.
Señor Melo, eso seria lo justo y el camino màs conveniente sobre todo para el ISSFA, lastimosamente para eso se necesita que el aparato de Justicia sea imparcial y actúe apegado a la Ley, lo que todos sabemos es imposible. Ahora los militares deben mantenerse en esta posición hasta el cambio de Gobierno.
[…] Cuidado con hacer el débito al Issfa, advierten los militares […]
La institucionalidad de las FFAA deben ser respetadas. Este mandamaz aka capataz y sus 40 ladrones han hecho picadillo de todas las instituciones del Estado. No queremos llegar a la calamidad Venezolana.