Caso de Álex Bravo: el sainete correísta

Álex Bravo se encuentra en prisión preventiva desde el lunes pasado. Él llegó a Petroecuador en 2006 y renunció el 12 de abril a la Gerencia general, aduciendo asuntos personales. Días antes, Fernando Villavicencio había enviado a Petroecuador una batería de preguntas entre las cuales figuraban algunas sobre las empresas que Bravo había abierto en Panamá.

Villavicencio publicó, tras la renuncia, una investigación sobre su meteórica carrera que llevó a Bravo a la cabeza de Petroecuador y sobre su labor en la estatal petrolera. El periodista y activista político, que  conoce bien el caso, afirmó que el nombramiento de Bravo sí fue político; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, sostiene lo contrario.

¿Qué consecuencias políticas tiene este caso para el oficialismo? 4pelagatos hizo la pregunta a Fernando Villavicencio Valencia. Esta es su respuesta:

«Todo el mundo sabía de los negocios de Álex Bravo. El problema para el Gobierno inició cuando lo denuncié a través de investigaciones periodísticas. El exgerente de Petroecuador estuvo a cargo del mayor negociado de la historia del país: la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas que Galo Chiriboga, cuando era ministro de Minas y Petróleos en el 2007,  presupuestó en 170 millones de dólares pero que, casi diez años más tarde, terminó costando alrededor de 2 mil millones. Ya dijo Rafael Correa que ni siquiera conoció a Bravo (aunque varias fotos lo desmienten) e incluso fingió no recordar su nombre en una rueda de prensa, mientras Alexis Mera salió apresurado a declarar que el exgerente no era un funcionario político de la Revolución Ciudadana.

«Víctor Andrade Zegarra, abogado de Bravo, fue claro acerca de las acusaciones contra su cliente: “él no podía hacerlo solo”. Esto lo dijo frente a la arremetida correísta que pretende mostrarlo como la única y máxima autoridad petrolera. Y es evidente que no era así. Si bien Bravo tenía un puesto muy importante, no tenía poder para hacer y deshacer dentro de la empresa estatal sin que nadie lo notara o, por lo menos, lo objetara. Aquí hay siete razones de peso:

1. Por encima de Bravo estaba el Directorio de Petroecuador, que lo puso en el cargo y que está conformado por tres funcionarios de confianza de Rafael Correa: el Ministro de Recursos Naturales No Renovables o su delegado; el Secretario Nacional de Planificación o su delegado; y un delegado del Presidente de la República.
2. Dentro de la Refinería de Esmeraldas existe un fiscalizador, sin cuya aprobación no se hubiera podido suscribir ninguno de los contratos por los cuales Bravo está siendo investigado. El fiscalizador es Worley Parsons, empresa que ha suscrito contratos con Petroecuador por unos 135 millones de dólares, que tiene convenio con la empresa del esposo de una íntima asesora de Rafael Correa.
3. Los atracos en Petroecuador se han cometido al amparo de sucesivos Decretos de emergencia, suscritos por Correa, a través de los cuales se ha contratado de manera directa (a dedo) empresas ineficientes, sin historial ni experiencia, para favorecer empresas de dudosa procedencia.
4. Antes de ser Gerente de Petroecuador, Bravo tuvo bajo su cargo el contrato de fiscalización para la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, suscrito con Worley Parsons. Es decir, Bravo manejó el contrato de quien luego sería su fiscalizador.
5. Worley Parsons es representada por el estudio jurídico Pérez, Bustamante & Ponce, en el que Bruno Pineda Cordero es uno de los socios principales, además de ser hermano de Michel Pineda Cordero, asesor directo de Alexis Mera. Este bufete de abogados es el mismo que defiende los intereses de Chevron.
6. Todos los contratos cuestionados y relacionados con Bravo, fueron suscritos bajo la modalidad Giro Específico del Negocio que permite invitar a empresas a dedo y adjudicar bajo criterios subjetivos. Dicho de otro modo, este mecanismo es usado para contratar a empresas de amigos o parientes, sin experiencia ni capacidad técnica. Todo avalado por el Servicio de Compras Públicas, cuyo Director es nombrado por el Presidente de la República.
7. En tres años, el patrimonio de Bravo subió de 19 mil dólares a 670 mil, es decir, más del 3500%, lo que no fue denunciado por la Contraloría cuando el referido funcionario presentó su declaración de bienes antes de asumir el cargo de Gerente de Petroecuador.

«Bravo no podía haber suscrito decenas de contratos y manejado centenares de millones sin la anuencia del fiscalizador Worley Parsons, el Directorio de Petroecuador, el Servicio de Compras Públicas, los Ministros de Hidrocarburos y Sectores Estratégicos, la Contraloría, etc. Todo esto demuestra que Bravo no podía actuar solo, como pretende mostrar el Gobierno. Entonces, ¿a quién se quiere tapar?

«El Gobierno ha guardado un silencio encubridor frente al aparente testaferrismo entre Bravo y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, evidenciado en la empresa CAPAYA S.A. una de las firmas constituidas en Panamá, que tiene como directivos a familiares del exgerente de Petroecuador y cuyo nombre lleva las iniciales del propio Pareja Yanuzelli.

«Tampoco el Gobierno se ha referido al fiscalizador Worley Parson, que tiene un convenio con Azul, propiedad de William Phillips, esposo de Mónica Hernández, asesora directa de Rafael Correa. Es tan cercana la relación entre Correa y Phillips, que el primero decidió condecorar al segundo, en el mayor grado posible que el Estado ecuatoriano puede dar a un civil, por sus supuestos aportes a la sociedad.

«Finalmente está la relación indirecta entre Alexis Mera y el estudio jurídico Pérez, Bustamante & Ponce, a través de los hermanos Bruno y Michel Pineda Cordero, socio del bufete y asesor presidencial respectivamente. Pérez, Bustamante & Ponce defiende los intereses de Worley Parsons, la fiscalizadora que nunca detectó las anomalías que ocurrían en la Refinería de Esmeraldas.

«Christian Viteri, asambleísta de Alianza País, dejó en evidencia que todo esto es una estrategia para proteger a Galo Chiriboga. Mostrando su doble rasero para juzgar, expresó en una entrevista en Ecuavisa, que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está investigando los delitos cometidos por Álex Bravo e incluso contratos de sus firmas panameñas, intentando demostrar que el Gobierno sí fiscaliza. Sin embargo, a la hora de considerar la actuación de Galo Chiriboga, sobre quien está comprobado que tiene una empresa en Panamá, creada por el estudio Mossack Fonseca, que no fue declarada sino hasta el 2011, ocultando así una mansión en Cumbayá adquirida a un precio irrisorio y bajo acusaciones de estafa por parte de su antigua dueña, dijo que podía tratarse de “errores de buena fe”.

«Está claro que el correísmo decidió sacrificar a un funcionario de mediano nivel, para proteger a aquellos altos funcionarios que supieron todo el tiempo las irregularidades que se cometían en Petroecuador. Así, con este chivo expiatorio, también se pretende echar tierra sobre la actuación de Galo Chiriboga».

Foto: Álex Bravo, detenido. Diario Expreso