¿Por qué el Estado utiliza el linchamiento mediático como estrategia de retaliación? ¿Por qué viola la presunción de inocencia? ¿Está el Gobierno consciente del impacto de la promoción del odio nacional? ¿En qué se fundamenta la prerrogativa presidencial para discriminar y agredir a los ciudadanos? ¿Por qué el Estado obliga a las mujeres a continuar embarazos por violación, sometiéndolas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y a trabajo forzoso? ¿Por qué el Consejo de la Judicatura procesa y sanciona a los jueces cuyas decisiones no concuerdan con los criterios gubernamentales? ¿Por qué el Estado no puede actuar frente a situaciones extraordinarias sin acudir a un estado de excepción?
Son sólo algunas de las preguntas que plantea el informe alternativo sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador elaborado por la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, de la que forman parte organizaciones sociales, medios de comunicación y asociación gremiales del país. Para leer el informe completo haga clic aquí.
El documento recoge una serie de violaciones constantes cuya responsabilidad atribuye al actual gobierno y que clasifica de la siguiente manera: implantación de un sistema de censura y otras violaciones al derecho a la libertad de expresión; linchamiento mediático como estrategia gubernamental; incitación al odio; agresiones verbales y sicológicas como mecanismo de control de la libertad de pensamiento; persecución a las organizaciones de la sociedad civil y normatividad represiva de los derechos de asociación; violación a la libertad sindical; violaciones de derechos de la mujeres y de las minorías étnicas; ausencia de garantías para una justicia independiente; extralimitación del uso del estado de excepción; desproporcionalidad del uso de las figuras penales de sabotaje y terrorismo, y violaciones a los derechos de participación.
La novedosa estructura utilizada en el informe lo convierte en una excelente introducción al tema de los derechos humanos en el Ecuador. Cada uno de los capítulos mencionados incluye un resumen de la situación, ilustrado con numerosos ejemplos de caso; sigue una serie de preguntas que sólo las autoridades del Estado podrían responder, si aceptaran someterse al ejercicio de sinceramiento que demandan; finalmente constan las recomendaciones de la organización, que incluyen medidas de carácter político y jurídico.
El informe contiene una inquietante conclusión: demuestra cómo los mecanismos democráticos, estimulados por un inadecuado diseño institucional, pueden llegar a transgredir los derechos humanos. “Ecuador –sostiene el documento– presenta números déficits sociales que han sido aprovechados por el Estado para genera sistemas clientelares”. Este clientelismo opera sobre la base de perverso intercambio: la población acepta un estado de quebrantamiento de derechos civiles y políticos a cambio de beneficios económicos provenientes del gasto estatal. “El fundamento conceptual de este modelo es la prevalencia de los derechos económicos y sociales por sobre los derechos civiles y políticos”, fórmula abiertamente defendida por varios funcionarios.
En resumen, y esto es lo más preocupante: la violaciones a los derechos humanos en el Ecuador no provienen de excesos ni constituyen excepciones; al contrario, se originan en un modelo político de transgresión cuya razón de ser es la expansión del control del Estado sobre la sociedad civil. Es el peor de los escenarios.
En la foto, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y asociaciones gremiales que forman parte del colectivo. En el centro, su vocero, Luis Verdesoto. Las organizaciones representadas son las siguientes: la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos –AEDEP-, la Asociación Red de ONG de Guayaquil –AROG-, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA, el Colectivo Antropólogos del Ecuador, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador –ECUARUNARI-, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, el FBQ, la Federación de Médicos del Ecuador, la Federación Nacional de Periodistas –FENAPE-FIP, el Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Fundación Mil Hojas, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios –FUNDAMEDIOS-, la Fundación DESAFÍO, el Internacional de Servicios Públicos –ISP-, la Junta Cívica de Guayaquil, el Observatorio Electoral Ciudadano, el portal Plan V, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador –REMPE-, la Red Internacional de Derechos Humanos –RIDH-, la Unión Nacional de Educadores –UNE-, y la Unión Nacional de Periodistas –UNP. Foto: diario La Hora
El informe es excelente, especialmente explica de manera detallada como gran parte del abuso y concentracion del poder por parte del actual gobierno, se encuentra amparado en elementos constitucionales e implementado con herramientas dentro de marco de leyes y normativas. Gracias Roberto por divulgar el documento. Gracias 4pelagatos por la claridad y la calidad de análisis.
Un informe, lo he leído ya. Buen prólogo de explicación, Roberto.
Decir la verdad en estos tiempos de opacidad y mentira, NO es una opción para los ciudadanos, ES una obligación. Es tiempo de la ciudadanía empoderada frente a la clase política calculadora, electorera, excluyente en derechas e izquierdas, vertical y machista, y para el caso de la actual en el poder se adiciona…corrupta, represiva, caudillista, racista, sumisa a un proyecto caótico y destructor de la democracia. Hora de los ciudadanos por un Ecuador diferente!