“Esto funciona como una ágil máquina para sancionar a los pobres”, alguien tenía que decirlo con todas sus letras y hacerlo desde la administración de justicia para no ser acusado de opositor que no conoce el sistema. Lo dijo la semana pasada Ernesto Pazmiño en una entrevista en la que se refirió a la falta de proporcionalidad que la Defensoría Pública –que él dirige– ha detectado en una serie de sentencias.
Pazmiño no ha dicho nada nuevo, desde su función de Defensor Público. No es la primera vez que recuerda que las reformas legales y la aplicación de las normas penales han dado un drástico giro en los últimos años, lo dijo hace un año respecto de la ineficacia de perseguir a los eslabones más débiles de la poderosa cadena del narcotráfico; criticó el eficientismo de la nueva política criminal: “Colocar a la eficiencia como un fin de la política de justicia, transforma al poder judicial en una fábrica serial de sus productos finales y a sus operarios en engranajes automáticos y obedientes a una lógica fordista y no a la garantía material de los derechos”; previno sobre posible estigmatización vinculada al uso de brazaletes; y le recordó a la Asamblea su obligación de implementar jueces de garantías penales.
¿Qué hizo entonces distinto el Defensor Público que ha hecho pensar a la Asamblea en un proceso de fiscalización? Pues puso el dedo en la llaga: comparó los 4 años de sentencia de Luisa Lozano (conserje de una escuela en Saraguro sentenciada por interrupción de vía) con los 3 meses de cárcel para Raúl Carrión (ex ministro de deportes, por peculado). Ernesto Pazmiño puso también otros ejemplos de penas “suaves”: un año por lavado de activos para un implicado en FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía Nacional; mientras tanto los jueces de la justicia que “ya cambió” sentencian a Jorge C. a 9 años por robo de 200 dólares, o a Johnny Ch. a 9 años y 4 meses por el robo de una billetera con 5 dólares y un reloj.
Luego de estas declaraciones, la Comisión de Fiscalización pide explicaciones, ¡pero a Ernesto Pazmiño! No se le ocurre exigir que le aclaren lo sucedido en el caso COOPERA, o las fallas institucionales que permitieron asociación ilícita para la venta de pases. No ha dicho una palabra sobre la supuesta negociación de una comisión de un dólar por barril de petróleo para los intermediarios de la venta a China, nada sobre un programa de capacitación de doscientos millones de dólares en Petroecuador, o las empresas off shore no declaradas de al menos un ministro del régimen. Aquí la fiscalización si es contra ellos es show mediático y estrategia de la CIA, pero si alguien osa señalar sus equivocaciones de pronto la palabra fiscalización existe.
Pazmiño se quedó corto en su crítica al sistema penal ecuatoriano; es una máquina de triturar pobres, de producir sentencias aún a costas del debido proceso; un aparato para perseguir a los críticos y proteger a los amigos; para amedrentar a los que señalen las fallas y los excesos del sistema. El Defensor Público solo apuntó a unos cuantos de sus vicios pero al parecer es suficiente para que la Asamblea vaya tras de él. No contentos con el lamentable papel de complacencia con el Ejecutivo, intentarán convertirse en órgano disciplinario del partido para que nadie cuestione decisiones ni resultados en los meses que quedan por delante.
Felicitación a María Paula por su lucidez y valentía.Sobre éste y otros temas escribe con conocimiento reflejando el criterio de gran parte del pueblo.Descalificarle solo por haber sido parte del gobierno y haberse separado cuando por ética y coherencia vió que debía dar un paso al costado porque el gobierno cambió diametralmente en lo idiológico y por la corrupción que ha ido en ascenso.
Mientras la Dra Romo no explique el porque no confrontó al gobierno cuando se dio cuenta de la bestial corrupción económica y moral, mientras era parte de este, sus opiniones no tienen ningún valor. Se es o no se es, y la salida debió ser frontal , y no de “ladito”, tibia como fue. Como para no enemistarse mucho, por si acaso.
Y tienen la cara dura para decir q la fiscalización servirá para determinar si el Defensor Público hizo bien o mal su trabajo, cuando queda claro q ha hecho muy bien su trabajo al denunciar que existen claras diferencias en la aplicacion de las condenas. Hacer mal el trabajo habria sido no percatarse de aquello. No pueden ser mas incoherentes.
Asi esta el sistema Judicial, comparto en su totalidad su comentario, el Dr. Pazmiño solo refirio a unos cuantos casos que si la fiscalizacion se hace a la Administracion de Jucticia dejaria mas tela que cortar, y cada ciudadano es libre de emitir un criterio, mientras este no se fundamente en falsos argumentos, es asi que usted y el Dr. Pazmiño han hecho uso moderado de su derecho a la libre expresion y no hacen mas que decir verdades que muchos siendo tan evidentes no pueden ver. por que los casos citados fueron publicos
Que placer ver a profesionales de tan alto nivel hacer un analisis profundo del papel de la defensoria pùblica, fiel testigo de aquello mi papel como defensor pùblico ya 9 años, donde se mira de cerca las arbitrariedades de los operadores de justicia… sencillo lo que nunca van entender los señores asambleistas con todo respeto es esto:
Que el derecho a la defensa pertenece al Derecho Procesal, que es un conjunto de normas que regulan los fundamentos del debido proceso, con el propósito de aplicar correctamente las leyes del derecho sustantivo.
El numeral 1 del Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella…”;
Entonces el derecho de defensa comprende varios aspectos jurídicos, no solo a ser oídos por los jueces o tribunales, sino que el juzgador tiene la obligación de garantizar su pleno ejercicio por parte de los sujetos procesales, dentro de los plazos que establece la ley y no en cualquier tiempo, porque eso viola de manera flagrante es derecho que es la esencia del proceso penal y lo que es más, los jueces a más de garantistas, deben tener una actitud preponderante frente a los litigantes, actuando siempre con independencia e imparcialidad, ya que solo ello garantiza una correcta administración de justicia en materia penal.
Apoyo total a la dura y ardua labor del Dr. Ernesto Pazmiño.
Interesante analisis que pone en evidencia hechos reales
Concuerdo con el Sr Almeoda, esta señora no tiene calidad moral para hablar del gobierno!!! Para mi esta es una infiltrada que no debería tener espacio Aquí!!!!
Si alguien no tiene calidad moral para opinar a favor o en contra de cualquier tema de carácter político, es la señora María Paula Romo, me salí de 2 seminarios que fue invitada por el Colegio de Abogados, me niego y me negaré a escuchar o leer sus comentarios.
Menos mal que en la Constitución de Montecristi, que Ud. aprobó, plagada de errores, se deslizó un acierto, la Defensoría Pública y que al correismo se le pasó tener un funcionario honorable; que por cierto, ese acierto, lo van intentar corregir con una interpelación.
Imaginesen a Maria Jose Carrion que llego a la Asamblea representando al Sur de Quito, mintiendo,porque viviaa en Conocoto, ahora se acuerda de fiscalizar!! Que desfachatez!!
Es una enserñanzza de vida, creer en nuestros principios y servir a los más pobres y desportegidos de la sociedad ecuatoriana, de aquellos que no tienen qué comer, con qué vivir, de aquellas mujeres maltaratdas día a día que no pueden salir de un círculo de violencia, peor aún de aquellos niños que vinieron al mundo sin un padre responsable que pase los alimentos que por ley le corresponde, para eso se creó esta gran institución que es la Defensoría Público y que al frentes encuentra un gran líder que sale a decir la verdad y solamente la verdad acerca de la administración de justicia, por favor que está pasando con las diferentes autoridades de control que se están haciendose cómplice con su silencio y persiguen a la persona menos indicada y que aclare qué, si ha dicho una gran verdad, adelante señor Dr. Ernesto Pazmiño, seguiremos su ejemplo y nunca claudicaremos por nuestros principios.
Estimada Doctora Romo:
Muy bueno su artículo. He leído varios de los suyos y los comentarios que se le hacen. Con mucho frecuencia en estos se le recuerda, a veces de manera descomedida, el haber sido parte del gobierno al que ahora critica. Pienso que hay alguna razón entre los lectores para albergar dudas sobre la autenticidad de su posición política actual vs. la anterior, aunque nunca de la forma descortés con que a veces se la expresa. Así, quisiera pedirle un artículo en el que aclare la duda; quizás ya lo ha hecho pero al menos yo no conozco sus razones. En particular sería muy interesante saber si su apoyo inicial a un proyecto político totalitario, sin independencia de poderes, ha cambiado. ¿Ha modificado sus ideas contrarias a la democracia liberal?
Sra. Romo, Ud no tiene calidad moral para hablar en contra del Gobierno, fue parte de el y también de sus aciertos y defectos, ahora a que partido partido va a arrimarse?
Excelente apreciación María Paula Romo, y si es verdad Ud. fue parte del partido de gobierno pero por estas atrocidades salió…la felicito por ser coherente con lo que hace y dice! bien por Usted.
sra alahia si ese es su verdadero nombre usted dice “pero por estas atrocidades salió”. Cuando salió? Cuando dejo al país con una constitucion con un hiperpresidencialismo, cuando colaboró en la destrucción del estado Ecuatoriano, eso es igual cuando el niño es abusado el abusador le da un caramelo para decirle que le quiere por favor SRA ALAHIA Seamos serios
Señora Romo, lamento que usted sea víctima de esta nueva inquisición. Estos críticos que tienen derecho a calificar sobre quién puede opinar y quién no se parecen tanto a los correístas que rezo para que nunca lleguen al poder. Sería lo mismo que tenemos ahora solo que con otras caras. Dios nos libre!
Siga ejerciendo su derecho a la opinión, lo hace muy bien, no siempre coincido, pero valoro su visión democrática.
No es asi Sra. Elena R. solo que no debemos olvidar a los que destruyeron a nuestro país y entre esas personas está la Sra. María Paula Romo
Si MPR la inquisición de Carondelet llegó a la defensoría pública. Gritarán que si se tiene conocimiento de un acto de corrupción acudan al fiscal. HDLGP, si saben que todo el sistema judicial está sometido. Han convertido a la función judicial, en el yunque de hierro para ajusticiar a quien ose criticarlos. Igual que la Cosa Nostra, que tiene su brazo de hierro para QUEBRAR a sus enemigos.