Cualquier propuesta de ley proveniente de la Senplades, más aún, del escritorio del propio René Ramírez, no podía sino ser un ejemplo de progresismo, altivez y soberanía para el mundo. Es el caso del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación, que se discute en la Comisión de Educación de la Asamblea. Tan anticapitalista es esta ley, conocida simplemente como Código de Ingenios, que amenaza con quebrar a la industria ecuatoriana del software; tan soberanista, que impedirá la entrada en el Ecuador de empresas como Google o Facebook, que ya se encuentran en los países vecinos y son fuentes de transferencia tecnológica. Hoy los empresarios de programación informática, reunidos en la Asociación Ecuatoriana de Software, lanzaron una voz de alerta. A través de un tuitcam y bajo la etiqueta #15000EmpleosMenos (que es el número aproximado de puestos de trabajo que genera la industria) debatieron el tema y lanzaron sus propuestas.
El Código de Ingenios asume, desde una perspectiva ideológica y soberanista, el viejo debate del software libre vs el software de pago. Una discusión de la década pasada que hoy, al encontrarse ambos tipos de software entrelazados en el mercado, carece de sentido, según Mathew Carpenter, ex gerente de Google y Twitter. La ley establece el uso de softwares libres y estándares abiertos en todas las instituciones del Estado y en el sistema educativo, incluyendo las universidades. Significa que los estudiantes de diseño en las universidades públicas se mantendrán alejados del Photoshop; los de arquitectura no aprenderán a manejar el AutoCAD; los de administración tendrán que buscar sucedáneos para el Excel. Más aún: significa que los hospitales públicos no podrán acceder a una serie de soluciones tecnológicas que dependen, en todo o en parte, de software pagado. Los ejemplos se pueden multiplicar al infinito e incluyen semaforización inteligente, sistemas de monitoreo de derrames petroleros y un largo etcétera.
Uno de los artículos del Código de Ingenios que más preocupa a los empresarios ecuatorianos del software es el 111. Prescribe que el 10 por ciento de los beneficios derivados de la explotación de una obra (en este caso, un programa informático) pertenece a su autor a perpetuidad y de forma irrenunciable. Pero ¿quién es el autor? El Código, que pretende sustituir a la Ley de Propiedad Intelectual, no lo dice. Se sobreentiende que el autor de un programa es el equipo (integrado por desarrolladores, diseñadores, programadores, etc.) que intervino en su creación, proceso que puede durar años y emplear (en forma temporal muchas veces) a decenas o cientos de personas. Parece muy justo, muy progresista. Pero cuando una empresa X que encargó el diseño de un software para sus necesidades específicas descubra que, aparte de lo que pagó por él, tendrá que entregar una regalía eterna a un montón de gente, lo más probable es que prefiera contratar en otro lado. Colombia, por ejemplo.
“Si el Ecuador fuera una burbuja sería perfecto”, ironiza el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software, Andrés Burbano de Lara. Según él, el artículo 111 del Código de Ingenios hará simplemente imposible la exportación de productos ecuatorianos en un mercado tan competitivo como el del software. Él considera que el 10 por ciento de beneficios previsto por el Código son un impuesto real a una industria cuyo margen de ganancia es de entre el 8 y el 12 por ciento. Con esta disposición, además, es imposible que grandes empresas internacionales de software se instalen en el Ecuador, con lo cual se limitan, dice, las posibilidades de transferencia tecnológica que es la única manera de desarrollar esta industria, como se puede ver en los ejemplos de Brasil, Israel, India, Irlanda del Norte…
En cuanto a la obligación del Estado de proveerse exclusivamente de software libre, prevista en el artículo 136 del Código, es también una amenaza a la industria nacional. Según Burbano, el 35 por ciento de las ventas de esta industria está destinado al Estado que, como en otros ámbitos y gracias al modelo económico imperante, ha sido el único gran comprador de los últimos años. Sólo el 4 por ciento de esa producción es software libre. “El efecto –dice– sería devastador”. ¿Por qué, entonces, la industria ecuatoriana no migra al software libre? Paola Pullas, empresaria del sector, explica que no es tan fácil. Hacerlo requeriría mudar de estrategia empresarial y capacitar al personal durante al menos un año durante el cual se dejaría de producir. ¿Qué empresa puede costearse ese paso?
En lugar de obligar al uso de software libre, los programadores proponen establecer una lista de prioridades: primero, software ecuatoriano; después, software libre. En lugar de distribuir el 10 por ciento de las regalías entre los empleados, proponen entregar a las empresas la titularidad de los derechos de propiedad y convertir a los empleados en accionistas. Repiten una y otra vez las palabras mágicas del vicepresidente Jorge Glas: “cambio de la matriz productiva”. ¿Cómo pretende hacerlo si atentan contra la industria de conocimiento? “La Asamblea nos ha recibido, hemos presentado nuestras propuestas y ninguna ha sido acogida”, cuenta Burbano. Dice que hay muchos activistas del software libre, muchos de ellos asesores del gobierno (de hecho el IAEN teorizó mucho a este respecto) que tienen todo el tiempo del mundo para pasársela en la Asamblea haciendo lobby. Una vez más, se han salido con la suya.
Esta es una respuesta al texto firmado por Roberto Aguilar, en la página 4pelagatos.
El pasado 15 de junio, 4pelagatos publicó un texto que acoge todas las críticas que han expresado los dirigentes de la Asociación Ecuatoriana de Software.
1. La falacia del pozo envenenado
El texto parte de presumir la crítica al proyecto de ley, basada en descalificar a su promotor (en este caso, René Ramírez). La primera crítica al proyecto es, precisamente, que viene del escritorio de Ramírez. El texto incurre en una falacia de envenenar al pozo: especie de ad hominem que parte de asumir que todo lo que promueve Ramírez fuere errado (retóricamente lo denomina “un ejemplo de progresismo, altivez y soberanía para el mundo”) y, por tanto, el Código también lo es.
2. El primer hombre de paja: no vendrán multinacionales
Afirma a continuación que el Código impedirá la entrada de empresas como Google o Facebook. No explica esta afirmación, pero cabe preguntarse si tiene sentido que cualquiera de ellas se instale en Ecuador, cuando ambas ya tienen oficinas en Colombia. Facebook, de hecho, se ha aliado con el gobierno colombiano para dotar de un método de captura de audiencia erradamente promocionado como internet.org, estrategia duramente criticada por defensores de derechos humanos y del principio de neutralidad de la red. En un mundo globalizado, las actividades económicas de las multinacionales pueden gestionarse a través de oficinas regionales que cubren a varios países. Ni Perú, con el tamaño de su PIB y su apertura económica, tiene oficina propia de ambas multinacionales. La verdad es que es indiferente que haya o no Código de Ingenios: igual las multinacionales gestionan sus operaciones internacionales con oficinas regionales.
3. El periodismo no puede volverse publi-reportaje
Aguilar publicó su texto a propósito de un llamado “debate” (en realidad, se llama debate cuando hay opiniones contrarias argumentando, no cuando hasta el moderador está de acuerdo) promovido por algunos empresarios del software (no todos) que tuvo lugar en la página de Facebook de Diario El Comercio en días pasados. El nivel de profesionalismo actual de Diario El Comercio ha sido retratado en la propia 4pelagatos. Esperamos una cobertura más equilibrada de un medio como 4pelagatos.
4. El “viejo” debate Software Libre vs. Software privativo: más actual que nunca
Reporta Andrade que Mathew Carpenter encuentra viejo o carente de sentido el debatir entre software libre y software privativo (aquel generalmente sujeto al pago de regalías y que siempre impide acceder al código fuente). Es de nuestra opinión que el debate sobre la forma de compartir conocimiento, seguirá siendo de actualidad mientras haya licencias o permisos limitados, y otras licencias más abiertas. Si bien en el mercado pueden haber programas, aplicaciones o soluciones que compartan licencias de una u otra naturaleza, al final el producto termina siendo libre sólo si las licencias lo permiten. Y debatir sobre si el gobierno debe, con recursos públicos, comprar bienes de acceso público, o comprar productos licenciados, sigue siendo actual. De hecho, países que han establecido leyes que promueven usar el software libre han debatido este tema tan reciente como 2013 en Uruguay, 2014 en Italia y 2016 en Bulgaria.
5. Falacia de la pendiente
Si bien el proyecto establece el uso de software libre y estándares abiertos en universidades, también contiene una excepción: no están sujetas a esta obligación en aquellos casos en que no pudiere ser reemplazado por software libre:
Quedará excluida de la autorización prevista en los incisos anteriores, la contratación de actualizaciones de software adquirido previamente a la entrada en vigencia de este Código; y, los sistemas que por razones técnicas o comerciales no puedan ser reemplazados por software libre. Estas adquisiciones serán debidamente motivadas por parte de la autoridad contratante e informado a la entidad rectora del sistema de contratación pública, para su control ex post.
La Universidad debiera formar en función de principios y conceptos, las herramientas que usen son algo secundario. Pero, en todo caso, los estudiantes no deben temer una posible imposibilidad de contratar aquello que fuere necesario para su formación.
Como tampoco debieran temer los doctores que los tomógrafos no puedan usar su software privativo, ni los petroleros, que sus taladros no puedan usar sus programas de fábrica. Tampoco debe haber problemas con la semaforización o con cualquier actividad gubernamental que por razones técnicas o comerciales no puedan ser reemplazados por software libre.
6. Sobre el porcentaje fijo de beneficios para obras
AESOFT ha criticado, por otro lado, el artículo 111, que prescribe una distribución obligatoria del 10% de los beneficios económicos derivados de una obra. No hemos encontrado un país con regla semejante, para poder evaluar sus impactos. En el modelo de negocio que usa software libre, no existe regalías, por lo que esta Asociación no ha tomado una posición. Sí sabemos, como ha sido público, que el secretario de Educación Superior ha descartado esa redacción en el texto final.
AESOFT ha luchado por retirar esta norma del texto final. No sabemos si lo logren, pero la misma norma, por la globalización, puede disuadir la realización de otras industrias, como la cinematográfica. No sería comprensible que el legislador fije un porcentaje fijo para ciertas obras, pero no para otras.
7. Usar software libre en el gobierno es mirar por el bien común
Finalmente Andrade transcribe las críticas que los proveedores del Estado hacen al artículo 136. Este artículo dispone el uso de software libre en el sector público. Como hemos visto, hay excepciones permitidas por la ley. Además, esto no obligará al sector privado a adquirir el software que desee.
En ninguno de los países, ciudades o regiones que han decidido que su gobierno use software libre, ha quebrado su industria local. Es más, inclusive ha crecido. Es verdad que algunos proveedores del Estado deberán migrar de modelo de negocio, pero hay que considerar que, con o sin Código, no es una estrategia empresarial plausible, el dedicarse a vender primordial o exclusivamente al Estado: ya no hay presupuesto estatal para los grandes contratos que, tanto en obra, como en servicios como en software (privativo o libre) se ha visto en el pasado.
8. El miedo de los #15.000empleos menos: falta de datos + falacia del otro hombre de paja
Pero la afirmación que menos sustento tiene, es la que da título a la nota: 15.000 empleos menos, afirma Aguilar, basado en la etiqueta que inventó AESOFT.
En el informe sobre el estado del arte, en el sector software, realizado por CEPAL para la Vicepresidencia de la República, se menciona que, a 2013, habría 7.000 empleos aproximadamente. No es creíble aceptar que, de 2014 a 2016, el número de empleos se haya más que duplicado, especialmente por ser años de contracción económica en casi todos los sectores.
Al ser preguntado sobre esta cifra, el Presidente de AESOFT afirmó que su cifra sale de sumar el empleo de las compañías registradas bajo el CIIU (un código de actividad económica establecido por Naciones Unidas) en la información presentada a la Superintendencia de Compañías, Bancos y Seguros. ¿Cuáles códigos CIIU? AESOFT se negó a contestar.
En la clasificación CIIU, las actividades de desarrollo de software podrían encontrarse en varios códigos, que a su vez engloban a otras industrias del sector, como los proveedores de internet o las operadoras telefónicas, por lo que es difícil determinar cifras exactas sólo con información meta estadística.
Pero hay una falacia encerrada en ese título: estimar que, con el Código, el 100% de empleos vayan a perderse, que no se vayan a generar nuevos empleos en otras áreas (por ejemplo, si los usuarios migran hacia software libre, habrá profesionales que migren también su modelo de negocios) y presume que los empresarios no tendrán visión empresarial suficiente para vender servicios (de uno u otro tipo) a nuevos mercados o de nuevas formas. A este tipo de falacias, las denominamos crear un hombre de paja.
9. Un pedido
Como es de público conocimiento, el brazo de la Ley de Comunicación no llega a los medios digitales. Por fortuna, sí llega el ánimo del periodista profesional de llevar a sus lectores, información completa, para que cada uno se forme su criterio. A ese ánimo queremos apelar, para plantear que 4pelagatos reproduzca esta carta abierta.
Asociación de Software Libre del Ecuador
[…] (a) Dónde se dijo: Web 4 pelagatos […]
Sería bueno conocer que entienden por soberanía estos improvisados que están a cargo de estos entes inútiles, creados supuestamente para favorecer el desarrollo pero que sus resultados demuestran exactamente todo lo contrario. Senplades y el mamotreto ese que dirige Ramírez.
Si este individuo tuviese algo de criterio, sabría que la tecnología no se improvisa y es resultado de un largo proceso, y no es cuestión de promocionar ideas vacías como ” cambio de matriz productiva” o elefantes blancos como Yachay. Según su criterio, podemos ser desarrollados por decreto y por construir edificios. Y dice que es académico!!. Nada raro en un gobierno dirigido por alguien que dice que es economista pero que ha destruído a la débil economía ecuatoriana, dependiente de los precios de las materias primas, que para suerte de ellos, ocasionó el “milagro ecuatoriano” como llaman estos improvisados a su mala gestión. La idea de diversificar los ingresos es buena, pero cuando quienes la proponen solo lo hacen por fines políticos y sin ningún criterio, se desvirtúa totalmente.