El pensamiento vivo del camarada Long en tres lecciones

Parece que Guillaume Long se perdió en Ginebra. Se supone que el sexto examen del Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era eso, un examen. Sin embargo, en lugar de rendirlo, el canciller se puso a dictar cátedra. A enseñar a los comisionados en qué mismo consiste eso de los derechos humanos. A pontificar.

Tanto pontificó que al final del primer día el presidente de la mesa no se contuvo las ganas de bajarlo por un tubo. Había preguntado el comisionado Manuel Rodríguez Rescia sobre las medidas que está adoptando el Estado ecuatoriano para garantizar el pluralismo jurídico en relación con el tema indígena y el canciller se permitió darle lecciones. Dijo que para empezar “el tema indígena no debería ser un tema”, que así es como lo quieren ver “los voceros intelectuales blancos” de los indios, que lo romantizan. Que hay que “transversalizar el elemento pueblos”. Dijo “perspectiva eurocéntrica”, dijo “neocolonialismo”, dijo “racismo solapado”. Dijo que son “temas complejos”. El presidente le hizo notar que el comité no era eurocentrista ni occidental, sino verdaderamente internacional. Y que en materia de derechos indígenas cuenta con “una experticia nada desdeñable”. Rodríguez Rescia, sin ir más lejos, “es uno de los expertos más extraordinarios que tiene América Latina en la materia. Y yo mismo he trabajado con pueblos indígenas, inclusive en Ecuador”. Y le invitó a revisar siete años de jurisprudencia emanada del organismo. Por un tubo.

El caso es que era un examen: había una lista de temas y un documento de cuestiones previas lleno de preguntas. Preguntas sobre la actuación de la Policía en las manifestaciones pacíficas y el uso excesivo de la fuerza; sobre la discrecionalidad del presidente en la adopción de estados de emergencia; sobre la tipificación penal del terrorismo y el atropello de garantías procesales; sobre las garantías de igualdad sexual y la reparación de las víctimas de la violencia machista… Pero Guillaume Long no estaba ahí para referirse a estos temas sino para “desnudar algunos de los mitos circulados por la oposición política”. Y para impartir la doctrina correísta sobre derechos humanos, en la que se pueden distinguir tres principios fundamentales.

Primero: en la lucha por los derechos humanos hay un protagonista y ese protagonista es el Estado, su principal garante. He aquí un enfoque revolucionario que “reformula el contrato social” (esto a Long le encanta) e inaugura “el nuevo republicanismo del siglo XXI”. Los comisionados todavía no se han dado cuenta pero ya entenderán. Hasta ahora las naciones habían consagrado una lista de derechos y firmaban tratados (como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos materia del presente examen) para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder de los Estados. Ahora –viene a decirnos esta novedosa doctrina– es el Estado el que se encarga de proteger a los ciudadanos de sí mismos y protegerse a sí mismo de los ciudadanos. Protegerlos y protegerse, por ejemplo, de los medios de comunicación que “también violan los derechos humanos” con sus contenidos “discriminatorios, racistas, vulgares o sexistas”. Benny Hill, por ejemplo.

Segundo: con la sociedad civil “hay que tener mucho cuidado”. “Cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática –explicó el canciller– puede autoproclamarse defensor de los derechos humanos, crear una ONG con dos o tres personas y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso a veces con mayor credibilidad que los Estados”. Una infamia. En el siglo XX se creía que los derechos humanos estaban ahí para que los invoque cualquiera, incluidos los opositores derrotados. Es una visión ya superada. Hoy sabemos que en materia de derechos humanos sólo a los Estados les corresponde ese papel. Los Estados dicen la verdad, los ciudadanos mienten. La verdadera “sociedad civil vibrante” es la que trabaja codo a codo con el Estado en el marco del “sistema unificado de información” y en concordancia con las políticas-intersectoriales y los convenios-interministeriales. Para ello “existen mecanismos institucionales de trabajo dirigidos por el Ejecutivo”. En resumen: para luchar por los derechos humanos y ser recibidos en las más altas esferas de la gobernanza hay que tener nombramiento.

Tercero: este Estado que lo organiza todo, lo coordina toda y es el único garante legítimo de los derechos humanos no puede, sin embargo, garantizarlos todos. ¿Ah, no? Pues no. No todavía. “Para poder garantizar todos los derechos” (“to-dos”, enfatiza el canciller) primero hay que luchar contra la pobreza. Son las estructuras sociales, políticas y económicas imperantes las que vulneran los derechos civiles y políticos. Por tanto hay que cambiar las estructuras. No es fácil, porque “ciertos sectores” no están dispuestos a “abandonar la cómoda premodernidad rentista sin oponer resistencia”. Esos sectores están “desesperados por volver al poder” para mantener las viejas estructuras que atentan contra el sistema de derechos. Se sobreentiende, pues, que hay que impedírselo. Es decir: para que la sociedad pueda gozar un día con plenitud de sus derechos civiles y políticos, hay que privar hoy a “ciertos sectores” de los suyos. La lucha en defensa de los derechos civiles y políticos es la lucha del Estado contra esos sectores.

De ahí que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comete un lamentable error cuando presta oídos a organizaciones e individuos que “no representan más que a sí mismos” y que sólo “buscan confundirla con su argumentos”. Los comisionados hurgan en interminables series de carpetas con las que “ciertos sectores” pretenden documentar los supuestos casos de violación a los derechos humanos en el Ecuador y pierden su tiempo: en el Ecuador no se violan los derechos humanos.

Desactualizados frente  a los nuevos enfoques de la ciencia política, inexpertos en materia de nuevo-republicanismo-del-siglo-XXI, anquilosados en los esquemas de un contrato social de la pelea pasada, los comisionados se gastan en preguntas extenuantes y frívolas. ¿Los 10 de Luluncoto, Manuela Picq, Mery Zamora, Sathya Bicknell? ¿Censura de prensa, discriminación sexual, restricción de derechos durante los estados de emergencia, uso excesivo de la fuerza por parte la Policía? ¿Prisiones preventivas que duran diez meses, indígenas acusados de terrorismo por bloquear carreteras, bandas de violentos que actúan en complicidad con las autoridades? No son casos de violaciones a los derechos humanos. Son naturales expresiones de “conflictividad política” en un país que, bajo el firme liderazgo de su gobierno, se ha entregado precisamente a la monumental tarea de construir una democracia verdadera que imponga la inclusión verdadera, fomente la igualdad verdadera y garantice la vigencia plena de los derechos humanos verdaderos. A no confundir las cosas. Lanzar a la Policía montada al galope contra manifestantes desarmados para defender las viejas estructuras es una violación a los derechos humanos. Hacer lo mismo para cambiar esas estructuras es “conflictividad política”. Si ése es el caso, ¿quién necesita rendir examen? ¿Para qué tantas preguntas?

¡Lean la Constitución! ¿No dice ahí que el Ecuador es un Estado de derechos, que se define como plurinacional e intercultural, que consagra la doctrina del Buen Vivir y reconoce la diversidad sexual y todas las formas de familia? ¿No se prescribe ahí la necesidad de contar con un sistema jurídico garantista, un Código Penal que “consolide el enfoque de derechos humanos”, un sistema unificado de organizaciones sociales con sus políticas intersectoriales, sus convenios interministeriales, sus mecanismos institucionales dirigidos por el Ejecutivo? ¿Qué más quieren? Pensándolo bien, no es Guillaume Long el que anda perdido en Ginebra. Son los comisionados los que no entienden nada.