Correísmo: fascista desde la cuna

Daniel Tufiño Garzón, Geovanny Cajamarca, Marcelo Narváez; recuerden estos nombres.

Si la memoria es antídoto contra los vicios del pasado, no podemos relegar al olvido a los autores de la más inicua de las sentencias de una época pródiga en barbaridades judiciales. Los tres, después de un proceso plagado de irregularidades, optaron por convertirse en simple engranaje de la máquina gubernamental que hizo posible la expulsión colectiva de más de un centenar de personas.

Los tres parecen haber olvidado que existe una Constitución; ninguno de ellos consideró importantes una serie de principios, de los que al menos debieron haber oído hablar en algún momento de su carrera; todos ellos están de acuerdo en que las resoluciones judiciales tienen tan poca importancia, que puede dejarlas sin efecto el segundón de cualquier ministerio. Si ver esto en un abogado nos haría dudar de su calidad profesional, cuando se trata de un juez solo produce escalofrío.

Lo peor de todo es que, grave como es, el hecho no despierte una indignación generalizada. Hay protestas, sí; se dice que es un disparate, también; pero en realidad se lo trata como algo obvio y esperado, como una anécdota más para ilustrar lo que el régimen correísta ha hecho con la administración de justicia. Lo terrible es que pisotear la Constitución y los derechos no sea una anomalía sino parte de la cotidianeidad.

Una cosa rara del horror, dice Michael Ende, es que “pierde su espanto cuando se repite mucho”; solo produce indiferencia.

Pero para llegar a eso, para instalarse en el horror normalizado, hay un largo camino de pequeños horrores que se aceptan y muchas veces se aplauden, que se miran sin reaccionar, que se piensa que no serán para tanto. Esto que hoy vivimos es el resultado de una larga cadena de complicidades, silencios y acomodos: la ambición y el bolsillo satisfechos, el bienestar que produce la posición alcanzada, el miedo a perder el empleo, la angustia por el qué dirán, la indiferencia hacia los otros.

Esto sobre todo, la indiferencia hacia los otros. El problema, y hoy muchos lo sufren en carne propia, es que callar ante los atropellos no inmuniza contra nada, porque más temprano que tarde los atropellos nos dan alcance.

Y cuando eso ocurre, la mejor manera de auto justificarse es no ver la relación que la arbitrariedad presente tiene con el cúmulo de arbitrariedades pasadas; es más cómodo pensar que algo ha cambiado, que se produjo un giro lamentable hacia posiciones inaceptables, que jamás pensamos que se podía haber llegado a esto.

Lo siento, nada de eso es cierto. Si algo ha caracterizado al correísmo es la absoluta coherencia que ha tenido siempre en sus formas políticas; la imagen de líder blandiendo un cinturón es de la primera campaña electoral, no de la supuesta e inexistente etapa de descomposición del régimen; el machismo rampante estuvo ya en el debate de esa campaña; el desalojo del Congreso para abrir el camino hacia la Constituyente no fue, precisamente, un acto de afirmación democrática.

Este gobierno morirá fascista porque nació, creció y se consolidó como fascista; que en el camino haya tenido como compañera de ruta a buena parte de la izquierda no cambia esa realidad, solo permite entender la absoluta carencia de contenidos emancipatorios en el pensamiento y la acción de quienes se autodenominan progresistas.

Lo que hoy vivimos no es el resultado de una derechización o de un sorpresivo cambio de rumbo del gobierno; es, más bien, consecuencia lógica de la constante acumulación de silencios complacientes e inédita indulgencia que, por esas paradojas de la historia, dio su primer paso importante, me parece, el 10 de diciembre de 2007, día de los derechos humanos.

Ese día, la Constituyente de Montecristi conoció los hechos de Dayuma, donde poco antes, y en respuesta a protestas y obstaculizaciones de vías por parte de la población, el presidente Correa respondió con el estado de emergencia y puso en acción a las fuerzas especiales del Ejército; éstas, rompiendo puertas y ventanas, irrumpieron en varios domicilios y detuvieron, acusándolas de terrorismo organizado, a veinticinco personas, entre las que se encontraba la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori. Los encausados pudieron salir en libertad como consecuencia de la amnistía declarada por la Asamblea Constituyente en marzo de 2008, pero en el caso de la prefecta Llori una serie de maniobras legales y una acusación de peculado, que al final se estableció como infundada, la mantuvieron en prisión hasta septiembre de ese año.

Pese a que la Constituyente se consideraba depositaria de todos los poderes de la República, resolvió que el pleno de la Asamblea no era el espacio para tratar lo ocurrido en Dayuma. Los procesos judiciales deben seguir adelante porque solo por medio de ellos se puede saber quién es culpable y quién inocente, sostuvo María Paula Romo, mientras Pedro de la Cruz afirmó que la Asamblea debía dedicarse a resolver los problemas estructurales y no temas puntuales; María José Carrión recordó que Rafael Correa “tiene y asume las funciones del Ejecutivo, y esas hay que respetarlas”; Trajano Andrade negó a “quienes antes violaron los derechos humanos” la posibilidad de reclamar al gobierno; y, finalmente, Gabriel Rivera hizo un llamado a cerrar filas alrededor del Presidente: “que a nadie le quepa la menor duda del férreo e irrenunciable apoyo de estos asambleístas del Movimiento País hacia nuestro Presidente, porque es el buque insignia de la revolución ciudadana”.

Son solo algunas perlas de un debate que conviene leer completo (empieza en la página 5 del acta 007), y que muestra a los asambleístas del gobierno recurriendo a todo el catálogo de argumentos, incluso el viejo y fascistoide de que hay que cuidarse de la manipulación del tema de los derechos humanos, para impedir que el asunto sea tratado y mantener en prisión a las personas acusadas de terrorismo.

En “El Juicio de Núremberg”, la película de Stanley Kramer, Abby Mann, el guionista, nos presenta el diálogo final entre Ernst Janning (Burt Lancaster), el juez alemán condenado a cadena perpetua, y Dan Haywood (Spencer Tracy) el juez norteamericano que lo condenó.

Créame, dice Janning, nunca me imaginé que podía llegarse a tanto abuso.

La primera vez que usted condenó a un inocente sabiendo que lo era, le contesta Haywood, ya llegó a eso.

A todo lo que estamos viendo y aún nos queda por ver, a las persecuciones, a los procesos penales por terrorismo, a la expulsión colectiva, llegamos el 10 de diciembre de 2007, cuando un grupo de asambleístas prefirió no ver los atropellos contra los que siempre había reclamado y sacrificó los derechos de las personas en el altar de las conveniencias políticas.