El Estado transgresor y parroquiano salió trasquilado

Nuestro amigo querido, Diego Cordovés, solía sentenciar que una decisión internacional vale lo que vale su sistema de seguimiento. La mirada internacional se fijó sobre los derechos humanos en Ecuador. Y emitió criterios. Inicialmente, el Estado ecuatoriano debía responder a una lista de cuestiones previas presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2014), cuyas respuestas debían ser parte del Informe sobre Ecuador que debía presentar el Estado (2106). A ella se adhirieron seis informes elaborados por la sociedad civil, con distinta especialidad y grado de adhersiones institucionales, que fueron presentados el 27 de mayo de 2016. El Comité de Derechos Humanos se reunió y escuchó en Ginebra por separado a la sociedad civil y al Estado (27 y 28 de junio de 2016). Conocía los informes preparados por la sociedad civil y conoció el Informe del Estado, primero verbal y luego escrito. Terminó sus investigaciones, estudió los alcances presentados por el Estado ecuatoriano y elaboró un conjunto de recomendaciones que hizo conocer el 14 de julio.

Ahora le corresponde a la nación darles seguimiento. Nuestro Estado dejó de ser meramente un Estado parte de una instancia de Naciones Unidas y se convirtió en un proto-Estado transgresor. Quiso dar cátedra y convertirse en adalid de los derechos económicos sociales, a los que deberían subordinarse las libertades y los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. Pero salió trasquilado.

El pastor, patriarca y dueño del redil salió trasquilado por el poco profesionalismo con que abordó el diálogo internacional. La gula descontrolada con unas pocas migajas de poder local, les llevó a proponerse como los creadores de nuevas formas democráticas mundiales. Pero, fundamentalmente, los embarró la forma amateur para asumir un diálogo serio, con distintos, que no son los enemigos del barrio. Alguna vez, un par de décadas atrás, criticaba a un amigo socialcristiano, que llevaba a un escenario internacional, las peleas de su partido con la izquierda democrática. ¡Como si le importaran a los interlocutores internacionales o si fuera esa la agenda internacional! Para reconocerlo, hay que ser sensato y profesional.

Pero se dedicó a deslegitimar a las alegaciones de la sociedad civil. A la contundencia de sus datos y casos como de su análisis de las tendencias del modelo autoritario. Para ello el régimen apeló a la banalidad. La extrajo de la pelea en la parroquia. Dijo, la sociedad civil ecuatoriana no es la sociedad civil. Son los sufridores. Perdedores de las elecciones. Los mismos de siempre. Y, sin la menor sensibilidad, lo espetó al Comité. Que aspiraba a escuchar argumentos. También sustituyó los debates con una montaña de papeles. Esperando que los expertos se ahoguen en ellos. Pero solo consiguió lo que a continuación transcribo como sentido del Informe. Por respeto a los lectores y a los expertos, esperando respetar el sentido de su opinión.

El informe, que ya no es la opinión unilateral del Estado ni de la sociedad civil, plantea grandes temas, dentro de su orden y de su protocolo: observaciones sobre las libertades de expresión, de reunión y de asociación; sobre la justicia; y, sobre las mujeres, los indígenas y los niños. Con sutileza y lenguaje apropiado, abordan temas cruciales de la gestión política del régimen y de la conformación de un modelo institucional que estimula a la debilidad de la democracia ecuatoriana. Los expertos investigaron en múltiples fuentes, lo que les permitió obtener sus propias afirmaciones concluyentes. ¿Qué plantearon para mejorar la convivencia ciudadana?

Afirmaron que en Ecuador están vigentes disposiciones que desalientan la expresión y publicación de posiciones críticas sobre asuntos de interés público. Y desarrollaron su aserto desde tres áreas. Primero, de cómo la Ley de Comunicación tiene disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de derechos con disposiciones ambiguas o desproporcionadas (la obligación de cubrir y difundir los hechos de interés público o las prohibiciones que se encubren tras el linchamiento mediático). Nótese que los expertos no solo que no refieren a la Ley desde sus pretextos –ser la garantía de una comunicación históricamente excluyente- sino que la convierten en instrumento para la conculcación de derechos democráticos. Segundo, de cómo periodistas y usuarios de redes sociales habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno en medios públicos. Contundente. La referencia implícita es a las sabatinas y a su oficial público. Sin comentarios. Y tercero, de cómo se utiliza al sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas. Esto que hemos llamado la judicialización de la política.

Recogieron, los expertos, luego de acudir a sus propias fuentes, lo que es una denuncia frecuente: el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones. Acá, nos quisieron convencer de que la violencia es de la sociedad contra el Estado, nido del amor y la calidez. Pero afuera comen menos cuento porque no llega el Estado de propaganda. Así, como también han tratado de convertir a mujeres indígenas altivas o estudiantes jóvenes radicalizados en saboteadores y terroristas. El Comité afirma que en Ecuador se usan figuras penales amplias, antiguas y ambiguas contra actores sociales tanto como que faltan garantías para ejercer el derecho a la reunión pacífica. Y como que el régimen lo hizo a propósito, para marcar que se trata de una retaliación, hoy opera un intento por disolver a la UNE. El marco, el Informe refirió a que existen disposiciones inadecuadas que permiten disolver organizaciones sociales.

La imposible independencia judicial fue abordada como un tema central de la democracia y sus derechos civiles. El Consejo de la Judicatura fue interpelado por el uso de un sistema de disciplina (básicamente de destitución de jueces) a través de la figura del “error inexcusable”. Pero también refirieron a los procesos judiciales contra jueces en relación con el ejercicio de sus funciones. También exigen información de qué se hace para agilizar las investigaciones surgidas de la Comisión de la Verdad.

Los derechos de los pueblos indígenas son abordados desde la ausencia de una efectiva celebración de consultas para obtener el consentimiento libre, previo e informado. Se demanda la expedición de la respectiva Ley Orgánica de Consulta. Y, finalmente, se insta a proteger la vida y el sustento de los pueblos indígenas en aislamiento, en clara referencia a las actividades extractivas de la amazonía. Desde otro ángulo, más institucional, se observa tanto la poca claridad en la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria como el evidente retraso en la creación del Consejos de pueblos y nacionalidades (también se hace una referencia al Consejo de movilidad humana).

El tratamiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres empieza con reconocimiento de los logros de largo plazo de Ecuador como son la baja del desempleo femenino y de la brecha salarial. Aunque, a continuación, insisten en la vigencia en muchos estereotipos de género. Las recomendaciones también inciden en la violencia de género, en especial en la persistencia de actos de discriminación, la ausencia de penas apropiadas, reparación integral a las víctimas y capacidades de los operadores de justicia. El Informe pone énfasis en la vigencia del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género y en la incapacidad para erradicar internamiento de personas LGBTI.

Todos conocemos las dificultades del régimen para tratar el tema del aborto. El Informe propone revisar el Código Orgánico Integral Penal en los temas de incesto o violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en el caso de discapacidad fatal del feto. Concluye que de esas acciones como de adecuados servicios adecuados de salud sexual y reproductiva se podrá evitar que las mujeres recurran a abortos inseguros. Se plantean dos temas urticantes aunque de modo elusivo. De un lado, la limitada representación de las mujeres en las elecciones unipersonales a nivel local, que trae el tema del inadecuado sistema electoral ecuatoriano. Y, de otro lado, la prevención y sanción a los abusos y la violencia sexual en los centros educativos. Más claro, el agua. A buen entendedor, no hay que hacer referencias a casos concretos de violación de profesores/rectores a niñas hijas de empleadas.

Los niños fueron referidos desde la crítica por el importante número de trabajadores.

Para unos temas, la Ley de Comunicación, la Comisión de la Verdad y la situación penitenciaria, el Informe invoca a un plazo de un año para que el Estado entregue información. Nosotros, los ecuatorianos materia afectada por la transgresión, demandamos hechos. Construiremos hechos. Empezando por nuestro derecho a convivir en libertad.

Luis Verdesoto es académico.