El mal manejo económico ha vuelto notorio el abuso político y está mostrando el nivel de credibilidad que debió merecer la palabra de Correa. Eso ha provocado un deterioro en el apoyo electoral, que ya afectó a Moreno, quien intentaba pasar como distinto y distante al correísmo. Lo que reflejan las encuestas es que Alianza País no solamente perderá la presidencia sino también una significativa reducción en la representación parlamentaria. Pero, a pesar de este pronosticado cambio en la conducción en las funciones ejecutiva y legislativa, el control correísta se mantendrá intocado a través de los enquistamientos de funcionarios en los más importantes puestos de la estructura del Estado.
Hasta el año 2020 durarán en funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, enclave correísta y cuya sumisión fue crucial para designar Fiscal, Contralor, miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Electoral y Superintendentes. Todos ellos se mueven dentro de la agenda política de Correa. El Fiscal correísta, que será electo en breve, durará en funciones hasta el año 2021. El Contralor correísta, que será electo en marzo de 2017, permanecerá en funciones hasta el año 2022. Los cortesanos de la Corte Constitucional y del Consejo Electoral y los Superintendentes terminarán funciones en 2021 (en meses diferentes). El obsecuente Superintendente de Comunicación, tan ligado a la estrategia de silenciamiento a la prensa, permanecerá en funciones hasta el año 2018.
Todos esos funcionarios fueron electos por su notoria alineación política e impúdica mansedumbre a las directrices sabatinas. En el ámbito de sus competencias han cohonestado la agenda de impunidad. Varios de ellos convirtieron esos espacios de poder en funcionales a los intereses políticos, electorales, patrimoniales del partido de gobierno. En el ejercicio de los cargos evidenciaron que la participación ciudadana para constituir organismos de control y de administración de justicia, fue un fraude monumental. Ni el más fanático correísta tendría la audacia de defender la independencia de estas entidades que terminaron en dependencias.
¿Cómo garantizar la investigación y procesamiento de diez años de impunidad con un Fiscal correísta? ¿Cómo eliminar la destructiva intervención y control de la libertad de prensa, libertad de comunicación y de opinión con un Superintendente correísta? ¿Cómo desmontar la estructura de tramitología y hostigamiento empresarial con Superintendentes correístas? ¿Cómo garantizar que la autoridad electoral no sea ariete del correísmo, con un Consejo Electoral presidido por un compadre? ¿Cómo lograr una verdadera independencia y administración impoluta de justicia constitucional con un corte cervecera? ¿Cómo legitimar la verdadera participación ciudadana sin estatizarla o corporativizarla como sucedió con la tramoya del consejo correísta? ¿Cómo lograr la ansiada independencia judicial con un consejo de la Judicatura dirigido por el secretario de Correa?
Seguramente venderán la idea que sostener a los correístas en puestos tan importantes garantizará independencia si el nuevo gobierno no es de Alianza País. La verdad es que, por la forma en que han sido electos, esos funcionarios y por su notoria devoción, lo que harán es obstaculizar la gestión del nuevo gobierno, favorecer a sus amigos, impedir investigaciones e inventarse otras.
La idea de tener organismos de control independientes; la idea de tener una corte constitucional como una protección de la vigencia del Estado de Derecho; la idea de tener consejo electoral que garantice el voto e impida el uso de recursos estatales en provecho de ningún partido eran, todas, buenas ideas. El discurso refundacional se apropió de ellas solamente para falsear la independencia.
En la agenda del debate político-electoral, en la que se ya se discute las formas para reemplazar la Constitución de Montecristi que plasmó el modelo autoritario, debe incluirse la forma que permita desalojar al correísmo de estas entidades que pretenden ser convertidas en reducto para sostener ilegítimamente el control de competencias que son críticas. Designar en esos cargos a personas que realmente sean independientes de toda agenda electoral es fundamental para reconstruir la institucionalidad y el balance en el control y fiscalización. Y para dar la independencia necesaria para investigar, procesar y sancionar los abusos de autoridad, los abusos patrimoniales, las agresiones morales y el sonoro enriquecimiento de los que aprovecharon la racha de impunidad de estos diez años de larga noche populista.
Diego Ordóñez es político
Nuestra mínima exigencia a los candidatos presidenciales es que hagan un compromiso fehaciente notariado que desmontarán ese medieval aparataje instaurado por Correa apenas lleguen al poder, hasta ahora casi todos se muestran timoratos de tratar a fondo ese crucial tema
Sus razonamientos están clarísimos del porvenir enmarañado político con instituciones sometidas para blindar y ejecutar el abuso de poder y su continuidad en el tiempo, el autoritarismo correista esta claro, mantener opacidad, impunidad, la gobernanza ilegal e ilegítima de la Constitución y Leyes del país creada para aprovecharse y servirse del Estado. El nuevo régimen y el pueblo deberán intervenir para cambiar y formalizar estructuras nuevas, confiables, independientes de funciones y obligaciones, desmontar el aparataje manipulador, ya que de continuar la amenaza y extorsión a la sociedad civil, sería un cáncer dificil de curar. El pueblo está consciente de eliminar y renovar estatutos y Leyes constitucionales para enrumbar a una democracia transparente y fortalecida.
La corrupción campea, pero la impunidad no pasará.
El primer paso debe ser la independencia de poderes. Si los rezagos del correismo interfieren, el pueblo deberá actuar.
Excelente artículo gracias a los columnistas y a los bloqueros de 4 pelagatos por denunciar a este gobierno corrupto. Espero que los políticos de oposición tomen las medidas adecuadas para impedir que se mantenga secuestrados las instituciones democráticas.
No hay que permitir que se queden rezagos de AP en instituciones de Control y Justicia , para así investigar y castigar todas las acciones indebidas del gobierno saliente.
Ya vendrán las ALTERNATIVAS LEGALES para fiscalizar al Gobierno saliente.
Solo una nueva Asamblea Constitucional permitirá desmontar el hiperpresidencialismo y re-establecer la democracia, al menos la mínima, la representativa con división de poderes.
Que se vayan todos! es la consigna. Con o sin constitución, la movilización.
Con o sin elección, la movilización.
La situación del país obliga!