Cínicos y sinvergüenzas salvan a Augusto Espinosa

Difícilmente el cinismo y la sinvergüencería pueden juntarse con mayor éxito que como cuando nueve asambleístas de Alianza País archivaron  el juicio político al ministro de Educación Augusto Espinosa.

A Espinosa se lo quería enjuiciar por un delito que él mismo proclamó a los cuatro vientos durante una entrevista en Ecuavisa: no haber asegurado los establecimientos educativos que se destruyeron durante el sismo del 16 de abril, a pesar de que las leyes y los reglamentos así le obligaban. No solo que el mismo Espinosa confesó su delito, sino que llegó a argumentar que lo hizo porque había llegado a la conclusión que cometerlo era hacerle un bien al país, porque asegurar los colegios y las escuelas no valía la pena. Espinosa llegó a sostener además, impávido y orondo, que el artículo 5 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes Existentes del Sector Público, que obliga a los funcionarios públicos a asegurar los bienes del Estado, es inconstitucional, como si de él dependiera su declaratoria de inconstitucionalidad.

Pues bien, los cínicos y los sinvergüenzas en la Comisión de Fiscalización resolvieron que no existen pruebas para enjuiciar a Espinosa y archivaron la causa. En otras palabras, negaron cualquier valor de prueba documental a las declaraciones del propio acusado.

Para decidir que no había méritos para el juicio, además, escogieron la fraseología más leguleya y ridícula que tuvieron a mano: “no existen méritos, ni elementos de convicción suficientes parea la determinación de una responsabilidad política”, escribieron en la resolución.

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Cínicos y sinvergüenzas no solo porque se pasaron por el forro las propias pruebas que había proclamado públicamente Espinosa, sino porque durante los trámites hicieron todo lo que estuvo a su alcance, y con gran éxito por cierto, para impedir que el asambleísta interpelante, Bayron Pachecho, reciba los informes de las aseguradoras Sucre y Rocafuerte que él había solicitado. En esos informes se debía establecer qué está y que no está asegurado en las zonas del desastre. Es decir, que el cinismo y la sinvergüencería no solo se juntaron para bloquear la obvia necesidad de que se interpele a un funcionario que había confesado, con toda la convicción posible, que no había cumplido con lo que la ley le obliga, sino que impidieron que el país conozca algo que a estas alturas es fundamental: qué está asegurado y qué no lo está.

El magnífico despliegue de cinismo y sinvergüencería tuvo uno de sus más radiantes momentos cuando la legisladora María Sol Peñafiel se dedicó a resaltar el trabajo de Espinosa y del Gobierno en la educación del país. En el torcido entendimiento de Peñafiel, las cifras de cobertura educativa, la supuesta distribución equitativa de los recursos y la mejora salarial para los maestros son elementos que abonaban en la inocencia de Espinosa. Más o menos como cuando los estalinistas afirmaban que todo se justificaba mientras se alimente al pueblo.

Aquí la nota ¡Por suerte Espinosa no aseguró la Unidad del Milenio de Pedernales!

Lo que ocurrió el 10 de agosto es una evidencia más de la descomposición institucional del país, pero también del estado al que ha llegado la cultura del cinismo y la sinvergüencería política. Un gesto más que hace pensar que quienes están el poder podrían hacer cualquier salvajada para no entregarlo cuando tengan que hacerlo. Lo que ocurrió con el juicio a Espinosa no hace sino producir miedo sobre cómo están pensando entregar el poder quienes se han apropiado de él para ejercerlo abusivamente.