El colmo de un payaso

Su misión es garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información y a una comunicación libre, diversa y participativa en todos los ámbitos. Es el Superintendente de la Información y Comunicación y ha decidido bloquear el acceso a su cuenta de Twitter. Un gesto que demuestra su limitada comprensión sobre el alcance del derecho a recibir información, sobre las implicaciones de la libertad de comunicación y sobre la importancia de la participación ciudadana en todos los ámbitos. No entendió nada.

Recientemente, el Superintendente Carlos Ochoa ha sido duramente criticado por su decisión de modificar un inciso de la Ley Orgánica de Comunicación y aplicar ese inciso modificado para sancionar a varios medios. Su respuesta inicial ante los cuestionamientos recibidos en redes sociales fue proteger su cuenta de Twitter, de forma tal que sólo ciertos seguidores que él confirme podían acceder a la información que él difunde a través de su cuenta.

Probablemente empezó a extrañar a sus 20.000 seguidores, por lo que cambió de opinión y en vez de proteger su cuenta por completo se ha dado el trabajo de bloquear a los tuiteros que le resultan incómodos.

Independientemente de si los bloqueados son todos o solo algunos de sus seguidores, esta acción evidencia su intención de obstruir deliberadamente el acceso a la información que desde esa cuenta se difunde. El Superintendente de la Información bloquea el acceso a la información que él mismo difunde. ¿No es el colmo?

En su defensa, debo decir que Ochoa no está solo en esta práctica. Son varios los funcionarios públicos del gobierno de la revolución ciudadana que han optado por bloquear el acceso de los ciudadanos a las cuentas a través de las cuales difunden informaciones y opiniones. Por ejemplo, no puedo enterarme de lo que la Segunda Vicepresidenta de la Asamblea publique en su cuenta de Twitter:

Algunos dirán que se trata de sus cuentas personales y que están en plena facultad de decidir a quiénes permiten acceder a sus tuits. Discrepo. El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas. Mientras sean funcionarios públicos, se presenten como tales en sus cuentas y las utilicen para difundir información oficial u opiniones emitidas en su capacidad oficial, están obligados a garantizar su acceso a todos los ciudadanos, sin discriminación por opinión política. Están obligados también a recibir críticas y cuestionamientos por parte de sus mandantes y a ser tolerantes frente a las expresiones de todos los ciudadanos, aunque les choquen.

De todas maneras, el argumento de que se trata de cuentas personales se desvanece pues no sólo son funcionarios los que bloquean a los ciudadanos el acceso a sus cuentas oficiales, sino que ese mismo ejemplo han seguido quienes manejan las cuentas institucionales del gobierno.  Por ejemplo, estoy impedida de acceder a cualquier información que se difunda a través de la cuenta institucional de la Presidencia de la República:

Toda la información que se difunde a través de esa cuenta se produce con mis impuestos, pero no puedo acceder a ella. ¿No es el colmo?

No entendieron que el derecho de acceso a la información pública es una dimensión del derecho a la libertad de expresión que protege nuestro derecho a acceder a toda la información en poder del Estado. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que toda información que posean las instituciones, organismos y entidades del Estado es pública, y por pública debemos entender que es nuestra, no del gobierno. La misma Ley afirma que “el ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones”. Así, quienes ejercen la función pública deben aplicar el principio de máxima divulgación en todas sus actuaciones, lo que hoy en día también incluye sus expresiones en redes sociales.

No entendieron que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, y este principio sólo está sujeto a un régimen limitado de excepciones. El derecho de acceso a la información garantiza que los ciudadanos podamos obtener toda la información que esté bajo custodia del Estado, toda la información que el Estado produce, aquella que está obligado a producir e incluso aquella que está bajo poder de quienes ejerzan funciones públicas. En virtud de este derecho no sólo estamos facultados a solicitar esa información sino que el Estado debe garantizar la posibilidad de acceder libremente a información completa y actualizada sin esperar una solicitud o un reclamo judicial. Es lo que se conoce como un gobierno abierto.

Pero el gobierno no está cumpliendo con su obligación de transparencia activa. El Banco Central, depositario de nuestro dinero, no ha publicado aún las cuentas anuales relativas a 2015, boletín que debió publicar hasta el 29 de julio. Tampoco hemos podido acceder libremente a información que nos permita conocer en qué están gastando las contribuciones “solidarias” que por ley estamos obligados a realizar a partir del terremoto. Cancillería no ha publicado las cifras de refugiados reconocidos desde febrero de 2013. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que ha aprobado un Protocolo para la Atención a Población LGBTI y detalla que el protocolo tiene once artículos, pero no publica el protocolo ni responde a quienes solicitamos esta información. Y así sucesivamente, hasta el infinito. ¿No es el colmo?

Seguramente me dirán que no se aplican los mismos principios de gobierno abierto por los que deberían regirse los portales de internet del Estado a las cuentas de Twitter de sus funcionarios o instituciones. Discrepo nuevamente. Las redes sociales son una herramienta para la apertura y rendición de cuentas por parte del gobierno. Las nuevas tecnologías no sólo permiten la difusión de información sino que facilitan su intercambio, pues fomentan la participación del público y la interacción con los funcionarios. El gobierno debería aprovechar estas tecnologías para publicar cada vez más información a través de redes con el fin de permitir a los ciudadanos conocer lo que su gobierno hace e influir en las decisiones gubernamentales. La transparencia, el libre acceso a la información y la rendición de cuentas son principios que deben guiar el actuar de los funcionarios en todos los espacios, incluyendo las redes sociales.

Este gobierno que tanto habla de participación ciudadana no entendió que el acceso a la información es un derecho instrumental que permite a los ciudadanos participar de los asuntos de interés público. Estar informados sobre lo que el gobierno hace o deja de hacer es esencial para que los ciudadanos podamos formarnos una opinión y exigir que las autoridades rindan cuentas sobre sus actos. Conocer más sobre sus acciones y sobre sus opiniones e intercambios en redes sociales, nos permitirá también ejercer a conciencia nuestro voto en las próximas elecciones.

Pero la intolerancia frente a la crítica es tal que si nos atrevemos a cuestionar alguna información publicada en sus cuentas de redes sociales, somos bloqueados. No entendieron que la libertad de comunicación implica también la libertad de vigilar y criticar las acciones del gobierno y sus funcionarios. Este gobierno, que ha defendido los millonarios costos de la preparación y difusión de enlaces ciudadanos bajo el argumento de que “es el derecho y el deber del Presidente informar al pueblo ecuatoriano”, impide que los ciudadanos accedamos libremente a la información que publica a través de sus cuentas oficiales, sean estas institucionales o de funcionarios públicos.  ¿No es el colmo?

La cultura del secretismo que caracteriza a este gobierno sólo tiene una explicación posible: no quieren que sepamos la verdad para que no podamos formarnos una opinión.  En una democracia, el acceso a la información es la regla y el secreto es la excepción. En Ecuador sucede lo contrario.