Presidente con mando militar

Hay constituciones iberoamericanas en las que, como la de Estados Unidos de América, se declara al Presidente de la República como comandante, comandante supremo, comandante en jefe o capitán general de sus Fuerzas Armadas, cosa que no acontece en Ecuador, cuya Carta Fundamental lo señala como su “máxima autoridad” (Art. 147, Nº 16), sin darle esas denominaciones de carácter militar. Ello solo ocurrió con la efímera Constitución de 1967.

Asimismo, hay constituciones iberoamericanas que llegan al extremo de proclamar para los Jefes de Estado una especie de mando militar en caso de conflicto, como ocurre en Colombia, o en sistemas como el chileno en que en caso de guerra el Presidente de la República asume la “jefatura suprema” de las Fuerzas Armadas, cosa que, de modo expreso, también se establece en la Constitución haitiana.

En Ecuador, según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2007, el “máximo órgano de planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares” es el Comando Conjunto, que se integra por su Jefe, que es un militar activo, y por los comandantes generales de cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, todos ellos nombrados por el Presidente de la República, lo que pone en práctica el hecho de que el jefe del Estado es su “máxima autoridad” (Art. 147, Nº 16). Ahora bien, esa Ley de 2007 inapropiadamente indica que “la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas” corresponde al Comando Conjunto “por delegación del Presidente de la República, en los casos establecidos en la Constitución”. Ese señalamiento es llamativo pues la Constitución de 1998, como ocurre con la actual de 2008, no le entrega al jefe del Estado ninguna facultad en lo estratégico militar. Lo que la Constitución de 2008 establece, al igual que la de 1998, es que el Presidente de la República ejerce “la dirección política de la defensa nacional” y no la dirección militar en caso de conflicto (Art. 147, Nº 17).

De este modo, si bien la dirección militar de la defensa nacional corresponde a los mandos de las Fuerzas Armadas, las directivas políticas pueden tener efectos en lo militar. Así, en el conflicto de 1995 el presidente Sixto Durán-Ballén dio una directiva política que tuvo efecto en lo estratégico: nuestras Fuerzas Armadas no podían realizar acciones ofensivas, pese a que éstas pueden tener carácter defensivo, como el eventual ataque a puestos peruanos desde los que se realizaban operaciones militares contra las posiciones ecuatorianas.

La falta de experticia y formación de un Jefe de Estado en temas estratégicos puede perjudicar irremediablemente los fines de la defensa. Así, se acusó la intervención del presidente Fujimori en el conflicto con nuestro país en cuestiones que atingían al mando militar. Cuestiones similares ocurrieron en la Guerra del Chaco y las injerencias del presidente boliviano Daniel Salamanca, mientras que del lado paraguayo la cosa quedó notoriamente en el mando militar encabezado por el general José Félix Estigarribia: buena parte del resultado se debe a ello.

También se acusó esa clase de intrusiones durante la Guerra del Pacífico en el lado chileno, lo que llevó a la dimisión del comandante en jefe del Ejército, general Erasmo Escala, en plena conflagración, por sus desavenencias con el ministro de Guerra Rafael Sotomayor. Cuando se produce el nombramiento del sucesor, general Manuel Baquedano, el ministro Sotomayor falleció. La estrategia quedó en manos de los militares, lo que los condujo a la victoria. Del lado peruano, en cambio, la intervención de los militares en lo político y las luchas intestinas llevaron a su país a una derrota desastrosa y la ocupación de Lima durante varios años, concluyendo con la entrega de extensos y valiosos territorios (Tarapacá, Arica y Tacna, que fue devuelta cincuenta años después).

Otro poco se puede decir de la Guerra de las Malvinas: mientras Margaret Thatcher y su gabinete manejan el conflicto desde el punto de vista eminentemente político, tanto en lo interno como en lo externo, dejando lo estratégico en los mandos militares, la confusión de roles en el caso argentino era agobiante: el teniente general Galtieri era el Presidente de facto de la Nación, pero conserva el mando del Ejército, lo que también ocurre con los miembros de la Junta de Comandantes, el almirante Anaya y el brigadier Lami Dozo, que mantienen la jefatura de la Armada y de la Fuerza Aérea, respectivamente, a lo que se sumaban una serie de cuestiones que entorpecían la toma de decisiones, además de tener unas Fuerzas Armadas notoriamente involucradas en cuestiones políticas.

En todo caso, las directivas políticas y las de carácter estrictamente militar, en ocasiones, son complicadas de delimitar y ocasionan discrepancias entre esos órdenes. Así, comenta el general Paco Moncayo Gallegos en su obra “Cenepa: antecedentes, el conflicto y la paz” (pp. 130-131) sobre los reclamos que realizara por la falta de autorización presidencial para el uso de la Fuerza Aérea en apoyo de nuestras fuerzas terrestres en las fases iniciales de esa contienda, aunque luego describe todas las decisiones de carácter estrictamente militar que quedaron sometidas al mando castrense. El resultado está a la vista.

No hay que confundir los roles: cuando las Fuerzas Armadas intervienen, o se las hace intervenir, en contiendas políticas o cuestiones ajenas a su misión fundamental de preservar la soberanía, la independencia y la integridad territorial, cuando se las requiere para el cumplimiento del fin para el que fueron creadas, no responderán como se debe y requiere la nación y sus altos intereses. Lo mismo ocurre con los Presidentes que creen tener una especie de mando militar e intervienen en las cuestiones estratégicas, como en los ejemplos antes citados.