“Les pasan un poco de corriente y dicen tortura”

Para el abogado que defiende a los policías, tortura es que te cuelguen de los testículos pero no que te pasen un poco de corriente. Así de burdo fue su argumento para defender a los aproximadamente 80 efectivos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el marco de una audiencia de hábeas corpus celebrada el 5 de septiembre con el objeto de proteger a los internos del Centro de Rehabilitación Social Turi, que fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos el pasado 31 de mayo.

Si aún no han visto los videos de lo ocurrido en Turi, véanlos ahora. No esperen más. Son espantosos, pero no miren para otro lado. Se trata de uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos ocurridos bajo el gobierno de la revolución ciudadana, y al mismo tiempo se trata de uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación. No podemos permanecer indiferentes ante este flagrante atropello a la dignidad de las personas privadas de su libertad.

La violencia que los policías utilizaron contra los presos es realmente perturbadora. Les confieso que estoy tan impactada con las imágenes que me cuesta narrar lo que se observa en los vídeos. El primer juez que tuvo conocimiento del caso, lo resumió así: “con absoluta claridad, se verifica que ingresa personal del grupo UMO en el pabellón de Mediana Seguridad JC en el tercer piso del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi, quienes dan la orden a los privados de la libertad que salgan con de sus celdas al patio, los agentes policiales, ingresan a las celdas de los privados de la libertad con golpes de puño y golpes de toletes en sus espaldas, estando fuera de sus celdas les reciben con golpes, piden que se pongan boca abajo, les golpean en sus glúteos, piernas y espaldas, después de agredirlos en su integridad física, y ponerles corriente, les obligan a desnudarse y hacer sapitos en el pasillo del pabellón, les hacen poner en cuatro. Se observa la presencia de gases…”. Noten que fueron al menos tres horas de tratos inhumanos, grabadas en más de siete horas de vídeo, por lo que cualquier intento por narrar tanto dolor en un párrafo es iluso.

Si bien las imágenes no tienen audio, antes de que supiéramos de la existencia de los videos las víctimas ya narraron ante el juez que mientras les tenían boca abajo en el piso y les golpeaban, los agentes del grupo UMO les gritaban que no se atrevan a mirarles, que los presos no tienen ningún derecho, y que ellos [el grupo UMO] tienen autoridad de desaparecerles. Las víctimas también afirman que los policías les advirtieron: “esta es la presentación del nuevo grupo UMO … no somos sus amigos, así les va a ir si se portan bien y si se portan mal les va peor, ustedes son escoria, el desecho de la sociedad, y quien manda aquí somos nosotros, están en el infierno.” Ciertamente los trataron como escoria.

Las cárceles, o Centros de Rehabilitación Social como este gobierno pide que les llamemos, están a cargo del Ministerio de Justicia, por lo que sus abogados también han tenido que ofrecer explicaciones. Ante el primer juez que tuvo conocimiento del caso, la abogada del Ministerio de Justicia alegó que se trató de un “operativo preventivo”, que “los señores agentes de policía tuvieron que actuar de esa manera, por cuanto se vieron vulnerada o amenazada la integridad física de las personas”, y, por supuesto, que “no es la intención del Ministerio del Interior o de Justicia, o de alguna autoridad estatal permitir que se vulneren los derechos de los privados de la libertad”.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo y hasta ahora –finales de septiembre- el Ministerio no ha podido explicar qué era lo que el operativo trataba de prevenir o cuál era la supuesta amenaza. A pesar de tener bajo su control todos los sistemas de seguridad de las cárceles que administran, no han podido mostrar vídeos o evidencia alguna capaz de demostrar, como aseguraron al juez, que los presos provocaron estos hechos. En cuanto a la intención, la abogada que defiende los intereses del Ministerio olvidó por completo que el Estado al tener el control efectivo de los centros de privación de libertad, los agentes estatales son responsables objetivamente por los daños que se produzcan, independientemente de si tenían o no la intención de generarlos.

Las explicaciones del Ministerio de Justicia resultan absolutamente irrelevantes pues, según la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, “no se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura … ni la peligrosidad del detenido o penado ni la inseguridad del establecimiento carcelario”. Admitir cualquier tipo de justificación por parte de los responsables sería ignorar que la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes es absoluta.

A pesar de lo irrefutable de las imágenes de violencia ejercida contra personas privadas de libertad, el gobierno sigue emitiendo boletines señalando que “las PPL habrían sido presuntamente agredidas” y pretende que nos tranquilicemos porque los hechos habrían sido “oportunamente denunciados” y estarían siendo “investigados por las autoridades judiciales del Azuay”. Lo que no nos dice el gobierno es que –según se desprende del proceso de hábeas corpus- la investigación previa que el Agente Fiscal de Personas y Garantías 2 está adelantando se refiere al presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

¡EXTRALIMITACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ACTO DE SERVICIO!!! Es una burla. Los oficiales del grupo UMO que participaron del operativo no se extralimitaron en un acto de servicio sino que cometieron actos crueles, inhumanos y degradantes, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad. Los responsables, incluyendo quienes autorizaron, dirigieron y encubrieron el operativo, deben recibir una sanción penal proporcional a la gravedad de los actos que cometieron. No en vano el Código Orgánico Integral Penal (COIP) protege el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad y prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante, señalando expresamente que “no podrá invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos”.

Según el COIP, la sanción para toda persona que “inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos” es la de privación de libertad de siete a diez años. Esa, y no otra, es la pena que merecen los que, en palabras de su propio defensor, solo “les pasaron un poco de corriente” a los presos. Juzgarlos por extralimitarse en la ejecución de un acto de servicio equivaldría a dejar estos graves hechos en la impunidad.

De los jueces depende que los abogados de los policías y del Ministerio de Justicia se enteren de que los agentes estatales ejercen un control total sobre las personas privadas de su libertad. Al estar bajo custodia, estas personas se encuentran en una relación de sujeción especial que implica que el Estado se convierte en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad. Como consecuencia de su posición de garante, el Estado asume varias obligaciones frente a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, debe asegurar que el personal penitenciario esté capacitado y sea de naturaleza civil e institucionalmente distinto de la policía; además debe garantizar que sólo recurrirá al uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de forma proporcional a la naturaleza de la situación que se busca controlar. Todas estas obligaciones, y más, fueron incumplidas por los agentes estatales en el Turi y los jueces lo saben.

Hay una obligación adicional que el Estado tiene frente a las personas privadas de libertad, y es la de establecer recursos idóneos frente a cualquier vulneración a sus derechos. Hasta ahora, los abogados del Estado se han valido de argucias para impedir que el hábeas corpus sea efectivo para proteger el derecho a la integridad de los privados de libertad, pero todavía no es demasiado tarde. Confiemos en que la audiencia se reanude pronto y el juez de garantías penitenciarias ordene medidas de protección inmediata para las personas privadas de libertad en el CRS Turi, además de medidas de reparación integral y de no repetición de los hechos en todos los centros de privación de libertad. Esperemos también que los jueces penales apliquen sanciones proporcionales a la gravedad de estos actos.

Ahora bien, si una vez más los jueces prefieren convertirse en cómplices de la tortura antes que incomodar a las autoridades estatales, no nos queda más que exigir la renuncia del Ministro de Interior y la Ministra de Justicia. Frente a autoridades que incumplen su deber de especial protección de las personas privadas de libertad, tendremos que asumirlo nosotros.