Gabriela y la cereza del pastel

Para un gobierno que ha hecho todo lo posible por ahogar las voces disidentes, por conseguir que se publique solo aquello que responde a los dictados de la “Administración Central de Verdades Eternas”, el internet se ha convertido en la piedra en el zapato, el último enemigo por derrotar, la grieta solitaria que afea la pared del pensamiento único. Silenciarlo es todavía una meta inalcanzable, pero cualquier avance que se pueda conseguir en ese campo será tanto como tener la cereza del pastel.

Y Gabriela Rivadeneira parece empeñada en colocar ese adorno en la torta de la intolerancia.

El 12 de julio de 2016, la presidenta de la Asamblea Nacional presentó el proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, sobre el cual algo se dijo a raíz de un seminario organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito a inicios de septiembre, pero que se mantiene peligrosamente alejado del debate nacional.

Peor aún: de lo que se dice sobre el tema, no poco tiene que ver con fantasmas inexistentes y no con el problema de fondo. Que el propósito del proyecto es blindar la información de los funcionarios del actual gobierno para impedir que sean fiscalizados, es un argumento que se ha repetido en algunos medios y que, si por un lado pone en evidencia que no se entiende a cabalidad el verdadero alcance de la propuesta, por otro, muestra que la paranoia solo sirve para desgastarse disparando dardos al vacío.

Lo que se busca regular es el uso de datos personales, aquellos cuyo manejo por terceros puede afectar nuestra intimidad como cuando, para poner un ejemplo cotidiano, debemos interrumpir una reunión para atender en el celular una llamada de promoción comercial que no nos interesa en lo más mínimo. Garantías contra esto son, sin duda, necesarias, y si únicamente de eso se tratara, el proyecto Rivadeneira estaría plenamente justificado.

El problema, entonces, no va por ahí, sino que se relaciona con una práctica legislativa a la que el régimen ha recurrido repetidas veces: valerse de un tema que promovería cualquier defensor de los derechos humanos, para introducir de contrabando uno o dos textos que niegan esos derechos.

Me atrevo a decir que las catorce páginas del proyecto tienen una única finalidad, condensada en dos líneas y media, aquellas que aparecen como número 3 del artículo 12.

De aprobarse esas líneas, existiría en el Ecuador una autoridad de control dependiente, como no, de la Función Ejecutiva, que podría (así dice el artículo) “disponer el bloqueo temporal o definitivo de los sistemas de información cuando exista un riesgo cierto de afectación de derechos constitucionales, en caso de incurrir en infracciones contempladas en esta ley”.

Parece que la norma es suficientemente clara. Lo que pretende es crear un cargo desde el que un nuevo Carlos Ochoa decida qué sistemas informáticos pueden funcionar o no en el Ecuador; con estas dos líneas y media, “se cerrará el círculo de limitaciones a la libertad de información y expresión”, como afirma Farith Simon en la columna que publicó el 26 de septiembre en el Comercio, y que les invito a leer.

Que no hay que preocuparse, dice la presidenta de la Asamblea, porque la facultad que se pretende conferir a la autoridad de control solo podrá ejercerse “cuando exista un riesgo de afectación de derechos constitucionales”.

Lo lamento señora presidenta, sigo preocupado. Sigo preocupado porque les he visto en acción, porque soy testigo de la forma en que usted y los suyos entienden la legislación vigente, porque en manos de ustedes un riesgo de afectación de derechos constitucionales puede ser cualquier cosa, desde un acto verdaderamente violatorio de derechos, hasta lo que simplemente les molesta o les cae mal; después de todo, son ustedes los inventores de la curiosa teoría jurídica según la cual el Estado tiene derechos.

Que las dos líneas y media son el verdadero corazón del proyecto, que no se trata de un error ni de un texto que se le chispoteó a alguien, queda claro cuando recordamos que este no es el primer intento de regular la materia.

Ya hace seis años, en marzo de 2010, Vethowen Chica Arévalo, asambleísta del gobierno, presentó un proyecto de Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales. Dos años después, en mayo de 2012, ese proyecto fue archivado sobre la base del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, presidida por Mauro Andino, que la consideró innecesaria porque repetía temas ya regulados por la legislación vigente, y porque creaba un ente de control cuya existencia no se justificaba.

Pues bien, el proyecto Rivadeneira regula los mismos temas que hace cuatro años se consideraron innecesarios, crea un ente de control similar al que entonces pareció injustificado; un poco de coherencia, entonces, debería llevar al archivo de esta nueva propuesta.

Lo que pasa es que sí hay algo nuevo. El proyecto de 2010 y el que hoy promueve la presidenta de la Asamblea son esencialmente similares, pero este último introduce esas esenciales dos líneas y media y, con ellas, el poder de desconexión de sistemas informáticos, que no aparece en parte alguna de la propuesta de Chica.

No caben más comentarios. Solo recuerdo a mi madre que decía que quien se ahoga no quiere perecer solo; así es, por eso quienes carecen de ideas se empeñan en callar a los que las tienen.