Refinería Esmeraldas, la cueva de Alí Babá

Lo llaman “giro específico del negocio”. Consiste en una modalidad de contratación pública bajo régimen especial, por fuera de los procedimientos normales previstos en la ley. Su objetivo, supuestamente, es proporcionar dinamismo y agilidad a los negocios del Estado en el área estratégica. En la práctica, se convirtió en un eufemismo para encubrir manejos poco transparentes: subcontrataciones, contratos otorgados a dedo, contratos dentro de contratos, discrecionalidad en el gasto, participación de empresas vinculadas en actividades para las que no están calificadas, sobreprecios, robo… Al menos así ocurrió en Petroecuador y en uno de sus proyectos insignia: la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Gracias al giro específico del negocio Carlos Pareja Yanuzzelli y Álex Bravo se hicieron ricos. ¿Sólo ellos?

Fernando Villavicencio dice que no. Él investigó y sacó a la luz estos hechos turbios diez meses antes de que las autoridades reaccionaran (tiempo más que suficiente para que Pareja Yanuzzelli y otros pusieran tierra de por medio). Asegura que el reparto benefició (o, por lo menos, involucró) a muchos otros: personajes que ocuparon cargos en el directorio de Petroecuador, funcionarios operativos, mandos altos y medios del ministerio de hidrocarburos… Gente que no ha sido imputada en los casos de corrupción que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, recién descubre. Dice también (y se apoya en una montaña de documentos) que el volumen del reparto es de tal magnitud que disparó el costo del proyecto de repotenciación de la refinería de 180 millones a 2.200 millones de dólares en nueve años. Y que el resultado, al cabo de tanto gasto, es una refinería más deficiente de lo que era antes. ¿Cómo ocurrió todo esto?

La historia, según Villavicencio, comienza ahí donde el giro específico del negocio tiene su matriz: en el decreto de emergencia petrolera dictado por Rafael Correa en noviembre de 2007 con el fin de rehabilitar la refinería Esmeraldas. Para ese entonces se supone que ese proyecto ya estaba en marcha. El entonces ministro de Energía, Galo Chiriboga (hoy fiscal del Estado) había contratado, para tal efecto, a la misma compañía que construyó la refinería veinte años atrás: la japonesa Sumitomo Chiyoda. El monto de ese preacuerdo era de 180 millones de dólares. El decreto de emergencia petrolera, de cuya ejecución se hizo cargo la Marina, interrumpió ese proceso. Se firmó un nuevo contrato, esta vez con la surcoreana SK, una compañía que venía haciendo negocios con Hugo Chávez en el área petrolera y a la que se había encargado ya, en Ecuador, la ejecución de la refinería del Pacífico, ese gigantesco terreno allanado de 1.200 millones de dólares.

A partir de ese momento, las investigaciones de Villavicencio revelan una imparable escalada de cifras colosales. Él dice que se procedió de acuerdo a ese viejo adagio popular según el cual “en el camino se ajusta la carga”. Que para 2012 el proyecto de 180 millones costaba ya 900 millones de dólares. Que en los años sucesivos se firmaron contratos por 900 millones más. Que a esta feria de cifras astronómicas se fueron sumando empresas sin ninguna planificación. Que se contrató, por ejemplo, a la británica Krikorian, Bryce and Close (KBC) para ejecutar un “Plan de mejores prácticas para el personal técnico de la refinería” por un monto que pasó de 99,8 millones a 148 millones en poco tiempo. Que a la compañía Worley Parsons se le encargó la fiscalización del proyecto y ésta tercerizó esa tarea: subcontrató a Tecniazul, una empresa ecuatoriana que también fiscaliza la refinería del Pacífico. Que con esta modalidad de contratos dentro de contratos el Estado termina pagando cifras mucho mayores al costo real por cada servicio o cada producto; Tecniazul, por ejemplo, dice pagar un máximo de 5 mil dólares a sus fiscalizadores pero al Estado se le facturan 60 mil. En eso consiste, básicamente, el giro específico del negocio.

Contratos dentro de contratos. Hasta sumar 2.200 millones de dólares. Villavicencio cuenta hasta casi 20 “empresitas, la mayor parte sin ningún récord, creadas de la noche a la mañana” y dirigidas por socios, amigos, parientes, gente vinculada… Oírselo contar da vértigo. Dispara un dato tras otro. Narra cómo la empresa Oil Services and Solutions (OSS) se hizo cargo de una tarea para la cual no tenía la menor experiencia: la construcción de la planta de sosa gastada. Cómo OSC subcontrató después a Armengol Cevallos y Armengol Cevallos a Usalec y otras tercerizadoras. Cómo ninguna de estas empresas estaba calificada para cumplir la tarea que se le encomendó, hasta el extremo de que un tercerizador de personal, Jorge Vivar, cuyo trabajo previo consistía en proveer de trabajadores a la refinería, terminó convirtiéndose en ¡constructor de las plantas Merox y Amina, de la unidad FCC, para producir gasolina y gas.

Algunos de los casos descubiertos por Villavicencio son delirantes. A la compañía Tesca, por ejemplo, se la contrató, con autorización de Worley Parsons, para construir tres tanques de almacenamiento. Monto del contrato: 50 millones en 2012. Dos años después, en 2014, ahí donde deberían levantarse los tanques sólo hay tierra removida. Recién entonces los técnicos se dan cuenta de que el emplazamiento elegido es un despropósito: no se puede construir un tanque de gasolina junto a un tanque de gas. Para cambiar de lugar piden la firma de un contrato complementario que termina costando 117 por ciento más que el original (lo cual está específicamente prohibido por la ley). Otros dos años después, en 2016, los tanques siguen brillando por su ausencia. Y como no hay tanques para almacenar la gasolina, Petroecuador ha contratado un buque que está anclado frente al terminal de Esmeraldas y donde se almacenan y mezclan los combustibles. Ese buque le cuesta al Estado ecuatoriano 39 mil dólares diarios. 1,17 millones anuales. Tal y como ocurría en los tiempos de Trafigura y las barcazas de gas, tiempos que el correísmo se jacta de haber superado.

Solamente en la reparación del sistema eléctrico el Estado ecuatoriano lleva gastados, hasta el día de hoy, 180 millones de dólares en contratos con las empresas General Electric, Hernández Mancheno & Hidalgo Ingeniería y, sobre todo, MMR Group. El sistema eléctrico, sin embargo, no funciona. Y como no funciona, se acaba de autorizar la firma de un nuevo contrato por 153 millones con la misma MMR Group a pesar de que esta empresa ya fue cuestionada por la Fiscalía. Costo total de la reparación del sistema eléctrico (suponiendo que aquí acabe la cosa): 333 millones de dólares. ¡La mitad de lo que cuesta la central hidroeléctrica Sopladora!

Hay, dice Villavicencio, hasta ocho contratos dentro de un mismo contrato. En su carpeta de documentos él tiene más de 180. Como consecuencia, en algunos hay incrementos de hasta el 400 por ciento en los costos de productos y servicios. La paradoja es que esos incrementos ¡han sido detectados por la Contralaría, constan en sus informes! Pero nada ha ocurrido. A pesar de haber detectado tamañas irregularidades, la Contraloría tardó nueve años en emprender una auditoría integral.

Y lo peor de todo: la refinería Esmeraldas, inaugurada a todo trapo por el gobierno, ni siquiera está funcionando. No en las condiciones que el país necesita. No con la eficiencia que se asegura en la propaganda. Dice Villavicencio: “la refinería Esmeraldas no produce gasolinas para el consumo. Produce gasolinas con 1.300 partes por millón (ppm) de azufre y 8 por ciento de benceno (un poderoso cancerígeno) cuando la norma internacional permite sólo el 0,5 por ciento de benceno y 50 ppm de azufre. Por esa razón la gasolina que se refina ahí no sale al mercado. ¿Qué hacen? Importan combustible de Estados Unidos con bajísimo contenido de azufre: 4 a 10 ppm. Y lo mezclan con el combustible de 1.300 refinado en Esmeraldas. Y para salir al mercado, crean lo que denominan ‘una norma ambientalmente amigable’: permiten la venta de gasolina con 650 ppm de azufre. Muy lejos de los 50 ppm permitidos por la norma Euro 5 que el Ecuador suscribió en 2012. ¡Ambientalmente amigable! ¡Lo que están haciendo es legalizar la contaminación!”.

1.300 ppm de azufre. Antes de la repotenciación, los combustibles que producía la refinería Esmeraldas tenían entre 1.100 y 1.200 ppm de azufre. O sea que las cosas han empeorado. Más aún: en 2006, la refinería generaba el 50 por ciento de residuos. O sea que de cien barriles de petróleo que ingresaban, la mitad era desperdicio. Para reutilizar el desperdicio que produce una refinería hay que importar un químico diluyente que se llama Cutter Stock, con el cual se obtiene, después de la mezcla respectiva, fuel oil de exportación. Importar para exportar. Pues bien: según los datos de Villavicencio, el porcentaje de residuos que arroja hoy la refinería supuestamente repotenciada es de 53 por ciento. Tres puntos más que la vieja refinería.

Así, oneroso e ineficiente, es el giro específico del negocio aplicado a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Del relato de Villavicencio se desprende que éste no es, como afirma Alexis Mera, un caso de corrupción por 12 millones de dólares circunscrito a un par de chivos expiatorios (Carlos Pareja Yanuzzelli y Álex Bravo), sino un esquema bien aceitado y de proporciones descomunales. No es un caso aislado, es un caso de corrupción sistémica atada a un modelo de contratación y un entramado jurídico cuya piedra fundacional salió de la propia presidencia de la República: los decretos de emergencia petrolera, 16 hasta el momento. ¿Cuáles son los rostros y los nombres de este esquema bien aceitado, de esta corrupción sistémica? La lista de Villavicencio, por lo numeroso de la comitiva y lo encumbrado de los personajes, es sorprendente.

Segunda entrega: la cadena de responsabilidades en el caso de corrupción más grande de la historia del país.