Perder las elecciones y mantener el poder

Hasta el anterior régimen constitucional, con la posesión de los nuevos presidentes de la República y Congreso o Asamblea, se producía, de modo general, todo un movimiento institucional. Se basaba, fundamentalmente, en el cambio de los más altos funcionarios públicos: cortes y tribunales (Suprema, Constitucional y Electoral), contralor, procurador, fiscal general, defensor, superintendentes, etcétera.

En el actual sistema, algunos de esos funcionarios tienen períodos que superan los cuatro años dispuestos para el jefe de Estado y los legisladores: el contralor, que dura cinco; el fiscal y el Consejo de la Judicatura, seis años, lo mismo el Consejo y el Tribunal Electoral, que se renuevan parcialmente cada tres; la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia duran nueve, también con renovaciones parciales cada tres.

De este modo, el Consejo de la Judicatura actual durará hasta el 2019, pese a que dos de sus integrantes representan a los actuales presidente de la República, Asamblea Nacional, fiscal general y defensor público. Asimismo, la renovación de un tercio de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia solo será a fines de 2018: se nombrará a tres nuevos para cada Corte y quedarán seis de los actuales, al igual que el Consejo Electoral que nombrará tres remplazos en ese mismo año.

Pero la cosa no queda ahí. Mientras el país, que entra al proceso electoral, lleve su atención a la campaña, se estarán realizando una serie de concursos para llenar los cargos de contralor, fiscal y defensor del pueblo, así como dos cargos para el Tribunal Contencioso Electoral.

Es decir, si el nuevo presidente de la República (2017-2021) proviene de la actual oposición no solo tendrá que tratar con funcionarios que durarán hasta 2019, sino que su período se verá superado por un contralor, un fiscal y un defensor que durarán hasta 2022 y 2023, a quienes el actual oficialismo “dejará colocando” a través de su órgano instrumental: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La idea de que los funcionarios sean nombrados en base a un concurso de oposición y méritos no era nada mala: que esos órganos no dependan de mayorías electorales coyunturales. Pero el fin no era que esos funcionarios respondan a los intereses de un grupo político que, eventualmente, será desplazado de los órganos democráticos por la oposición a través del sufragio (si es que la oposición no hace mal las cosas, como dividirse en una infinidad de listas). Entonces, en las elecciones de 2017 elegiremos solo Presidente de la República y Asamblea Nacional. Nada más. El resto quedará en gran parte anclado a AP, quedando los deseos de cambio en eso: solo un deseo que puede chocar frente a esos órganos.

Claro que llama la atención que el oficialismo, que hasta hace algunos años hablaba de la voluntad popular encarnada en las urnas, no pueda esperar a las elecciones de febrero para hacer esos nombramientos, una vez que vuelvan a obtener el triunfo electoral, como vaticinan ellos mismos. Estos nombramientos parecen responder a lo contrario: hay el riesgo cierto de perder las elecciones. Pero ello no les hará perder el poder. Basta con amarrar a los próximos mandatarios.

Algunos ya piensan en convocar a la enésima constituyente. No con el fin de cambiar la Constitución, que terminará siendo tan parecida a la anterior como la de 2008 respecto de la de 1998, con la notable disminución del poder de la Legislatura electa a favor del Consejo de Participación designado, y en el que la ciudadanía casi nada participa y donde poco o nada se controla. Constituyente para poner y sacar funcionarios.

Otros tienen la idea de convocar a consulta popular para que sea el ciudadano el que confirme o revoque esos nombramientos de última hora o para que la nueva Asamblea Nacional se convierta en “asamblea constitucional” y asuma facultades constituyentes al margen de lo que indica la Constitución actual.

Independientemente de lo constitucional o no de esos planteamientos, en especial del último, ¿quién va a calificar esa consulta? ¿La actual Corte Constitucional y el actual Consejo Nacional Electoral? ¿A quién se va a recurrir, al actual Tribunal Contencioso Electoral?

Se habla de una asamblea constituyente. ¿Quién te dice que la vas a ganar tú? No solo que es aventurado pensar que se va a repetir una conformación aplastante como la de la constituyente de 2007 a favor del nuevo Presidente, sino que, incluso, se debe pensar en una asamblea atomizada en que todos quieran meter cuchara no solo en la redacción de la nueva Constitución sino, fundamentalmente, en el reparto del poder. Sin contar con que el actual oficialismo se lleve una buena cantidad de escaños, tomando en cuenta que el nuevo Presidente deberá enfrentar unas buenas penurias económicas: obviamente el actual oficialismo no solo no va a asumir su responsabilidad en el descalabro sino que le echará el muerto al próximo, lo que le dará algún rédito electoral.

Quién te dice que la Corte Constitucional, como lo hizo el 2011, no vaya a cambiar las preguntas sometidas a consulta o que, incluso, se atreva a modificar el estatuto de elección de los constituyentes.

La cosa no será nada fácil y, supongo, los candidatos lo saben y están previendo qué hacer frente al escenario que tendrán que afrontar, claro, si ganan unas elecciones cuyas reglas de propaganda y publicidad se les aplicarán con total rigor. Rigor que, como se observa, no afecta al actual presidente de la República y su grupo: ellos sí pueden transmitir sus convenciones en vivo y en directo sin que ello sea calificado como propaganda; o poner publicidad electoral indirecta en la que nos recuerdan lo malísimo que era el país antes de ellos y lo erróneo de “olvidar el pasado” para negar el futuro (el de ellos, naturalmente). Pero este es otro tema.