Sin duda, no soy el único que siente que esto de la Refinería de Esmeraldas es apenas la punta de un iceberg de sapos y culebras, muchos de cuyos detalles tal vez no conozcamos nunca. Y cuando hablo del iceberg no me refiero solo a este caso, sino a todos los negocios, grandes y pequeños, hechos a la sombra del mayor flujo de recursos económicos recibidos por el Estado en estos casi doscientos años de historia republicana.
Porque, si hemos de creer a Rafael Correa, Pareja Yannuzzelli era un hombre “totalmente honesto”, que acabó sucumbiendo “ante la tentación”. Cuando alguien que ha pasado su vida en el mundo petrolero se corrompe en el gobierno de la revolución ciudadana, parece claro de qué lado vinieron las malas influencias.
Si recordamos el refrán sobre el fuego y el rabo de paja, nos podremos explicar varias decisiones gubernamentales que, sin duda, son pensadas para alejar la candela de las posaderas de varias personas.
Rafael Oyarte escribió hace poco en este blog sobre la estrategia de asegurar el poder aunque se pierdan las elecciones: el presidente y su entorno inmediato podrán irse, pero ahí quedará un buen número de allegados, que actuarán como guardaespaldas desde instituciones clave, entre ellas la Contraloría General del Estado.
Pero ésta es solo una parte del operativo; hay también un cerrojo legal que se construyó calladamente, en enero de 2014, sin que hasta ahora llame la atención de nadie: el último párrafo del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal.
Para entender bien de qué se trata, recordemos que el peculado y el enriquecimiento ilícito son los delitos más graves alrededor de los cuales gira la corrupción en el sector público. El primero tiene que ver con el uso de recursos públicos en beneficio propio; el otro, con las ganancias ilegales que se pueden obtener haciendo o dejando de hacer cosas desde un cargo público.
La Constitución considera que estos delitos son particularmente graves y, por eso, les da un tratamiento especial. En la generalidad de los casos, la posibilidad de condenar a alguien por un delito prescribe, esto es: pasado el tiempo que fija la ley ya no es posible enjuiciamiento alguno. Pero cuando se trata de peculado o enriquecimiento ilícito no hay prescripción y los responsables pueden ser perseguido de por vida.
Para quienes quieran guardarse las espaldas éste no deja de ser un problema, pero les tenemos la buena noticia de que las mentes jurídicas del gobierno han encontrado una solución.
Lo que dice el último párrafo del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal es que no podrá empezar ningún juicio por peculado o enriquecimiento ilícito, si el Contralor General del Estado no ha establecido previamente, informe escrito de por medio, que esos delitos pueden haberse cometido.
¿Por qué esto es importante? Porque el Contralor General solo puede presentar su informe, por mandato de la Ley, dentro de los siete años siguiente a producido el hecho. En otras palabras, si cometido un peculado el Contralor no habla durante los siete años siguientes, o por esas cosas de la vida demora el trámite, ningún juez puede hacer absolutamente nada.
¿De dónde salió esta perversa pieza de ingeniería legal? Piensen mal y acertarán.
Efectivamente, el último párrafo del artículo 581 no estaba en la versión del Código que aprobó la Asamblea, sino que fue introducido en la objeción parcial que le hizo el presidente de la República el 16 de enero de 2014. Esto es, hay un 99% de probabilidades de que haya salido del escritorio de Alexis Mera, el mismo que se dice será el nuevo Contralor General, lo que de ser cierto le convertirá en el único capaz de decidir el enjuiciamiento de sus compañeros de gobierno que, en palabras presidenciales, haya sucumbido ante la tentación.
Presentada la objeción, 97 manos se levantaron obedientemente en la Asamblea y el texto fue aprobado. Viendo la lista de los votantes uno se pregunta cuántos sabían exactamente lo que hacían, quiénes se alegraron de la buena idea y quiénes simplemente obedecieron.
Pero con el texto aprobado, solo queda hacer números. Elegido a inicios de 2017, el nuevo Contralor se mantendrá en funciones hasta los primeros meses de 2022; quien le suceda tendrá unos pocos meses para ver si puede hacer algo sobre lo que pueda haber ocurrido en 2015, y un poco más para lo que aparezca en 2016.
Resumen en una palabra: bingo.
Opino que no debemos dar por hecho que este gobierno continue. Creo que debemos pasar la voz de que saldra y debe salir y desde ya pedir examenes sobre todos los procesos adquisitivos que se han hecho, debemos influir en el animo de las personas a un cambio y exigir las cuentas claras. Sera en las urnas donde todos quienes no estamos de acuerdo con este gobierno actuemos, todo depende de nosotros mismos.
Es que acaso nosotros no somos dueños del país.
Es que acaso nosotros no somos los mandantes
Acaso nosotros no podemos cambiar las leyes si queremos.
Solo necesitamos unirnos en las calles
La situación es espantosa. El país está obnuvilado con la elección del presidente. Éste, cualquiera que sea, estará atado de manos con un aparataje institucional y legal que lo desgastará en pocos meses, cuando se de cuenta que no podrá cumplir con sus promesas de campaña.
La solución sería tener mayoría absoluta en la Asamblea para romper esos candados. Pero se están haciendo las cosas de forma tan irresponsable, que está asegurada la impunidad de los pillos.
perdón, es obnubilado.
Las leyes y códigos deben estar hechas sin dedicatoria ni proteger impunidades. La próxima asamblea deberá rectificar, el peculado y enriquecimiento ilícito no prescriben, o sea ese artículo es contradictorio, el Contralor no tiene potestad para decidir enjuiciamiento por si sólo en éstos casos de manifiesta corrupción e investigacion penal. El Contralor ésta únicamente supeditado a presentar el informe administrativo, aparte el Fiscal General también tiene que realizar investigaciones de cómplices, encubridores, tipificar el delito en forma independientes ya que están involucrados en el delito varios autores personas naturales y juridicas. El informe del Contralor sólo es complementario, para determinar los montos, cuantias, responsabilidad administrativas, civiles y penales. Si no presenta informes, el juez deberá determinar irresponsabilidades a esté, la sanción ejemplar es al perjuicio económico ocasionado y fin resarcir al pueblo, a la sociedad. El pais será progresista si empieza a través de una administración de Justicia verdadera y sin miramientos, dedicatorias o cómodos politiqueros corruptos.
No es con tu voto que un político se hace ladrón…..
Es con tu voto que un ladrón se hace político…..!!
Ya lo dijo RC y aparece en la última Vistazo: ” tener a Alexis Mera de Contralos del Estado será un lujo”. Todo fríamente calculado.
Indignante, vergonzoso, doloroso, nos robaron nuestro país y ahora hay que recuperarlo.
Esta es la maquinación màs científica para asegurar la libertad de todos los deshonestos y ladrones de este
GOBIERNO CORRUPTO hasta la médula.
Alguna salida jurídica debe haber .. saben q al diablo se le quema el pan en la puerta del horno. .. ojalá gane la verdad y la justicia. …q Dios nos de la justicia contra todos estos q le han hecho tanto daño a la patria. ..
Nunca en mi larga vida pude imaginarme llegar a ver tanto cinismo sinverguenzeria y complicidad. Esto es inaudito.
bingo para favorecer a esta altura sarta de vivos…y ahora??? es que no se puede permitir que esta barrida de los fondos públicos..la mayor y más grande patraña cometida por estos verde flex quede en la impunidad….no se les puede premiar así ….